Energía. Entre la inseguridad jurídica y la levedad política

Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía

Álvaro Nadal, ministro de Energía, durante un acto público.

Cuando allá por el año 2009 el Gobierno por entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero refirmaba su intención de no prorrogar la vida de la central nuclear de Garoña a la finalización de su vida útil de diseño de cuarenta años, el Partido Popular puso en marcha una intensa campaña político-mediática con la intención explícita de desacreditar, por ideológica y fuera de razón, una decisión que había estado presente en el amplísimo debate abierto en torno a la Ley de Economía Sostenible y que igualmente venía formando parte de la propuesta energética de los socialistas expresada en sus resoluciones congresuales y programas electorales.

Manifestaban los entonces portavoces en la oposición, con Mariano Rajoy al frente y el hoy ministro de energía como fiel escudero en el empeño, que era poco menos que una insensatez impropia de un Gobierno democrático la intervención política en un espacio, el de la energía, que debía dejarse mecer única y exclusivamente por las reglas del mercado. Y que cualquier intromisión del Ejecutivo con visos de planificación en el sector, implicaba poco menos que el retorno a los modos de hacer de la Rusia Soviética.

Argumentaba también la brigada energética popular lo inconveniente de prescindir de una energía barata, limpia y segura –la nuclear- frente a la irresponsable apuesta socialista por unas energías renovables a las que se demonizaba como únicas culpables del llamado déficit de tarifa (el déficit que tan buen rendimiento ha dado como coartada para guillotinar la transición energética en nuestro país). Y como ejemplo de país serio, económicamente solvente y energéticamente estable, se enarbolaba el estandarte alemán de Angela Merkel.

Aquel discurso entraba como filo en mantequilla, apoyado sobre la unánime apelación empresarial al sentido común, junto con una densa profusión de literatura económica a caballo entre las páginas salmón y las columnas editoriales de la prensa sensata. Cierto es que aún no se había movido el suelo de Fukushima, ni Alemania había tomado la decisión irrevocable de adelantar el calendario de cierre de todo su parque nuclear.

Desde entonces han ocurrido algunas cosas en nuestro país. Entre otras nada menos que toda una legislatura de Rajoy al mando del Consejo de Ministros y al lomo de la mayoría absoluta. Pero el tiempo pasó, y de Garoña no hubo nada. Bueno, algo sí; los propietarios de la planta decidieron que, a la vista de los números renunciaban a su reapertura y a una prórroga que el ministro Nadal había ido cocinando para servirla como plato de sesenta años.

Pues finalmente parecía ser el mercado quien tomaba la decisión. El Presidente y su ministro podrían dormir tranquilos en la seguridad de que ninguna intromisión de políticos contaminados por prejuicios ideológicos alteraría el normal discurrir de las cosas.

Y dijo Nadal: “No podemos permitir que sean las empresas quienes tomen las decisiones en un ámbito, el de la energía, cuya planificación corresponde en exclusiva al Gobierno”. ¡Qué raro! ¿No?

 

 

 

 

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