Joan Herrera – Abogado
La pobreza energética es algo que ha existido siempre pero que con la crisis se ha agravado aún más. Podríamos definirla como la dificultad o la incapacidad de mantener tu vivienda en las condiciones adecuadas por razones económicas.
Lo más gordo es que, después de ocho años sufriendo los efectos de la crisis, cada día está afectando a más gente, en un escenario en el que se combinan crisis y una subida del precio de la energía muy por encima de la inflación. Un incremento continuo del precio de la energía, que se ha encarecido un 60% en el caso de la electricidad y un 66% en el caso del agua, sólo en los últimos cinco años (106% des de 2004 al 2014 en lo que se refiere al recibo de la luz). Solo las compañías Endesa e Iberdrola realizaron el año pasado más de medio millón de cortes de luz por impago, exactamente 506.481, según ha revelado la organización FACUA-Consumidores en Acción con los datos que las mismas empresas suministradoras han facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estas cifras suponen un repunte del 6% respecto al 2014.
Los usuarios españoles en riesgo de pobreza energética únicamente están protegidos por el bono social que se implantó en 2009 y que incluía descuentos en las tarifas en determinados supuestos. No obstante, este bono no es garantía suficiente para solucionar los impagos porque según FACUA el 48% de los consumidores desconocen su existencia. Por desgracia, hoy es más fácil no encender la calefacción que acceder al bono social. Es el ‘pan nuestro de cada día’ encontrar a un vecino que vive sin calefacción o no puede pagar directamente el recibo. Las consecuencias son dramáticas, y están suponiendo una afectación clara a la salud, especialmente para los más vulnerables (mayores y niños).
Y mientras tanto aquí se ha hecho poco y lo poco que se ha hecho ha sido a cargo de Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Como muestra, un botón: el Govern de la Generalitat de Catalunya aprobó una normativa específica en 2013, que costó que se desarrollase y que el Gobierno central recurrió ante el Constitucional. La ley tan solo planteaba una moratoria en el corte de suministro para los meses de invierno, teniendo que pagar el afectado en los meses siguientes. Medida claramente insuficiente que ni tan siquiera benefició a un millar de personas. Después se aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, una Iniciativa Legislativa Popular, promovida por la PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Es ahora, meses después, y tras la demanda de muchos actores sociales y políticos, cuando por fin se han comprometido a desarrollar el protocolo de relación entre empresas suministradoras y los servicios sociales de cada ayuntamiento. Pero si la actitud de muchos gobiernos autonómicos es insuficiente, la actitud del Gobierno central es simplemente inaceptable. Éste ni siquiera ha aplicado la transposición al Derecho español de las Directivas Europeas de protección de los consumidores energéticos domésticos (ya han pasado cinco años desde que se aprobaron). Y, además, como el “perro del hortelano”, que ni come ni deja comer, se ha dedicado a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la tímida e insuficiente normativa autonómica que legislaba sobre la materia, argumentando que rompía el principio de unidad de mercado. Un recurso que hace buenas, e incluso dignas, las legislaciones autonómicas y las actitudes de muchos gobiernos autonómicos, que están muy por detrás de lo que el momento requiere.
La consecuencia del recurso es una sentencia del TC en la que prima antes la defensa de la “unidad de mercado” que la de los derechos de los ciudadanos más débiles, derechos garantizados en un marco normativo europeo que nuestras instituciones no están defendiendo. Como explicaba muy bien uno de los votos particulares:
“Invito a reflexionar sobre si el papel de los juristas y en especial de los jueces constitucionales en la sociedad actual va más allá del positivismo formalista y sobre si un sistema que, por perfecto que parezca en términos de simetría lógica, subordine su mantenimiento y funcionamiento a la marginación o exclusión social de parte de su población, tiene cabida en un régimen jurídico-constitucional que se define como social y democrático”.
Ante este panorama, ¿qué hacer? Podemos mantener la situación de interinidad en que se instaló la política española, lamentar lo que pasa y evidenciar la imperiosa necesidad de que quien nos gobierne esté cercano al sufrimiento de la gente. Es una opción. La otra es que además pidamos a nuestros legisladores, estatales y autonómicos, así como a los Gobiernos autonómicos, que llenen el vacío que la Administración General del Estado no ocupa. Si el Gobierno central no actúa ante el sufrimiento, si lo debe hacer el resto. Si existe una normativa europea de protección del consumidor doméstico de electricidad y gas, es posible que nuestros Gobiernos autonómicos desarrollen dicho marco. Se trata por tanto de cumplir con aquellos derechos que teóricamente nos garantiza la normativa comunitaria.
- Imagen: Bruno Mello Teixeira
La Constitución es papel mojado, a mi solo me sirve para limpiarme el culo. Está hecha para las grandes empresas, lo del derecho a la vivienda, al trabajo, lo de que todos somos iguales ante la Ley (jo, escribía ésto y no paraba de «escojonarme»), etc. son mentiras escritas en un papel que no sirve para nada.
15 abril 2016 | 09:57
Pobreza energetica, pero mientras tanto todo el mundo en contra de la energia mas barata, segura, y menos contaminante que existe.
+ PERO ES QUE LA ENERGIA NUCLEAR ES MUY PELIGROSA, MIRA LOS CASOS DE…
– Sí, pero es igual que decir que los aviones no son seguros porque se han caido 10 el ultimo año…
+ PERO ES QUE ES MUY MALA Y MUY FEA Y MIRA LOS SIMPSONS
– Pobreza energetica. Facturas de 200e de luz. Mira Francia, con 80 centrales nucleares, y la factura de la luz es 5 veces mas barata.
+ FASCISTA.
– Pues nada, vamos a quemar carbón, que es mas barato y menos contaminante.
+ ESO, ESO.
15 abril 2016 | 10:04
El problema real, está en que las compañías ganan demasiado, han llegado a exprimir de tal manera, con sus monopolios, ocultos, o no, a los pobres ciudadanos que, cuando éstos se jubilan o pierden por cualquier motivo algún ingreso, no pueden pagar estos servicios que le cobran a precios auténticamente feudales. Una vez más, esto no puede seguir así,. De tal manera se han llenado nuestros gobernantes de soberbia y ceguera, que no ven que esto se va, y los primeros ellos.
15 abril 2016 | 10:18
La gente sin poder pagar el recibo de la luz ni el gasóleo de la calefacción por la terrible carga impositiva que tienen, mientras el MINISTRO DE INDUSTRIA tenía chanchullos financieros fuera de España, el PP paga en negro su sede, los dirigentes del PP cobran dinero negro en sobres, todos los políticos pufean sin parar, etc., etc.. Y seguimos sin salir a la calle para ajusticiar a esta BANDA DE CHORIZOS; ¡INCOMPRENSIBLE!
15 abril 2016 | 11:01
Logo. Exactamente es un papel sin valor que se hizo para que nos tragásemos una transición como la que hubo que nadie quería excepto los ricos y mandamases de la época para no pagar por los crímenes cometidos durante la dictadura. Nos dieron un papelote con algo que sabían que no se iba a cumplir y que nunca se ha cumplido. Pero eso te la tiran a la cara cada vez que quieres cambiar algo. Y lo más triste es que hay millones de tontos que aún se la creen.
Con la constitución en la mano los desahucios deberían ser ilegales pero mira zas y zas. La familia real debería trabajar y no tener un sueldo vitalicio de los presupuestos que todos pagamos solo por el hecho de ser quien son. Eso no es ser igual a los demás. Los políticos no deberían tener los sueldos que tienen ni poder jubilarse después de solo 8 años de ejercer y pudiendo combinar una vez jubilados con otros trabajos sin perder la jubilación. El resto de nosotros tenemos que currar hasta los 68 años coticemos lo que coticemos y si queremos despues de 40 años cotizados jubilarnos no podemos si no es la edad correcta o perdemos dinero. Vergënza.
Pero la gente sigue sin verlo y la constitución es sagrada a nivel cazurro.
15 abril 2016 | 12:00
Lo único que ha dicho el Tribunal Constitucional es que una comunidad autónoma NO TIENE COMPETENCIAS para legislar sobre este asunto, que quien lo tiene que hacer es el competente, o sea, el Estado. Y por una razón muy simple: porque autonomía no es soberanía y, además, porque hay temas esenciales que han de ser iguales para todos en todo el territorio nacional.
15 abril 2016 | 12:16
Pues sí, Lico tienes toda la razón. Ahora sólo hace falta que asimilemos que somos esclavos en un sistema que nos monta la cárcel nada más nacer, y que nos alcemos contra los que nos someten: los políticos.
15 abril 2016 | 13:37
Se desvaría sobre si tal ley o cual competencia y sobre un tema que no es cuestión de leyes o alcance de gobernantes sino de algo más esencial y con dependencia.
La energía y más concretamente la electricidad es un bien que ha pasado de ser un artículo de unos pocos con aspiraciones de «limpieza», no humos, no residuos, etc. a ser un elemento imprescindible y fundamental para cualquier sociedad, -un bien de primera necesidad- y por tanto, no debe estar en manos de entidades particulares, o más, especuladores de mercados de futuros. Las leyes, ya vendrán al uso pero no al revés, leyes que blindan el negocio de unos pocos.
Me viene a la memoria declaraciones sobre los argumentos que esgrimían, tanto el reciente dimitido ministro y las eléctricas, de que el aumento del precio de la electricidad venía condicionado por los altos costes de las materias primas -los hidrocarburos-, vale, hasta ahí en su momento, nos lo hemos tragado, pero… pero ¿y ahora? que el barril de petróleo ha pasado de los casi 150 dólares que costaba -cuando las declaraciones-, a los 39 actuales, ¿por qué sigue el precio de la electricidad subiendo imparable? cuando el precio de la materia prima (el petróleo) que consumen las mayoría de nuestras centrales han bajado un 410%.
La generación y distribución de electricidad es un bien de todos que debe retornar al Estado (el pueblo) y su gestión también. Después hablaremos de las leyes de aquí y de allí.
15 abril 2016 | 21:10