Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables 
Recientemente se ha publicado el informe RISE (Regulatory Indicators for Sustainable Energy) elaborado por el Banco Mundial donde se refleja de forma jerarquizada el posicionamiento de los distintos países en lo referente al acceso de la energía, la apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética. España ocupa el puesto 22, de los 111 países analizados, en cuanto a comportamiento en eficiencia energética, situándose por detrás de los países de nuestro entorno económico y territorial. Esta posición es consecuente con la inexistencia de una política energética y de tener una laxa preocupación por mejorar nuestro comportamiento energético.
La ineficiencia energética, ni se corresponde con nuestra posición a nivel mundial en Producto Interior Bruto ni por supuesto con la realidad como país, al tener uno de los mayores grados de dependencia energética de la Unión Europea de la que nos separan más de 20 puntos porcentuales, un 73% de España frente a un 53% de media europea, y eso considerando en este cálculo a la energía nuclear como fuente autóctona, que no lo es. Esta dependencia supone que por cada 10$ de subida sobre el precio del barril de petróleo nuestro saldo de la balanza comercial se deteriora en 6.000 MM€.
Ser eficiente en España en materia de consumo de energía debería ser una de las prioridades de la política energética, como lo ha manifestado repetidas veces la Fundación Renovables, no solo para poder competir con los países de nuestro entorno, sino también para poder llevar a cabo políticas más sostenibles con respecto al medioambiente y menos expuestas a la volatilidad de los precios de combustibles que tenemos que importar.
España cuenta con legislación suficiente para tener un comportamiento en eficiencia energética mejor, como consecuencia de la obligada transposición de las distintas Directivas Europeas, fundamentalmente la 2010/31/UE sobre eficiencia energética en edificios y de la 2012/27/UE de eficiencia energética. El problema es que hemos sido incapaces por decisión propia de poner en marcha los instrumentos operativos que el marco legislativo exigía.
Termómetro en un centro comercial de Madrid. En el cartel figura la propia normativa que incumple.
Las líneas de actuación puestas en marcha son insuficientes e ineficientes y están basadas en el desarrollo de campañas de difusión y en la creación de un Fondo para la Eficiencia Energética que no se ha conseguido aplicar a su finalidad, de hecho en la fallida reforma eléctrica del actual Gobierno se utilizaron los fondos acumulados para reducir el déficit de tarifa, y permiten predecir que España no cumplirá el objetivo de reducción de la demanda establecido para los países de la Unión Europea para el 2020.