Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables 
El pasado jueves la cotización bursátil de todo el sector eléctrico español sufrió un importante retroceso con una pérdida de valor en bolsa de 2.300M€ en una jornada en la que el resto de valores no tuvo prácticamente variación.
Las razones de dicho descalabro están asociadas a la publicación de un informe del banco de inversión Goldman Sachs en el que consideraba que el sector eléctrico español estaba sobrevalorado a tenor de las informaciones que analistas del banco habían recibido directamente, como previsiones, por parte del Secretario de Estado de Energía, David Navia.
De esta situación se pueden sacar al menos dos conclusiones: la primera es la capacidad de los bancos de inversión de alterar el valor de mercado de las empresas y la segunda la irresponsabilidad política y económica del equipo del Ministro de Energía, Alberto Nadal. Irresponsabilidad no solo por las consecuencias de crear una alarma gratuita y sin soporte real en los mercados y en los inversores al trasladarles como reales las consecuencias de una política energética de ficción, sino también por la continua banalización de la proyección de magnitudes a las que el ministro y su secretario de estado nos tienen acostumbrados.
La información trasladada a Goldman Sachs estaba centrada en dos previsiones fundamentales: la pérdida de retribución, a partir del 2020, del 40% de los negocios regulados (base de la cuenta de resultados del sector eléctrico español) y la reducción del 30% de la retribución a las renovables, como si no les hubieran infringido suficiente castigo en el pasado, situación que puede originar un nuevo agujero financiero en los bancos por la imposibilidad de pago de la deuda existente en sus balances al financiar inversiones en energías renovables.
La incontinencia verbal del equipo de gobierno en materia energética no se circunscribe solo a trasladar información sensible y carente de rigor al no existir ni política ni planificación energética, sino a la constante realización de proyecciones sobre los efectos que sus decisiones tienen en el precio de la electricidad. Primero fue la hipotética subida de la electricidad en un 25% si se cerraran las centrales nucleares, después que los 8.537 MW subastados recientemente en nueva potencia de generación de electricidad con energías renovables reducirán el precio en un 10% y ahora que con estas medidas para el 2020 se producirá una reducción entre el 5 y el 10%.
Estos continuos vaivenes en las proyecciones, carentes de fundamento porque ninguna de ellas está enmarcada en la consideración global de cuál es el mix de generación que queda y con el que se hacen los cálculos, son fiel reflejo tanto de su falta de credibilidad como de su interés por tener un absurdo protagonismo en medios de comunicación y en no mantener un debate abierto sobre el cambio de modelo energético.
Especial referencia tiene el reconocimiento de que la apuesta por las energías renovables reduce el precio de la electricidad, efecto que ha sido reiteradamente negado por los todos los equipos energéticos del gobierno del Partido Popular.
Pero si la situación no fuera irresponsable en términos económicos lo es todavía más en términos políticos. Primero porque este debate sobre proyecciones debería haberse realizado con luz y taquígrafos en la Comisión de Industria del Parlamento y no como un dialogo privilegiado con analistas. En segundo lugar porque deja fuera de juego y sin credibilidad a la comisión de expertos que se acaba de crear, cuyo cometido era hacer en seis meses un informe sobre la necesaria transición energética y que parece que el Secretario de Estado, de quien depende, da por amortizada a raíz de las proyecciones que ya utiliza. La Comisión está compuesta por 14 miembros elegidos de forma asimétrica por el gobierno, por los 3 partidos mayoritarios de la oposición, por los sindicatos, por la patronal y por alguna compañía privada del sector energético y que no ha contado ni con representantes de consumidores, ecologistas…
La realidad energética de España con 20 puntos porcentuales más de dependencia que la media europea, con 4 años sin instalar potencia renovable, con la persecución al autoconsumo, derecho que la Comisión Europea considera como inherente al consumidor, con la realización de 3 subastas por 8. 537MW de potencia renovable, que las han convertido en un producto financiero a raíz de una reforma fallida del sector eléctrico realizada en 2013 y que ha sido el origen del aluvión de demandas en el CIADI… demanda un equipo energético en el gobierno con más rigor tanto en la ejecución de una política energética sostenible como en sus declaraciones y actuaciones públicas, en ello nos va el futuro, porque nunca se debe olvidar que la energía es el motor de la economia.