Si empezamos a ser conscientes de que el uso de energía no es un lujo, sino un bien básico que nos permite alcanzar unas condiciones de vida dignas en la sociedad actual y que como suministro esencial debería ser considerado un derecho y un servicio público; si ya conocemos las dramáticas cifras de la pobreza energética -y, previsiblemente, irán en aumento debido a la crisis económica derivada de la pandemia y a la creciente brecha social-; si conocemos las graves consecuencias para la salud y entendemos que es una injusticia social supeditar la esperanza de vida a nuestras condiciones económicas; y si, además, conocemos de antemano las causas por las que se produce la pobreza energética, solo nos queda trabajar para erradicar esas causas, porque sí, la solución existe.
El objetivo de crear una tarifa social es facilitar y garantizar el acceso de todas las personas al suministro eléctrico, si entendemos la energía como un derecho: convertir un contrato de suministro básico en una herramienta que proporcione la dignidad que todas las personas necesitamos para sentirnos plenamente integradas y participar en la sociedad como ciudadanas de pleno derecho. Se evitaría así la necesidad de engancharse de manera ilegal a la red eléctrica, ya que se puede acceder a ella en la misma forma que cualquier usuario o usuaria, sin ningún tipo de discriminación. Lograr poner punto y final a esta práctica ilegal es un beneficio para la sociedad en su conjunto, por el grave peligro que supone para todos y todas y porque permite también acabar con la estigmatización de quienes son más vulnerables.
Es necesario que actuemos cuanto antes y nos movilicemos en este sentido, favoreciendo y facilitando que el acceso a un suministro esencial, como es el eléctrico, sea equitativo (que no igual) para todas las personas. Si un vector de la pobreza energética es el alto precio de la energía, deberíamos actuar en este sentido. El bono social, que es la única herramienta pública de apoyo a los más vulnerables no es más que un mecanismo de descuento fijo, del 25% o del 40%, en el mejor de los casos. Una tarificación accesible para todas las personas garantizaría un consumo mínimo para unas condiciones de vida dignas y materializaría, de manera efectiva, el derecho a la energía. La necesaria reestructuración del sistema eléctrico para adecuarlo a la transición energética nos brinda una oportunidad única para introducir una tarifa social que nos permita reducir la creciente desigualdad de la población.
El concepto de bono social en sí mismo es una medida asistencialista y estigmatizante. Se aplica según unos mínimos niveles de renta y sobre una factura cuyos conceptos, opacos por un sinfín de regulaciones, ni siquiera están optimizados. No es ni será una solución, sino solo un mecanismo que sirve de justificación a la administración pública para acreditar que se está actuando frente al problema, pero con graves carencias que se irán parcheando de manera puntual. El concepto de tarifa social, por el contrario es inclusivo e integrador.
Una de las mayores deficiencias que encontramos en el mecanismo del bono social es precisamente su dificultad de acceso. El bono social no puede aplicarse de forma automática, sino que ha de ser solicitado por los propios afectados, precisamente por aquellas personas que tienen mayores dificultades a la hora de realizar trámites burocráticos y/o administrativos y a quienes la información les llega también con más dificultad. Como ejemplo, en el año 2017, antes de la modificación de las condiciones del bono social, el número de beneficiarios era de 2.336.185 hogares (puntos de suministro); en agosto de 2020 habían pasado a ser 1.305.019. Un mes después, en septiembre de 2020, finalizó la prórroga automática del bono social, una de las medidas aprobadas por el Gobierno dentro del llamado “escudo social” en el contexto de la pandemia. Ese mes el número de beneficiarios del bono social se redujo en 146.477 personas y la cifra continuó disminuyendo, de manera que en diciembre de 2020 llegó hasta 1.099.183 personas beneficiarias, lo que significa que han desaparecido otros 69.359 beneficiarios. Es decir, con el fin de la prórroga automática, de septiembre a diciembre de 2020, en tan solo 4 meses, 215.836 beneficiarios del bono social no lo han prorrogado y no conocemos la causa. ¿Puede ser que la recuperación económica haya afectado a estos hogares? No podemos saberlo porque aún no hay una “explicación oficial” sobre los motivos de esta reducción.
Pero es más, si el bono social beneficia a 1.099.183 familias (puntos de suministro) según los últimos datos, ¿cubre esta cifra a todas las personas vulnerables de nuestro país? Sabemos que no. Y muchas son las causas por las que este descuento ni llega a todas y a todos ni soluciona el problema de raíz. Veamos por qué:
- No contempla las necesidades de todas las personas, precisamente por esa burocracia que deja fuera a muchas personas, como, por ejemplo, a las personas que por su nivel de renta no están obligadas a presentar declaración, a quienes carecen de justificación de su renta, a quienes están en situación irregular, etc., por lo que se vuelven invisibles para la administración pública, pero existen y requieren una facilitación.
- No es apoyada desde el sector privado a causa del esfuerzo del sector eléctrico por trasladar a las y los consumidores desde la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) al mercado liberalizado, con ofertas, en la mayoría de los casos, engañosas. Esto provoca que posteriormente no puedan acogerse al bono social y acaben sufriendo incrementos en la factura respecto a la tarifa PVPC.
- La exclusión social no solo perjudica a quienes la padecen, sino que repercute en toda la sociedad en general. No actuar para erradicar estas afecciones, entre ellas, la pobreza energética, perjudica por muy diferentes vertientes al gasto público.
- No soluciona el problema porque simplemente es una ayuda económica que no resuelve la situación de precariedad de los usuarios y usuarias, porque ni implementa medidas que ayuden a usar de la forma más eficiente los recursos ni optimiza las facturas.
Por eso, no solo consideramos necesaria la reestructuración del sistema eléctrico y del sistema tarifario, sino también la eliminación o transformación del concepto actual del bono social para introducir una nueva tarifa social que permita el acceso al suministro energético necesario para garantizar unas condiciones básicas para una vida digna y saludable a todas las personas, sin que el nivel de renta sea un condicionante para ello.
Además, debemos tener en cuenta que la implantación de esta tarifa social no sería suficiente si las viviendas siguen siendo un sumidero por el que se va nuestra energía y nuestro dinero a cada instante, debido a un mal acondicionamiento. Por ese motivo, las distintas administraciones públicas deberán establecer conjuntamente programas de rehabilitación preferente a las viviendas con esta tarifa social contratada.
Y, por supuesto, para que esta tarifa social pueda ser aplicable de manera efectiva, hay que actuar sobre el sistema eléctrico:
- Modificando el sistema marginalista de fijación de precios del mercado mayorista de electricidad, porque no resulta eficiente debido al mix tan diverso de producción que hay en España y para evitar que las empresas, verticalmente integradas, puedan actuar manipulando la oferta y la demanda de sus centrales de producción en beneficio propio. Es imprescindible una actuación eficaz de los mecanismos de supervisión y control existentes en la CNMC que impidan manipulaciones de precios.
- Por sentido de equidad, trasladando algunas de las partidas de los peajes de acceso (cargos) a los Presupuestos Generales del Estado, principalmente, aquellos conceptos que se consideran “medidas políticas”, para que no se apliquen de forma alícuota a consumidores y consumidoras, sino en relación a la renta.
Muchas vidas dependen de cómo entendamos la energía como sociedad. Es momento de actuar.
Por Maitane Arri y Soledad Montero – Área de energía de Ecologistas en Acción y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético 
