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10 millones de kits fotovoltaicos para 2030 en España

01 de junio de 2021

En numerosos países europeos, como Suiza, Portugal, Francia, Holanda o Bélgica, los ciudadanos tienen derecho a realizar pequeñas instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo, en sus casas, sin necesidad de pedir permiso ni de recurrir a un instalador autorizado. La potencia máxima varía desde los 350 W en Portugal a los 3 kW en Francia y las normas que lo regulan tienen características propias en cada país.

Pero, en España la normativa de autoconsumo es la misma para cualquier instalación menor de  10 Kw; todas requieren una memoria técnica y diferentes trámites, dependiendo de cada ayuntamiento, que saturan a las administraciones y encarecen y obstaculizan su implantación en el país con más sol de Europa.

Proponemos imitar a nuestro vecinos y ajustar la legislación para facilitar, desde todas las administraciones, el   más rápido desarrollo de todas las formas de  autoconsumo que impliquen directamente a la ciudadanía.

Uno de los caminos pasa por facilitar las instalaciones de pequeños kits homologados, de hasta 1.200 W de potencia, con todos los componentes del circuito para ser conectados a una toma de corriente tipo schuko (con toma de tierra) de la casa.

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¿Por qué es tan difícil hacer autoconsumo en España?

24 de mayo de 2021

La semana pasada, después de recibir diferentes muestras de preocupación por parte de personas que habían apostado por el autoconsumo, decidí trasladar a las redes sociales las distintas quejas y mi sorpresa fue que la respuesta, al margen de multitudinaria, incorporaba más elementos de las disfunciones que existen a la hora de llevar a cabo una instalación de autoconsumo.

Estamos hablando de una práctica en la que todos los expertos han puesto el acento, no solo para abaratar el suministro de electricidad, sino para que los consumidores se conviertan en lo que deberían ser: sujetos activos del modelo energético para que este funcione de forma económicamente sostenible, no sobredimensionado, y bajo las normas que requiere la responsabilidad del consumo de un bien escaso y de primera necesidad como es la energía.

El Gobierno de España ha apostado política y mediáticamente por el autoconsumo, pero no lo está trasladando a la práctica real, es decir, como en muchas ocasiones, tenemos buenas ideas, pero no ponemos en marcha la operativa necesaria para que llevarlas a cabo de forma ambiciosa.

Partimos de la base de que en ningún momento estamos pidiendo ni tratos de favor ni ayudas económicas para su desarrollo, sino simplemente exigimos que se eliminen las barreras, muchas de ellas administrativas, existentes para facilitar el autoconsumo como práctica responsable y que su desarrollo no esté en manos de empresas cuyos intereses económicos y de influencia van en sentido contrario.

Todos peleamos por la derogación del Real Decreto 900/2015 en el que se establecía un régimen perverso de persecución soterrada al autoconsumo, incluyendo, como elementos de freno, las incertidumbres sobre el marco del futuro y la negación del autoconsumo compartido o de las baterías. En abril de 2019 se aprobó el Real Decreto 244 que redirigía la consideración del autoconsumo como una práctica abierta y recomendable. Pero allí nos quedamos, no hemos avanzado y ahora estamos enfrentados al desamparo de la realidad burocrática de los ayuntamientos, las distribuidoras, las comercializadoras y al olvido de los compromisos que el MITECO había asumido en su política energética.

A raíz de las reacciones que he ido recibiendo, he querido dejar constancia de las barreras existentes para hacer autoconsumo en España, aunque todos los políticos, estén en el gobierno o en la oposición, reconozcan que estamos hablando de la práctica más recomendable para que la cobertura de nuestras necesidades se lleve a cabo de forma responsable, sostenible y entre todos. Estas son, resumidas, las dificultades:

  1. Para instalaciones de más de 100 kW con excedentes, es necesario pedir punto de conexión a la red. Es una situación anómala porque, en la mayoría de los casos, el consumidor tiene una potencia contratada muy superior para cubrir sus necesidades y, en teoría, el flujo contracorriente de los excedentes debería provocar una liberación en las líneas de suministro.
  2. Las distribuidoras tardan meses en responder. Necesitamos un silencio positivo. Cuando un procedimiento no está reglado y quien tiene que llevarlo a cabo considera que la iniciativa solo le da trabajo y no está remunerada, aunque lo esté con creces de forma directa e indirecta, y que además, cree reduce el negocio del resto de empresas del mismo grupo eléctrico integrado, tenemos claramente un problema difícil de resolver salvo que el tiempo corra a favor del peticionario y eliminemos los conflictos de interés que tienen las distribuidoras con el resto de empresas del grupo eléctrico al que pertenecen. El papel de las empresas de distribución no solo supone un freno a la hora de la concesión de puntos de conexión, sino que son pieza clave en la operativa del autoconsumo compartido o en ganar grados de libertad entre consumidores para el intercambio de electricidad, al ser las encargadas de medir los consumos en los contadores. Nadie niega su capacidad para llevar a cabo estas funciones, pero lo que si está en entredicho es si disponen de la voluntad de ofrecer un servicio esencial y de asumir las correspondientes responsabilidades.
  1. En España, la tramitación de una instalación residencial tarda, de media, 45 días. En Portugal, por poner un ejemplo cercano, menos de 5. Esta realidad viene provocada porque a los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas ni se les han dictado las normas básicas reducidas de actuación administrativa ni se les ha dotado de la capacidad necesaria para responder administrativamente a las tramitaciones existentes.

Las facilidades se producen si consideramos que el autoconsumo solo funciona aguas abajo del contador, perdiendo los excedentes y provocando un diseño minimizado, en caso contrario por muy pequeña que sea la instalación parece que estuviéramos tramitando una central de generación con todas las consecuencias. Administrativamente, no parece que hablemos de kW, sino de MW.

  1. En Portugal, llevar a cabo una instalación de menos de 1,5 kW es tan sencillo como comprar e instalar un electrodoméstico. En España, en cambio, es un calvario tedioso para familias y empresas. Esta realidad nos debería hacer reflexionar sobre por qué comprar un electrodoméstico o instalar un equipo de climatización es tan sencillo y poner una instalación de autoconsumo, con una potencia muy inferior, es un acto industrial. ¿A quiénes se está protegiendo? ¿A quiénes se les están limitando los derechos? Lo que ocurre en Portugal o Alemania es un claro ejemplo de que cuando se quieren desarrollar las iniciativas, puede lograrse solamente quitando las trabas existentes.
  2. Para realizar un autoconsumo colectivo o compartido hay que estar a menos de 500 metros entre los puntos de generación y consumo. El autoconsumo colectivo o compartido es la práctica normal en un país en el que más de dos terceras partes de los ciudadanos vivimos en bloques de pisos y no disponemos de tejados propios en los que podemos habilitar sistemas de generación. Cuando se diseñó el RD 244/2019, el miedo a su proliferación supuso la necesidad de ponerle un límite y no bastaba que este fuera el propio de la evolución del mercado, sino que debía ser artificial para que no creciera en exceso. De esta forma apareció la limitación de los 500 m entre consumo y generación. ¿Por qué 500 m y no 1.000 m o 5.000m? Magnífica pregunta para reconocer la arbitrariedad y aleatoriedad de quiénes desarrollaron la norma.

Siempre hemos defendido que se pague por uso y que cada instalación pague por el uso de la red que existe entre ambos puntos, generación y consumo. Esto va en contra de que los propietarios de las redes cobren en función de una rentabilidad garantizada a la inversión en vez de hacerlo por la energía que transportan y por el servicio que prestan y quizás por aquí se empiezan a entender de nuevo el problema.

  1. A día de hoy, es imposible mantener una relación de intercambio energético entre los consumidores y los productores, porque nadie está dispuesto, políticamente, a que el sector eléctrico integrado pierda su posición de negocio. Este desarrollo, a pesar de estar contenido en los mandatos de la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad, todavía está pendiente de ser transpuesto.
  2. Las instalaciones son consideradas como bienes de lujo aplicándoles un IVA del 21%. Necesitamos un IVA del 10%, al menos, para el sector residencial. Aunque muchas ocasiones a las instalaciones se las considera como una rehabilitación, en la que si la mano de obra supera el 60% del importe total se tiene derecho a un IVA del 10%, la realidad es que se incumplen el resto de los condicionantes que exige la ley con el consiguiente riesgo de revisión a posteriori de la liquidación impositiva. Para un sujeto pasivo de IVA, como somos la inmensa mayoría de los consumidores, disponer del tipo del 10% supondría no solo una reducción de la inversión efectiva, sino también apostar por una actividad que es capaz de generar y adelantar valor al presente desde el futuro. En España, el IVA, como impuesto indirecto en términos generales, solo tiene una función recaudatoria y no se utiliza como elemento de modificación de usos de consumo.
  1. Hace más de dos años que se aprobó el RD 244/2019 y seguimos sin poder compartir los excedentes con nuestros vecinos. El desarrollo de procedimientos administrativos y los cambios necesarios en el Reglamento de Baja Tensión son elementos que deberían favorecer su desarrollo, pero parece que están a expensas del análisis que se está llevando a cabo para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Autoconsumo. Demasiado tiempo para recuperar el retraso que llevamos.
  2. Algunas ciudades y pueblos no disponen de rebajas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la instalación. Otras, en cambio, realizan deducciones para fomentarlas. No se puede poner en duda el esfuerzo que están haciendo la mayoría de los ayuntamientos, pero este esfuerzo no puede ser provocado por el compromiso individual sino que tiene que ser fruto de una modificación del Real Decreto Ley 2/2004 que regula el IBI, incluyendo la reducción con carácter general y habilitando líneas adicionales de compensación económica para que los ayuntamientos cubran lo que dejan de recaudar por la reducción de  los ingresos procedentes del IBI. La realidad es que las Corporaciones Locales van por delante de las Administraciones Autonómica y Central y en compensación y apoyo a estas iniciativas. Se debe hacer un esfuerzo para dotarles de medios técnicos y económicos con el objetivo de mantener e incrementar este apoyo.
  1. No se permite la conexión en media tensión, lo que supondría grandes posibilidades para las instalaciones en polígonos industriales, las comunidades de energías renovables, las instalaciones en el ámbito rural, etc. Las normas de generación deberían ser simétricas con las de consumo. Curiosamente, se facilita todo lo que suponga aportar negocio al sector eléctrico, mientras que se utilizan otros raseros para lo que pueda ir en su decremento por una mayor competencia.
  2. No disponemos de una ventanilla única para centralizar y agilizar los trámites necesarios que, al mismo tiempo, deben ser reducidos. Si el problema del autoconsumo es la dificultad en la tramitación, reduzcámosla y apoyemos iniciativas que carezcan de esta exigencia. Es importante distinguir entre conseguir una autorización para hacer una instalación o legalizar la iniciativa, según los requisitos que la ley establezca. En el primer caso, se trata de aumentar el papeleo y, en el segundo, es comprobar que las normas se han cumplido. En este sentido, la homologación de equipamiento es fundamental.
  3. La oferta de las comercializadoras obedece, en muchos casos, más al interés en la captación de clientes que a la consolidación de prácticas que perduren en el tiempo. La línea de dependencia de las comercializadoras con las medidas de las distribuidoras es de dudosa agilidad y necesitamos que el acceso a los datos de quien tiene nuestro contrato de suministro sea más ágil y menos tedioso. Todas las generalizaciones son erróneas porque ponen en duda las buenas prácticas, pero hay ofertas en el mercado que no responden al fomento de usos responsables o a la realidad económica que no coincide con lo prometido.
  4. Analizando las nuevas tarifas, los consumidores con potencia contratada igual o inferior a 15 kW tendrán la nueva tarifa 2.0 TD, la que, aunque consideramos que supone una mejora, sigue siendo insuficiente e inconclusa. La rentabilidad de una instalación de autoconsumo viene definida por la sustitución de electricidad procedente de la red por la producida por la instalación, por lo que todas las modificaciones en la fijación y en la definición de los precios horarios, suponen un elemento de incertidumbre a la hora de decidir si se realiza la instalación o no.

La realidad es que no tenemos objetivos de potencia instalada de autoconsumo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), algo difícil de entender. La Fundación Renovables incluye en su propuesta de política energética un objetivo del 10% de electricidad generada con autoconsumo, valor factible de alcanzar y que permitiría dar una señal de que disponemos de un sistema abierto y participativo. Lo que no tiene objetivos que cumplir, no existe, y esta es la causa de que el autoconsumo se haya quedado en un mero y vacío deseo político. En la misma línea, seguimos esperando el marco normativo para desarrollar las tan esperadas comunidades ciudadanas de energía, otra de las asignaturas pendientes y que solo fue introducida a modo de concepto en el RDL 23/2020.

El autoconsumo reúne todos los elementos que nos deben hacer cambiar como sociedad desde un modelo centralizado, ineficiente y sobredimensionado a otro basado en la descentralización y en que el consumidor asuma los deberes y derechos que implican un sistema energético sostenible. No desarrollar plenamente el autoconsumo no solo va contra la racionalidad, sino contra el derecho y los grados de libertad que debemos tener para cubrir nuestras necesidades básicas.

Quizás llevamos demasiado tiempo esperando la elaboración de marcos globales, de estrategias de largo plazo y de planes nacionales que nos estamos olvidando del día a día. Seguimos confiando y esperando que la Estrategia Nacional de Autoconsumo que el MITECO publicará a lo largo de este 2021 recoja soluciones prácticas y técnicas a las muchas dificultades expuestas.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

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La última frontera para democratizar la energía: la red de distribución

21 de abril de 2021

Cuando trabajé en proyectos de cooperación en América Latina para la Comisión Europea (CE), siempre decíamos que un proyecto era viable si, una vez se le retiraba la ayuda económica, este continuaba funcionado por sí mismo.

Los Fondos Europeos para la recuperación económica Next Generation UE, tienen un doble objetivo: recuperar la economía, intentando volver a la senda previa del PIB, y transformar el modelo productivo con criterios de sostenibilidad y apostando por un progreso inclusivo. Si solamente apostamos por promover una aportación económica para restablecer el ritmo y la estructura productiva actual, volveremos a cometer los mismos errores  con los diferentes planes de reactivación del año 2008 a 2010, en los que las inversiones se acabaron confundiendo con los gastos.

Necesitamos encontrar palancas de cambio, dentro de las líneas fijadas por la CE, que permitan aprovechar los recursos disponibles bajo criterios de sostenibilidad y que actúen de forma transversal como catalizadores e impulsores de un nuevo modelo más abierto, participativo y flexible.

Bajo mi punto de vista, una de las líneas de actuación transversal más clara es la apuesta por la electrificación de nuestra economía porque permite una mayor eficiencia en la cobertura de nuestras necesidades, la disponibilidad de fuentes de energía renovables, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de partículas, que lleva implícita la utilización de la electricidad como fuente de energía, y porque, como vienen señalando las diferentes Directivas Europeas, es el único vector energético en el que la ciudadanía puede actuar de forma activa y bajo criterios de consumo responsable.

Ahora bien, para que la electricidad pueda ser la palanca que permita el cambio del modelo productivo se tienen que cumplir dos exigencias: reducir el precio del kWh, a través de la transición energética a las renovables y  de la reducción de los costes fijos regulados, y, sobre todo, proceder a una transformación del sistema eléctrico, no solo para su modernización y digitalización, sino para mejorar la facilidad de acceso de los nuevos agentes, entre los que nos encontramos todos los consumidores.

Para cumplir el primer requisito ya se han dado los primeros pasos con la puesta en marcha de subastas competitivas de nueva potencia renovable y con la propuesta de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Estas iniciativas deben tener continuidad reduciendo el resto de las partidas reguladas y eliminando la asimetría de la asignación de los costes fijos, que provoca que el consumidor doméstico asuma una mayor carga económica que el consumidor industrial.

Uno de los elementos fundamentales para poder seguir reduciendo el precio de la electricidad es actuar sobre los costes que las infraestructuras eléctricas introducen dentro de la tarifa, empeño que ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ni ningún gobierno han conseguido llevar a cabo a pesar de los repetidos intentos. En 2019 estos costes fueron de 6.891M€, suponiendo un 38% de los costes regulados o un 22% del total de la tarifa. Estas partidas incluidas en la tarifa han sido calculadas a partir de una retribución de las inversiones con un 7,5% de rentabilidad, valor muy por encima del WACC (de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital) que las diferentes compañías tienen a la hora de financiar sus actividades, sobre todo si se considera que la retribución está exenta de riesgo de mercado, operativo o financiero.

Adecuar y modernizar las redes eléctricas a las necesidades presentes y futuras exige  su adaptación a la digitalización para que cumplan el papel de palanca anteriormente demandado. Este proceso necesitará unas inversiones en torno a los 30.000M€, según diferentes estudios.

El problema no radica en si el sector eléctrico tradicional está dispuesto a invertir, porque obviamente lo está, sino si el proceso de inversión se va a llevar a cabo de acuerdo con la necesidad de apertura y acceso a las infraestructuras para que el autoconsumo, la generación distribuida, la gestión de la demanda, los gestores de carga y las necesarias infraestructuras para la electrificación del transporte se puedan desarrollar, sabiendo que su éxito supone poner en riesgo el negocio de las actividades que el mismo grupo empresarial tiene integradas: la generación y la comercialización.

Por otro lado, las distribuidoras actuales ejercen de Comercializadoras de Referencia y suministran la electricidad a los más de 10 millones de consumidores domésticos que no han querido cambiarse al mercado liberalizado y se mantienen en el regulado con el PVPC y Complementariamente, también tienen a su disposición los puntos en los que existe capacidad de acceso y evacuación de sus propias redes eléctricas, situación que acaba siendo un privilegio para el desarrollo de inversiones en centrales de generación con fuentes renovables y que supone una clara posición de ventaja con respecto a otros inversores.

Por todas estas razones, la Fundación Renovables ha elaborado el informe “Democratizar la energía como proyecto de país. Los Fondos Next Generation EU y las infraestructuras del sistema eléctrico” basado en un propuesta que pretende que la distribución de electricidad, de forma progresiva y empezando por las redes más cercanas al consumidor, sea controlada por el Estado. A través de esta premisa, se reduciría el coste incluido en la tarifa, al disminuir la retribución por tratarse de un bien público, facilitaría que el cambio del mercado regulado de los consumidores domésticos se realice de forma protegida, se avanzaría hacia un acceso universal a la energía y las políticas energéticas de generación en los puntos de consumo y de gestión de la demanda, encontrarían el apoyo que la digitalización de las redes les deben prestar, sin pensar si esta iniciativa incide o no en la cuenta de resultados del resto de filiales del mismo grupo empresarial.

Por otro lado, en este mismo informe, la Fundación Renovables considera conveniente que la función de Operador del Sistema, que hoy tiene Red Eléctrica de España (REE), empresa con un 80% de inversores privados en el accionariado (mayoritariamente internacionales), pase a ser propiedad del Estado, dotándole de los activos que permitan la gestionabilidad del sistema sin que perturben la fijación normalizada de precios en el mercado mayorista, activos entre los que no se incluye la red de transporte.

La pregunta que contestar sería: ¿de dónde deben salir los recursos económicos para llevar esta iniciativa a buen puerto? La respuesta es obvia si atendemos a las premisas que la CE ha establecido para el destino de los Next Generation EU, al ser una línea de actuación para la transformación del sistema productivo y la apuesta por la transición ecológica y la digitalización. Por la idoneidad y la capacidad de transformación contenida en el propio objeto de su creación, el destino de los fondos debería ser vertebrar un sistema eléctrico flexible, abierto para todos los productores y consumidores y, por lo tanto, actuar para que las infraestructuras eléctricas cumplan su cometido y se modernicen para dar el mejor servicio al menor coste.

En España perdimos la consideración de la electricidad como bien de utilidad en la reforma que se llevó a cabo de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 y es el momento idóneo para recuperar esa consideración así como el papel del Estado como inversor en el suministro de un bien de primera necesidad, como es la electricidad, y que va a ser el elemento vertebrador del modelo energético del futuro.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

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Un 2020 a la sombra del hidrógeno

30 de diciembre de 2020

Durante este 2020, y más allá de todo lo relacionado con la crisis sanitaria a causa de la Covid 19, hemos observado como diferentes tecnologías de generación de electricidad basadas en fuentes de energía renovable han competido, en el término amplio de la palabra, por captar la atención mediática, las inversiones, la seguridad regulatoria, las estrategias a futuro y, lo más importante, los fondos de recuperación Next Generation de la UE. Más allá de las tecnologías más maduras y baratas, como la eólica y la solar, que han ido batiendo récord mes tras mes; ha asomado la cabeza un actor más allá de la generación, olfateando el rastro del fondo de la UE y de sus negociaciones, que no esperábamos hasta dentro de unos años, el hidrógeno. Eso sí, multicolor, por mucho que el único capaz de reducir las emisiones, dentro de los objetivos adquiridos por España, sea el hidrógeno verde al ser producido con renovables.

Este nuevo vector energético nos ha hecho obviar los hitos de las energías renovables en nuestro país. Si miramos al sistema eléctrico, el pasado lunes 20 de diciembre a las 14:28 horas, según datos de Red Eléctrica de España, la generación eólica alcanzó los 19.588 MW de potencia instantánea con esta tecnología, lo que supone un aumento del 3,76% respecto al anterior máximo de 18.879 MW, registrado hace poco más de un año, el 12 de diciembre de 2019. Esto se traduce en que el 83% de la demanda registrada en el sistema eléctrico peninsular, en ese determinado momento, se ha cubierto con energía de origen renovable. Una cifra nunca vista, a la cual nos tendremos que ir acostumbrando en nuestro camino al sistema eléctrico 100% renovable.

Sin embargo, el 2020 ha sido el año del hidrógeno, una verdadera fiebre, y todo lo no circunscrito a esta incipiente tecnología ha quedado bajo su alargada sombra. El gobierno de España ha realizado, a través de su “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”, un envite para liderar su investigación, desarrollo y promoción, queriendo convertirnos en un Hub del Hidrógeno. Esta incluye diversos objetivos nacionales de implantación del hidrógeno renovable a 2030, incluyendo 4 GW de potencia instalada de electrolizadores, un mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria deberá ser renovable e implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado. Toda una hazaña, la cual necesitará inversión. Y mucha, sobre todo por parte de aquellos que tenían prácticamente un pie fuera, como es el caso de las compañías de hidrocarburos.

Por ejemplo, Enagás, con 12 proyectos de hidrógeno a desarrollar en el periodo 2021-2023, podría movilizar unos 1.500 millones de euros de inversión; Repsol también ha movido ficha, prevé realizar inversiones por entre 2.200 y 2.900 millones de euros en el periodo 2021-2026 vinculadas a proyectos de la cadena de valor. No solo las petroleras y gasistas se han unido a la fiebre desmesurada del hidrógeno, bien sea para reconvertir la infraestructura de transporte ya sobredimensionada o por dar un valor sostenible a la marca; también alguna que otra gran compañía eléctrica. Este es el caso de Iberdrola, con la proyección de 800 MW de hidrógeno verde y una inversión de 1.800 millones de euros en los próximos siete años. Un negocio muy suculento, con todo el camino por hacer, aunque ya se habían empezado a mover por otro lado.

Como reveló un análisis elaborado por la entidad Corporate Europe Observatory (CEO), el lobby del hidrógeno, cuyos principales actores son las empresas de gas fósil, ha declarado un gasto anual de 58,6 millones de euros para intentar influir en la formulación de políticas de Bruselas. Y vaya si lo consiguieron, pero, además, con los fondos de recuperación Next Generation de la UE de por medio, redoblaron esfuerzos. Estamos hablando, para España, de 66.300 millones de euros en préstamos y 59.000 en ayudas (672 500 millones de euros para toda la UE) que se emitirán periódicamente a través de los proyectos que presenten las Comunidades Autónomas, para impulsar nuestra recuperación que debería estar basada en una transición verde, digital y justa. Sin embargo, la industria del gas, ahora en jaque por el abaratamiento del coste de las baterías de almacenamiento, quiere mantener la puerta abierta en este fondo para proyectos de gas. Así, los líderes de la UE recibieron cartas y diferentes reuniones en sus despachos de más de 50 empresarios de la industria (incluidos BP, Enagas, Fluxys, Total, Repsol, Eurogas, Gasnaturally , IOGP y Gas Infraestructure Europe) para respaldar herramientas políticas ambiciosas y pragmáticas que permitirán la ampliación de todas las opciones de descarbonización que serán necesarias para lograr la neutralidad de carbono para 2050, incluidos los gases naturales y renovables. Por esta razón, tanto el hidrógeno azul (gas) como el verde (agua+renovables) han recibido el visto bueno para recibir dinero del Fondo de Recuperación y Resiliencia, señalados como una salida «limpia» de la crisis. Un traspié que nos puede salir muy caro, sobre todo a los consumidores, es decir, a los que siempre pagamos los errores de las políticas energéticas.

Toda esta fiebre por el hidrógeno ha postergado a otras alternativas ya maduras, desarrolladas y rentables, como es el caso del almacenamiento en baterías, las renovables, la electrificación de los diferentes sectores, la gestión de la demanda y la eficiencia energética. Por si estas razones no fueran suficientes, se echa en falta algo muy significativo, como marcan las Directivas Europeas. Nada menos que el papel activo del ciudadano, siendo el centro sobre el que gire el cambio de modelo energético.

¿Dónde queda la ciudadanía en los planes del hidrógeno? La respuesta es tan sencilla como aterradora, en un tercer plano. Esto choca frontalmente con la idea de desarrollar la capacidad de que el ciudadano pueda producir, consumir, compartir, almacenar y vender electricidad generada a partir de energía renovable, y que participen todo tipo de entidades que estén ubicadas cerca de los proyectos de energía o desarrollen actividades relacionadas con sus respectivos proyectos energéticos. Además, según un reciente estudio, el autoconsumo fotovoltaico en azoteas tiene un potencial abrumador que tenemos que empezar a explotar, ya que los cálculos realizados sitúan el potencial en 8.300 TWh al año. Para hacerse una idea de lo que significa esto, es aproximadamente 1,5 veces la demanda mundial de electricidad residencial de 2015. Este debería de ser uno de los focos principales para los proyectos que opten los fondos de la UE por sus características y beneficios, como ya expusimos desde la Fundación Renovables, entre los que destacan: ser sostenibles, viables a corto plazo, replicables, distribuidos, repercute en la pequeña empresa, inclusivo y favorece a la ciudadanía.

No obstante, no solo se deberían destinar a financiar o incentivar proyectos de autoconsumo, sino todo lo que opere sobre la demanda, renunciando a que el sistema se base exclusivamente en la oferta, y permita su gestión inteligente aumentando la capacidad de energía flexible por parte del ciudadano (agregadores de demanda, contadores inteligentes, domótica, desplazamiento de cargas, almacenamiento, carga del vehículo eléctrico, etc.). Así mismo, no podemos olvidar la aceleración hacia la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de GEI (como el 55% de la UE para 2030), que nos permita no superar la barrera de los 1,5ºC de aumento de temperatura media global antes de 2050. Es necesario potenciar la rehabilitación energética de edificios, la generación distribuida, la movilidad sostenible y descarbonización del transporte, aumentar la eficiencia energética del equipamiento, la digitalización, los planes de desarrollo industrial e I+D+i; para todo ello, el fondo supondría un empujón definitivo para avanzar hacia la consecución de una sociedad más justa, equitativa en oportunidades y sostenible mediambientalmente.

Por tanto, el modelo propuesto que sobredimensiona el hidrógeno sólo profundizará en la dependencia de la importación de fuentes de energía de fuera de las fronteras europeas, ya sea gas fósil en el caso de España, además de acarrear una deuda futura que la pagaremos entre todos. En cambio, tenemos la oportunidad de empezar a generar diversas herramientas, medidas y soluciones fundamentales para que la transición energética sea abanderada por los que deben ser los principales beneficiarios de esta, la propia ciudadanía.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

 

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El autoconsumo colectivo y las barreras que deben superarse para su amplia implementación. Lecciones de nuestro viaje

19 de marzo de 2020

Este artículo explicará las oportunidades y barreras del autoconsumo y, con más detalle, el autoconsumo colectivo. Trataremos de contar nuestra experiencia en el sector y cómo creemos que este problema debería abordarse, ya que ha habido una gran cantidad de revisiones con respecto a todas las regulaciones que afectan el autoconsumo, tanto individual como colectivo.

Dado que el asunto ha sido analizado por otros con más experiencia en temas regulatorios, me gustaría destacar lo que hemos aprendido en nuestro camino en el sector y, al menos, ayudar a otros a no cometer los mismos errores.

Si hemos aprendido algo de nuestros esfuerzos en el mercado, desde el comienzo de Pylon Network en los últimos 3 años, es lo siguiente: los consumidores no se preocupan por la tecnología que utilizan; lo que les importa es su experiencia de usuario (su viaje) al usar un servicio o producto. En otras palabras, conveniencia, simplicidad y servicios personalizados con mínimas interacciones.

En la era de la digitalización del sector energético, los servicios digitales que mejoren la experiencia de todo el «ciclo de vida» del autoconsumo colectivo y cubran las necesidades de los consumidores, pueden desempeñar el papel de catalizador que necesitamos para la implementación a gran escala del autocontrol colectivo.

En base a estas lecciones, destacar algunos temas importantes desde el punto de vista legal y técnico.

Obstáculos técnicos y legales en el autoconsumo

Procedimientos para la legalización de instalaciones

En la etapa de permiso y planificación hay varios cuellos de botella y hemos identificado estos dos como los más importantes:

  • Gran parte del proceso de permisos corresponde a la jurisdicción de las comunidades/municipios. Debido a la novedad de los esquemas colectivos de autoconsumo, muchas regulaciones en este nivel están desactualizadas (o aún por modernizarse), lo que ocasiona inconvenientes y/o costes  adicionales para la instalación. Además, el que difieran de un municipio a otro, agrega complejidad al proceso.
  • Por lo tanto, es necesaria la unificación y modernización de los procedimientos de planificación y permisos. Su digitalización tiene, por supuesto, un papel central que desempeñar. Los gobiernos regionales serían la opción más lógica para organizar y asumir la responsabilidad de la operación de un proceso de permisos digitales unificados.

No se puede poner barreras a la legalización porque  la consecuencia será la no legalización de los proyectos.

Compensación de excedentes en autoconsumo colectivo, inyectado a la red

Desde el 1 de marzo, los prosumidores españoles pueden ser compensados por sus comercializadoras por el exceso de electricidad que inyectan en la red.

Las nuevas tarifas tienen el potencial de crear un océano azul en el sector de la comercialización de electricidad con oportunidades para nuevos modelos de negocio, ofertas personalizadas para los consumidores, mayor competencia y mayor compromiso de los consumidores finales con el mercado energético.

Sin embargo, una gran incognita es si los consumidores podrán comprender los beneficios potenciales en un entorno más complejo que el actual y si estos nuevos modelos y servicios serán suficientes para involucrar y recuperar la confianza de los consumidores finales.

Es importante destacar los cambios que provocará  la introducción de las nuevas tarifas al consumidor, que también afectarán al mercado de autoconsumo y, más específicamente, la compensación, y por lo tanto, el retorno financiero de las instalaciones de autoconsumo.

Coeficientes “dinámicos” VS “estáticos”

Está claro que un coeficiente estático de distribución de energía no es la forma óptima de distribuir la energía producida por una instalación colectiva. En Pylon Network, consideramos necesario integrar un sistema dinámico de distribución de energía que permita que la energía producida se distribuya cada hora a todos los participantes del autoconsumo colectivo. De esta manera, logramos autoconsumir la máxima cantidad de energía posible durante cada hora, aumentando el rendimiento financiero de la instalación y los ahorros logrados por los autoconsumidores (ahorros del 50% en el precio de la energía autoconsumida). En otras palabras, una situación de beneficio mutuo para inversores y consumidores. Además, no temenos que olvidarnos  de las comercializadoras de electricidad, que son libres de unirse a este modelo, y dado que son las que financian y administran la producción entre los clientes asociados, estaríamos hablando de una situación de triple ganancia.

 

¿Quién gestionará el funcionamiento de la instalación colectiva de autoconsumo?

En primer lugar, no es una tarea fácil ya que requiere flujos de energía complejos e interacciones de múltiples agentes, por lo que no hacerlo de manera eficiente puede ser costoso (o incluso no factible).

Utilizar un software o protocolo estandarizado, o un agente neutro, para gestionar todas estas interacciones es clave. Simplificar y optimizar el cálculo de coeficientes estáticos y dinámicos e incluso readaptar todos estos parámetros en función del alta y la baja de nuevos consumidores (CUPS) asociados a una instalación colectiva es algo muy necesario.

Por ejemplo, en Portugal, las regulaciones permiten que un tercero, el gestor de autoconsumo, asuma la responsabilidad operativa de la instalación, actuando como gerente, y siendo el interlocutor central entre los consumidores, las comercializadoras, el dueño o los dueños de la instalación y las distribuidoras. Esto facilitaría la operación a los clientes y ayudaría a las comercializadoras a realizar la liquidación a sus clientes asociados a una instalación colectiva, además de mejorar la interoperabilidad de intercambio de información entre los Sistema de gestión de clientes por Internet (COMS, por sus siglas en inglés) y las distribuidoras.

Sin embargo, en España, este tema sigue abierto y no se han proporcionado especificaciones.

Gerard Bel Piñero – CEO – Pylon Network

 

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Autoconsumo, pilar de la descentralización del sistema

21 de octubre de 2019

El autoconsumo ha llegado, tras muchas batallas, para quedarse en el sistema energético de nuestro país. Una realidad que ha cambiado los paradigmas establecidos hasta ahora al modificar las reglas y jugadores del tablero energético, un juego en el que, hasta la implantación del Real Decreto 244/2019, solo participaban unos pocos. A partir de ahora asistiremos a una diversificación de los agentes del sector energético: tendremos un gran número de pequeñas “centrales” de generación fotovoltaica que estarán gestionadas digitalmente, de manera individual, o bien de manera compartida por un grupo de personas. Este cambio en las reglas del juego nos llevará a un punto disruptivo: el empoderamiento del consumidor y su posicionamiento central en el nuevo modelo energético del siglo XXI, que tiene en el ahorro, la eficiencia y las fuentes renovables sus bases fundamentales.

Sucede además que el coste de producción de energía fotovoltaica ha sufrido una caída del precio de hasta el 80% durante la última década, situándose en 0,027 €/kWh, y seguirá disminuyendo. Si lo comparamos con el precio de generación de energía con combustibles fósiles, no hay discusión, puesto que el rango de coste de estas últimas oscila entre los 0,045 y 0,15 €/kWh, siendo innegable que en el futuro estos costes irán aumentando conforme disminuyan las reservas naturales de petróleo y gas.

Al unificar los puntos de generación con los de consumo, el autoconsumo ha roto por completo con la lógica dominante en el sistema energético actual, sumamente centralizado, en el que la energía se transporta largas distancias entre los puntos de generación y los de consumo, lo que repercute en aproximadamente en un 11% de pérdidas, en 2018 se perdieron 3.147 GWh.

Además de barato y respetuoso con el medio ambiente, el autoconsumo constituye una democratización energética en toda regla, al considerarse como derechos básicos para los ciudadanos la compra, venta, generación y almacenamiento de energía eléctrica, como ya establece la Unión Europea. Esto genera un flujo bidireccional de energía entre los diferentes consumidores y productores de la red, que provoca una diversificación en los agentes del sector energético.

El funcionamiento de un sistema de autoconsumo no es nada complejo, las placas fotovoltaicas transforman los rayos de sol que les llegan en energía eléctrica, que consumiremos en nuestros hogares y oficinas. Gracias a que el precio de la energía que procede de la instalación de autoconsumo es más bajo que el que compramos a la red, conseguimos que la amortización de la inversión se sitúe entre los 6 y los 10 años, a partir de ese momento la energía que consumamos proveniente del autoconsumo nos costará 0 €. Con una instalación de autoconsumo obtenemos un ahorro mensual de entre un 30% y un 60% del precio total de nuestra factura de la luz. Por este motivo, cuanta más energía consumamos procedente de la instalación de autoconsumo antes amortizaremos la inversión y más ahorraremos en la factura de la luz.

Al mismo tiempo, actualmente podemos verter a la red y compensar económicamente los “excedentes energéticos” que tengamos, aunque el precio al cual nos pagan este excedente será menor que el que compramos a nuestra comercializadora. A este sistema se le llama tarifa neta, y como máximo se nos puede compensar la cantidad que hemos consumido de la red. Es decir, como máximo el termino de energía de nuestra factura será 0 €. Por tanto, el “negocio” a nivel individual o grupal no estará en la compensación, sino en el aprovechamiento de la energía que generamos evitando así comprarla a la red. Sin embargo, la venta de energía entre vecinos, a día de hoy, no está regulada.

Para maximizar el consumo de la energía autogenerada tenemos varias opciones. En primer lugar, se puede desplazar nuestro consumo a las horas de generación (las horas de mayor insolación), poniendo o programando los electrodomésticos de mayor consumo como la lavadora o el lavavajillas. Por otro lado, también se puede instalar un sistema de almacenamiento (baterías) dónde acumular la energía generada sobrante para consumirla en las horas nocturnas.

El autoconsumo ha venido para quedarse, pero todavía quedan cosas por limar en la última normativa. El gobierno ha tenido 3 meses para detallar cómo iba a compensar a los autoconsumidores en la factura por la electricidad sobrante que se vertiese a la red. Sin embargo, aún no lo ha hecho, por lo que se le debe alentar a que lo haga cuanto antes. Pero a pesar de este retraso, las organizaciones del sector no creen que esta demora suponga un freno para el desarrollo del autoconsumo. De hecho, UNEF ha estimado que a finales de 2019 se alcancen los 400 MW instalados, frente a los 236 MW que había cuando acabó 2018.

Otro cabo por atar en la regulación, bastante destacable, es la posibilidad del abastecimiento dinámico de varios consumidores de una misma instalación de autoconsumo. A modo explicativo, hoy en día, en una instalación colectiva (aquella que está en un bloque de viviendas), el reparto de energía se lleva a cabo utilizando unos coeficientes fijos, que han sido pactados entre todos, pero que son siempre los mismos, independientemente de las horas del día, los días de la semana o del año. Sin embargo, sería más eficiente hacerlo asignando coeficientes dinámicos a cada participante, minimizando los excedentes a red de forma notable.

De esta manera, en un bloque de, por ejemplo, 4 vecinos que comparten unos paneles fotovoltaicos, si hay dos viviendas que no tienen consumo a unas horas y otras dos que si lo tienen, el total de energía generada lo consumirán entre las dos que la demandan, evitando así que el 50% se vierta a  red, como sucedería en caso de que utilizaran los coeficientes fijos.

Para dar un impulso y fomentar de manera concisa el autoconsumo, como Fundación Renovables hemos exigido, en nuestro último informe, que el actual Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) establezca unos objetivos vinculantes en este sentido. Nuestra propuesta es clara: el autoconsumo debe suponer el 10% del consumo en 2030, 20% en 2040 y 30% en 2050. Entre todos los consumidores, los agentes del mercado y la administración; tenemos un reto ineludible como sociedad, no solo para recuperar el tiempo perdido, sino para poder desarrollar el aprovechamiento de los recursos energéticos a los que tenemos acceso.

Ismael Morales – Departamento de Comunicación de Fundación Renovables

Luis Morales – Responsable de Relaciones institucionales y Comunicación de Fundación Renovables

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El autoconsumo nos hará cambiar muchos hábitos, para bien.

06 de agosto de 2019

Todos tenemos metido en la cabeza algunos hábitos relacionados con el mejor momento para usar algunos equipos en nuestras casas en función de las tarifas empleadas: el lavavajillas, los acumuladores eléctricos y los equipos que consumen mucha energía, mejor por la noche y aprovechamos la tarifa nocturna. Tiene su sentido en el modelo actual. La producción energética que se realiza por la noche, dado que no pueden desconectarse algunas energías como la nuclear, eólica nocturna,.. no tiene una demanda de consumo igual que durante el día. La industria y la actividad en general demanda más por el día. Hay más oferta que demanda por la noche y se abarata el precio para facilitar su consumo. Por eso, por ejemplo, es muy adecuado apostar por el transporte ferroviario electrificado de mercancías por la noche.

Pero esto era y es así cuando producen otros y respondemos a la ley de oferta y demanda. Ahora empieza a ser distinto. Ahora yo paso de ser “solamente” cliente del mercado eléctrico a formar parte del sistema energético. Suena mejor y lo es.

El denominado autoconsumo, que por fin ha sido, no solamente permitido, sino que comienza a ser promovido y apoyado claramente por la administración española, significa un proceso de democratización de la energía. Yo puedo comprar y producir, el proceso es bidireccional. Y puedo producir para mi consumo, para vender o para las dos situaciones. Es similar a si tuviese un huerto en casa, podría usarlo para mi propio consumo, para vender mis productos y las dos cosas a la vez; nadie entendería que estuviese prohibido y que fuese obligatorio comprar solamente en grandes superficies.

La tecnología nos está dando buenas noticias y seguro que seguirá igual. Los paneles fotovoltaicos son cada vez más eficientes y mucho más baratos, los sistemas de acumulación son igualmente mejores y más asequibles, otras formas de reducir energía de forma limpia se están incorporando: geotermia, mini eólica, etc. El futuro nos indica que además podremos producir energía con nuestros coches eléctricos, no solo consumen, sino que producen y recargan electricidad aprovechando el movimiento, son acumuladores energéticos. El mundo cambia, yo ya podré comprar, producir y acumular de forma eficiente y asequible cada vez más. Y por consiguiente, mis hábitos de vida cambiarán.

El precio al que yo pueda “colocar” la energía que genero con mis sistemas de autoconsumo siempre será inferior al precio que pagaré por comprar energía a un suministrador, aunque sea solamente por el coste o el pago por la gestión de la red. Dicho de otra forma, el “negocio” a nivel particular no estará en la venta sino en el aprovechamiento eficaz de la energía que generamos y en al ahorro energético de la no necesitemos. Esto suena además bien para el planeta: eficiencia, ahorro energético y auto producción.

En el plano práctico, varios ejemplos.

Cambiaremos nuestros horarios de poner la lavadora, lavavajillas y similares de la noche a los momentos de máxima insolación, es decir pasaremos a ponerlo o programarlo entre las 12 y las 17 horas. Mejor consumir nuestra energía que comprarla.

En breve, cuando vayamos con nuestro vehículo eléctrico a una gran superficie, un centro público o un parking, podremos lógicamente cargar estos coches usando para ello cargadores que usarán la energía solar (en La Granja de San Ildefonso, por ejemplo, ya se puede hacer), pero también podremos en breve “vender” la energía que hemos generado al conducir en esos mismos cargadores.

Y finalmente, algo que ya está haciendo en Madrid y Barcelona, que es el aprovechar las plazas de aparcamiento de comunidades de vecinos, empresas, hoteles, parking en las hora en las que los propietarios no ocupan sus plazas para cargar los vehículos de carsharing que se mueven por la ciudad.

Se trata de optimizar recursos, coordinar y cooperar. Gracias a la energía, vienen buenos tiempos.

 

Por Miguel Aguado – Director de B Leaf y divulgador ambiental "

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Desatando el potencial de la energía comunitaria: las “comunidades de energía renovable”

12 de abril de 2019

La transición energética ya está en marcha en España, y queremos que la ciudadanía, las autoridades locales y los colectivos ciudadanos se sitúen a la cabeza para producir y controlar su propia energía renovable, y fomentar la transición hacia un sistema más equitativo, democrático y descentralizado.

Durante décadas, las reglas del mercado han sido diseñadas a la medida de las grandes empresas energéticas, y términos como “autoabastecimiento” y “cooperativa de energía” han estado desubicados en el panorama político. Pero tras haber luchado contra viento y marea para salir a flote, estas iniciativas pioneras basadas en poner la energía en manos de las personas han sido finalmente reconocidas por la legislación europea. El nuevo paradigma ya está aquí: pasamos de ser meros consumidores a participar activamente en el sistema.

Y es que ahora, las comunidades y las personas tenemos el derecho a generar, consumir, gestionar y vender nuestra propia energía. Así lo especifica la nueva normativa europea. Pero ahora viene lo más difícil: empezar a aplicar dichos derechos y, por ello, es crucial que el próximo Gobierno transponga cuanto antes -y en su totalidad- los artículos aprobados en la nueva Directiva de Energía Renovable (REDII). Habrá que volver a revisar y armonizar la legislación existente para ponerla en consonancia con la nueva Directiva. En nuestra opinión, estos deben ser los principales beneficiarios.

Las “comunidades de energía renovable”

España va a tener que definir qué entidades o formas legales específicas pueden ser consideradas como tales ateniéndose siempre a la definición presente en la REDII y, de acuerdo con la misma, habría que tener a bien tres condiciones:

(a) deben estar basadas en una participación abierta y voluntaria, ser autónomas y estar controladas de manera efectiva por los y las participantes ubicados en las proximidades de los proyectos de energía renovable que desarrollan estas entidades legales;

(b) deben ser personas físicas, pymes o autoridades locales, incluyendo a los ayuntamientos;

(c) se deben evitar los fines lucrativos. Es decir, su principal propósito debe consistir en ofrecer beneficios medioambientales y socioeconómicos a sus co-participantes o a los territorios donde se realicen los proyectos.

Además de tener garantizado su derecho a generar, consumir, gestionar y vender energía renovable, las iniciativas deben poder acceder a unos mercados adecuados, ya sea de forma individual o mediante agregación.

Dentro de la propia comunidad energética, cualquier persona debe tener el derecho a participar sin condiciones discriminatorias, se deben respetar sus derechos como consumidor y se le debe ofrecer toda la información disponible en todo momento, especialmente en el caso de que se desarrolle un sistema de ayudas públicas.

Los hogares

La nueva Directiva ofrece a las personas que viven en inmuebles el derecho a crear colectivamente proyectos de energías renovables. La legislación debería contemplar medidas que se ajusten a las necesidades de las personas (propietarias o inquilinas) que viven en apartamentos, teniendo en cuenta cosas como la falta de acceso a tejado o las instalaciones compartidas por varios hogares. Si tenemos en cuenta que más del 65% de la ciudadanía española vive en apartamentos, el potencial para generar y compartir electricidad entre viviendas es enorme.

En este sentido, Fundación Renovables y Amigos de la Tierra, junto a otras organizaciones de la Alianza por el Autoconsumo, critican que, si bien el nuevo Real Decreto de Autoconsumo permite realizar instalaciones compartida de autoconsumo en bloques de viviendas, el documento hace una apuesta por un reparto estático que impide intercambiar los excedentes de la producción entre las mismas.

Finalmente, están las autoridades locales, entidades que pueden influir significativamente en el desarrollo de una energía de propiedad y gestión comunitarias. No solo tienen a su entera disposición una palanca legal para apoyar nuevos modelos empresariales en torno a la gestión y control comunitario de la energía renovable, si no que además pueden, por derecho, participar como partes interesadas en las comunidades de energía renovable. Huelga decir que como ciudadano de a pie, ver a mi ayuntamiento implicado en un proyecto de estas características me generaría confianza a la par que ganas de participar.

Desde la administración local se pueden crear nuevas herramientas para favorecer los proyectos de energía comunitaria, asignando partidas presupuestarias específicas para ello, así como planes enfocados a la descarbonización que sirvan para apuntalar el florecimiento de este tipo de proyectos.

En el cuaderno “Desatando el potencial de la energía comunitaria renovable” que publicó Amigos de la Tierra, Greenpeace, Energy Cities y RESCoop.eu hace unas semanas, podemos encontrar ejemplos concretos de iniciativas pioneras y diversas buenas prácticas que ya se están dando a lo largo y ancho de Europa. Os invitamos a ampliar vuestro conocimiento sobre “energía comunitaria renovable” en este enlace.

Héctor de Prado – socio protector de la Fundación Renovables, y responsable del área de clima y energía de la asociación Amigos de la Tierra

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¿Cómo (y con quién) instalar autoconsumo solar en mi casa?

12 de diciembre de 2018

Las cuentas del autoconsumo llevan mucho tiempo saliendoles a hogares y empresas pero ahora, además, nos encontramos con el viento de cola que nos proporciona un Ministerio de Transición Ecológica que (como su nombre indica) se lo cree, y que apuesta sin ambages por esta forma de dotarse de energía. Ahora es el momento, pero ¿qué preguntas debo hacerme?

¿Es para mí?

Lo primero que necesitas es espacio soleado disponible ya sea en el tejado o en el suelo. Es obvio, ¿verdad? La instalación habitual de un residencial pueden ser 6 placas que ocuparían una superficie aproximada de 15 metros cuadrados. Lógicamente lo suyo es que la casa o el terreno sean de tu propiedad, sí, porque ser inquilino, como es mi caso, es lo que más puede alejarte del placer del autoconsumo.

¿Lo voy a amortizar?

Todos los modelos apuntan a que en la mayoría de los casos la instalación se amortiza (entre 6 y 8 años) y, además, hay que tener en cuenta que la instalación tiene una garantía de 20 años y puede llegar a una vida útil de hasta 40. El plazo de amortización depende mucho de nuestro gasto en luz, la orientación de nuestro tejado y los precios de la energía. Este tercer factor es externo pero es fácil imaginar que irán al alza en los próximos años. No me quedo a gusto sin añadir un desahogo tan populista como cierto: ¡Todo va al alza en este país menos los sueldos de los currantes medios!

En cualquier caso para hacerte una idea aproximada de cuánto te costaría y de los plazos de amortización algunas empresas han puesto en marcha calculadoras de autoconsumo solar. Esta herramienta, por ejemplo, permite hacer un cálculo aproximado en menos de un minuto y  cuatro sencillos pasos (ubicación, orientación del tejado, gasto en luz y hábitos de consumo). Además, en 48 horas recibes en tu correo un estudio detallado gratuito que te ayuda a tomar la decisión de si por fin ha llegado el momento de sacarle partido al Lorenzo.

¿Cuánto se tarda en instalar?

Si las cuentas te salen, el resto del proceso es sencillo y la instalación puede llevarse a cabo en un periodo de entre 2 y 3 días.

Ya tengo mis flamantes placas solares. ¿Qué mantenimiento necesitan?

Los paneles solares apenas requieren mantenimiento aparte de una limpieza muy, muy de vez en cuando (por ejemplo, cuando pasan meses sin llover) por lo que las herramientas que necesitas son una camiseta antigua de Talleres Martínez o de algún grupo de música por el que te sientas traicionado y un spray con agua (no tiren de productos “Cristalsol” y tampoco del socorrido “Cyllit Bang”). Además, por lo que me cuentan expertos reputados del sector, las placas son mucho más agradecidas que los cristales para limpiarlas y no acaba uno odiándolas como ocurre con las cristaleras.

¿Qué ocurre con la energía que me sobra?

La energía que te sobra va a parar a la red y no te aporta, de momento, beneficio pero tampoco perjuicio. Tómatelo con filosofía porque en España no se contempla, insisto, de momento, implantar sistemas con balance neto aunque sí se ha abierto la puerta a la “facturación neta” como señalaba el director general del IDAE Joan Herrera en una entrevista reciente.

¿Y si vivo en una comunidad de vecinos?

En España más del 60% de las personas vivimos en bloques de viviendas pero por desgracia la normativa parece que sigue sin facilitar el autoconsumo compartido y se queda como un derecho reconocido no desarrollado. Hay que pedir al Legislativo y al Ejecutivo que trabajen en esa dirección. Lo que sí parece más factible a día de hoy es instalar placas solares para las zonas comunes, ascensores, jardines, piscinas… etc. Unos 40 metros cuadrados pueden ser suficientes para cubrir las necesidades energéticas de una comunidad de tamaño medio.

Por último, ¿a quién llamo para instalar placas solares?

Hace unas semanas escribía sobre “el gustazo de pasarse a la energía verde” y aquí voy a utilizar similares argumentos. Las grandes eléctricas de nuestro país han conseguido demorar la llegada del autoconsumo entre 3 y 5 años con la complicidad de los ejecutivos anteriores. ¿De dónde saco esta cifra? Viendo el boom que la fotovoltaica ha tenido en países nada soleados de nuestro entorno estos últimos años no creo que vaya muy desencaminado. Por tanto, aunque ahora estas compañías plaguen el prime time televisivo de familias felices haciendo malabares con placas solares en medio de un frondoso bosque, mi recomendación sería apostar por empresas medianas que llevan años fomentando las renovables como las que aúna el portal  “Reduce tus emisiones” presentado esta semana por Triodos Bank. Y es que ha llegado el momento de plantearse seriamente dar el paso… ¿autoconsumimos con renovables?

Bonus track. ¿Qué ocurre si me divorcio?

En estos casos se recomienda que uno de los cónyuges se quede toda la instalación de autoconsumo pero también se pueden partir peras y repartir tres paneles solares para cada uno.

Por Iván de Otto – consultor en SdeO Comunicación y socio de FR

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Tras el impuesto al sol, llega el Impuesto a la libre competencia energética

26 de noviembre de 2018

Si creías que el “impuesto” al sol era el tributo más disparatado del sector energético, te equivocabas. Y no me refiero al hecho de que el “impuesto al sol” no fuera uno, sino dos; ni a que no era un impuesto, sino un cargo; o que no era al sol, sino a cualquier forma de generación renovable.

De lo que quiero hablar hoy es de un absurdo tributario que existe en España, atribuible a la pereza si pensamos bien o a la conveniencia si pensamos mal, que lastra la libre competencia en el sector energético y que sirve para apuntalar la posición dominante de las empresas incumbentes. Hablamos del “Impuesto de Actividades Económicas” (IAE) en su aplicación a las comercializadoras de electricidad y gas.

Este impuesto fue creado en 1990, cuando sólo existían en el sector eléctrico la generación, la distribución y el transporte. En 1997 la relación con el cliente se desglosa en física (distribuidora) y virtual (comercializadora), pero nadie se acuerda de crear en la normativa de Actividades Económicas un epígrafe específico para esa nueva actividad conocida como “comercialización”. Ante la falta de regulación, se comienza requiriendo a las comercializadoras que paguen el impuesto en el municipio donde tengan oficinas.

No obstante, con la crisis económica, los Ayuntamientos comenzaron a realizar “fiscalidad innovadora” para incrementar la recaudación. Dentro de esa innovación fiscal se incluyó cobrar a los operadores virtuales de energía y telefonía una tasa de ocupación del suelo por el uso de las redes, a pesar de que éstas pertenecen a la distribuidora, consistente en el 1,5% de los ingresos obtenidos por su actividad en el municipio. El Tribunal de Justicia de la UE anuló la aplicación de la tasa en telefonía, mientras que en energía los tribunales nacionales han dado la razón a los Ayuntamientos y el asunto no ha llegado aún a Europa.

Espoleados por esta victoria fiscal (provisional) en materia energética, el siguiente paso de los Ayuntamientos ha sido aplicar un impuesto a la libre competencia. Partiendo de la idea de que se puede cobrar a la comercializadora por usar una línea que ocupa el espacio público, aunque no sea suya, ¿por qué no considerar que, al usar esa red, es como si tuvieran establecimiento permanente en el municipio y que deben pagar también el “Impuesto de Actividades Económicas”?

Sólo con una mayor competencia será posible la normalización de precios en el mercado eléctrico español. Y para ello, es urgente incluir un epígrafe nacional del IAE a la comercialización que dependa de los MWh comercializados.

Una vez decidido que las comercializadoras tienen que pagar, y contra el criterio del comité de Expertos del Gobierno central y de la propia CNMC, los técnicos municipales se pusieron a buscar entre los diferentes epígrafes del IAE alguno para aplicar a las comercializadoras, y al no encontrarlo, decidieron tirar de cajón de sastre e inscribir a las comercializadoras en distintos epígrafes genéricos: 619.9 (Comercio mayorista de otros productos), 659.9 (Comercio minorista de otros productos), 663.9 (Comercio al por menor de mercancías sin establecimiento), 999 (otros servicios).

Y aquí está justamente el problema: todos los epígrafes que están utilizando los Ayuntamientos incluyen tipos impositivos que no dependen de la capacidad económica del sujeto, ni de los MWh vendidos, ni están pensados para servicios prestados en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el epígrafe 619 establece un pago fijo de 664,35 EUR, que puede tener sentido para quien tiene un comercio únicamente en ese municipio con una clientela determinada, pero resulta una tropelía si se aplica a una compañía que presta virtualmente servicios por todo el territorio, y que puede tener únicamente un cliente en el municipio. Si consideramos un margen medio de comercialización de 30 €/cliente/año en el sector eléctrico, hablamos de que para poder cubrir el coste del impuesto en un municipio se necesitan 17 clientes (y si se quieren cubrir el resto de costes, muchos más). No hay que olvidar que en España hay 7.373 municipios de menos de 10.000 habitantes, de los 8.124 totales. Para colmo, si se tienen 9.999 clientes en ese municipio, también se paga 664,35 €, igual que la comercializadora que tenga un solo cliente.

Si el “Impuesto a la libre competencia” (IAE) les impide poder ejercer su actividad económica, esto hace más difícil y caro poder contratar comercializadoras renovables para el cliente final.

Y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver toda esta maraña fiscal con las renovables? Por desgracia, mucho. Las comercializadoras tradicionales comercializan energía contaminante (carbón, gas natural, nuclear, fuel) mientras que muchas de las comercializadoras emergentes son 100% renovables. Si el “Impuesto a la libre competencia” (IAE) les impide poder ejercer su actividad económica, esto hace más difícil y caro poder contratar comercializadoras renovables para el cliente final.

Y no sólo eso. Los precios altos del pool en España no se explican únicamente por factores externos como el precio de referencia del gas (TTF) o de los derechos de emisiones de CO2 europeos (EUAs), sino sobre todo por una clara falta de competencia, pues el 91% de los clientes aún tienen una de las 5 comercializadoras tradicionales y el 70% desconoce qué suministro tiene contratado. Sólo con una mayor competencia será posible la normalización de precios en el mercado eléctrico español. Y para ello, es urgente incluir un epígrafe nacional del IAE a la comercialización que dependa de los MWh comercializados. No para recaudar menos, sino para que cada cual pague en función de lo que vende (MWh) y no de en los municipios distintos a los que vende.

Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables

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