Joan Herrera – Abogado
Treinta años desde el accidente de Chernóbil, cinco desde el de Fukushima, y aún hoy podemos escuchar aquello de “temer la energía nuclear es como temer un eclipse de sol, no se puede encarar el debate sin apriorismo, el debate nuclear se tiene que hacer sin ideología de por medio”. Frases como estas se han dicho desde todos los rincones, especialmente antes de prorrogar la vida útil de las centrales.
Pero Fukushima, como Harrisburg en 1979, como Chernóbil en 1986 o Tokaimura en 1999, demuestran que un imprevisto puede alterar todas las previsiones. A punto estuvo de pasar en Vandellós en 1989 cuando estuvimos a muy poco de sufrir un grave accidente nuclear. En todos los casos, un imprevisto, en forma de error humano o de circunstancia extraordinaria y no prevista, hizo que la delgada línea roja decidiese entre rozar la tragedia o tocarla con la palma de las manos.
Y así, por un escenario no previsto, se ha dejado todo un territorio y miles de vidas hipotecadas para centenares de años. Este es el problema de la energía nuclear. Una energía cara –no explican que los costes sólo son asumidos por un privado cuando la administración paga la construcción, el desmantelamiento de la planta, se hace cargo del seguro o se encarga de la gestión de los residuos–; una tecnología que no sabe qué hacer con los residuos peligrosísimos que genera; y, lo que es más grave, una opción que supone asumir riesgos extraordinarios, riesgos absolutos en caso de accidente.
Pero la seguridad es un coste que nadie parece querer tener en cuenta y que no está internalizado en los costes de generación nuclear: costes de los planes e infraestructuras de emergencias, costes de desmantelamiento, costes de gestión de residuos, costes de cultura de seguridad. Frente a ello, la política de los propietarios de las centrales ha sido la optimización de la producción ahorrando costes de gestión, porque las centrales nucleares, una vez amortizadas, como es el caso de España, son una hucha de hacer dinero. En nuestro país, las nucleares se amortizaron ya hace años, primero gracias al mecanismo del Marco Legal Estable antes de la liberalización del sector eléctrico y luego gracias a diversas ayudas del Estado –como los costes de transición a la competencia (CTC)- y a unos beneficios desorbitados por el perverso sistema de formación marginalista de precios en el pool.
Más allá de incidentes, accidentes e historias para no dormir, hay que decir que la energía nuclear lleva tiempo en situación de freno y marcha atrás. En EEUU, desde 1979 (accidente de Harrisburg) no se ha construido ninguna nueva central y en España, desde 1991, año en el que el Ministro Claudio Aranzadi terminó con la moratoria nuclear, nadie ha querido hacer ninguna otra nueva. Esta tendencia también se constata en el análisis de los 15 últimos años. En este período, el 56,2% de la nueva capacidad eléctrica instalada corresponde a las fuentes renovables (y el 29,4% a la eólica). A lo largo de estos 15 años, desde el 2000, el balance de incrementos y descensos de capacidad arroja este saldo: la eólica gana 116.759 MW; el gas 101.277 MW y la fotovoltaica 86.926 MW. Por el contrario, en el furgón de cola están el fuel oil (que pierde 25.293 MW), el carbón (se reduce en 24.745 MW) y la energía nuclear (baja 13.190 MW). Y cuando se pregunta por qué Estados Unidos lleva tres décadas sin nueva inversión nuclear, la respuesta que dan los economistas americanos es su elevado coste y la necesidad de fuertes ayudas públicas para las nuevas centrales.
Los estados no compiten por la nuclear sino por las renovables y esa es la clave de fondo en la competencia económica entre EEUU y China que, no por casualidad, son ya las primeras potencias del mundo en tecnologías limpias, después de haber desbancado a la Unión Europea en ese liderazgo.
El modelo energético mundial está cambiando hacia lo que Jeremy Rifkin define como “Tercera Revolución Industrial” a través de las energías renovables. Y la clave que determina que el modelo sea nuevo o reproduzca los errores de los modelos existentes es si es un modelo de generación distribuida, en manos de más gente, más democrático y con menos pérdidas.
Y mientras esto pasa, en España no somos capaces de encarar un debate sobre el futuro de la energía nuclear, mientras la industria va ganando sus absurdos pulsos a la sociedad. Entre ellos las prórrogas a la central de Garoña, una central ruinosa y cuyas mejoras no le van a salir nada a cuenta al propietario, pero que sirven al conjunto de las centrales nucleares para mantener la expectativa de que plantas que deberían cerrar continúen en funcionamiento.
Lejos de esa realidad, encarar el debate de cómo afrontar el cierre de las plantas abriría la oportunidad de afrontar también el debate energético. Para España las consecuencias de un parón nuclear pueden ser positivas debido al exceso de generación en el sistema, muy superior a los 7.000 MW nucleares. Esa sobrecapacidad permitiría elevar mucho más los objetivos de renovables en generación distribuida para mejorar los malos ratios de dependencia energética y de eficiencia energética. Se trata de hacer lo que han hecho otros. Una vez las plantas están amortizadas, lo que ganan de más debe servir no para repartir dividendos entre accionistas, sino para invertir en renovables, eficiencia y alternativas económicas en los entornos de las plantas. Se trata pues de hacer de un problema, el cierre de las plantas, una oportunidad: la oportunidad de avanzar hacia un sistema energético menos dependiente del exterior, que incentive el ahorro de energía y la reducción de las emisiones de CO2.
Las renovables constituyen el cambio tecnológico más importante del siglo XXI por su rápida maduración, por ser la fuente de aplicación más rápida y más eficaz para reducir las importaciones de petróleo y las emisiones de CO2 y porque son un instrumento de innovación tecnológica imprescindible para cambiar nuestro patrón de crecimiento y crear empleo.
Tenemos de nuevo nuevas elecciones y estas serían una magnífica oportunidad para que cada uno de los actores políticos se comprometiese con un horizonte sin nucleares. Deberíamos romper la hucha que representan las nucleares para las eléctricas y con ello aplicar la ética de la energía que consiste, sencillamente, en no derivar los problemas a las futuras generaciones.
A diferencia de la pasada legislatura, en caso de que finalmente se constituya un nuevo Gobierno, el Parlamento estaría llamado a tener un papel importante en el avance hacia un modelo energético sostenible, tal y como ha referido en este espacio el presidente de la Fundación Renovables. Esta institución sería la única capaz de contrarrestar una política continuista en este ámbito, a la vista de manifestaciones y posicionamientos hechos públicos recientemente y que difícilmente hacen prever que se vayan a producir las modificaciones sustanciales en el ámbito energético que desde diferentes entornos de la sociedad se están demandando.
Aún queda mucho por escribir respecto a la decisión mayoritaria de los súbditos de Su Graciosa Majestad –por los pelos, pero mayoritaria, al fin y al cabo– de abandonar la casa común europea en la que convivían con todos nosotros. A regañadientes y de aquella manera, pero después de todo convivíamos.
