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La energía como derecho

Escribo hoy de nuevo en este blog transcurridos dos años desde que inauguramos este espacio de opinión y reflexión abierto. Nuestro objetivo era, y es, reclamar el acceso universal a la energía como derecho, objetivo que recientemente ha visto colmadas algunas de sus demandas que, aunque insuficientes, marcan el camino hacia un modelo energético más sostenible y abierto.

La pobreza energética en nuestro país afecta a 4,6 millones de personas. Es un grave problema que se ha generado tanto por el continuo ascenso del precio de la electricidad, que en los últimos 10 años ha subido un 46%, como por la pérdida de renta a disposición de las familias, que en el mismo periodo ha bajado un 4,3%. Esta situación refleja que en España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables, sino como una commodity más que forma parte del gran negocio empresarial que es la energía.

Adicionalmente a la existencia del problema de acceso, que ya de por si debería ser la prioridad de cualquier gobierno, hay que sumar los impactos económicos y sociales derivados del Cambio Climático cuyo origen está directamente relacionado con el modelo energético actual basado en combustibles fósiles no renovables. La energía está determinando el futuro de los países y de sus relaciones de competencia económica y tecnológica como principal factor de competitividad y también su compromiso con la conservación del planeta, que lleva implícito un cambio en el modelo económico actualmente en vigor por otro  más descarbonizado, desenergizado y desmaterializado.

En España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables

Las fuentes renovables constituyen el único marco viable de estrategia energética a largo plazo en el que la solidaridad intergeneracional demanda no derivar los problemas de seguridad de suministro, de contaminación ambiental, de residuos radiactivos y riesgos nucleares a las futuras generaciones. Son la solución a la pobreza, a lo altos precios, a la contaminación, al Cambio Climático, a la disponibilidad de estructuras de mercado transparentes y centradas en el consumidor que deben guiar nuestra apuesta energética de presente y futuro.

Nuestras peticiones a lo largo de estos dos últimos años han empezado a verse reconocidas con el DL 15/2018 de 5 de octubre que se aprobó en el pasado Consejo de Ministros en el que recuperamos, como consumidores, el derecho de poder elegir como queremos cubrir nuestras necesidades energéticas y la posibilidad real de ganar la autonomía que nunca el sistema actual nos ha reconocido.

El autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético

Indudablemente el autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético. Por eso, en la Fundación Renovables aplaudimos la propuesta sobre autoconsumo que el Gobierno ha incluido en el Decreto Ley y esperamos que el Congreso convalide las medidas que recoge y que su desarrollo normativo y su aplicación satisfagan las esperanzas que su aprobación ha despertado.

En nuestro caso, esto pasa por facilitar la realización de contratos de compra-venta de energía entre particulares, la fijación de peajes por uso de la red transparentes y directamente relacionados con el servicio recibido, la posibilidad de instalar sistemas de almacenamiento como elemento básico para la gestión de la demanda, la monetización de todos los flujos de energía de forma clara y transparente, el acceso a los contadores en tiempo real….

Junto a la eliminación del “Impuesto al Sol” y de las trabas administrativas y jurídicas además del impulso del autoconsumo compartido, el Decreto Ley ha consolidado el avance y ampliación del bono social, tanto en plazos como en situaciones recogidas así como proponiendo un bono social para la calefacción. No cabe duda que aunque, de forma insuficiente, se están dando los primeros pasos para la creación de una Renta Básica Energética.

Desde la Fundación Renovables reclamamos la necesidad de la creación de una tarifa social amplia que considere las características específicas familiares, sin incluir un tramo fijo, con una potencia contratada básica suficiente en función del tamaño familiar y un consumo mínimo de energía a precio reducido así como la exención o reducción del IVA aplicable. También defendemos la necesidad de otras medidas que consideramos imprescindibles para luchar contra la pobreza energética como son la rehabilitación de 250.000 viviendas/año bajo una configuración de actuación que no exija recursos a quien no los tiene y la consideración de la cobertura de energía eléctrica como un servicio público de los ayuntamientos.

El Decreto Ley nos permitirá avanzar en la recuperación de la “Energía como Derecho” pero quedan muchas asignaturas pendientes que no se han tratado, como es la implantación de una fiscalidad activa que favorezca el cambio de un modelo energético no sostenible a otro que sí lo sea o algunas que se han tratado tímidamente como son las medidas para reducción del precio de la electricidad, cuyo único esfuerzo aprobado recae en la modificación de impuestos y tasas sin entrar de forma decidida en una reforma profunda que permita fijar los precios de forma transparente y consecuente al valor del servicio prestado.

Hemos recuperado derechos perdidos que desde este blog llevamos reclamando desde su creación y que dan título al mismo pero no podemos dejar de pensar que a este pequeño paso le queda una gran camino que recorrer tanto para lograr que la energía sea un bien común como para reducir la hipoteca que estamos dejando a las generaciones venideras.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Un regalo más a los grandes consumidores de energía

Una disposición adicional de los PGE crea un sistema de apoyo para compensar a los grandes consumidores por “soportar” la financiación de las renovables

Por Sergio de Otto – Periodista especializado en energía

Monedas

En los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que han empezado a debatirse esta semana en el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha colado en las 114 disposiciones adicionales un nuevo regalo para los grandes consumidores de energía que viene a sumarse a lo que ya cobran por el servicio de interrumpibilidad que lleva muchos años sin emplearse y al que le quedan otros tantos antes de ser necesario algún día. Ya se ha denunciado en numerosas ocasiones que los 525 millones de euros que los consumidores eléctricos pagaremos este año a un reducido grupo de estas empresas no es hoy una necesidad del sistema sino una subvención industrial encubierta.

Ahora, la subvención llega vía Presupuestos, pero con el insólito argumento reflejado ya en el título de la disposición (la 111 para quien quiera comprobarla): “Compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables” y en el texto añade: “que soportan” …” las industrias”, empresas que describe el punto 2 de esta disposición. De nuevo el Gobierno presenta a unas empresas como víctimas y a las renovables como culpables de un sobrecoste que tienen que “soportar” esas pobrecitas industrias.

El perfil de las empresas que tendrá derecho a este “sistema de ayudas” (pero ¿no éramos tan liberales que queríamos acabar con todo tipo de subvenciones?) “se determinará reglamentariamente atendiendo a la intensidad del uso de la electricidad y a la intensidad del comercio con terceros países y dentro de los límites previstos en las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020”.

Si el Gobierno quiere subvencionar a estas industrias que lo haga y que se las arregle con Bruselas para ver si cuelan las subvenciones (como parece que es el caso) pero que no use como excusa el apoyo a la energía renovable. No debe hacerlo por muy diversas razones, pero, sobre todo, porque es rotundamente falso que eso suponga una desventaja competitiva para esas empresas como lo demuestran las estadísticas que publica la Comisión Europea y que, recientemente, una vez más han puesto en evidencia que esas grandes industrias consumidoras españolas son las que menos “soportan” estos costes.

En el primer gráfico, comprobamos que España es el país en el que mayor diferencia existe entre el coste que “soportan” por la retribución a las renovables y cogeneración las pequeñas y medianas empresas (Tarifa IB) y los grandes consumidores de electricidad (Tarifa IF). Mientras que para los primeros rondan los 25 euros, para los segundos (los que ahora se verán beneficiados por una nueva subvención) no llega a los 4 euros. Sí, la mayor diferencia en toda Europa entre la una mayoría de nuestras empresas y los privilegiados del gran consumo eléctrico.

Costes de apoyo a las renovables y cogeneración para las empresas. 2015. Fuente Comisión Europea.(Tarifa IB: consumidor negocio, pequeña tienda o muy pequeña industria; Tarifa IF: electro intensivos de gran consumo).

En el segundo cuadro, en el que podemos ver el porcentaje que supone en la factura eléctrica para unos y otros, de nuevo constatamos una escandalosa diferencia entre el 15% para la mayor parte de nuestras empresas y solo un 4% para los grandes consumidores.

Porcentaje en el coste de la electricidad de los costes de apoyo a las renovables y cogeneración para las empresas por países. 2015. Fuente Comisión Europea. (Tarifa IB: consumidor negocio, pequeña tienda o muy pequeña industria; Tarifa IF: electro intensivos de gran consumo).

¿Está justificada una nueva subvención para unas empresas en las que este coste solo supone un 4 por ciento de su factura? La pregunta se responde sola.

 

 

 

Contadores inteligentes para unos… tontos para otros

Por Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

contador de la luz

Necesitamos cambiar nuestra forma de consumir energía. Nadie a estas alturas niega la responsabilidad de cómo producimos y consumimos energía en problemas tan serios e importantes como el cambio climático y la contaminación del aire que respiramos. Problemas cuya solución necesita de un cambio de actitud y de mentalidad de todos nosotros. Tenemos que empezar a consumir menos y a consumir mejor, es decir, tenemos que priorizar el ahorro y la eficiencia energética, para hacer posible el cambio al uso masivo de las energías renovables para nuestro abastecimiento energético.

Las claves para conseguir la concienciación ciudadana necesaria para poner en marcha este cambio de modelo energético son la educación y la información. Es difícil cambiar aquello que no conocemos o de lo que no disponemos de información suficiente.

Vivimos en la era de las tecnologías de la información y de la comunicación. Disponemos de forma inmediata de acceso a gran cantidad de información, podemos conocer en tiempo real casi cualquier cosa imaginable, el tiempo, la producción de energía, la contaminación del aire en muchas ciudades, etc… tenemos aplicaciones en nuestros dispositivos móviles capaces de acceder a cualquier tipo de información.

¿Cómo es posible que no podamos conocer en tiempo real el consumo energético de nuestra vivienda?

Se venden en el mercado infinidad de dispositivos que podemos acoplar en nuestras líneas eléctricas para conocer el consumo eléctrico, y cualquier estudiante de informática puede, a partir de plataformas abiertas, programar de forma más o menos sencilla un medidor doméstico de energía. Sin embargo, no tenemos acceso directo y en tiempo real a los datos de nuestro contador de energía eléctrica.

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La pobreza energética: una dura realidad que ya nadie discute…

Por Ana Isabel Ceballo Sierra – #CoopSumidores

candles

Me hubiera gustado elegir cualquier otro tema sobre energía y consumidores pero la actualidad, tristemente, se impone.

Todos compartimos que en pleno sXXI, los suministros de energía son un derecho básico para la vida de las personas y su desarrollo como ciudadanos.

En 2014, el 11% de los hogares se consideraban incapaces de hacer frente a las facturas energéticas. En concreto, actualmente 5,1 millones de personas son vulnerables a la pobreza energética en España, unos 22% en dos años.

La capacidad que poseen las empresas del mercado energético de interrumpir el servicio en caso de impago sin ninguna supervisión a priori del regulador, se convierte en un elemento coercitivo desproporcionado que no se ve equilibrado por ningún derecho de similares características de sus clientes, y tampoco lo es por las competencias del regulador o de los organismos de control. Este desequilibrio en favor del más fuerte condiciona absolutamente la posición de los consumidores españoles y es su principal fuente de sufrimiento. Sufrimiento que como sabemos puede llegar hasta las últimas consecuencias.

Ninguna entidad privada, con ánimo de lucro, puede tener un poder semejante, capaz de privar a los ciudadanos de los medios necesarios no solo para su supervivencia sino incluso para poder ejercer sus derechos civiles, sin ningún control administrativo o judicial previo.

Además toda una serie de factores agravan la situación de desamparo de los consumidores en materia energética, entre otros:

  • El 66% de la factura eléctrica son “impuestos”.
  • No existe una auditoría real e independiente de los costes del sistema. Se sigue apostando por las energías fósiles y ya se prevé que España incumpla los objetivos de EUROPA 2020 al respecto.
  • Los contadores inteligentes no ayudan a que el consumidor pueda mejorar su eficiencia energética.

Por otro lado, la regulación del bono social resulta del todo insuficiente e inadecuada:

  • Muchos de los consumidores que lo solicitan no llegan a beneficiarse del bono social. Ni son 2.5 millones cuando podrían ser más de 3.
  • Así mismo requiere una potencia contratada lo suficientemente baja que impide que muchos consumidores pueda acogerse.
  • Baremos económicos inadecuados y alejados de la realidad de las familias españolas y excluyendo a sectores de población con grave riesgo de exclusión social.
  • La normativa nacional es inexistente.
  • Deficiente definición del consumidor vulnerable”.

Dado que estamos hablando de un derecho fundamental, además es imprescindible acometer medidas de urgencia como:

  • Prohibición de corte de suministro a cualquier cliente sin autorización administrativa o judicial.
  • Obligación de las empresas de evaluar la situación de vulnerabilidad de sus clientes morosos debiendo solicitar informes negativos a los Servicios Sociales competentes en cada caso. Estando obligadas a tramitar los expedientes para solicitar las ayudas públicas.
  • Moratoria invernal.
  • Garantizar el suministro a determinados colectivos más allá del periodo invernal.
  • Mejora del sistema de alerta de los servicios sociales en caso de corte (obligación para la comercializadora).
  • Suministro mínimo garantizado a todos los consumidores.

Insisto, resulta fundamental invertir la posición de privilegio de las empresas respecto de sus clientes para que sean los derechos de estos últimos los que prevalezcan sobre los derechos de las empresas, haciendo a estas responsables de dar cuenta a la sociedad sobre el uso y destino que se le están dando a los fondos públicos y a los recursos naturales que se les ha permitido aprovechar.

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¿Realmente pagamos por un servicio eléctrico que no nos prestan?

Jorge Morales – Director de GeoAtlanterjorgemoralesmini

Cada cierto tiempo surge una recurrente polémica sobre si las eléctricas «nos estafan» con el término fijo de la factura. Ya sabe, esa parte que en el sector conocemos como término de potencia, que no depende de las vueltas del contador (esto es, del consumo), sino de la potencia que hayamos decidido contratar con la compañía y que limita el uso simultáneo de nuestros electrodomésticos. Si conectamos demasiados aparatos a la vez y superamos la potencia contratada, «nos saltan los plomos».

Factura de la luz

El argumento es sencillo: en realidad las eléctricas no dimensionan sus redes para atender toda la potencia contratada sino sólo una pequeña fracción de ésta. Para precisar, tenemos contratados 175.000 MW en total cuando la demanda máxima del sistema se sitúa en torno a los 40.000, más o menos el mismo valor que nuestra red puede soportar. Si todos utilizáramos nuestra máxima potencia a la vez, el sistema se vendría abajo. Conclusión: pagamos más de cuatro veces la potencia que necesitamos, lo que nos supone un sobrecoste de unos 7.000 millones al año.

Argumento correcto. Conclusión errónea.

Las eléctricas hacen bien en no dimensionar sus redes por encima de lo necesario (no olvide quién acabaría pagando el exceso que jamás se utilizaría). El problema es que el reparto del coste de esas redes no es el adecuado.

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