El fuerte descenso de los precios de la industria fotovoltaica ha propiciado que los sistemas fotovoltaicos se hayan convertido en una herramienta importante en el proceso de descarbonización de la generación de energía. En España vivimos un boom de estas instalaciones y las perspectivas de crecimiento son cada vez mayores.
Sin embargo, el crecimiento desordenado de las grandes plantas fotovoltaicas está teniendo una importante respuesta social, que no es una oposición a la energía fotovoltaica en general, sino una oposición a la forma en la que se están desarrollando algunos de estos proyectos.
Si partimos de la base de que todas las actividades humanas tienen impacto en el medio ambiente, no es menos cierto que tal y como se están desarrollando, muchos de estos proyectos no son respetuosos ni con el medio ambiente, ni con el territorio, ni con sus gentes. Personas que sienten que se coloniza su territorio para suministrar energía a otras gentes y otros territorios y que condicionan sus posibilidades de desarrollo sin obtener nada o muy poco a cambio.
Es evidente que el factor de escala juega un papel importante. Cuanto mayor es la planta fotovoltaica, más terreno ocupa y más impacto medioambiental provoca. La única razón para hacer plantas fotovoltaicas cada vez más grandes es que cuanto mayor es la planta, más elevada es la rentabilidad de la inversión. Ante esta situación muchos ayuntamientos se están oponiendo a la instalación de grandes parques fotovoltaicos en su término municipal.
Si atendemos al carácter distribuido de la tecnología fotovoltaica, los sistemas de autoconsumo, el autoconsumo compartido, las comunidades energéticas y, en suma, la participación de todos en la producción y consumo de energía deben de ser prioritarios, implicando activamente a los ayuntamientos en la transición energética. Curiosamente, nadie se opone a este tipo de instalaciones.
Además, hay otras soluciones que apenas se han empezado a desarrollar en España. La agrovoltaica es una de ellas, entendida como el uso conjunto e inteligente de la tierra para la agricultura y la generación de electricidad con instalaciones de energía solar fotovoltaica, y que puede contribuir al desarrollo sostenible de las zonas rurales. Los agricultores tienen la oportunidad de producir su propia energía y/o desarrollar nuevas fuentes de ingresos sin perder la productividad de sus tierras.
Esta tecnología también podría hacer que los cultivos agrícolas sean más resistentes frente al cambio climático. Los sistemas agrovoltaicos ofrecen protección contra la radiación solar excesiva, el calor, la sequía y el granizo. En veranos muy calurosos y secos, esto puede significar rendimientos de cultivos por encima de lo habitual, además de los beneficios de la generación con energía solar. Mediante esta tecnología podemos generar electricidad renovable sin quitar recursos de tierras de cultivo para la producción de alimentos y, lo que es más importante, con la participación activa de los territorios y sus gentes.
Esta tecnología se está desarrollando en otros países como Japón, Corea, China, EEUU, Francia o Alemania. Unos sistemas cuyo diseño debe tener en cuenta el tipo de cultivo y las condiciones climáticas de cada lugar, lo que exige un esfuerzo extra de investigación para conseguir resultados óptimos.
En España contamos con grandes recursos agrícolas y gran experiencia en tecnologías fotovoltaicas, por lo que deberíamos aprovechar las posibilidades del uso dual de la tierra, añadiendo a su uso tradicional la producción de energía eléctrica. Los sistemas agrovoltaicos pueden ayudar a integrar producción de energía y desarrollo local, con beneficios para todos. Estos sistemas han pasado, a nivel mundial, de 5 MW instalados en 2012 a alrededor de 2.800 MW en 2020.
La urgencia del cambio climático hace que tengamos que aumentar de forma exponencial la potencia fotovoltaica instalada y parece evidente que, al ritmo de instalación actual de sistemas de autoconsumo (en España en 2021 fue de 1.203 MW), las grandes plantas son necesarias. El problema es cómo desarrollarlas de manera que minimicemos su impacto y maximicemos el beneficio sobre los territorios, de forma que sean una oportunidad para el desarrollo local. Así, los tamaños de las plantas deben ser acordes a la realidad del territorio y no sólo a la capacidad de evacuación de la red eléctrica. De la misma forma hay que empezar ocupando terrenos poco valiosos desde un punto de vista agrícola y medioambiental y son los municipios afectados los que deben poder decidir sobre la idoneidad de estos. La elección de los terrenos está condicionada también por la proximidad a los puntos de evacuación de la red eléctrica, creando, además, un problema añadido por el efecto acumulativo de diferentes proyectos en el mismo territorio, con líneas de evacuación que se cruzan entre ellas.
El consumo eléctrico de los municipios pequeños puede ser cubierto utilizando un porcentaje pequeño de su territorio, con sistemas de autoconsumo individuales o con pequeñas plantas fotovoltaicas, creando sus propias comunidades energéticas para su autoabastecimiento de energía.
¿Cuánto territorio municipal se puede ocupar con plantas fotovoltaicas sin comprometer el desarrollo futuro del mismo? ¿Qué impacto tienen estas plantas en el desarrollo económico local? ¿Es razonable ocupar tierras productivas para este fin? ¿Que impacto es admisible sobre la biodiversidad? Todas estas cuestiones deben ser resueltas si queremos que la transición energética sea una transición justa y aceptada por todos.
De igual manera, los ayuntamientos deben potenciar y desarrollar iniciativas que fomenten el autoconsumo, el ahorro y que disminuyan su dependencia energética. Todos somos consumidores de energía y todos debemos responsabilizarnos tanto de su producción como de su consumo.
Hay que exigir también a nuestros responsables políticos leyes y normativas que favorezcan la generación distribuida en sus diferentes formas, simplificando al máximo los trámites administrativos y con políticas activas de incentivos. Los municipios, y en especial los pequeños, tienen pocas capacidades para emprender estas acciones y necesitan ayuda y asesoramiento.
En los sistemas democráticos las soluciones siempre pasan por más planificación, más diálogo, más transparencia, más participación activa de todos y más solidaridad. Nadie va a venir a resolver nuestros problemas. Lo tenemos que hacer entre todos.
Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Fundación Renovables