El largo y el corto plazo son una misma realidad, sólo depende de la lupa con la que se mire. La simbiosis entre el largo y el corto plazo es total: el corto plazo carecería de guía sin metas a largo plazo, y éstas no se podrían cumplir si no se fueran superando lo hitos marcados a lo largo del camino.
Este principio, de validez general, adquiere especial relevancia cuando se trata del cumplimiento de objetivos en materia de clima y de energía. Los cambios en las pautas de inversión, producción y consumo necesarios para la descarbonización requieren plazos amplios que no son compatibles con la improvisación. En el sector eléctrico, el aumento en la penetración de las energías renovables exige llevar a cabo inversiones en nuevas plantas de generación renovable. Exige construir más subestaciones eléctricas y desplegar más kilómetros de líneas de alta tensión y de distribución que lleven la electricidad de los puntos de producción a los de consumo. Exige aumentar la capacidad de interconexión eléctrica con los países vecinos para compartir los excesos de producción renovable que se verifiquen a cada lado de la frontera, así como para compartir la reserva de capacidad firme que es necesaria en ausencia de sol, viento o agua. Exige también desarrollar nuevas actividades que doten de empleo y actividad a las comarcas que se verán afectadas por el cierre de las centrales eléctricas contaminantes.
A su vez, la reducción de emisiones en el sector del transporte exige que se reoriente la producción y adquisición de automóviles hacia el vehículo eléctrico, que se redoblen los esfuerzos en I+D+i para aumentar la autonomía de las baterías y reducir sus costes, y que se instalen puntos de carga en lugares públicos, hogares y centros de trabajo. En el sector de la edificación, se requiere la rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética, y en la agricultura y la industria, serán necesarias inversiones que reduzcan las emisiones y mejoren la eficiencia energética de los procesos productivos.
Nada de esto sería posible sin una planificación –en muchos casos vinculante– en horizontes que hagan posible cambios de tal envergadura. Por ello, a nadie debiera sorprender el que el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas líneas generales ya se han hecho públicas, plantee objetivos a más de diez y a más de treinta años vista. Así, en el horizonte 2030, el texto contempla una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 20% con respecto a 1990 (un 37% por debajo de su nivel actual), un aumento en el peso de las energías renovables sobre el consumo de energía final hasta alcanzar el 35% (para lo cual el 70% de la generación eléctrica habrá de ser renovable, doblando la cifra actual), y mejoras sustanciales en la eficiencia energética. En el horizonte 2050, las emisiones deberán haber caído un 90% por debajo de los niveles de 1990, y el sector eléctrico habrá de quedar libre de emisiones.
Cuando, previsiblemente antes de final de año, se envíe el Anteproyecto de Ley al Parlamento, a los diputados – o al menos así lo espero – no les resultará difícil aprobar objetivos que serán vinculantes para cuando, parafraseando a Keynes, todos estén muertos – con perdón de sus señorías ¿O es que alguno va a poner en duda la conveniencia de que los diputados que vengan después asuman el compromiso de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones que ellos ahora establezcan?
Pero, si de verdad asumen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático, los responsables políticos deberían además definir, aprobar y hacer cumplir cuestiones que afectan al presente inmediato. Sin una definición de las medidas a corto plazo, el cumplimiento de los objetivos a largo puede quedar comprometido.
Sólo en lo que concierne al sector eléctrico, la lista de preguntas sin respuesta es larga ¿Cómo se va a reformar el mercado eléctrico para permitir que las inversiones en energías renovables tengan lugar? ¿Cómo se pueden descargar sus cuentas de costes innecesarios e injustificados, y con ello permitir que la descarbonización no suponga una mayor presión sobre las tarifas eléctricas? ¿Cómo se van a diseñar las nuevas subastas para la incorporación de renovables? ¿Cómo se va a establecer la prioridad entre centrales cuando la producción renovable supere a la demanda de electricidad? ¿Cómo se va a promover el desarrollo de las baterías y cómo y por quién van a ser gestionadas? Y la energía hidroeléctrica, que es la mayor batería del sistema, y que junto con las interconexiones, deben de jugar un papel crucial para mantener los equilibrios de un sistema eléctrico con alta penetración de renovables, ¿cómo y quién va a gestionar ambas? ¿Cómo se va a promover la inversión y disponibilidad de las centrales que aportan capacidad firme al sistema eléctrico? ¿Y cómo se va a potenciar una mayor flexibilidad de la demanda? ¿Se va a anunciar ya el cierre de las centrales nucleares que en breve irán alcanzando los 40 años de vida de diseño desde el inicio de sus operaciones, la primera Almaraz I en 2021?…
En definitiva, poner las luces largas para establecer objetivos a medio y largo plazo es fundamental para que los agentes económicos puedan planificar y readaptar sus decisiones. Pero de poco sirve saber dónde queremos llegar, si no tenemos puestas las luces cortas para saber cómo y por dónde empezar a recorrer este camino tan necesario.
Por Natalia Fabra – Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Carlos III de Madrid y Patrona de la Fundación Renovables
