La transición energética ya está en marcha en España, y queremos que la ciudadanía, las autoridades locales y los colectivos ciudadanos se sitúen a la cabeza para producir y controlar su propia energía renovable, y fomentar la transición hacia un sistema más equitativo, democrático y descentralizado.

Durante décadas, las reglas del mercado han sido diseñadas a la medida de las grandes empresas energéticas, y términos como “autoabastecimiento” y “cooperativa de energía” han estado desubicados en el panorama político. Pero tras haber luchado contra viento y marea para salir a flote, estas iniciativas pioneras basadas en poner la energía en manos de las personas han sido finalmente reconocidas por la legislación europea. El nuevo paradigma ya está aquí: pasamos de ser meros consumidores a participar activamente en el sistema.

Y es que ahora, las comunidades y las personas tenemos el derecho a generar, consumir, gestionar y vender nuestra propia energía. Así lo especifica la nueva normativa europea. Pero ahora viene lo más difícil: empezar a aplicar dichos derechos y, por ello, es crucial que el próximo Gobierno transponga cuanto antes -y en su totalidad- los artículos aprobados en la nueva Directiva de Energía Renovable (REDII). Habrá que volver a revisar y armonizar la legislación existente para ponerla en consonancia con la nueva Directiva. En nuestra opinión, estos deben ser los principales beneficiarios.

Las “comunidades de energía renovable”

España va a tener que definir qué entidades o formas legales específicas pueden ser consideradas como tales ateniéndose siempre a la definición presente en la REDII y, de acuerdo con la misma, habría que tener a bien tres condiciones:

(a) deben estar basadas en una participación abierta y voluntaria, ser autónomas y estar controladas de manera efectiva por los y las participantes ubicados en las proximidades de los proyectos de energía renovable que desarrollan estas entidades legales;

(b) deben ser personas físicas, pymes o autoridades locales, incluyendo a los ayuntamientos;

(c) se deben evitar los fines lucrativos. Es decir, su principal propósito debe consistir en ofrecer beneficios medioambientales y socioeconómicos a sus co-participantes o a los territorios donde se realicen los proyectos.

Además de tener garantizado su derecho a generar, consumir, gestionar y vender energía renovable, las iniciativas deben poder acceder a unos mercados adecuados, ya sea de forma individual o mediante agregación.

Dentro de la propia comunidad energética, cualquier persona debe tener el derecho a participar sin condiciones discriminatorias, se deben respetar sus derechos como consumidor y se le debe ofrecer toda la información disponible en todo momento, especialmente en el caso de que se desarrolle un sistema de ayudas públicas.

Los hogares

La nueva Directiva ofrece a las personas que viven en inmuebles el derecho a crear colectivamente proyectos de energías renovables. La legislación debería contemplar medidas que se ajusten a las necesidades de las personas (propietarias o inquilinas) que viven en apartamentos, teniendo en cuenta cosas como la falta de acceso a tejado o las instalaciones compartidas por varios hogares. Si tenemos en cuenta que más del 65% de la ciudadanía española vive en apartamentos, el potencial para generar y compartir electricidad entre viviendas es enorme.

En este sentido, Fundación Renovables y Amigos de la Tierra, junto a otras organizaciones de la Alianza por el Autoconsumo, critican que, si bien el nuevo Real Decreto de Autoconsumo permite realizar instalaciones compartida de autoconsumo en bloques de viviendas, el documento hace una apuesta por un reparto estático que impide intercambiar los excedentes de la producción entre las mismas.

Finalmente, están las autoridades locales, entidades que pueden influir significativamente en el desarrollo de una energía de propiedad y gestión comunitarias. No solo tienen a su entera disposición una palanca legal para apoyar nuevos modelos empresariales en torno a la gestión y control comunitario de la energía renovable, si no que además pueden, por derecho, participar como partes interesadas en las comunidades de energía renovable. Huelga decir que como ciudadano de a pie, ver a mi ayuntamiento implicado en un proyecto de estas características me generaría confianza a la par que ganas de participar.

Desde la administración local se pueden crear nuevas herramientas para favorecer los proyectos de energía comunitaria, asignando partidas presupuestarias específicas para ello, así como planes enfocados a la descarbonización que sirvan para apuntalar el florecimiento de este tipo de proyectos.

En el cuaderno “Desatando el potencial de la energía comunitaria renovable” que publicó Amigos de la Tierra, Greenpeace, Energy Cities y RESCoop.eu hace unas semanas, podemos encontrar ejemplos concretos de iniciativas pioneras y diversas buenas prácticas que ya se están dando a lo largo y ancho de Europa. Os invitamos a ampliar vuestro conocimiento sobre “energía comunitaria renovable” en este enlace.

Héctor de Prado – socio protector de la Fundación Renovables, y responsable del área de clima y energía de la asociación Amigos de la Tierra