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La energía como derecho

Escribo hoy de nuevo en este blog transcurridos dos años desde que inauguramos este espacio de opinión y reflexión abierto. Nuestro objetivo era, y es, reclamar el acceso universal a la energía como derecho, objetivo que recientemente ha visto colmadas algunas de sus demandas que, aunque insuficientes, marcan el camino hacia un modelo energético más sostenible y abierto.

La pobreza energética en nuestro país afecta a 4,6 millones de personas. Es un grave problema que se ha generado tanto por el continuo ascenso del precio de la electricidad, que en los últimos 10 años ha subido un 46%, como por la pérdida de renta a disposición de las familias, que en el mismo periodo ha bajado un 4,3%. Esta situación refleja que en España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables, sino como una commodity más que forma parte del gran negocio empresarial que es la energía.

Adicionalmente a la existencia del problema de acceso, que ya de por si debería ser la prioridad de cualquier gobierno, hay que sumar los impactos económicos y sociales derivados del Cambio Climático cuyo origen está directamente relacionado con el modelo energético actual basado en combustibles fósiles no renovables. La energía está determinando el futuro de los países y de sus relaciones de competencia económica y tecnológica como principal factor de competitividad y también su compromiso con la conservación del planeta, que lleva implícito un cambio en el modelo económico actualmente en vigor por otro  más descarbonizado, desenergizado y desmaterializado.

En España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables

Las fuentes renovables constituyen el único marco viable de estrategia energética a largo plazo en el que la solidaridad intergeneracional demanda no derivar los problemas de seguridad de suministro, de contaminación ambiental, de residuos radiactivos y riesgos nucleares a las futuras generaciones. Son la solución a la pobreza, a lo altos precios, a la contaminación, al Cambio Climático, a la disponibilidad de estructuras de mercado transparentes y centradas en el consumidor que deben guiar nuestra apuesta energética de presente y futuro.

Nuestras peticiones a lo largo de estos dos últimos años han empezado a verse reconocidas con el DL 15/2018 de 5 de octubre que se aprobó en el pasado Consejo de Ministros en el que recuperamos, como consumidores, el derecho de poder elegir como queremos cubrir nuestras necesidades energéticas y la posibilidad real de ganar la autonomía que nunca el sistema actual nos ha reconocido.

El autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético

Indudablemente el autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético. Por eso, en la Fundación Renovables aplaudimos la propuesta sobre autoconsumo que el Gobierno ha incluido en el Decreto Ley y esperamos que el Congreso convalide las medidas que recoge y que su desarrollo normativo y su aplicación satisfagan las esperanzas que su aprobación ha despertado.

En nuestro caso, esto pasa por facilitar la realización de contratos de compra-venta de energía entre particulares, la fijación de peajes por uso de la red transparentes y directamente relacionados con el servicio recibido, la posibilidad de instalar sistemas de almacenamiento como elemento básico para la gestión de la demanda, la monetización de todos los flujos de energía de forma clara y transparente, el acceso a los contadores en tiempo real….

Junto a la eliminación del “Impuesto al Sol” y de las trabas administrativas y jurídicas además del impulso del autoconsumo compartido, el Decreto Ley ha consolidado el avance y ampliación del bono social, tanto en plazos como en situaciones recogidas así como proponiendo un bono social para la calefacción. No cabe duda que aunque, de forma insuficiente, se están dando los primeros pasos para la creación de una Renta Básica Energética.

Desde la Fundación Renovables reclamamos la necesidad de la creación de una tarifa social amplia que considere las características específicas familiares, sin incluir un tramo fijo, con una potencia contratada básica suficiente en función del tamaño familiar y un consumo mínimo de energía a precio reducido así como la exención o reducción del IVA aplicable. También defendemos la necesidad de otras medidas que consideramos imprescindibles para luchar contra la pobreza energética como son la rehabilitación de 250.000 viviendas/año bajo una configuración de actuación que no exija recursos a quien no los tiene y la consideración de la cobertura de energía eléctrica como un servicio público de los ayuntamientos.

El Decreto Ley nos permitirá avanzar en la recuperación de la “Energía como Derecho” pero quedan muchas asignaturas pendientes que no se han tratado, como es la implantación de una fiscalidad activa que favorezca el cambio de un modelo energético no sostenible a otro que sí lo sea o algunas que se han tratado tímidamente como son las medidas para reducción del precio de la electricidad, cuyo único esfuerzo aprobado recae en la modificación de impuestos y tasas sin entrar de forma decidida en una reforma profunda que permita fijar los precios de forma transparente y consecuente al valor del servicio prestado.

Hemos recuperado derechos perdidos que desde este blog llevamos reclamando desde su creación y que dan título al mismo pero no podemos dejar de pensar que a este pequeño paso le queda una gran camino que recorrer tanto para lograr que la energía sea un bien común como para reducir la hipoteca que estamos dejando a las generaciones venideras.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

El bono social debería ser historia

Por Hugo Morán – Exdiputado

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Es muy probable que con ocasión de estas fiestas recién concluidas haya recibido usted alguno de esos regalos que podemos definir como tecnológicos, y que sirven tanto para arreglarnos algo la vida como para complicárnosla aún más. Y es también posible que ya dispusiese antes de algún aparato similar con algún año de existencia -aunque fuesen sólo tres o cuatro ya serían suficientes como para considerarlo de otra generación. Lo de la obsolescencia programada es un tema de enjundia, así que voy a centrarme exclusivamente en esos cuadernos de instrucciones cuasi-enciclopédicos (ahora ya es el propio dispositivo el que te va guiando) que ocupan, preocupan y desesperan al ilusionado agraciado con el detalle de Reyes.

Lo primero que podrá comprobar al enfrentarse al nuevo “gadget”  es que por muy experto usuario que fuese de su aparato anterior, su experiencia no le servirá prácticamente de nada, y que aquella guía de uso que hubo de memorizar para poder ajustar todas sus funciones no es sino un estorbo a la hora de enfrentarse a la nueva realidad que tiene en sus manos. Así que antes de pulsar el primer botón, tire el viejo manual de instrucciones al cubo del reciclaje.

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La pobreza energética: una dura realidad que ya nadie discute…

Por Ana Isabel Ceballo Sierra – #CoopSumidores

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Me hubiera gustado elegir cualquier otro tema sobre energía y consumidores pero la actualidad, tristemente, se impone.

Todos compartimos que en pleno sXXI, los suministros de energía son un derecho básico para la vida de las personas y su desarrollo como ciudadanos.

En 2014, el 11% de los hogares se consideraban incapaces de hacer frente a las facturas energéticas. En concreto, actualmente 5,1 millones de personas son vulnerables a la pobreza energética en España, unos 22% en dos años.

La capacidad que poseen las empresas del mercado energético de interrumpir el servicio en caso de impago sin ninguna supervisión a priori del regulador, se convierte en un elemento coercitivo desproporcionado que no se ve equilibrado por ningún derecho de similares características de sus clientes, y tampoco lo es por las competencias del regulador o de los organismos de control. Este desequilibrio en favor del más fuerte condiciona absolutamente la posición de los consumidores españoles y es su principal fuente de sufrimiento. Sufrimiento que como sabemos puede llegar hasta las últimas consecuencias.

Ninguna entidad privada, con ánimo de lucro, puede tener un poder semejante, capaz de privar a los ciudadanos de los medios necesarios no solo para su supervivencia sino incluso para poder ejercer sus derechos civiles, sin ningún control administrativo o judicial previo.

Además toda una serie de factores agravan la situación de desamparo de los consumidores en materia energética, entre otros:

  • El 66% de la factura eléctrica son “impuestos”.
  • No existe una auditoría real e independiente de los costes del sistema. Se sigue apostando por las energías fósiles y ya se prevé que España incumpla los objetivos de EUROPA 2020 al respecto.
  • Los contadores inteligentes no ayudan a que el consumidor pueda mejorar su eficiencia energética.

Por otro lado, la regulación del bono social resulta del todo insuficiente e inadecuada:

  • Muchos de los consumidores que lo solicitan no llegan a beneficiarse del bono social. Ni son 2.5 millones cuando podrían ser más de 3.
  • Así mismo requiere una potencia contratada lo suficientemente baja que impide que muchos consumidores pueda acogerse.
  • Baremos económicos inadecuados y alejados de la realidad de las familias españolas y excluyendo a sectores de población con grave riesgo de exclusión social.
  • La normativa nacional es inexistente.
  • Deficiente definición del consumidor vulnerable”.

Dado que estamos hablando de un derecho fundamental, además es imprescindible acometer medidas de urgencia como:

  • Prohibición de corte de suministro a cualquier cliente sin autorización administrativa o judicial.
  • Obligación de las empresas de evaluar la situación de vulnerabilidad de sus clientes morosos debiendo solicitar informes negativos a los Servicios Sociales competentes en cada caso. Estando obligadas a tramitar los expedientes para solicitar las ayudas públicas.
  • Moratoria invernal.
  • Garantizar el suministro a determinados colectivos más allá del periodo invernal.
  • Mejora del sistema de alerta de los servicios sociales en caso de corte (obligación para la comercializadora).
  • Suministro mínimo garantizado a todos los consumidores.

Insisto, resulta fundamental invertir la posición de privilegio de las empresas respecto de sus clientes para que sean los derechos de estos últimos los que prevalezcan sobre los derechos de las empresas, haciendo a estas responsables de dar cuenta a la sociedad sobre el uso y destino que se le están dando a los fondos públicos y a los recursos naturales que se les ha permitido aprovechar.

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Pobreza energética, una lacra vergonzante en un sistema injusto

Por Sergio de Otto – Periodista especializado en energía

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Hoy, lunes 17 de noviembre, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Energética, un problema ignorado hasta hace pocos años pero que ha aflorado especialmente en nuestro país como un síntoma más del insostenible, en tantos aspectos, y también en el social, sistema energético. Hablamos hoy de pobreza energética porque durante los años de la recesión (de esa crisis de la que no hemos salido las personas pese a las cifras macroeconómicas) la necesidad básica que se ha convertido en más inaccesible para millones de hogares en los que se han reducido los ingresos ha sido el acceso a la energía, especialmente al suministro eléctrico.

Efectivamente, en estos casi dos lustros de descenso de la renta de los hogares lo que más subido ha sido el recibo de la luz, muy por encima del coste de la vivienda o la alimentación, entre otras necesidades básicas. Además de este frío, pero tan real, análisis estadístico de evolución de costes e ingresos hay otras muchas causas que nos permiten hablar específicamente de pobreza energética. La principal es, sin duda, la ineficiencia energética de nuestro parque de viviendas en las que la ausencia de las mínimas condiciones de aislamiento son uno más de los efectos de décadas y décadas de construcción ignorando los criterios ambientales.

En el documento de la Fundación Renovables, “Ciudades con futuro”, se afirma que “del parque de viviendas existente en España (26 millones) el 60% al menos no se realizó bajo normas de construcción y de diseño acordes con planteamientos de racionalidad energética y de actuación en relación al clima, sino más bien bajo la ausencia de criterios de minimización de pérdidas motivados por mala construcción/diseño (selección de materiales, cerramientos acristalados mal orientados y de tamaño no lógico, aislantes insuficientes, puentes térmicos…)”. Unas condiciones que afectan especialmente a los más vulnerables, familias en paro, ancianos que viven solos, etcétera.

Los datos que viene ofreciendo -con un gran esfuerzo digno de elogio- en sus estudios la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) sobre la pobreza energética son escalofriantes. Más de cinco millones de ciudadanos no pueden calentar adecuadamente sus hogares en invierno; en 2014 la mortalidad adicional de invierno promedio en España fue de 24.000 muertes por lo que más de 7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza energética, mientras que 4.000 personas murieron al año en accidentes de tráfico en el periodo 1996 – 2014.

Pero este gravísimo problema de nuestra sociedad tiene otro enfoque. Mientras que, según el estudio de ACA, “dos millones seiscientos mil ciudadanos (6,9% de la población) dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas” las cinco grandes compañías eléctricas han mantenido sus insólitos beneficios en torno a los seis mil millones de euros anuales, con un margen que dobla el de sus colegas europeos. Una ofensa que se agranda con la existencia de un ineficaz, injusto y obsoleto bono social.

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La pobreza energética y la sentencia del Constitucional

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Joan Herrera – Abogado 

La pobreza energética es algo que ha existido siempre pero que con la crisis se ha agravado aún más. Podríamos definirla como la dificultad o la incapacidad de mantener tu vivienda en las condiciones adecuadas por razones económicas.

Lo más gordo es que, después de ocho años sufriendo los efectos de la crisis, cada día está afectando a más gente, en un escenario en el que se combinan crisis y una subida del precio de la energía muy por encima de la inflación. Un incremento continuo del precio de la energía, que se ha encarecido un 60% en el caso de la electricidad y un 66% en el caso del agua, sólo en los últimos cinco años (106% des de 2004 al 2014 en lo que se refiere al recibo de la luz). Solo las compañías Endesa e Iberdrola realizaron el año pasado más de medio millón de cortes de luz por impago, exactamente 506.481, según ha revelado la organización FACUA-Consumidores en Acción con los datos que las mismas empresas suministradoras han facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estas cifras suponen un repunte del 6% respecto al 2014.

Pobreza energética - Bruno Mello Teixeira Flickr

Los usuarios españoles en riesgo de pobreza energética únicamente están protegidos por el bono social que se implantó en 2009 y que incluía descuentos en las tarifas en determinados supuestos. No obstante, este bono no es garantía suficiente para solucionar los impagos porque según FACUA el 48% de los consumidores desconocen su existencia. Por desgracia, hoy es más fácil no encender la calefacción que acceder al bono social. Es el ‘pan nuestro de cada día’ encontrar a un vecino que vive sin calefacción o no puede pagar directamente el recibo. Las consecuencias son dramáticas, y están suponiendo una afectación clara a la salud, especialmente para los más vulnerables (mayores y niños).

Y mientras tanto aquí se ha hecho poco y lo poco que se ha hecho ha sido a cargo de Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Como muestra, un botón: el Govern de la Generalitat de Catalunya aprobó una normativa específica en 2013, que costó que se desarrollase y que el Gobierno central recurrió ante el Constitucional. La ley tan solo planteaba una moratoria en el corte de suministro para los meses de invierno, teniendo que pagar el afectado en los meses siguientes. Medida claramente insuficiente que ni tan siquiera benefició a un millar de personas. Después se aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, una Iniciativa Legislativa Popular, promovida por la PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Es ahora, meses después, y tras la demanda de muchos actores sociales y políticos, cuando por fin se han comprometido a desarrollar el protocolo de relación entre empresas suministradoras y los servicios sociales de cada ayuntamiento. Pero si la actitud de muchos gobiernos autonómicos es insuficiente, la actitud del Gobierno central es simplemente inaceptable. Éste ni siquiera ha aplicado la transposición al Derecho español de las Directivas Europeas de protección de los consumidores energéticos domésticos (ya han pasado cinco años desde que se aprobaron). Y, además, como el “perro del hortelano”, que ni come ni deja comer, se ha dedicado a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la tímida e insuficiente normativa autonómica que legislaba sobre la materia, argumentando que rompía el principio de unidad de mercado. Un recurso que hace buenas, e incluso dignas, las legislaciones autonómicas y las actitudes de muchos gobiernos autonómicos, que están muy por detrás de lo que el momento requiere.

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