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La energía como derecho

Escribo hoy de nuevo en este blog transcurridos dos años desde que inauguramos este espacio de opinión y reflexión abierto. Nuestro objetivo era, y es, reclamar el acceso universal a la energía como derecho, objetivo que recientemente ha visto colmadas algunas de sus demandas que, aunque insuficientes, marcan el camino hacia un modelo energético más sostenible y abierto.

La pobreza energética en nuestro país afecta a 4,6 millones de personas. Es un grave problema que se ha generado tanto por el continuo ascenso del precio de la electricidad, que en los últimos 10 años ha subido un 46%, como por la pérdida de renta a disposición de las familias, que en el mismo periodo ha bajado un 4,3%. Esta situación refleja que en España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables, sino como una commodity más que forma parte del gran negocio empresarial que es la energía.

Adicionalmente a la existencia del problema de acceso, que ya de por si debería ser la prioridad de cualquier gobierno, hay que sumar los impactos económicos y sociales derivados del Cambio Climático cuyo origen está directamente relacionado con el modelo energético actual basado en combustibles fósiles no renovables. La energía está determinando el futuro de los países y de sus relaciones de competencia económica y tecnológica como principal factor de competitividad y también su compromiso con la conservación del planeta, que lleva implícito un cambio en el modelo económico actualmente en vigor por otro  más descarbonizado, desenergizado y desmaterializado.

En España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables

Las fuentes renovables constituyen el único marco viable de estrategia energética a largo plazo en el que la solidaridad intergeneracional demanda no derivar los problemas de seguridad de suministro, de contaminación ambiental, de residuos radiactivos y riesgos nucleares a las futuras generaciones. Son la solución a la pobreza, a lo altos precios, a la contaminación, al Cambio Climático, a la disponibilidad de estructuras de mercado transparentes y centradas en el consumidor que deben guiar nuestra apuesta energética de presente y futuro.

Nuestras peticiones a lo largo de estos dos últimos años han empezado a verse reconocidas con el DL 15/2018 de 5 de octubre que se aprobó en el pasado Consejo de Ministros en el que recuperamos, como consumidores, el derecho de poder elegir como queremos cubrir nuestras necesidades energéticas y la posibilidad real de ganar la autonomía que nunca el sistema actual nos ha reconocido.

El autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético

Indudablemente el autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético. Por eso, en la Fundación Renovables aplaudimos la propuesta sobre autoconsumo que el Gobierno ha incluido en el Decreto Ley y esperamos que el Congreso convalide las medidas que recoge y que su desarrollo normativo y su aplicación satisfagan las esperanzas que su aprobación ha despertado.

En nuestro caso, esto pasa por facilitar la realización de contratos de compra-venta de energía entre particulares, la fijación de peajes por uso de la red transparentes y directamente relacionados con el servicio recibido, la posibilidad de instalar sistemas de almacenamiento como elemento básico para la gestión de la demanda, la monetización de todos los flujos de energía de forma clara y transparente, el acceso a los contadores en tiempo real….

Junto a la eliminación del “Impuesto al Sol” y de las trabas administrativas y jurídicas además del impulso del autoconsumo compartido, el Decreto Ley ha consolidado el avance y ampliación del bono social, tanto en plazos como en situaciones recogidas así como proponiendo un bono social para la calefacción. No cabe duda que aunque, de forma insuficiente, se están dando los primeros pasos para la creación de una Renta Básica Energética.

Desde la Fundación Renovables reclamamos la necesidad de la creación de una tarifa social amplia que considere las características específicas familiares, sin incluir un tramo fijo, con una potencia contratada básica suficiente en función del tamaño familiar y un consumo mínimo de energía a precio reducido así como la exención o reducción del IVA aplicable. También defendemos la necesidad de otras medidas que consideramos imprescindibles para luchar contra la pobreza energética como son la rehabilitación de 250.000 viviendas/año bajo una configuración de actuación que no exija recursos a quien no los tiene y la consideración de la cobertura de energía eléctrica como un servicio público de los ayuntamientos.

El Decreto Ley nos permitirá avanzar en la recuperación de la “Energía como Derecho” pero quedan muchas asignaturas pendientes que no se han tratado, como es la implantación de una fiscalidad activa que favorezca el cambio de un modelo energético no sostenible a otro que sí lo sea o algunas que se han tratado tímidamente como son las medidas para reducción del precio de la electricidad, cuyo único esfuerzo aprobado recae en la modificación de impuestos y tasas sin entrar de forma decidida en una reforma profunda que permita fijar los precios de forma transparente y consecuente al valor del servicio prestado.

Hemos recuperado derechos perdidos que desde este blog llevamos reclamando desde su creación y que dan título al mismo pero no podemos dejar de pensar que a este pequeño paso le queda una gran camino que recorrer tanto para lograr que la energía sea un bien común como para reducir la hipoteca que estamos dejando a las generaciones venideras.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

La absurda situación del autoconsumo en España

Mariano Sidrach de Cardona Ortín – Catedrático de la Universidad de Málaga

Autoconsumo

En un país que gasta 120 millones de euros diarios en importar combustibles fósiles y que tiene una alta dependencia energética del exterior, ya que importa más del 70% de la energía que se consume, parecería razonable que existiera una política energética clara enfocada al ahorro energético y al desarrollo sin trabas de las energías renovables. Una energía limpia que ha demostrado su viabilidad económica y que en España tenemos en abundancia. Nada más lejos de la realidad. Vivimos una situación que, al menos, es paradójica.

Si alguien, por razones más que evidentes, decide invertir su dinero en disminuir su consumo energético tomando medidas tales como sustituir bombillas, mejorar el aislamiento de su vivienda, cambiar ventanas y cerramientos, comprar electrodomésticos más eficientes o incluso decidirse por un vehículo híbrido o eléctrico, no sólo estará haciendo caso a mucha de la propaganda institucional que el gobierno periódicamente nos pone en los medios de comunicación, sino que lejos de encontrar ninguna traba, accederá a diversas ayudas que existen para este fin y será considerado un ciudadano ejemplar, respetuoso con el medio ambiente y comprometido con el futuro del planeta.

Sin embargo si, dejándose llevar por esta euforia energética medioambientalista, con los mismos argumentos decide instalar en su domicilio una instalación fotovoltaica de autoconsumo, con el fin de seguir ahorrando energía, este mismo ciudadano pasará a ser a ojos del gobierno un ciudadano insolidario, depredador del sistema y se enfrentará a un procedimiento administrativo largo y tedioso, y a una normativa que está pensada para desincentivar a aquellos que se atrevan a intentarlo. Para acabar de desmoralizar a los que lo intenten, en una sentencia de 13 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo asegura que las sanciones (de 600.000 a seis millones de euros) que contempla el RD de autoconsumo no son desorbitantes para una sanción grave a un autoconsumidor.

¿Qué daño podemos hacer al sistema eléctrico para merecer semejante castigo? Algo muy gordo sin lugar a dudas.

Veamos cuales son las ventajas y los inconvenientes de estos sistemas y cuál es ese grave daño.

Una instalación FV domestica para autoconsumo puede costar alrededor de 1.5 €/Wp. Una instalación de 2.0 kWp debería ser suficiente para producir al cabo del año el consumo eléctrico de una vivienda unifamiliar en el Sur de España, lo que supone una inversión de 3.000 €. Una instalación de estas características es capaz de producir un ahorro anual del 40% de la energía que consume la vivienda.

Con esta decisión hemos conseguido ya las siguientes ventajas:

  • Invertir dinero en un sector económico que genera puestos de trabajo, activando la economía productiva.
  • Disminuir las necesidades nacionales de importación de combustibles fósiles.
  • Aumentar la eficiencia del sistema eléctrico, al generar energía eléctrica en el lado del consumo, por lo que evitamos las pérdidas que se producen en las redes de distribución
  • Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire.

El único inconveniente es que necesitamos estar conectados a la red eléctrica para enviar a la misma nuestros excedentes de energía. Este argumento lo utiliza el gobierno para poner impuestos adicionales, como el llamado impuesto al Sol, bajo el argumento de igualdad de trato y solidaridad con todos los usuarios del servicio eléctrico.  Argumentos que no comparto por las siguientes razones.

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Rajoy, Obélix y la poción mágica

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Presidente del Gobierno

Cuando media España, al menos, se dispone a empezar sus vacaciones de verano en busca de un merecido descanso, llega la hora de hacer balance de un curso político, académico, que termina. Deformación profesional, seguramente. El balance de este último curso, en lo referente a energía y cambio climático, nos presenta una gran diferencia entre lo que está pasando en el mundo y lo que sucede en España.

En el mundo, las energías renovables y, sobre todo, la fotovoltaica, siguen un ritmo de crecimiento imparable. Solamente en China, se han instalado en el primer trimestre de 2017 24,4 GW, cinco veces más que toda la capacidad fotovoltaica española, y lo han hecho combinando grandes plantas (83%) con generación distribuida (17%). En California, a pesar de las políticas de la nueva administración de Estados Unidos, la energía solar continúa desarrollándose y han empezado a incorporar grandes sistemas de almacenamiento eléctrico para permitir mayor penetración de la fotovoltaica, lo que está suponiendo un profundo cambio en una red eléctrica cada vez más descentralizada. Encontramos ejemplos similares en multitud de países que apuestan decididamente por las energías renovables, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la electrificación de la demanda como elementos claves de un nuevo modelo energético. Y no es precisamente que todos se hayan vuelto locos de repente.

Vivimos diariamente los efectos de un cambio climático global que nadie sensato se atreve ya  a discutir, con contundentes evidencias científicas sobre las causas del mismo y un consenso casi unánime sobre las urgentes medidas que hay que tomar. A nivel global, el efecto más visible -que no el único- es el aumento de las temperaturas, mientras que, a nivel local, es la contaminación del aire que respiramos su consecuencia más devastadora. La Organización Mundial de la Salud atribuye cada año siete millones de muertes a la contaminación atmosférica, que se ha convertido en el mayor riesgo medioambiental para la salud y que, según el Banco Mundial, tiene un coste del 3,5% del PIB mundial.

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El misterio de la comisión de expertos

José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

interrogante

Cuando un gobierno o administración tiene que tomar una decisión difícil, monta una comisión de expertos para que le ilumine sobre qué es mejor decidir. Cuando un gobierno o administración quiere marear la perdiz y alargar un tema sin tomar ninguna decisión, monta una comisión de expertos para tener al personal entretenido mientras el gobierno en cuestión sigue haciendo lo que le venga en gana.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros decidió crear una comisión de expertos sobre escenarios de transición energética, cuyo objetivo será aportar escenarios energéticos al debate de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como del Plan Integrado de Energía y Clima.

¿Cuál es el verdadero motivo de esta comisión de expertos? ¿Iluminar al gobierno o marear la perdiz? Pronto lo sabremos, pero de momento hay indicios que no señalan nada bueno.

Para empezar, su composición: catorce integrantes, cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE).

Que el gobierno quiera designar expertos de su confianza es normal, siempre que no elija a aquellos que solo vayan a recibir instrucciones o solo digan aquello que el gobierno desea oír.

Que otros integrantes vengan marcados con color político ya huele un poco peor, porque ahí nos podemos temer que cada cual intente arrimar el ascua a su sardina, y los expertos reproduzcan el debate parlamentario, solo que con una mayoría que asegure al gobierno salirse con la suya. Habrá que estar muy atentos no solo a los argumentos (que serán los esperables según el color político) sino al fundamento que aporten para defenderlos.

Respecto a los expertos a designar por los agentes sociales, la cosa ya huele a naftalina. ¿Quiénes son los agentes sociales? ¿Por qué la patronal y los sindicatos mayoritarios pueden designar sus propios expertos, y el resto de la sociedad no? ¿Por qué una asociación ecologista o de consumidores no puede aportar expertos que defiendan su punto de vista? ¿Será que no tienen representatividad social, o será que pueden defender propuestas que no gusten al gobierno?

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Los dueños del fuego sagrado

Por Mariano Sicrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

energía

Es bien conocida la importancia de la energía para el desarrollo de las actividades humanas, de manera que el control de la energía ha sido, probablemente, la causa última de una gran cantidad de las guerras y conflictos que han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Y ha sido así desde la prehistoria, cuando el hombre aprendió a controlar el fuego y lo convirtió en una energía que al usarla empezó a mejorar el bienestar humano, pero que se convirtió a su vez en una gran fuente de poder. Poseer el control del fuego, primero, y de las fuentes de energía, después, que hemos venido utilizando para nuestro desarrollo económico siempre ha asegurado grandes beneficios económicos y sobre todo mucho poder, con mayúsculas, poder de verdad, ya que toda la sociedad necesita de estos recursos para el desarrollo de sus actividades diarias.

Que este poder esté concentrado en unos pocos supone un grave problema social y económico y es por eso que en las sociedades democráticas se desarrollan mecanismos sociales y políticos que, en forma de contrapeso, permiten contrarrestar este poder y poner el acceso a la energía al servicio del interés general.

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El Gobierno español lucha solo y sin cuartel contra el autoconsumo

Por Laura Martín Murillo – Directora de la Fundación Renovables

Desde que se aprobó en España la ley más regresiva para el autoconsumo del mundo, los gobiernos sucesivos del Partido Popular han decidido librar en solitario una batalla contra la sociedad española, el resto de los grupos parlamentarios, el resto de países de la Unión Europea y ahora, incluso, contra la propia Comisión Europea liderada por Arias Cañete.

Que el gobierno del Partido Popular aprobara una ley pensando únicamente en las grandes eléctricas y contraviniendo los intereses de la ciudadanía no es de extrañar, pero que su actitud beligerante se mantenga en el tiempo, contra todos los demás, tanto a nivel nacional como internacional, es difícilmente explicable.

España ya es una excepción. A diferencia de lo que ocurre en Europa y en el mundo, aquí el autoconsumo, acosado por las trabas, no termina de despegar. Hemos pasado de ser un país relativamente pionero en energías renovables a convertirnos en el único país del mundo en el que existe el ‘Impuesto al Sol’.

El estudio que desde la Fundación Renovables acabamos de publicar resume la situación del autoconsumo en 10 países europeos y da buena cuenta de la excepción que se vive en España: mayores trabas administrativas sobre las que ya ha alertado la Comisión Europea, falta de un marco retributivo adecuado para la energía vertida a red, prohibición del autoconsumo compartido y existencia de tasas absolutamente injustificables, como la que se aplica a la energía autoconsumida en el domicilio o la empresa. La legislación española es la peor de Europa y no está tampoco en línea con las propuestas de la Comisión.

Por ello, después de haber vetado en el Parlamento la propuesta de todos los grupos parlamentarios sin excepción para un cambio en la regulación de autoconsumo, con un informe económico torticero, el Gobierno traslada su batalla a Europa. Mientras la Comisión Europea presenta un Paquete de Invierno que se propone situar al ciudadano y al consumidor europeo en el centro del sistema, dotando de derechos al autoconsumidor, el Gobierno español (un gobierno en minoría, no olvidemos) presentó la semana pasada como contribuciones a este paquete una batería de comentarios contra el autoconsumo: contra el autoconsumo en comunidades, pidiendo que se reconozca el hecho de que el autoconsumo es oneroso para el sistema, en contra de los sistemas de apoyo al mismo… en fin, propuestas muy ideologizadas y en completa minoría y, otra vez, en contra de la ciudadanía de su país.

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La energía de la razón

Por Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

energías renovables

Hace ya más de un año que desde la Fundación Renovables pusimos en marcha este blog de ‘La Energía como Derecho’, con el objetivo de visualizar los problemas energéticos actuales y proponer y debatir sobre las posibles soluciones al llamado problema energético. Todo bajo el convencimiento de que la situación actual de las energías renovables permiten ofrecen soluciones tecnológicas viables y económicamente rentables a la situación energética actual.

Durante este tiempo, y en la medida de mis posibilidades, he intentado colaborar exponiendo de forma clara, lo más amena y didácticamente posible, mis ideas sobre los temas que considero que es importante debatir y actuar de forma urgente, para que podamos evitar la catástrofe medioambiental que nos amenaza en forma, sobre todo, de cambio climático y contaminación atmosférica.

Sin duda, durante este tiempo, las energías renovables han seguido desarrollándose a buen ritmo a nivel mundial y sin embargo tengo la sensación de que en España estamos exactamente en el mismo punto, sin que nada haya cambiado. Por medio, hemos tenido una cumbre sobre cambio climático y un cambio de gobierno, con la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular y la llegada al parlamento de nuevos partidos políticos. Sin embargo las políticas energéticas en España siguen siendo exactamente las mismas.

No debe ser sólo una sensación mía, ya que el Observatorio de Sostenibilidad en su informe del 2016 afirma que “el sistema energético español continua en una senda de la insostenibilidad, sin mejorar su eficiencia energética con un aumento de las emisiones de CO2 y otros contaminantes, así como de la dependencia exterior”.

Hasta lo que parecía más evidente e inmediato, como era la derogación de la ley que regula el autoconsumo en cuanto el PP perdiera la mayoría absoluta, debido al acuerdo de todos los demás partidos, se ha parado en seco debido a la abstención de Ciudadanos. Sus razones no han convencido, veremos cómo sigue este tema, aunque no veo al gobierno precisamente nervioso con esta cuestión.

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El PP propone un pacto de estado limitado para la luz

Por Ángel Calleja

debate sobre reforma eléctrica

Las líneas rojas serían el mantenimiento del sistema de fijación de precios y pago de las deudas acumuladas con las eléctricas

«Tenemos que sacar el modelo energético de la disputa política». Con esta frase, y frente al escepticismo de sus rivales, se descolgó el portavoz sectorial del PP, Guillermo Mariscal, en el debate sobre el futuro del modelo energético español que 20minutos y la Fundación Renovables organizaron el lunes en Madrid para analizar las posibles soluciones ante la escalada del precio de la electricidad que las familias han padecido a lo largo del mes de enero. «Este país necesita un pacto como el que se hizo con las pensiones, una mesa en la que discutamos, sin levantarnos, durante tres o cuatro días», insistió Mariscal, que intercambió opiniones, propuestas y reproches con la diputada socialista Pilar Lucio, el representante de Unidos Podemos Josep Vendrell y el diputado de Ciudadanos Vicente Ten.

La propuesta del parlamentario popular no implica someter a revisión todo el sistema de producción y retribución de la electricidad, que se materializa en la factura con la existencia de dos tipos de costes: los fijos, correspondientes a gastos estructurales que suponen el 60-65% en función del contrato; y los variables, que tienen que ver con el precio de la luz y que representan el 35-40% restante.

Así, la primera línea roja del PP es el criticado método de fijación de precios de mercado, conocido como ‘marginalista’ y que implica pagar toda la electricidad que se negocia en un día al precio que marque la tecnología más cara. Ello provoca que centrales amortizadas hace años y con un coste de producción muy bajo, como las nucleares o las hidroeléctricas, estén «sobrerretribuidas», como denunció Pilar Lucio (PSOE): «El precio que se establece es la punta del iceberg de un sistema que no funciona. Tenemos que aprovechar la situación actual para ir al fondo. Sube el precio porque el funcionamiento del mercado no es justo». La solución, según Josep Vendrell (UP), sería reducir el «oligopolio» actual, excluir a determinadas industrias del sistema de fijación de precios y compensar a las empresas productoras de acuerdo a sus costes operativos más un margen de beneficio «razonable». Mariscal, sin embargo, cerró la puerta a esta vía: «El marginalista es el sistema más eficaz. Tan mal no ha ido cuando el año pasado en estas fechas pagábamos el megavatio hora a 34 euros. Esto [el máximo de 91,9 euros alcanzado el 25 de enero] es coyuntural».

El precio de la luz en enero

Euros por Megavatio/Hora (OMIE)

La segunda cuestión sobre la que los de Génova se niegan a discutir son los alrededor de 10.000 millones de euros anuales que suman el déficit de tarifa (la indemnización que el Estado reconoció a las eléctricas por congelar la tarifa de la luz la pasada década) y las primas o ayudas a las empresas que producen mediante energías renovables. Este «lastre», según lo definió Mariscal, tiene que abonarse de una forma u otra hasta el año 2028. «Es el 1% del PIB. Da igual que se saque del término fijo [lo que abarataría la factura de los usuarios] y que se pase al presupuesto del Estado, porque hay que pagarlo igualmente», justificó.

La necesidad de sufragar esta ‘hipoteca’ derivada de las decisiones de los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero es el argumento que los populares esgrimen para mantener el conocido como ‘impuesto al sol’. La eliminación de este peaje al autoconsumo significaría, a juicio del actual Ejecutivo, que el conjunto de los consumidores tendrían que repartirse los costes fijos correspondientes a aquellos clientes que generan su propia energía con paneles solares, pero que no contribuyen al mantenimiento de la red como al resto pese a hacer uso de ella, aunque sea de manera puntual.

La oferta del pacto de Estado de Guillermo Mariscal fue acogida con incredulidad por los portavoces de PSOE y Unidos Podemos, que criticaron que el ministro Álvaro Nadal no hiciese referencia a esta posibilidad durante su comparecencia de la semana pasada sobre la subida de la luz.

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Las claves para una reforma del sistema eléctrico

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

La tormenta que ha sacudido el mercado eléctrico español estas dos últimas semanas ha puesto de nuevo de manifiesto la necesidad de reformar urgentemente el sistema eléctrico como paso imprescindible en el cambio de modelo energético. En octubre de 2015 la Fundación Renovables presentaba a los partidos políticos una hoja de ruta con más de 300 medidas: “La energía como vector de cambio  para una nueva sociedad y una nueva economía”.

La propuesta energética de futuro debe estar basada en la reducción del consumo, en el impulso a la sustitución de las energías convencionales por renovables en todas sus aplicaciones junto con la progresiva electrificación de la demanda y en situar al consumidor en el centro del modelo.

Bajo estas premisas el sector eléctrico y la regulación de su funcionamiento tiene que ser transformada de forma profunda, sobre todo porque ha sido el propio sector eléctrico, con el apoyo de la normativa en vigor, el que en vez de fomentar un desarrollo amplio de la utilización de la electricidad como vector, se ha dedicado a mantener, a través de una estructura oligopolista y cerrada, la imposibilidad de que el consumidor sea parte activa en la cobertura de sus necesidades energéticas.

Valorar y promover la utilización de la electricidad como eje del futuro modelo energético tiene que empezar incluyendo:

  • Una tarifa de electricidad que elimine partidas que se no se correspondan con la cadena de suministro que lo único que consiguen es encarecer un producto básico
  • Configuración de la tarifa separándola en un término fijo y uno variable, donde se reflejen las que si dependen del consumo.
  • Establecimiento de tarifas sociales, a IVA reducido, que permitan disponer de energía más barata para aquellos colectivos vulnerables que no pueden acceder a ella.
  • Objetividad y transparencia en el reparto de costes regulados entre los distintos tipos de consumidores.
  • Establecimiento de costes de generación según tecnologías y funciones de cada una, abandonando el modelo de fijación de precios con carácter marginalista, salvo en aquellas tecnologías para las que el mercado pueda aproximarse a la competencia perfecta.
  • Consideración del autoconsumo como la práctica más eficiente de cobertura de necesidades.
  • Elaboración de una auditoría para analizar los costes del sistema y establecimiento de las medidas necesarias para el restablecimiento de la seguridad jurídica de las inversiones realizadas en el pasado.
  • Elaboración de planes y compromisos para que la electricidad sea generada mediante fuentes de energía renovables, lo que supone un plan de cierre de centrales de carbón, de centrales nucleares.

El desarrollo de medias de carácter técnico en la configuración del mercado y de la tarifa y en los planes de actuación debería ir acompañado de medidas de acompañamiento como:

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Cambio de hora: menos visceralidad y más números

Por Sergio de Otto – Periodista especializado en energía

Cambio de hora

El debate está aquí. Enconado. Cada día más. Levanta más pasiones que un polémico arbitraje en un derbi futbolero. Eso sí, es evidente que gana por goleada la tesis de que es “una solemne tontería”, la expresión más suave entre las que se pueden oír, esa manía, costumbre o capricho para unos, necesidad para nuestras instituciones, de cambiar de hora dos veces al año.

De entrada, uno piensa que los cálculos de ahorro de energía que ha realizado la Unión Europea en documentados estudios y que en España hace el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) no son fruto del capricho de unos funcionarios aburridos y con ganas de incordiar a los ciudadanos. No, con el cambio de hora se ahorra, al menos se ahorraba —esto lo veremos más adelante—, energía y, en principio, todo lo que sea ahorrar energía es positivo. Comenzamos a hacerlo en 1918, hace casi un siglo y por algo será.  Si el IDAE dice que se ahorran 300 millones de euros, un 4% de nuestro consumo eléctrico, yo me lo creo.

Dicho lo cual, vamos con los matices. El primero: no parece lo más adecuado que la decisión del cambio de hora que la Unión Europea renovaba cada cuatro o cinco años tenga ahora carácter indefinido. No es un dogma de fe, no es una verdad absoluta, sino que tiene que ser el resultado de estudios, análisis, muchos datos y una valoración más subjetiva de lo que supone esta alteración de nuestros horarios. Un diagnóstico que debemos revisar, sino cada año, sí cada cierto tiempo porque las costumbres sociales cambian, los usos de la energía también y el peso de los distintos sectores en la estructura económica de nuestra sociedad mucho más.

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