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La Cumbre del Clima de Katowice, un momento para la ambición y justicia climática

Comienza la segunda semana de la Cumbre del Clima de Katowice, la Conferencia que tendrá que poner la letra pequeña al Acuerdo de París que adoptaron las Naciones Unidas en 2015 y cerrar el libro de reglas que permita su aplicación a partir del año 2020.

El contexto de estas negociaciones multilaterales está muy marcado por la reciente publicación del mayor panel científico de expertos en cambio climático en el mundo, el IPCC, que celebra en esta conferencia su 30º aniversario. Un informe especial que advierte a la comunidad internacional de los graves riesgos de un calentamiento global que supere el 1,5ºC de temperatura pero que también señala la posibilidad de evitarlo realizando un esfuerzo sin precedentes en la reducción de emisiones globales.

Begoña María-Tomé Gil, responsable de cambio climático de ISTAS y Patrona de la Fundación Renovables, está participando estos días en la COP24 de Katowice

Desafortunadamente, durante la primera semana de la Cumbre, los negociadores no han sido capaces de trasladar la urgencia del cambio climático a los textos. Y mientras la sociedad civil se manifestaba en las calles exigiendo más ambición en la acción climática, las delegaciones oficiales discutían sobre si “tomaban nota” o “daban la bienvenida” a la consideración del informe del IPCC. La decepción es ya una característica inherente a estas reuniones.

Este proceso multilateral está desoyendo todas las alarmas del estado del clima. En la actualidad la temperatura del planeta ya ha aumentado 1ºC respecto la época preindustrial debido a la quema masiva de combustibles fósiles. Nos quedan 12 años para evitar un caos climático.

A pesar de llevar décadas de cooperación internacional no parece que las Naciones Unidas nos hayan conducido a un umbral de seguridad climática

Esta misma semana conocíamos que el ritmo de crecimiento del CO2 ha vuelto a marcar un récord en 2018, rompiendo las esperanzas de que las emisiones hayan alcanzado su pico máximo. A pesar de llevar décadas de cooperación internacional no parece que las Naciones Unidas nos hayan conducido a un umbral de seguridad climática. Los compromisos que los 200 países han puesto encima de la mesa nos llevarán a un calentamiento de más de 3ºC a final de siglo. No es de extrañar que el Secretario General de la ONU inaugurara esta Cumbre pidiendo liderazgo. “Para muchas personas, regiones e incluso países, esto ya es una cuestión de vida o muerte”. “Éste es el desafío sobre el cual los líderes de esta generación serán juzgados” – declaró Antonio Guterres. Un mensaje directo para los presidentes de EEUU, Donald Trump y de Brasil, Jair Bolsonaro, dos reconocidos negacionistas que quieren sacar a sus países del Acuerdo de París. Brasil ya ha renunciado a organizar la próxima COP 25 en 2019 como estaba previsto aludiendo motivos presupuestarios. Pero, ¿qué esperar de un jefe de Estado que prometió que no protegería ni un milímetro de Amazonía que se pudiese explotar, ni siquiera en los habitados por indígenas?

Otro elemento influyente en las negociaciones es que éstas se están desarrollando en la ciudad de Katowice, en la región de Silesia, la segunda región con más desempleo en Polonia y la comarca minera más importante de Europa.

Otro elemento influyente en las negociaciones es que éstas se están desarrollando en la ciudad de Katowice, en la región de Silesia, la segunda región con más desempleo en Polonia y la comarca minera más importante de Europa. Es la tercera cumbre que preside el país en la última década. Un país que genera el 80% de la electricidad del carbón, que concentra una población trabajadora de más de 80.000 mineros y alberga la central térmica de carbón más grande de Europa y que ha sido empujada al escepticismo climático por sus líderes políticos. De hecho, la posición del Gobierno polaco ha torpedeado en numerosas ocasiones las políticas de la Unión Europea de Energía y Clima. Aunque ojo, a pesar de su merecida reputación, sus emisiones de dióxido de carbono por habitante son inferiores a las de Finlandia, Bélgica, Alemania, Noruega o la media de la OCDE.

Conscientes de las inquietudes que generaba este anfitrión en la marcha de las negociaciones, un año antes las organizaciones sindicales europeas e internacionales se pusieron a trabajar con el objetivo de promover una declaración que considere los aspectos de la justicia social sin hacer descarrilar el proceso. El resultado ha sido la iniciativa de la Presidencia polaca de presentar la “Declaración de Silesia sobre Solidaridad y Transición Justa” para su adopción en esta COP 24. Una declaración que se presentó el lunes pasado y que contó con la presencia de Pedro Sánchez, entre un pequeño grupo de jefes de Estado. A la espera de nuevas adhesiones, la declaración ya ha sido adoptada por casi 50 países, entre los que se incluye la Unión Europea y ha sido también apoyado por la mayor alianza global de ciudades. Los Gobiernos de Canadá, Escocia, España y Nueva Zelanda se han comprometido ya a una Transición Justa, emprendiendo procesos nacionales para lograrla.

En 2015, los sindicatos consiguieron que se reconociese la Transición Justa en el Acuerdo de París. Ahora le corresponde a esta COP24 ponerla en práctica en el Libro de Reglas de París. Pero en todo caso, ya se ha logrado algo importante: que celebrándose esta conferencia en una zona deprimida socialmente donde se ha perdido la mitad del empleo en pocos años, los trabajadores polacos se sientan representados dentro de la Cumbre y no se hayan sentido empujados a manifestarse en contra de la acción climática para defender una vida digna. Quizá parece poca cosa, pero no son tiempos para dar nada por hecho. Después de los sucesos de los “chalecos amarillos” en Francia, no está de más felicitarse por ello.

Necesitamos pisar el acelerador y aumentar la ambición sin saltarnos los procesos de participación y dialogo social que deberían servir para evitar la peor cara del cambio climático

El Gobierno de España ha marcado la Transición Justa como una prioridad en la agenda de la transición energética, y en estos momentos tiene en su haber el acuerdo de la minería del carbón adoptado el pasado mes de octubre por todos los agentes sociales para poner a salvo a la gente trabajadora. En proceso de negociación se encuentra el acuerdo específico para Hunosa, la empresa pública minera. Y en proceso de elaboración, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa y un Plan de Acción Urgente para las comarcas mineras afectadas. Mucho trabajo pendiente. Necesitamos pisar el acelerador y aumentar la ambición sin saltarnos los procesos de participación y diálogo social que deberían servir para evitar la peor cara del cambio climático. La mejor receta contra la extrema derecha y el negacionismo climático son las políticas de cohesión social.

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Experta en Cambio Climático y en Energía en ISTAS

Tiempo de descuento

La lucha contra el Cambio Climático nace como respuesta desde la responsabilidad común de todas las naciones ante lo que es una de las mayores amenazas a la biosfera derivada de la actividad humana. Sin embargo, en menos ocasiones se concibe como una estrategia propia para la dinamización económica, la relocalización industrial, la innovación tecnológica, la cohesión territorial y la creación de empleo. Tener este enfoque puede ayudarnos a visionar el pozo en el que estamos enfangados y cómo salir de él.

No salir de la crisis energética impedirá una recuperación económica real. Gran parte de los problemas económicos (como los de endeudamiento) del Estado Español tienen que ver con nuestro modelo energético y el tejido productivo existente. Hoy en día la compra de productos energéticos es la mayor generadora de déficit comercial.
España, que ya es reconocido como un país vulnerable a los efectos del Cambio Climático, aumentará su vulnerabilidad si basa su economía en los combustibles fósiles. La Transición Energética orientada hacia el ahorro de la energía y las energías renovables es la hoja de ruta adecuada. Estamos veinte puntos por encima de la media europea en dependencia energética. Tenemos que pensar que en el futuro inmediato debemos favorecer la autosuficiencia energética de todos los territorios.

La lógica de un modelo energético centralizado donde unas zonas abastecen a otras a costa de altos impactos ambientales, sociales y económicos ha cambiado. Se abre paso un nuevo modelo energético, productivo y económico que debe reconocer el bienestar y riqueza que han generado personas y regiones para el conjunto de la ciudadanía, poner en valor sus identidades y crear puentes entre el pasado y el futuro para que nadie quede abandonado a su suerte.

En la actualidad existe un consenso global en la necesidad de que la lucha contra el Cambio Climático requiere del acompañamiento de un gran pacto social. En 2015 se adoptó el Acuerdo de París que reconocía el papel de la transición justa para la fuerza del trabajo y la creación de empleos decentes y de calidad. Ese mismo año la Organización Internacional del Trabajo adoptó unas Directrices sobre Transición Justa.

En este sentido, el pasado 11 de septiembre Joaquín Nieto, director de la Oficina española de la OIT, anunciaba el establecimiento de un marco de colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica para velar por una aplicación exitosa de la Transición Justa. Antes del verano, el Gobierno español ya había hecho público su compromiso en la elaboración de una Estrategia de Transición Justa y en la incorporación de sus principios en la próxima Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Este nuevo marco abre, en primer lugar, una buena oportunidad para reconocer y recuperar el Diálogo Social en materia climática, que en su día fue un espacio de diálogo pionero a nivel internacional y que ahora está completamente desaparecido. Hablamos de un verdadero proceso de negociación y concertación (no simples consultas) en el marco laboral, con los agentes sociales, para abordar con profundidad los impactos y reestructuraciones que van a sucederse con motivo de la Transición Energética y productiva que supone la lucha contra el Cambio Climático y que va a tener una clara incidencia en las empresas y en el empleo. Negociación para anticipar cambios, para ordenar la transición y, en definitiva, para prepararnos para una acción climática decidida, nunca para la inmovilidad. Porque no hay empleo en un planeta muerto.

Ahora que el Ministerio de Transición Ecológica va a dar un giro de timón respecto al anterior Ejecutivo, es preciso que las autoridades locales se resitúen en un contexto para el que ganemos todos y todas

La situación actual también abre una oportunidad de emprender un espacio de entendimiento, colaboración y coordinación efectiva entre las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales. Y es urgente que todas ellas remen en la misma dirección, porque el reto que tenemos por delante lo exige. Ahora que el Ministerio de Transición Ecológica va a dar un giro de timón respecto al anterior Ejecutivo, es preciso que las autoridades locales se resitúen en un contexto para el que ganemos todos y todas.

En el informe que hizo ISTAS para Greenpeace sobre experiencias de transición postcarbón en otros países se ponía de manifiesto que el elemento común para el éxito en las comarcas mineras había sido el hecho, en primer lugar, “de asumir que el carbón formaba parte de la economía del siglo pasado y apostar por nuevos sectores económicos para crear empleo local y un impacto positivo directo en la vida de la gente”.

De hecho, el liderazgo de los gobiernos regionales y locales fue imprescindible para hacer posible que los cambios regulatorios desfavorables al carbón se tradujeran en marcos de innovación y desarrollo empresarial en las zonas afectadas.

Así ocurrió en el Valle del Ruhr en Alemania, centro histórico en la producción de carbón y acero. El gobierno regional fue quien lideró la coordinación de los esfuerzos para desarrollar nuevos clusters empresariales a lo largo de la cuenca. Más de 70 empresas presentes en la región del Ruhr formaron la iniciativa ‘Ruhr Initiative Group’. Se iniciaron más de 125 proyectos relacionados con la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Entre ellos, la rehabilitación energética de las casas de los mineros, la instalación de más de 100 plantas de cogeneración en hogares y empresas y la promoción del autoconsumo.

Es más, los fondos económicos necesarios para poner en marcha esta iniciativa fueron aportados por el gobierno local, el estado federal de Renania del Norte-Westfalia y por las empresas miembros de la iniciativa. La inversión inicial fue recuperada posteriormente en forma de nuevos impuestos provenientes de las actividades de las empresas de construcción, energéticas y de ingeniería, además de la reducción de las facturas energéticas de hogares, empresas y administración.

También el liderazgo del alcalde de Loos-en-Gohelle, antigua comarca minera de la región francesa de Nord-Pas de Calais, fue decisivo en una transición energética y económica después de 130 años de dedicación exclusiva al carbón. Las condiciones de partida no fueron nada halagüeñas. El cierre de la industria del carbón en la región de Nord-Pas-de Calais supuso la pérdida de alrededor del 45% del empleo industrial entre 1975 y 1995, lo que se tradujo en desempleo, colapso económico y precariedad. El miedo a la depresión y pérdida definitiva de capacidad productiva sirvió esta vez de acicate para la búsqueda de un modelo alternativo.

El líder local inició un debate local con colectivos sociales, empresariales y servicios técnicos institucionales que sirvió para elaborar un diagnóstico y una hoja de ruta para una nueva economía basada en la producción de energía limpia y la economía circular. Y desde entonces la toma de decisiones participada ha sido la tónica habitual en la región. Entre todos decidieron apoyar la creación de actividades locales no deslocalizables, por la que se aprovecharan los recursos autóctonos. Y se apostó por la diversidad de proyectos en detrimento de un único nuevo monocultivo industrial.

El declive del empleo en las comarcas mineras, o en las zonas con centrales nucleares, se está produciendo sin vislumbrar una alternativa local

Las propuestas de nuevos proyectos fueron presentadas a diferentes líneas de financiación del Estado francés y de la Unión Europea. Y a partir de ahí, la UNESCO declaró patrimonio de la humanidad los restos mineros. Las escombreras pasaron a ser elementos culturales y de ocio. Se llevaron a cabo tareas de forestación, peatonalización y construcción de praderas accesibles y de un cinturón ecológico. Se creó un Centro de Eco-empresas, especializado en materiales de eco-construcción, un vivero de empresas y un centro de formación profesional especializado en este sector, que atrajo a otras empresas de la región. La reforma energética de viviendas y de la central solar fue financiada colectivamente. Hoy en día se invierten 12 millones de euros al año para I+D.

En las lecciones aprendidas de transiciones industriales pasadas, no solo se cuentan estas experiencias positivas. En nuestro país, sin ir más lejos, se han vivido reestructuraciones con resultados muy insatisfactorios que ahora lastran lógicamente las expectativas de los actores locales. Además, no nos encontramos ya en el terreno de la anticipación. El declive del empleo en las comarcas mineras, o en las zonas con centrales nucleares, se está produciendo sin vislumbrar una alternativa local. No va a ser un camino de rosas, pero habrá que trabajar mucho entre todos y todas para lograr los mejores resultados en este tiempo de descuento.

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Experta en Cambio Climático y en Energía en ISTAS