Era, es y será electricidad

Considerar la electricidad como el vector energético final del futuro no debería tener discusión, como no la tiene la necesidad de un compromiso claro en la lucha contra el cambio climático, principalmente por 3 razones:

  • La electricidad es el vector más eficiente en cuanto a la energía necesaria para cubrir nuestras necesidades (principalmente climatización y movilidad).
  • Su consumo tiene emisiones cero, lo que la convierte en la única solución para la mejora de la calidad del aire en nuestro hábitat, sobre todo si tenemos en cuenta que somos una sociedad eminentemente urbana. Más del 80% de la población vive en ciudades de más de 10.000 habitantes.
  • La forma más barata de generar electricidad es mediante fuentes de energía renovables.

A estas consideraciones podríamos añadir  el origen autóctono de las fuentes de generación, la disponibilidad de recursos renovables o la capacidad de generar electricidad y de gestionarla desde el lado del consumo, lo que abre una nueva dimensión de la situación en la que nos encontramos.

Proyectar el futuro energético no es un ejercicio sencillo, no tanto por los escenarios que deben definir la evolución de nuestras necesidades, sino, sobre todo, por los elementos de disrupción que el desarrollo tecnológico está introduciendo al acelerar la obsolescencia económica de  propuestas energéticas anteriores. Invertir con horizontes que no se van a cumplir en cuanto a la esperanza de vida de los activos por los que se apostó debería introducir elementos de reflexión y, por qué no, de seguridad que no se están teniendo en cuenta en una economía potenciada por la disponibilidad de  dinero y a un coste muy reducido. Esta situación no solo afecta a las tecnologías de generación y gestión del sistema eléctrico que utilizan fuentes de energía fósiles, sino, también, a las energías renovables, en un claro proceso de canibalización.

El Gobierno ha lanzado el borrador de la Estrategia de Descarbonización a largo plazo 2050, completando, por primera vez en nuestra historia, una propuesta energética de largo plazo, junto a la propuesta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC, enviada a la Comisión Europea (CE) y que plantea los objetivos hasta el horizonte 2030, y el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en proceso de discusión parlamentaria, y que debe ser el paraguas que soporte todo el desarrollo legislativo de las actuaciones intergeneracionales en materia de sostenibilidad energética.

La Estrategia de Descarbonización a 2050 es atractiva en cuanto a que España asume como compromiso de desarrollo propio el suministro energético a partir de renovables, la apuesta por la eficiencia y la reducción drástica, como consecuencia de estas dos premisas, de la dependencia energética del exterior y de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

A la propuesta de alcanzar un 97% de cobertura de la demanda final con renovables, en la parte alta de la horquilla proyectada por la Comisión que, obviamente, supone reconocer que es posible el 100% renovables, aunque muchas veces provoquemos con este ajuste fino que la sociedad se fije más en el 3% que falta que en el 97% propuesto como objetivo se añade, explícitamente, que el peso de la electricidad será del 52% de la demanda final en 2050. Este porcentaje  crea una incertidumbre sobre la factibilidad e idoneidad, tanto física como de origen, de la cobertura de la demanda no eléctrica hasta alcanzar el 97% comprometido, sobre todo si se considera que en ese 52% se incluye la apuesta por las bombas de calor y por la producción de hidrógeno mediante electrólisis del agua.

Desde la Fundación Renovables apostamos, como el elemento de planificación energética, prioritario y necesario, por la electrificación de la demanda, consecuentemente a partir de una oferta renovable. De hecho, nuestro objetivo a 2030 es un 50% que se corresponde con el propuesto para el 2050.

Adelantar e incrementar el objetivo de electrificación no es complicado, pero exige que las acciones de la planificación energética propuesta no se desarrollen mayoritariamente desde la oferta, sino, desde la demanda, promoviendo, de forma clara, el cambio de modelo de consumo desde los combustibles fósiles hacia la electricidad. Ya en 2018 establecimos más de 200 medidas para que el gas, la gasolina y el diésel, como máximos exponentes de nuestro modelo energético, fueran sustituidos por la electricidad.

¿Cómo? En primer lugar, mediante una señal precio adecuada que apueste por facilitar el consumo eléctrico y erradicar el de los combustibles fósiles, en segundo lugar, con información y educación hacia el consumo responsable y la sostenibilidad, y en tercer lugar con una política sectorial decidida, dos terceras partes del consumo de energía final se produce en la edificación y el transporte, sectores en los que cambiar la dependencia de los combustibles a la electricidad no solo es obligado, sino que, además, supondría acelerar nuestros objetivos energéticos y medioambientales y mejorar nuestros ratios de emisiones, de calidad del aire y de dependencia. El PNIEC asume el objetivo de la introducción de 5 millones de vehículos eléctricos para 2030, pero no implica la electrificación de la demanda de energía en los edificios y la consecuente y decidida lucha a favor de la erradicación del uso de combustibles fósiles que hoy día está centrada en calefacción, ACS y cocina.

La apuesta por las energías renovables y por la electricidad supone modificar la concepción operativa de las funciones de la electricidad dentro de nuestro modelo de gestión energética. El primer elemento de análisis  es dejar de considerar a la electricidad simplemente como un vector de energía final. La electricidad se va a convertir en un vector de energía secundario. La reducción de costes de los sistemas de generación de electricidad con fuentes renovables y la variabilidad de dichas fuentes van a producir electricidad que, en muchos casos, no va a encontrar una demanda de energía que abastecer. Esto supondrá poner en valor los excedentes generados de electricidad no solo desde el punto de vista de su almacenamiento, sino como vector secundario.

¿Qué pasaría si progresivamente la electricidad tuviera un coste que tendiera a cero porque bajan los costes de generación marginal o porque la oferta no tiene contrapartida de demanda que casar?

Esta situación demandaría que los periodos de amortización exigibles a las inversiones tuvieran que reducirse porque los avances tecnológicos canibalizarían las inversiones existentes. Mantener la estructura del cash Flow a lo largo de toda la vida útil de la inversión cuando, día a día, aparecen en el mercado soluciones más competitivas es un ejercicio de optimismo que suele acabar con demandas públicas para restituir el valor de la rentabilidad esperada, aunque no medie, esta vez, garantías legislativas de su mantenimiento.

La consideración de la electricidad como vector secundario abre una concepción diferente del modelo de programación de iniciativas, en el que se pone de manifiesto que los mercados deben olvidar su paradigma de funcionamiento perfecto y competitivo, ya de por si falso en la práctica colusiva del día a día, para entrar en un juego de incertidumbres fijado por la puesta en valor del concepto precio sombra que origina la existencia de restricciones no valorables bajo criterios de mercado.

Siempre me ha atraído el concepto de “precio sombra”, no sólo como coste de oportunidad de actuación, sino por cómo evoluciona en un modelo de programación con la relajación de las condiciones restrictivas del sistema que deben suponer la optimización de la función objetivo del suministro energético al mínimo coste con criterios sostenibles. Cambiar un sistema de costes variables a un sistema de costes fijos, marginalmente decrecientes por el tamaño y el tiempo y con precio del dinero cero, se escapa a nuestra capacidad de proyección en el tiempo y, por lo tanto, de decisión racional sobre las diferentes alternativas.

Veamos un ejemplo: se ha presentado, recientemente, el estudio “Los territorios no peninsulares 100% descarbonizados en 2040: la vanguardia de la transición energética en España”, elaborado por Deloitte en colaboración con Endesa, en el que se llega a la conclusión de que es más interesante económicamente verter energía porque es más rentable sobreinstalar que almacenar. Para un escenario 100% renovable en la generación de electricidad en el 2040 se sobreinstala potencia hasta los 11 GW para cubrir una demanda que supera los 16 TWh, con una capacidad de generación de 25 TWh, es decir algo más de 8 TWh, más de un 30% de la producción o un 50% de la demanda. Esta conclusión que, desde un punto de vista empresarial, puede tener su lógica, carece de ella si se tienen en cuenta criterios de sostenibilidad y se mantiene la consideración de que la energía es un bien escaso y que su transformación genera externalidades, al margen de no considerar modelos más exigentes de gestión de la demanda frente a señales de precio que, obviamente, deben ser muy diferentes a tenor del volumen de generación no casado y de los precios sombra que es posible introducir en el mercado, tanto si se considera la electricidad como vector de energía final o secundario.

Necesitamos encontrar el marco adecuado no solo para que la demanda se acople a la oferta disponible, sino, también, para la producción de vectores energéticos finales a partir de la electricidad cuando esta presenta precios sombra cercanos a cero. La gestión efectiva de la demanda, la desalación y almacenamiento de agua, la producción de hidrógeno, el almacenamiento distribuido, … son líneas que deben acompañar a un sistema eléctrico flexible y que deben de tener el mismo rango de compromiso tanto cualitativo como sobre todo cuantitativo en nuestra propuesta de política energética.

Hace falta cambiar el modelo de asignación de recursos económicos públicos y asumir que, aunque sea más complicado, es más justo apostar por la gestión de la demanda o el almacenamiento próximo al consumo que por el almacenamiento adscrito exclusivamente a la oferta, aunque esta apuesta tenga garantizado su éxito por la aquiescencia de empresas como Red Eléctrica, de gestión cuasi publica, o del sector tradicional. Apostar por lo seguro no siempre es la solución para todos.

Tomar las decisiones teniendo en cuenta criterios para la continuidad de los agentes, aunque los objetivos sean agresivos y atractivos, es sencillo, pero en un momento en el que la disrupción tecnológica está consolidada, tanto en la generación de energía eléctrica en consumo, en el almacenamiento de múltiple uso o en el Internet de las cosas, como por la necesidad de atajar la crisis social y económica que estamos padeciendo y por la necesidad de buscar alternativas de reactivación inclusivas y cercanas, debería hacernos pensar que es el momento de cambiar el modelo o, al menos, de abrir algo más el ángulo de visión de la propuesta política.

Esta situación es consecuencia de que, generalmente, la planificación energética tiende a tener en cuenta solo el lado de la oferta, entre otras razones porque el poder empresarial está en ese lado y las propuestas de actuación legislativas tienen más repercusión y facilidad de ejecución sí coinciden con los planteamientos de los agentes que, por cuota de mercado, las van a llevar a cabo.

De hecho, vemos cómo compañías que hace diez años negaban las renovables hoy han cambiado su eje de actuación y todas sus inversiones planificadas son renovables. La explicación es obvia: el sector tradicional nunca ha tenido miedo a los cambios en el modelo de oferta, entre otras razones porque controlan el ritmo de estos cambios. Lo que sí les preocupa es la revolución o la actuación por el lado de la demanda. La pérdida de engagement con los clientes nunca ha sido una variable que les motive a cambiar porque todas las empresas están en los mismos ratios de desafección. En verdad,  el switching sectorial está descontado porque es eminentemente endogámico entre las tradicionalmente establecidas.

Por primera vez, después de muchos años, tenemos encima de la mesa una propuesta de proyección de la política energética a corto y largo plazo, con objetivos exigentes y atractivos, pero el trabajo no se acaba aquí, es más, se abre el periodo de confrontación política necesario para definir qué futuro queremos en materia energética y, por lo tanto, en materia social y económica. La sostenibilidad exige tener en cuenta, en sus aspectos normativos, la prosperidad económica, la inclusión y la cohesión social, la conservación medioambiental y la gobernanza como pilares del modelo energético, pero solo alcanzaremos esta situación mediante un diálogo abierto entre todos y todas en el que la transparencia sea el pilar del proceso.

Siempre hemos pensado que la democratización de la energía está directamente relacionada con el empoderamiento de la sociedad y este, no me cabe ninguna duda, se producirá si apostamos por la electrificación de la demanda y empezamos a pensar que la planificación siempre debe anteponer la cobertura de las necesidades de la demanda a las exigencias de crecimiento empresarial de la oferta.

 

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

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