Por Ana Isabel Ceballo Sierra – #CoopSumidores 
Me hubiera gustado elegir cualquier otro tema sobre energía y consumidores pero la actualidad, tristemente, se impone.
Todos compartimos que en pleno sXXI, los suministros de energía son un derecho básico para la vida de las personas y su desarrollo como ciudadanos.
En 2014, el 11% de los hogares se consideraban incapaces de hacer frente a las facturas energéticas. En concreto, actualmente 5,1 millones de personas son vulnerables a la pobreza energética en España, unos 22% en dos años.
La capacidad que poseen las empresas del mercado energético de interrumpir el servicio en caso de impago sin ninguna supervisión a priori del regulador, se convierte en un elemento coercitivo desproporcionado que no se ve equilibrado por ningún derecho de similares características de sus clientes, y tampoco lo es por las competencias del regulador o de los organismos de control. Este desequilibrio en favor del más fuerte condiciona absolutamente la posición de los consumidores españoles y es su principal fuente de sufrimiento. Sufrimiento que como sabemos puede llegar hasta las últimas consecuencias.
Ninguna entidad privada, con ánimo de lucro, puede tener un poder semejante, capaz de privar a los ciudadanos de los medios necesarios no solo para su supervivencia sino incluso para poder ejercer sus derechos civiles, sin ningún control administrativo o judicial previo.
Además toda una serie de factores agravan la situación de desamparo de los consumidores en materia energética, entre otros:
- El 66% de la factura eléctrica son “impuestos”.
- No existe una auditoría real e independiente de los costes del sistema. Se sigue apostando por las energías fósiles y ya se prevé que España incumpla los objetivos de EUROPA 2020 al respecto.
- Los contadores inteligentes no ayudan a que el consumidor pueda mejorar su eficiencia energética.
Por otro lado, la regulación del bono social resulta del todo insuficiente e inadecuada:
- Muchos de los consumidores que lo solicitan no llegan a beneficiarse del bono social. Ni son 2.5 millones cuando podrían ser más de 3.
- Así mismo requiere una potencia contratada lo suficientemente baja que impide que muchos consumidores pueda acogerse.
- Baremos económicos inadecuados y alejados de la realidad de las familias españolas y excluyendo a sectores de población con grave riesgo de exclusión social.
- La normativa nacional es inexistente.
- Deficiente definición del “consumidor vulnerable”.
Dado que estamos hablando de un derecho fundamental, además es imprescindible acometer medidas de urgencia como:
- Prohibición de corte de suministro a cualquier cliente sin autorización administrativa o judicial.
- Obligación de las empresas de evaluar la situación de vulnerabilidad de sus clientes morosos debiendo solicitar informes negativos a los Servicios Sociales competentes en cada caso. Estando obligadas a tramitar los expedientes para solicitar las ayudas públicas.
- Moratoria invernal.
- Garantizar el suministro a determinados colectivos más allá del periodo invernal.
- Mejora del sistema de alerta de los servicios sociales en caso de corte (obligación para la comercializadora).
- Suministro mínimo garantizado a todos los consumidores.
Insisto, resulta fundamental invertir la posición de privilegio de las empresas respecto de sus clientes para que sean los derechos de estos últimos los que prevalezcan sobre los derechos de las empresas, haciendo a estas responsables de dar cuenta a la sociedad sobre el uso y destino que se le están dando a los fondos públicos y a los recursos naturales que se les ha permitido aprovechar.