Entradas etiquetadas como ‘CIADI’

Irresponsabilidad y falta de rigor en la política energética

Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

Mercado bursátil

El pasado jueves la cotización bursátil de todo el sector eléctrico español sufrió un importante retroceso con una pérdida de valor en bolsa de 2.300M€ en una jornada en la que el resto de valores no tuvo prácticamente variación.

Las razones de dicho descalabro están asociadas a la publicación de un informe del banco de inversión Goldman Sachs en el que consideraba que el sector eléctrico español estaba sobrevalorado a tenor de las informaciones que analistas del banco habían recibido directamente, como previsiones, por parte del Secretario de Estado de Energía, David Navia.

De esta situación se pueden sacar al menos dos conclusiones: la primera es la capacidad de los bancos de inversión de alterar el valor de mercado de las empresas y la segunda la irresponsabilidad política y económica del equipo del Ministro de Energía, Alberto Nadal. Irresponsabilidad no solo por las consecuencias de crear una alarma gratuita y sin soporte real en los mercados y en los inversores al trasladarles como reales las consecuencias de una política energética de ficción, sino también por la continua banalización de la proyección de magnitudes a las que el ministro y su secretario de estado nos tienen acostumbrados.

La información trasladada a Goldman Sachs estaba centrada en dos previsiones fundamentales: la pérdida de retribución, a partir del 2020, del 40% de los negocios regulados (base de la cuenta de resultados del sector eléctrico español) y la reducción del 30% de la retribución a las renovables, como si no les hubieran infringido suficiente castigo en el pasado, situación que puede originar un nuevo agujero financiero en los bancos por la imposibilidad de pago de la deuda existente en sus balances al financiar inversiones en energías renovables.

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Un laudo que deslegitima los recortes a las renovables

Por Luis Crespo – Secretario General de Protermosolar

sentencia

El laudo del tribunal arbitral internacional del CIADI en relación a la demanda de EISER Infrastructure por las inversiones en las tres centrales termosolares que comparte con ELECNOR, constituye un auténtico torpedo por debajo de la línea de flotación de los argumentos del Ministerio para justificar los recortes efectuados en la retribución de las centrales termosolares y, en definitiva, de la reforma sobre la retribución de las renovables.

El tribunal desmonta uno por uno los intentos del Gobierno español de aferrarse a aspectos formales para evitar que se juzgue el fondo de la cuestión y emite un laudo que deslegitima los recortes de una tercera parte de su retribución que sufrieron las centrales termosolares y también, de facto, toda la ficción que representa la reforma eléctrica ya que, hasta los peritos del gobierno reconocen que la rentabilidad de las centrales objeto de la demanda se ha quedado muy por debajo de la rentabilidad razonable establecida por la Ley 24/2013.

Este hecho objetivo no debería ser ninguna sorpresa para el gobierno ya que el Ministerio es copropietario de una central termosolar que, a pesar de habérsele reconocido el mayor CAPEX (siendo la planta más pequeña de su categoría) y de tener una financiación con intereses bajísimos del otro accionista, además de un contrato directo de venta, tiene pérdidas acumuladas desde su entrada en operación en 2009.

Los recortes al sector termosolar fueron establecidos por la Ley de 15/2012 de diciembre y por el RDL 2/2013 de febrero. En menos de dos meses se aplicó un brutal recorte de 1/3 en la remuneración a centrales que acababan de ponerse en marcha, extensible a las que estaban todavía en fase final de construcción, con la indefensión de no poder reclamar ante los tribunales por tratarse de Leyes y no de Reales Decretos.

Pero además, estos recortes se establecieron poco tiempo después de que el sector termosolar hubiera alcanzado un acuerdo con el gobierno para mantener estable la remuneración. En dicho acuerdo, que fue posteriormente llevado al BOE en el RD 1614/2010, el sector, además de admitir un tope de horas de operación, asumía durante 1 año la fórmula de “tarifa” en lugar de la más favorable de “pool + prima”, y aceptaba un calendario de entrada en operación de las centrales con retrasos sobre el inicialmente autorizado. Todo ello supuso una renuncia de ingresos y, correspondientemente, un ahorro global para el sistema de unos 1400 M€ entre 2011 y 2013.

El argumento principal en el que se apoya el Gobierno en la defensa de sus recortes es que los empresarios deberían haber sabido que las leyes pueden cambiarse. Efectivamente, “eso” todos lo sabían, pero el CIADI le ha dicho al Gobierno que “eso” no puede hacerse de cualquier manera. Además, y como señalamos repetidamente desde los diferentes sectores renovables, para reducir el déficit había otras muchas alternativas.

Precisamente los empresarios españoles que decidieron construir las centrales termosolares tenían referencias de cómo pueden cambiarse las reglas del juego respetando las inversiones previas. La anterior Ley del Sector Eléctrico transformó la forma de remunerar la generación, pasando del Régimen Estable a un sistema de Mercado, pero dotando a los activos existentes del paraguas de los Costes de Transición a la Competencia, los famosos CTCs, que no solo dieron confort a las eléctricas con el cambio de modelo, sino que incluso les supuso un superávit de 4000 M€ que ninguno de los pasados gobiernos les exigió y que hubieran podido aliviar significativamente el déficit tarifario.

Reconociendo que el gobierno tiene la potestad de promover reformas legislativas, el sector termosolar negoció, al máximo nivel, precisamente con quien podía promover los cambios, un acuerdo que cumplió escrupulosamente, dejando de percibir 1400 M€. El Gobierno, en cambio, no cumplió su parte.

El Ministerio dice en su nota de prensa respecto al laudo del CIADI que cada arbitraje es diferente, y tiene razón, pero el común denominador de los arbitrajes del sector termosolar, de los que quedan todavía cerca de 20 pendientes, son estos dos hechos incontrovertibles: una retroactividad salvaje y el incumplimiento manifiesto de un acuerdo con el sector que realizó un gran sacrificio fiándose de la seriedad del Gobierno.

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La desgracia de ser español en España

Por Hugo Morán – Exdiputado

“El Demandado violó el Artículo 10 (1) del Tratado de la Carta de la Energía al no otorgar un trato justo y equitativo a las Demandantes”. “Dada la violación del TCE por parte del Demandado, se otorga a las Demandantes la suma de EUR 128 millones por concepto de daños, que el Demandado debe pagar”. He aquí la sustancia del Laudo dictado por el CIADI en la demanda interpuesta por Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg S.A.R.I. contra el Reino de España, y enviado a las partes el pasado 4 de mayo.

Lo que el “Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a Inversiones” deja definitivamente sentenciado en su arbitraje, es que los Reales Decretos Ley 2/2013, 9/2013, 413/2014, Ley 24/2013 y Orden Ministerial IET/1045/2014, constituyeron una flagrante vulneración de los derechos internacionalmente reconocidos en el Tratado de la Carta de la Energía.

Pero no es mi intención entrar en el análisis de un Laudo que ha sido sobradamente estudiado y difundido desde el instante en que fue hecho público. Quiero detenerme de forma somera en las consecuencias de orden interno que habrían de derivarse del mismo, en tanto que resultaría políticamente inexplicable, y socialmente inasumible, que los ciudadanos españoles acabasen siendo discriminados por su propio Gobierno precisamente por el hecho de invertir y contribuir al desarrollo de su país.

Ni el Gobierno puede escudarse en las sucesivas sentencias recaídas para justificar el desamparo en el que se encuentran decenas de miles de familias afectadas por sus descabellados (e ilegales) recortes, ni el Parlamento puede ignorar la trascendencia de un Laudo Arbitral al que muy probablemente seguirán bastantes más.

Cierto que ha de implementarse sin mayor demora una transición energética que deje atrás los desatinos de las sucesivas reformas torpemente encadenadas en estos últimos años, pero no debe obviarse en ningún momento que dicha transición ha de ser justa, lo cual implica no dejar en el olvido a los damnificados. Han de ser rescatadas del desahucio energético todas las familias que fueron traicionadas por el Estado de Derecho, y ello conlleva hacer inclusivo a los inversores españoles el reconocimiento de reparación que el CIADI aplica a los extranjeros.

Apelo a la responsabilidad de las Cortes Generales en su deber primero de amparar a la ciudadanía a la cual representan, promulgando sin mayor demora las medidas legislativas necesarias para reparar el daño ilegítimo causado, derogando en primer término las reformas en su día aprobadas en flagrante vulneración del Tratado de la Carta de la Energía suscrito por el Reino de España, y habilitando subsidiariamente las medidas económicas indemnizatorias equivalentes a las arbitradas para quienes, por no ser españoles, no precisaron del Parlamento para recabar la salvaguarda de sus derechos.

“Los pájaros disparan a las escopetas”

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

Llevo 40 años trabajando en temas energéticos y nunca pensé que la realidad del día a día superaría con creces la ficción más delirante. En las dos últimas semanas hemos podido escuchar posicionamientos de políticos y empresas del sector energético que rompen con la lógica de cuáles deberían ser las actuaciones de cada uno de ellos. Veamos algunos ejemplos del pasado reciente:

  • En la cumbre COP22 de noviembre de 2016 en Marrakech, el ministro Nadal explicó, no sin sorpresa de los presentes, que las centrales de carbón en España las cerraría el mercado. El pasado día 4 de mayo, en la Junta General de accionistas del Grupo Enel, accionista mayoritario de Endesa, se anunció que en 2020 cerrará las centrales de Andorra y Compostilla por su compromiso con el medioambiente y la descarbonización y por su no rentabilidad. A este anuncio, esperado por todos y que asume los compromisos europeos para el sector minero, responde, no solo el ministro Nadal oponiéndose al cierre, sino que le siguen el presidente de Aragón, Javier Lambán, que gobierna con los votos de Podemos, y Susana Díaz, candidata a la secretaria General del PSOE, quien ha manifestado que iría hasta Bruselas para luchar contra su cierre.
  • En la presentación de cuentas de Iberdrola Generación Nuclear se anuncia que desde su constitución en 2012 ha estado perdiendo dinero todos los años, con un quebranto que supera con creces los 1.000 millones de euros (M€). La noticia ha venido acompañada por una campaña mediática y de presión al Gobierno para cambiar la ya posición de ventaja que las centrales nucleares tienen en el funcionamiento del Sistema Eléctrico español. La cuestión es que si nadie quiere o se fía de la energía nuclear y ahora resulta que no es rentable para los propietarios, ¿por qué el Gobierno se empeña en mantener abiertas estas instalaciones y sin fecha de cierre?

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Quo vadis reforma eléctrica

Por Juan Castro – Gil – Abogado y Secretario de ANPIER

Qué tiempos aquellos en los que el entonces secretario de estado de energía Alberto Nadal, aseguraba que su reforma eléctrica acabaría con todos los males del sistema eléctrico, dando estabilidad, bajando los precios y acabando con el déficit tarifario. Momentos que ya entonces me recordaron a aquella fantástica secuencia de la película Quo vadis, cuando Nerón (encarnado por el fantástico Peter Ustinov), cantaba con su arpa y con voz de pito las maravillas de su propio arte.

Qué decir de tantos recuerdos en los que los aduladores del imperio loaban las virtudes de tanta magnificencia.

La gobernanza de la energía, regentada con mano de hierro en los últimos cinco años por los hermanos Nadal, se ha llevado por delante la seguridad jurídica del país, ha reventado un sector en el que España era puntero haciendo desaparecer 75.000 puestos de trabajo, se ha puesto a la cola de Europa en la defensa de la sostenibilidad medioambiental y todo ello, bajo el supuesto mantra de reducir el déficit de tarifa.

Las grandes decisiones imperiales de nuestros nerones de andar por casa fueron: recortar drásticamente y de forma retroactiva los derechos de los productores renovables (muy significadamente los de tecnología solar), poner un impuesto medioambiental que curiosamente pagaban todos los productores (contaminasen o no), y endiñarle un hermoso impuesto a la generación producida en nuestras propias casas (impuesto al sol). Fundamentalmente estas eran las medidas estrella con las que se enviaba a los leones al déficit eléctrico.

O tempora, o mores. Resultó que el tiempo, como un martillo pilón, va poniendo los acontecimientos y a las personas en su sitio.

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