BLOGS
La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

Estrategia nuclear fracasada

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Pancarta antinuclear

En el ámbito de la energía (como en tantos otros), las estrategias mal paridas, pergeñadas sin consenso social y sin adecuados criterios técnicos, no resisten el paso del tiempo. Este es el caso de la política de gestión de los residuos radiactivos de las centrales nucleares españolas, que se ha demostrado, otra vez más, como un absoluto fiasco.

Los 10 años transcurridos desde que, el 23 junio de 2006, el Consejo de Ministros aprobara el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) presentado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), han sido suficientes para comprobar el estrepitoso fracaso de la estrategia propuesta en dicho plan por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), a través del MITyC, del que depende.

En el citado PGRR, aun en vigor, se planteaba como hito principal la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas, al que se otorgaba prioridad absoluta. En el PGRR se plasmaba que “en virtud de los análisis efectuados desde los puntos de vista técnico, estratégico y económico”, resultaba “un objetivo básico prioritario” el poderdisponer de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) tipo bóvedas en el entorno del año 2010, cuyo periodo operativo sería del orden de unos 60 años”.

El lobby nuclear, y los sucesivos ministros de Industria de esos años, en especial Miguel Sebastián, defendieron el ATC como la panacea para el complejo problema de los residuos nucleares y pusieron gran empeño en conseguir que fuera una realidad en la fecha prevista, en 2010. Para ellos era la piedra angular para conseguir prorrogar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años. Pero han fracasado.

Ya en esas fechas, 2006 en adelante, diversos expertos y grupos ecologistas, alertaron de lo desacertado de esos, supuestamente rigurosos, análisis “técnicos, estratégicos y económicos” de ENRESA, y denunciaron que el Gobierno central había prescindido absolutamente de la búsqueda previa de consenso social al respecto, condición necesaria para sentar las bases con las que poder avanzar de forma eficaz en esta peliaguda materia que es la gestión de los residuos radiactivos.

Estamos en 2016, han pasado 10 años, y el proyecto del ATC, al que, por diversas razones, entre ellas técnicas, se augura ya poco futuro, se ha convertido en otro de los casos que reflejan todos los síntomas de nuestro depauperado y corrupto sistema político.

Aun así, el Gobierno sigue porfiando y se ha conocido ahora que en el primer informe nacional remitido por España a la Unión Europea sobre la aplicación de la Directiva “para la gestión responsable y segura del combustible gastado y de los residuos radiactivos”, señala la previsión de puesta en marcha del ATC a principios de 2018.

Nunca fue necesario construir un cementerio nuclear centralizado, pues existía ya entonces una alternativa perfectamente viable en España, más ventajosa desde el punto de vista de la seguridad y del impacto económico y social que el ATC: los Almacenes Temporales Individualizados (ATI), de contenedores en seco y en superficie, en los emplazamientos de las actuales centrales nucleares.

Respecto al asunto de la seguridad, los transportes por carretera o ferrocarril de todos los residuos radiactivos de alta actividad, desde cada una de las centrales nucleares al ATC, suponen un gran problema, ya que estos transportes podrían ser objeto de sabotajes y boicots como ya ha ocurrido en Alemania con frecuencia. Los ATI evitan tener que hacer estos transportes.

Desde el punto de vista económico, la alternativa de los ATI sólo implica una inversión 20 o 25 millones de euros (M€) por cada uno de estos almacenes, ya que no se incurrirían en gastos de transporte o explotación. Sin embargo, el ATC supondría al menos unos costes de inversión de 700 M€, unos costes de explotación de 600 M€ y unos costes de transporte de 100 M€, por lo que el impacto económico total ascendería a 1.400 M€. Y eso sin incluir el elevado coste de las soluciones de ingeniería que habría que aplicar para tratar de resolver los problemas geológicos propios del emplazamiento de Villar de Cañas (Cuenca) que ahora se conocen.

Actualmente tiene menos sentido que nunca construir el ATC, pues todas las centrales nucleares españolas han apostado por los ATI. Así, éstas, o bien tienen ya un ATI construido (Zorita, Trillo, Ascó I y II), en fase de construcción (Garoña), lo han solicitado (Almaraz I y II) o lo tienen en fase de planificación (Cofrentes y Vandellós II).

Ante esta nueva realidad de los ATI, el proyecto del ATC ha quedado total y definitivamente desfasado. El coste del almacenamiento en Francia de los residuos vitrificados de alta radiactividad resultantes del reprocesamiento en ese país del combustible nuclear gastado de la central de Vandellós I, no puede ser la excusa para acometer un proyecto como el ATC sin adecuada planificación y sin las garantías exigibles. Esos residuos de Vandellós I podrían almacenarse actualmente en cualquiera de los ATI existentes, pero además la construcción de un pequeño ATI en la propia central de Vandellós I, actualmente en desmantelamiento (fue cerrada tras el accidente que sufrió en 1989), sería siempre una solución mucho menos costosa y perfectamente viable.

Al contrario de lo que argumentaban los partidarios del ATC, tampoco se han seguido criterios técnicos en este tema. De hecho, la decisión de su ubicación en Villar de Cañas fue puramente política, ignorando los criterios técnicos, simplemente porque venía bien para los intereses particulares de la ex Presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, y del gobierno de Mariano Rajoy. Además, se ha publicado que con las concesiones de las obras que habría que realizar se pretende lucrar a amigos y familiares de los políticos que han tomado las decisiones.

Y lo más grave de todo: el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con un voto particular de la consejera Cristina Narbona oponiéndose a ello, ha concedido la autorización previa de construcción de este cementerio nuclear en contra de un informe de los propios técnicos del CSN en el que literalmente se “cuestiona la idoneidad de su emplazamiento”.

Ese informe técnico del CSN, que evidencia que a la hora de seleccionar el emplazamiento de Villar de Cañas no se tuvieron en cuenta los factores geológicos, considera que es necesario que ENRESA elabore al menos tres nuevos informes (geológico-geofísico-sismológico; geoquímico-petrológico-mineralógico-sedimentológico e hidrológico-hidrogeológico-hidroquímico) en relación con la estabilidad del terreno.

En suma, el proyecto del ATC debe ser cancelado. Es hora de hacer un nuevo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos que, además de garantizar al máximo posible la seguridad nuclear y la protección radiológica de la población y del medio ambiente, anteponga la búsqueda de un amplio consenso social en la materia a cualquier otra consideración política o interés empresarial.

  • Imagen: GTRES

1 comentario · Escribe aquí tu comentario

  1. Dice ser Paneles solares

    Lo que hay que hacer es ir hacia donde marca el sentido común, es decir, energías renovables, eólica, solar, hidráulica… e ir dejando atrás estas otras fuentes de energía que tanto mal están haciendo.

    07 Junio 2016 | 17:46

Escribe aquí tu comentario






    Normas para comentar en 20minutos.es

    • Esta es la opinión de los internautas, no la de 20minutos.es.
    • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
    • Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
    • Por favor, céntrate en el tema.
    • Normas y protección de datos.