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Hoy es el día de la transición justa en la COP25

Hoy, 12 de diciembre, es el día de la Transición Justa en la Cumbre de Cambio Climático que está celebrándose en Madrid.

La transición justa es la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima, que maximiza los beneficios de la acción climática a la vez que minimiza los impactos negativos en los trabajadores y en los territorios afectados. La transición justa es una agenda de ambición climática y de solidaridad con los territorios y los grupos de población más vulnerables.

Hoy es un día de reconocimiento a la labor realizada para que la transición justa fuera incluida en el Acuerdo de París y sea un concepto consolidado en las negociaciones climáticas. Las organizaciones sindicales han peleado duro en el marco de las Naciones Unidas para mostrar las interrelaciones entre la acción climática, los derechos humanos y la justicia social.

También tenemos que felicitarnos porque, en el ámbito español, en poco más de un año y con un Gobierno “inestable”; se han producido avances fundamentales para disponer de un valioso marco estatal de transición justa. Esto es así por tres razones.

En primer lugar, porque el diseño de los borradores de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) han demostrado una voluntad clara de aumentar la ambición climática respecto al punto de partida en el que estábamos, -sin entrar a valorar que sean textos mejorables-.

En segundo lugar, porque, en un plazo exprés, el Gobierno ha tenido que hacer los deberes que dejaron sin hacer anteriores ejecutivos y ha logrado alcanzar un acuerdo social para minimizar los impactos del cierre de la minería, además de poner en marcha un plan de acción urgente para la reactivación de las zonas más afectadas por el abandono del carbón. Ha defendido el principio de que la transición justa exige proteger a los trabajadores y a las trabajadoras y a los territorios más vulnerables. España es, probablemente, el país que más rápido se está deshaciendo del carbón en toda Europa (a pesar de no haber establecido, como tal, un calendario de cierre) y para ello se están ampliando todos los mecanismos de protección social al alcance y se están comprometiendo más de 600 millones de euros para las zonas afectadas.

En tercer lugar, porque se ha adoptado una Estrategia Nacional de Transición Justa que deja claro que esta no sólo va del abandono  del uso del carbón. En el medio plazo se producirán otros procesos de cierre, como el derivado del final de la vida útil de las centrales nucleares, y la transición energética atravesará muchos otros sectores estratégicos como son la automoción, los sistemas de transporte o la industria pesada electro intensiva, entre otros. Además, la transición justa también es una herramienta para construir sociedades más resilientes.

Los escenarios de calentamiento global de más de 1,5 ºC auguran impactos severos en los países mediterráneos y, por tanto, será necesario adaptarse a un clima diferente, con extremos meteorológicos y a una menor disponibilidad de agua, entre otras consecuencias.

Eso representa también un desafío sin precedentes para repensar actividades como el turismo o la agricultura, que se sustentan en un desmedido consumo de agua y que son importantes fuentes de ingresos para muchas regiones.

España sigue ocupando los primeros puestos en tasas de desempleo, precariedad laboral, desigualdad de Europa y de proporción de trabajadores pobres de la OCDE. Ninguna estrategia de país puede dejar de lado las posibilidades de futuro de las actuales generaciones y de las que están por venir. Hoy es, por tanto, un día de celebración y reivindicación de la transición energética justa en España y en todo el mundo.

Por estos motivos, hoy jueves 12, en esta COP25, la sociedad civil alzará la voz por la justicia climática, la asunción de reglas fuertes que protejan todos los derechos humanos, los de la gente trabajadora, los de las mujeres, los de la juventud y los de las comunidades indígenas. Nuestras vidas, nuestros medios de subsistencia, nuestros empleos, nuestros territorios y nuestra dignidad dependen de que los gobiernos se comprometan y asuman con urgencia una mayor responsabilidad.

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Patrona de Fundación Renovables y responsable de Energía y Cambio Climático de ISTAS

Las energías renovables, un valor seguro para Asturias

Una de las características de la economía asturiana es la relevancia de sus sectores energético e industrial en términos de empleo, de contribución al Valor Añadido Bruto de la región y número de empresas. Ambos sectores emplean a casi 48.000 personas en más de 3.500 empresas que  concentran su actividad en tres subsectores principales: un 30% de industria extractiva, energía, agua y residuos; un 42% de metalurgia, siderurgia y fabricación de productos metálicos y un 10% de alimentación, bebida y tabaco.

El carbón ha sido protagonista en la producción de energía y un elemento fundamental para el desarrollo y prosperidad de la región como consecuencia de la disponibilidad local de este combustible, la actividad de las centrales térmicas y la aplicación siderúrgica del coque.

El cierre de las explotaciones mineras no competitivas el pasado 31 de diciembre y el anuncio de clausura de las centrales termoeléctricas, ha imprimido un nuevo golpe a una región que muestra otras fragilidades. Asturias ha sido la última Comunidad Autónoma en recuperar su PIB previo a la crisis. Demográficamente tiene una población muy envejecida que lleva casi una década decreciendo. Y desde un punto de vista territorial existen muchas desigualdades de equipamiento, servicios y actividad económica entre el triángulo industrial y área central metropolitana respecto a otras comarcas de carácter más rural.

La reconversión de las cuencas mineras y la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo son urgentes, no hay mucho margen para el error. Hoy más que nunca una transición energética justa tiene que representar una oportunidad sólida para la industria asturiana y generar alternativas económicas creíbles. Y en este contexto las energías renovables son un valor seguro.

En 2018 trabajaron 5.300 personas de forma directa en el sector de las energías renovables en Asturias, según el último informe de ISTAS presentado el 10 de julio. Por tecnologías, se estiman unos 1.800 empleos en fotovoltaica, 1.400 en la energía eólica offshore y terrestre, 1.200 en biomasa, 200 en biogás, 400 en solar termoeléctrica y 300 en energía solar térmica.

El nuevo informe de ISTAS “El potencial de las energías renovables y su industria asociada en Asturias”

El potencial de crecimiento del sector renovable en Asturias se basa en dos estrategias, el mayor aprovechamiento de sus recursos renovables y, en segundo lugar, en sacar partido a su fuerte sector industrial como soporte para la fabricación de estructuras, equipos y componentes en el mercado nacional y global de las tecnologías renovables.

Entre las medidas más apropiadas para el desarrollo renovable se proponen (por tecnología):

  • Lanzar un plan de repotenciación de eólica terrestre que aproveche las zonas de mayor recurso y minimice el impacto ambiental. El 20% de los parques eólicos asturianos cumplirá más de 15 años en 2020 y el 75% de los aerogeneradores tienen menos de 2MW de potencia.
  • Apoyo público a la generación distribuida y al autoconsumo fotovoltaico (y no sólo a las instalaciones aisladas) que compensen el mayor plazo de amortización de las inversiones por una menor disponibilidad de recuso solar.
  • Promover el uso térmico de biomasa en el ámbito rural, en detrimento de poblaciones urbanas donde puede haber un impacto negativo en la calidad del aire.
  • Planificar la política forestal para el aprovechamiento de la biomasa residual y fomentar el uso de la biomasa y el biogás en la industria agroalimentaria.
  • Activar la recogida de residuos ganaderos, su valorización energética y la inyección a red para solucionar un problema ambiental relevante dado el tamaño de la cabaña ganadera asturiana.
  • Ampliar los proyectos de aprovechamiento geotérmico del agua de pozos mineros clausurados para redes de calor urbanas. El potencial energético del agua de mina de Hunosa es el equivalente al consumido en calefacción por 21.900 viviendas y 87.600 habitantes.
  • En energías marinas, se debe procurar mantener o expandir la actividad actual en base a la participación en proyectos internacionales. Los encargos de energía offshore son una fuente muy importante de empleo para diversificar la actividad de los astilleros y puertos asturianos. En el medio plazo el desarrollo y comercialización de estructuras flotantes de eólica offshore, permitirá poder hablar de proyectos de eólica marina adecuados a las características de la plataforma continental de la costa española.
  • Procurar que los nuevos proyectos de energía termosolar para 2030 en España -en el PNIEC se prevén 5.000 MW adicionales- se provean en base a la cadena de suministro industrial asturiana, capaz de construir al completo una central termosolar, y que ya proporcionó las estructuras para una parte importante de las centrales construidas en el resto de España (cuya máxima actividad fue en 2011-2013).

Para lograr maximizar las oportunidades de crecimiento del sector renovable será crucial la adopción de un Plan Regional de Energías Renovables -con un análisis de empleo adhoc- que explore y explote todos los recursos y capacidades locales; la celebración de subastas de renovables específicas por tecnologías y por nodos, y la implementación de una buena política industrial que deje los mayores beneficios para la industria autóctona.

Mariano Sanz, Joan Herrera y Begoña María-Tomé en la presentación pública del informe el pasado 10 de julio en el IDAE

Otras de las medidas importantes es la de fomentar las comunidades energéticas en el ámbito urbano e industrial.

  • El ámbito municipal las Administraciones Públicas deben jugar un papel activo y ejemplarizante en la integración de energías renovables en edificios públicos y en el espacio urbano. Además el desarrollo renovable es imprescindible para dar coherencia a otras de las estrategias del Principado de Asturias, en el campo de la rehabilitación energética, con un entramado empresarial de referencia y una elevada financiación pública, y en el campo de la electromovilidad, con 70 puntos de recarga ya instalados.
  • La incorporación de renovables en los entornos industriales y centros de alta actividad (comerciales y/o de ocio), mediante el autoconsumo compartido, agregadores de demanda y las redes inteligentes, son muy útiles para fomentar la colaboración entre empresas y estrechan lazos con la comunidad. De hecho contribuyen a la puesta en práctica de la economía circular en los polígonos industriales o áreas empresariales, y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos mediante el intercambio y uso compartido de materiales, energía, medios logísticos y de transporte.

Por último, para la cualificación y reempleabilidad de la fuerza trabajadora en el sector de las energías renovables habrá que reforzar la formación ocupacional, profesional y universitaria. La inversión en conocimiento y educación condicionará el futuro de Asturias.

Para más información se puede consultar el informe “El potencial de las energías renovables y su industria asociada en Asturias”, publicado por ISTAS con el apoyo de la Fundación Europea del Clima.

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Experta en Cambio Climático y en Energía en ISTAS

A vueltas entre los necesarios avances regulatorios para la transición energética y la incertidumbre que genera la falta de un consenso político

En estos momentos de incertidumbre política ante el anuncio de convocar las terceras elecciones generales en poco más de tres años, nos encontramos, en el ámbito energético, en uno de los momentos de mayor interés e ilusionantes de las últimas décadas.

Para esta misma semana se ha anunciado la presentación del Plan de Energía y Clima y también está en fase avanzada de tramitación el Real Decreto de autoconsumo, elemento esencial para garantizar el cambio del modelo energético y la participación activa de los ciudadanos; el acierto en su desarrollo será la base para dar la entrada a nuevas operativas en el mercado. Adicionalmente también estaba previsto tramitar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y  la  Estrategia Nacional de Transición Justa que no podrán ver la luz en lo que queda de legislatura.

Coincidiendo con toda esta actividad  acabamos de conocer  que en 2018 las fuentes renovables alcanzaron a cubrir el 40% de la producción eléctrica peninsular, cifra que contrasta fuertemente con lo que sucede en los sistemas no peninsulares donde la cobertura eléctrica con renovables oscila entre el 5% y  10% para Baleares y Canarias respectivamente, y no por falta de recursos precisamente, a pesar de tener los costes de generación más altos a nivel nacional, lo que requiere de un  análisis  más detallado en un próximo artículo.

Hay que reconocer que la actividad del Ministerio de Transición Ecológica en estos últimos meses contrasta con la parálisis sufrida por el anterior Ejecutivo y su continua implantación de obstáculos en el avance hacia un nuevo modelo energético y económico

Volviendo a la demanda peninsular, la potencia  fotovoltaica  instalada prácticamente se ha duplicado respecto al año anterior, representando las instalaciones de autoconsumo energético el 90% de la nueva potencia instalada (236MW), a estos datos suministrados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) sin duda han contribuido además de la eliminación del impuesto al sol, la reducción de costes de producción en un 80% en los últimos 10 años.

Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad de disponer lo antes posible del decreto de autoconsumo para clarificar, ordenar e incorporar los importantes avances que contempla tanto en tramitación de solicitudes, como en el  desarrollo del autoconsumo colectivo o la facturación neta que permitirá a los autoconsumidores compensar la energía vertida a la red contra la energía consumida de la misma en términos económicos en períodos mensuales. En conjunto, aunque tiene elementos de mejora, no deja de ser una propuesta muy positiva, necesaria y urgente de implantar.

Y es en este contexto en el que lejos de pretender establecer una dicotomía entre la derecha y la izquierda en lo que a política de energías renovables se refiere (no hay que olvidar que la regulación que consolidó el despegue de las  renovables en nuestro país -RD 2818/1998- fue promulgado por un gobierno del Partido Popular); sin embargo, si hay que reconocer que la actividad del Ministerio de Transición Ecológica en estos últimos meses contrasta con la parálisis sufrida por el anterior Ejecutivo y su continua implantación de obstáculos en el avance hacia un nuevo modelo energético y económico.

Por eso, es especialmente relevante hacer, una vez más, un llamamiento a la responsabilidad política para que se asuma el necesario consenso para seguir avanzando en esta transición energética que ya cada vez afecta más a los consumidores y a la sociedad en su conjunto.

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables