Cambio climático: estábamos avisados. 5 medidas que las corporaciones tratan de impedir

El cambio climático ya no es una predicción de futuro. Desgraciadamente, ya es una realidad que está golpeando con fuerza a todo el mundo en forma de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, incendios, inundaciones, tornados o sequías. Como bien explicaba The New York Times hace unos días, ya nadie está a salvo. Estos eventos extraordinarios alcanzan a todos sin piedad, tanto a ricos como a pobres, aunque siempre son las personas y comunidades con menos recursos las que se llevan la peor parte, a pesar de ser quienes menos responsabilidad directa tienen en las causas.

Lo peor de todo esto es que, por espeluznante que parezca, lo que estamos viendo es solo el principio. Y lo más indignante es que ya lo sabíamos, estábamos avisados, pero se decidió ignorarlo.

Hace ya 31 años que la comunidad científica, que venía observando con preocupación la tendencia al alza de las temperaturas mundiales, consiguió ser convocada por los gobiernos para elaborar un informe que recogiera el mejor conocimiento disponible sobre el cambio climático: los datos observados, las predicciones, sus consecuencias, sus causas y las medidas de prevención. De ahí nació el IPCC (Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Cambio Climático). Desde entonces, el IPCC ha publicado cinco exhaustivos “informes de evaluación” recopilatorios, cada uno más contundente que el anterior.

Ahora están a punto de publicar el sexto. Desde el 26 de julio y durante dos semanas, se reúnen para recoger los conocimientos publicados en la literatura científica desde 2013, que era lo que compilaba el informe de evaluación anterior. Desde entonces, ha habido más emisiones y más fenómenos extremos y el margen de maniobra se ha reducido drásticamente. Seguro que aportarán más claridad sobre lo sucedido en el clima en el pasado, lo que está ocurriendo ahora y lo que sucederá en el futuro.

Veremos en qué términos lo expresan, pero sabemos que los datos indican que el calentamiento observado hasta ahora está provocando graves impactos en todo el mundo y nos está poniendo en una situación que la humanidad no ha vivido nunca.

Precisamente porque estamos ante una situación sin precedentes, las respuestas no pueden ser las de siempre. Es hora de emprender acciones inmediatas y ambiciosas para proteger a las personas y a la naturaleza. El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró en febrero que la falta de ambición de los gobiernos globales para limitar el cambio climático a 1.5 ° C y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París debería ser “una alerta roja para el planeta”.

Es completamente inaceptable que las pocas grandes corporaciones, responsables de la mayor parte de las emisiones contaminantes que han desencadenado la actual crisis climática, continúen pintándose de verde mientras siguen obteniendo ganancias a costa de las personas y el planeta.

Como ha declarado la directora de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, “si hubiéramos actuado según las primeras advertencias del IPCC hace más de 30 años, hoy no estaríamos así”. Ya no hay más tiempo que perder con medias tintas ni falsas soluciones. Antes de que sea más tarde, hay cinco medidas imprescindibles para responder a la emergencia climática:

1. Reducir hasta abandonar completamente la quema de combustibles fósiles, incluidos el petróleo, el carbón y el gas. Detener todas las subvenciones a los combustibles fósiles, prohibir su publicidad y patrocinios y exigir que las empresas que se han enriquecido con ellos rindan cuentas por los daños que han causado a la crisis climática.
2. Dejar de invertir dinero en el negocio del transporte aéreo, introducir una prohibición de los vuelos de corta distancia, eliminar gradualmente las subvenciones a los viajes aéreos y las exenciones de impuestos, desencadenar un renacimiento ferroviario e invertir en un cambio de aviones y automóviles por trenes y sistemas de transporte colectivo, compartido y electrificado, garantizando al mismo tiempo que esta transición sea socialmente justa.
3. Reducir significativamente la producción y el consumo de carne y proteger mediante una legislación estricta los bosques de todo el mundo.
4. Abandonar las políticas que generan distracciones peligrosas para la acción climática real o que son, sencillamente, trampas al clima, como la pretensión de compensar las emisiones o capturarlas y almacenarlas. En su lugar, deben priorizarse las reducciones rápidas de emisiones y la restauración de los ecosistemas.
5. Dedicar los recursos financieros a las soluciones y no a sostener las viejas políticas, empresas y tecnologías que han generado la emergencia climática. Las instituciones financieras deben alinear sus políticas con el Acuerdo de París. El uso correcto de los fondos de recuperación y resiliencia va a ser determinante.

Todo esto es necesario para que las emisiones mundiales se vayan reduciendo, tal y como el IPCC señaló en su informe especial sobre qué haría falta para evitar un calentamiento global que supere el límite peligroso de 1,5 º C: bajar a la mitad en 2030 para llegar a cero a mediados de siglo. Los países desarrollados tendrán que liderar esa transición, como compensación por haber sido los que más emisiones han producido históricamente.

En un reparto equilibrado de responsabilidades, España debería reducir sus emisiones en al menos un 55% en 2030 respecto a 1990. Sin embargo, el plan aprobado por el gobierno español (PNIEC) solo aspira a una reducción del 23%, menos de la mitad de lo que debería.

Esa debilidad de los objetivos es difícilmente justificable, si no fuera por la presión que ejercen las corporaciones sobre los gobiernos. Por ejemplo, 776 personas han sido contratadas por 182 empresas y grupos industriales relacionados con el gas para presionar a la Unión Europea. Juntos gastaron hasta 78 M€ al año, con destacadas contribuciones de grandes petroleras como Shell, BP, Exxon y TotalEnergies. Los lobistas del gas tuvieron más reuniones (alrededor de + 9.5%) de enero de 2020 a mayo de 2021 que de enero de 2018 a julio de 2020, según un informe que acaba de publicar la organización Reclaim Finance.

No podemos seguir así. Los desastres amenazan los derechos básicos de las personas. Se cobran vidas y destruyen hogares, impiden el acceso a la atención médica y amenazan los medios de subsistencia. Cualquier falla en proteger a las personas de los efectos de la emergencia climática es una falla en la protección de los derechos humanos. Esa es una de las razones por la que se necesita una acción climática urgente: proteger a las personas de los eventos extremos que amenazan los derechos a la vida, a la salud y a una vida digna.

Eso es lo que se exige a los responsables políticos: que protejan a las personas y no a los negocios de las corporaciones fósiles.

José Luis García – Patrono de la Fundación Renovables y responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

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