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Autosuficiencia energética y ciudadanía

Una vez más recibimos alertas sobre el grave problema del cambio climático. Esta vez la señal de alarma viene de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que tras la publicación del nuevo informe IPCC (”Cambio climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”) ha apuntado claramente a los responsables: “Los grandes contaminantes son culpables”. Es un informe devastador y que deja poco lugar a la esperanza. La acción decidida no puede aplazarse más, es necesario actuar ya para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones para 2030, cualquier retraso significa muerte, según ha declarado.

Ya sabíamos que la utilización de combustibles fósiles es insostenible desde el punto de vista medioambiental y de supervivencia, ahora tenemos que añadir el hecho de que la situación geopolítica ha puesto claramente de manifiesto nuestra fuerte dependencia para el abastecimiento de estos combustibles que no tenemos, lo que nos hace ser vulnerables frente a situaciones como la actual; ya estamos notando las consecuencias en el importante incremento del precio de la electricidad.

Aunque la fuerte escalada de este precio en los últimos meses no sólo se debe a la necesidad de importar estos combustibles, sino también al sistema de fijación de precios. En este sentido, es una buena noticia que esta misma semana la Comisión Europea haya anunciado que propondrá que los países miembros establezcan un gravamen a las ganancias obtenidas por las empresas energéticas debido a los recientes aumentos en los precios del gas. También hay que aplaudir la propuesta enviada a la Unión Europea (UE) por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para modificar el sistema de formación de precios de la electricidad, de manera que no se incluya el coste del gas y a la que empiezan a unirse distintos países. Parece claro que tenemos que apostar decididamente por hacer una transición energética basada en las energías renovables. La sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables para generar electricidad contribuye de manera directa a la descarbonización y, por tanto, a mitigar los efectos del cambio climático y a reducir la depencia energética.

En el ámbito de la transición ecológica, en el paquete Fit for 55 de la UE se incluye el objetivo de suministrar un 40% del consumo final de energía mediante renovables para el año 2030. De entre las renovables, una de las tecnologías que está penetrando de manera rápida en los últimos años es la solar fotovoltaica. Según los datos de Red Eléctrica de España, desde el año 2017 hasta finales de 2021, casi toda la nueva potencia instalada, 15.731 MW, es solar fotovoltaica, 10.360 MW (65%), y 5.111 MW (32 %) eólica; el porcentaje restante corresponde a otras fuentes renovables. Esta potencia se ha instalado tanto en sistemas distribuidos de autoconsumo individual o compartido, aproximadamente un 25%, como centralizados, un 75%. A finales de 2021, la potencia total fotovoltaica era de más de 15.000 MW.

Es importante destacar, dentro de la fotovoltaica, el crecimiento de los sistemas de autoconsumo. En el año 2017 había unos 122 MW instalados mientras que a finales de 2021 ya había más de 2.616. Sólo entre 2020 y 2021 se multiplicó por dos la nueva potencia fotovoltaica para autoconsumo instalada.

¿Este tipo de instalaciones son buenas para el sistema eléctrico? En mi opinión sí. Por muchas razones. Según la propuesta que hace la Fundación Renovables en su informe “Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad”, el esquema óptimo de desarrollo de las energías renovables sería el que se muestra en la figura.

Según esta propuesta, en la parte alta de esta pirámide invertida están las instalaciones de autoconsumo individual o colectivo que son las que más deberían extenderse. Este tipo de instalaciones permiten a la ciudadanía tener sistemas de generación de electricidad en sus propias viviendas o en ubicaciones cercanas; facilitan la gestión de la demanda, minimizan las pérdidas del sistema por la cercanía entre generación y consumo y dan flexibilidad al sistema eléctrico. Además, ayudan de forma clara a promover el papel proactivo de la ciudadanía en la necesaria y urgente descarbonización y sustitución de los combustibles fósiles.

En este sentido, la Directiva UE 2018/2001, en su Art. 21.2, establece que los Estados miembros deben garantizar que los autoconsumidores de energías renovables, de manera individual o mediante agregadores, tengan derecho a generar energía renovable, incluido para su propio consumo, y a almacenar y vender su excedente de producción de electricidad renovable, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable, acuerdos comerciales con proveedores de electricidad y entre pares. También, según el artículo 21.4, para los autoconsumidores de energías renovables en el mismo edificio.

La Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre (BOE de 16 de noviembre de 2021), supuso la modificación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica que se había establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril. A partir de la publicación de esta Orden el reparto de la energía generada por estas instalaciones puede hacerse mediante el establecimiento ex ante de coeficientes de reparto horarios para cada día del año. Esto supone un avance respecto a los coeficientes fijos, pero sería interesante que se permitiera la posibilidad de un reparto realmente dinámico que tuviera en cuenta los consumos reales de cada miembro de la comunidad energética y se hicieran esos balances de generación-consumo ex post, como ya se apunta en la citada Orden, en la que se indica que es necesario hacer un análisis para esa implantación, ya que es de esperar que el autoconsumo colectivo experimente un importante incremento en los próximos años.

Unido al concepto de autoconsumo (individual o colectivo), que da nombre a estas instalaciones, está el de autoabastecimiento o autosuficiencia energética, con toda la carga de responsabilidad y oportunidad que ofrece a la ciudadanía. Muchas de estas instalaciones, especialmente las que se están haciendo en el sector residencial, están contribuyendo a que las viviendas generen a lo largo del año una energía igual o superior a la consumida, por lo que podrían considerarse viviendas de consumo cero.

También hay que avanzar en la creación de comunidades energéticas que son agrupaciones de consumidores que pueden llevar a cabo múltiples actividades: producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía. En la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se definen las Comunidades de Energías Renovables como “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras”.

Algunas de las ventajas que supondrá participar en una Comunidad Energética es que proporcionan a la ciudadanía un acceso justo y fácil a recursos locales de energía y otros servicios energéticos o de movilidad, crean oportunidades de inversión, aumentan la aceptación del desarrollo de energías renovables locales, facilitan la integración de renovables en el sistema a través de la gestión de demanda, crean empleo local y fomentan la cohesión y equidad social.

Hay, sin embargo, algunos problemas sin resolver ya que falta un marco normativo con un grado suficiente de desarrollo, los procedimientos administrativos son complejos, no es fácil acceder a financiación por la falta de confianza de los inversores y el riesgo en cuanto a la percepción del inversor. Este tipo de iniciativas es fundamental para avanzar hacia un modelo descentralizado y participativo, por lo que es necesario que se avance y que se difundan todas las experiencias que se están llevando a cabo.

Respecto a las plantas centralizadas, que están en la base de la pirámide invertida, sería importante establecer condiciones que permitan limitar su tamaño, de manera que se desarrollen bajo criterios de economía productiva, favoreciendo el desarrollo económico local de los territorios en los que se hagan. También es necesario que los promotores propongan instalaciones que aporten beneficios sociales y medioambientales en la zona donde se ubiquen, de manera que se consiga un equilibrio entre la energía y el territorio. Y algo muy importante, conseguir una aceptación e inclusión social de su implantación en el territorio, como lo han conseguido los otros tipos de instalaciones fotovoltaicas.

Los acontecimientos de los últimos días nos obligan, todavía más, a repensar temas como el de la soberanía energética. Tenemos fuentes de energías renovables y tecnología; no perdamos la oportunidad de conseguir una transición energética justa basada en renovables y aceptada y apoyada por toda la ciudadanía.

 

Llanos Mora – Vicepresidenta de la Fundación Renovables