Comunidades energéticas: de derrota en derrota hasta la victoria final

Que nuestra forma de cubrir las necesidades energéticas se lleve a cabo en comunidad no es una utopía: ni por cuestiones técnicas, resueltas por el desarrollo y la disponibilidad de las fuentes renovables; ni por temas de eficiencia, dado que la gestión de la demanda lleva implícita la minimización de las necesidades, tanto de energía como de infraestructuras, sobre todo si se utilizan de forma unidireccional; y ni en materia de legalidad, ya que la figura de la Comunidad Energética (CE) es la base de la Directiva UE 2019/944 sobre el Mercado Interior de la Electricidad.

En la directiva, todavía no transpuesta al orden jurídico español tras 2 años, a pesar del interés declarado por el Gobierno de España en apostar por las Comunidades Energéticas, se deja claro tanto el papel que deben tener en el modelo energético del futuro como la necesidad de que los gobiernos velen por que se cumplan los requisitos básicos para su funcionamiento y desarrollo.

Ya en el artículo 1 introduce que su estatus debe ser el de “una   entidad   jurídica   que:  se   basa   en   la   participación   voluntaria   y   abierta, … y  cuyo   objetivo   principal   consiste   en   ofrecer   beneficios   medioambientales,  económicos   o   sociales   a   sus   miembros   o   socios   o   a   la   localidad   en   la   que   desarrolla   su   actividad,   más   que   generar   una   rentabilidad   financiera,   y   participa   en   la   generación,  incluida   la   procedente   de   fuentes   renovables,…   así como, en la prestación de servicios relacionados con la energía”.

El marco de actuación de las CE es lo suficientemente amplio como para situarlas en el centro del modelo energético futuro y demandar un marco regulatorio que permita su desarrollo y replicabilidad. Quizás, señalar como única duda, respecto a la definición y alcance que se les da en la directiva, la sombra que se introduce al indicar que la rentabilidad financiera no debe estar entre sus objetivos, como si esta solo pudiera ser obtenida por los agentes que controlan y actúan desde el sector eléctrico tradicional. Es absurdo que a los procesos de inversión se les pretenda colocar la etiqueta “Non-profit” porque es la forma de condenarlos al fracaso o hacerlos depender, de forma continua, de un procedimiento de actuación artificial al amparo de las ayudas públicas.

Es fundamental destacar que en los artículos 16 y 18 se exige a los Estados miembros la creación de un marco jurídico favorable y que, además, logren que el gestor de la red de distribución coopere y ajuste los costes por el uso de la red a la realidad de dicho uso.

A nadie se le escapa que estas exigencias no solo no se cumplen, sino que, además, nuestro ordenamiento jurídico va en dirección contraria al mandato de la directiva en algunos elementos básicos para el desarrollo de las CE, como, por ejemplo:

  • Que no disponemos de un marco regulatorio adecuado, pese a la consulta pública de finales de 2020, ni sabemos todavía que personalidad jurídica van a tener las CE.
  • Que el autoconsumo colectivo, antesala de las CE, no está regulatoriamente desarrollado.
  • Que las distribuidoras no solo no ayudan, sino que son la mayor traba para cualquier instalación de autoconsumo que supere los 15 kW. La retribución definida como rentabilidad por inversión va en contra del establecimiento de peajes por uso real de la red, como exige la directiva, y su pertenencia a grupos eléctricos integrados hace que haya un permanente conflicto de intereses entre las funciones encomendadas para el desarrollo de las CE y el beneficio del grupo empresarial.

No nos engañemos; a pesar del interés mostrado por el Gobierno con la elaboración de guías, la participación en jornadas explicativas, el destino de líneas de ayudas financieras desde los fondos de los Next Generation EU, como los 100 M€, procedimiento que está en periodo de consulta pública hasta el próximo día 19 de noviembre, o la disponibilidad de un mapa interactivo en la web del IDAE en el que se pueden ver las iniciativas que están en marcha actualmente, ni hemos avanzado en el desarrollo de las CE ni en el del autoconsumo colectivo, que es la base de partida, al menos en cuanto a la generación de electricidad en las CE.

Vemos como la mayoría de las Comunidades Autónomas están haciendo verdaderos esfuerzos para apoyar el desarrollo de las primeras iniciativas de CE, pero no es suficiente y realizar un proyecto piloto tras otro, hechos, no me cabe ninguna duda, con el esfuerzo innovador de muchos para conseguir que sea fácil llevar a cabo estas iniciativas de forma natural, no es el camino que seguir.

Las CE necesitan, ante todo, que el autoconsumo colectivo se desarrolle regulatoriamente de forma adecuada:

  • Eliminando la exigencia de la distancia máxima de 500 metros entre generación y consumo.
  • Suprimiendo la exigencia de suma uno de los coeficientes de reparto de todos los participantes, con el fin de dotar de flexibilidad a la entrada y a la salida de los consumidores asociados.
  • Desarrollando el estatuto del consumidor asociado.
  • Regulando que el acceso a la red sea automático, porque somos una agrupación de consumidores que ya tenemos una potencia contratada muy superior a la que vamos a inyectar a la red como excedentes.
  • Cumpliendo la promesa de disponer de coeficientes dinámicos de reparto y que verdaderamente se pueda compartir la electricidad entre los miembros de la CE.

Obviamente, es difícil pensar que el autoconsumo colectivo va a ser una práctica habitual cuando todavía no disponemos de las pautas necesarias para eliminar las barreras existentes. No necesitamos ayudas económicas, ni pretendemos que las CE florezcan en base a su consideración como proyectos piloto para lucimiento público, solo queremos que su desarrollo sea replicable y normalizado.

Winston Churchill pensaba que la victoria era una consecuencia natural de las causas justas y del empeño en conseguirlas. Sabemos que en comunidad todos somos más fuertes y por eso nuestras peticiones deben estar centradas en conseguir los grados de libertad que necesitamos para ponerlas en marcha. Todo lo que retrasemos su desarrollo ocasionará derrotas absurdas que no necesitamos para lograr nuestro objetivo que no es otro que poder decidir en libertad cómo queremos cubrir nuestras necesidades energéticas.

 

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

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