Suspenso para España en eficiencia energética

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

Recientemente se ha publicado el informe RISE (Regulatory Indicators for Sustainable Energy) elaborado por el Banco Mundial donde se refleja de forma jerarquizada el posicionamiento de los distintos países en lo referente al acceso de la energía, la apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética. España ocupa el puesto 22, de los 111 países analizados, en cuanto a comportamiento en eficiencia energética, situándose por detrás de los países de nuestro entorno económico y territorial. Esta posición es consecuente con la inexistencia de una política energética y de tener una laxa preocupación por mejorar nuestro comportamiento energético.

La ineficiencia energética, ni se corresponde con nuestra posición a nivel mundial en Producto Interior Bruto ni por supuesto con la realidad como país, al tener uno de los mayores grados de dependencia energética de la Unión Europea de la que nos separan más de 20 puntos porcentuales, un 73% de España frente a un 53% de media europea, y eso considerando en este cálculo a la energía nuclear como fuente autóctona, que no lo es. Esta dependencia supone que por cada 10$ de subida sobre el precio del barril de petróleo nuestro saldo de la balanza comercial se deteriora en 6.000 MM€.

Ser eficiente en España en materia de consumo de energía debería ser una de las prioridades de la política energética, como lo ha manifestado repetidas veces la Fundación Renovables, no solo para poder competir con los países de nuestro entorno, sino también para poder llevar a cabo políticas más sostenibles con respecto al medioambiente y menos expuestas a la volatilidad de los precios de combustibles que tenemos que importar.

España cuenta con legislación suficiente para tener un comportamiento en eficiencia energética mejor, como consecuencia de la obligada transposición de las distintas Directivas Europeas, fundamentalmente la 2010/31/UE sobre eficiencia energética en edificios y de la 2012/27/UE de eficiencia energética. El problema es que hemos sido incapaces por decisión propia de poner en marcha los instrumentos operativos que el marco legislativo exigía.

Termómetro en un centro comercial de Madrid. En el cartel figura la propia normativa que incumple.

Las líneas de actuación puestas en marcha son insuficientes e ineficientes y están basadas en el desarrollo de campañas de difusión y en la creación de un Fondo para la Eficiencia Energética que no se ha conseguido aplicar a su finalidad, de hecho en la fallida reforma eléctrica del actual Gobierno se utilizaron los fondos acumulados para reducir el déficit de tarifa, y permiten predecir que España no cumplirá el objetivo de reducción de la demanda establecido para los países de la Unión Europea para el 2020.

Objetivo que, afortunadamente para el Gobierno, es no vinculante pese a que, tanto por responsabilidad como por su importancia, debería ser considerado como uno de los elementos básicos de cualquier política energética, si es que esta existiera.

Esta escasa preocupación por poner en marcha mecanismos que fomenten el ahorro y la eficiencia de energía se ha podido ver desde:

• El incumplimiento de objetivos que la Directiva marcaba para los edificios públicos y que marca que debían ser rehabilitados un 3% cada año desde el inventario realizado en 2014. España tiene más de 1,7 millones de m² de edificios de uso público sin que nadie haga nada con la excepción de un par de concursos de cara a la galería.
• La no exigencia por parte de organismos públicos y ayuntamientos de que en sus contratos de suministro de energía eléctrica se incluya la obligación de que esta sea de origen renovable y que se incorporen objetivos de ahorro y mejora de la eficiencia como elemento fundamental para ser adjudicatarios.
• El no desarrollo legislativo finalista de la magnífica Ley 8/2013 sobre “Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas” conocida como Ley 3R que permitía abrir procedimientos de trabajo y de colaboración público-privada para avanzar en la rehabilitación de los más de 18 millones de edificios, de los cuales ni si quiera el 3% supera los estándares establecidos de comportamiento energético que marca la legislación vigente. De hecho, la evolución de la ordenación desde la primera norma NBE CT 79 a la última CTE de 2013 supone una reducción media del consumo por m² del 53%.
• Por hacer incrementar la parte fija de la tarifa eléctrica perdiendo el incentivo de ahorrar energía por disminución de consumo y gravando la situación de aquellos colectivos vulnerables que tienen que pagar más sin consumir.
• La no aplicación del Fondo de Eficiencia para su finalidad como consecuencia de “la inexistencia de proyectos” que puedan acogerse a él al no haber movilizado al sector energético en esta labor.
• Por considerar que la mejora de la eficiencia energética incrementa el riesgo de la aparición del déficit de tarifa del sistema eléctrico al reducir el consumo de energía
• La inoperancia real de los planes de subvenciones a la rehabilitación que en muchos de los casos no se han hecho efectivas dejando un problema financiero a las comunidades que creyeron que era buena idea disponer de un comportamiento energético más eficiente.

Si analizamos lo que han hecho países de nuestro entorno con resultados altamente positivos y las medidas disponibles en nuestro ordenamiento y no llevadas a cabo, el Ministerio de Energía debería hacer corresponsables de forma vinculante a las empresas suministradoras de energía del cumplimiento de los objetivos marcados por la Directiva de Eficiencia.

Las compañías que nos suministran la energía tienen que asumir este reto no solo por la cercanía con el consumidor al que venden energía sino también en su propio beneficio como línea de negocio nueva, en la que la venta de servicios energéticos vaya sustituyendo o acompañando a la venta de energía.

Nuestras comercializadoras están más centradas en procesos de intermediación que en trabajar para sus clientes. Situación que evidencia su escasa preocupación por asumir los retos energéticos que todos como país hemos asumido.

Pues bien, nunca seremos eficientes sino no involucramos a todos los agentes que tienen que ver con el abastecimiento de energía, empezando por los consumos públicos y siguiendo por la implantación sin paliativos de la electrificación de la demanda de energía.  La cobertura de las necesidades energéticas es más eficiente si la energía utilizada es la electricidad tanto en clima, con la bomba de calor, como en el transporte con el vehículo eléctrico.

La España Ineficiente es fruto de nuestro comportamiento como consumidores, poco informados, y de un desarrollo legislativo más centrado en la “desidia programada” como política energética que en fomentar la eficiencia.

• Imagen: Flickr/ Adriano Agulló

Tags: Dependencia energética, Directiva Europea, Eficiencia energética, España, Ministerio de Energía, RISE, UE | Almacenado en: Política energética