Carlos Bravo – Director de la Fundación Renovables
No creo que en ningún país del mundo que se precie de ser una verdadera democracia pueda pasar lo que está ocurriendo en España con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
El desprecio reiterado, la burla, del Presidente del CSN Fernando Martí Scharfhausen hacia el Congreso de los Diputados, amparándose en ridículas excusas y penosas maniobras y tejemanejes para evitar comparecer ante las Cortes Generales (que, recordemos, son la más alta representación del pueblo español) ha llegado ya a lo esperpéntico, y, junto con otras lamentables acciones del CSN en los últimos meses, ha devaluado la categoría de este organismo a la de una república bananera.
La Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, obliga al Presidente del CSN a mantener puntualmente informado al Congreso de los Diputados y al Senado. Sin embargo, el señor Martí no comparece ante las Cortes Generales desde diciembre de 2014, a pesar de haber sido solicitada su comparecencia en varias ocasiones por parte de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso para explicar su gestión.
La aversión del Señor Martí Scharfhausen a dar cuenta de sus actuaciones, su desprecio a su obligación de transparencia hacia el público, va incluso más allá del habitual oscurantismo del que lleva haciendo gala el CSN desde su creación en 1980. De hecho, el secretismo es algo consustancial a la industria nuclear. Esta industria, que, pese a accidentes como Fukushima, Chernóbil, Harrisburg, Vandellós-1, y otros muchos, insiste aún en presentarse a sí misma como segura, no puede reconocer al tiempo la intrínseca peligrosidad de su tecnología, pues su única prioridad es mantener su negocio, sea como sea.
En consecuencia, la industria nuclear (donde se insertan las grandes compañías eléctricas que operan centrales nucleares) hace todo lo posible por ocultar a la opinión pública sus continuos problemas de seguridad, y en algunos países, como en España, cuenta para ello, lamentablemente con la ayuda del órgano regulador, el CSN, el cual, en teoría, debería ser independiente tanto con respecto a la industria nuclear (a la que se supone debe regular y controlar) como del Gobierno de turno. De acuerdo con nuestra normativa, sólo las Cortes Generales pueden ejercer control sobre el CSN.
En los últimos meses hemos sido testigos de los intentos del Presidente del CSN, y de la mayoría de los Consejeros (salvo la honrosa excepción de la consejera Cristina Narbona), de autorizar la operación por 17 años más de la obsoleta central nuclear de Garoña (gemela del siniestrado reactor 1 de Fukushima) saltándose sus propios procedimientos internos, o de tratar de sacar adelante el proyecto del cementerio nuclear de residuos radiactivos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) a pesar de las advertencias de los propios técnicos del CSN sobre la falta de idoneidad del terreno desde el punto de vista hidrogeológico.
La opacidad con la que se ha llevado a cabo el proceso de evaluación de la solicitud de emplazamiento del ATC obligó a la ONG ‘Transparencia Internacional’ a tener que acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que se obligara al CSN a hacer públicos una serie de documentos clave sobre este proceso, como finalmente ha sucedido tras Resolución de citado organismo.