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Estrategia nuclear fracasada

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Pancarta antinuclear

En el ámbito de la energía (como en tantos otros), las estrategias mal paridas, pergeñadas sin consenso social y sin adecuados criterios técnicos, no resisten el paso del tiempo. Este es el caso de la política de gestión de los residuos radiactivos de las centrales nucleares españolas, que se ha demostrado, otra vez más, como un absoluto fiasco.

Los 10 años transcurridos desde que, el 23 junio de 2006, el Consejo de Ministros aprobara el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) presentado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), han sido suficientes para comprobar el estrepitoso fracaso de la estrategia propuesta en dicho plan por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), a través del MITyC, del que depende.

En el citado PGRR, aun en vigor, se planteaba como hito principal la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas, al que se otorgaba prioridad absoluta. En el PGRR se plasmaba que “en virtud de los análisis efectuados desde los puntos de vista técnico, estratégico y económico”, resultaba “un objetivo básico prioritario” el poderdisponer de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) tipo bóvedas en el entorno del año 2010, cuyo periodo operativo sería del orden de unos 60 años”.

El lobby nuclear, y los sucesivos ministros de Industria de esos años, en especial Miguel Sebastián, defendieron el ATC como la panacea para el complejo problema de los residuos nucleares y pusieron gran empeño en conseguir que fuera una realidad en la fecha prevista, en 2010. Para ellos era la piedra angular para conseguir prorrogar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años. Pero han fracasado.

Ya en esas fechas, 2006 en adelante, diversos expertos y grupos ecologistas, alertaron de lo desacertado de esos, supuestamente rigurosos, análisis “técnicos, estratégicos y económicos” de ENRESA, y denunciaron que el Gobierno central había prescindido absolutamente de la búsqueda previa de consenso social al respecto, condición necesaria para sentar las bases con las que poder avanzar de forma eficaz en esta peliaguda materia que es la gestión de los residuos radiactivos.

Estamos en 2016, han pasado 10 años, y el proyecto del ATC, al que, por diversas razones, entre ellas técnicas, se augura ya poco futuro, se ha convertido en otro de los casos que reflejan todos los síntomas de nuestro depauperado y corrupto sistema político.

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