Pobreza energética, una lacra vergonzante en un sistema injusto

Por Sergio de Otto – Periodista especializado en energía

Hoy, lunes 17 de noviembre, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Energética, un problema ignorado hasta hace pocos años pero que ha aflorado especialmente en nuestro país como un síntoma más del insostenible, en tantos aspectos, y también en el social, sistema energético. Hablamos hoy de pobreza energética porque durante los años de la recesión (de esa crisis de la que no hemos salido las personas pese a las cifras macroeconómicas) la necesidad básica que se ha convertido en más inaccesible para millones de hogares en los que se han reducido los ingresos ha sido el acceso a la energía, especialmente al suministro eléctrico.

Efectivamente, en estos casi dos lustros de descenso de la renta de los hogares lo que más subido ha sido el recibo de la luz, muy por encima del coste de la vivienda o la alimentación, entre otras necesidades básicas. Además de este frío, pero tan real, análisis estadístico de evolución de costes e ingresos hay otras muchas causas que nos permiten hablar específicamente de pobreza energética. La principal es, sin duda, la ineficiencia energética de nuestro parque de viviendas en las que la ausencia de las mínimas condiciones de aislamiento son uno más de los efectos de décadas y décadas de construcción ignorando los criterios ambientales.

En el documento de la Fundación Renovables, “Ciudades con futuro”, se afirma que “del parque de viviendas existente en España (26 millones) el 60% al menos no se realizó bajo normas de construcción y de diseño acordes con planteamientos de racionalidad energética y de actuación en relación al clima, sino más bien bajo la ausencia de criterios de minimización de pérdidas motivados por mala construcción/diseño (selección de materiales, cerramientos acristalados mal orientados y de tamaño no lógico, aislantes insuficientes, puentes térmicos…)”. Unas condiciones que afectan especialmente a los más vulnerables, familias en paro, ancianos que viven solos, etcétera.

Los datos que viene ofreciendo -con un gran esfuerzo digno de elogio- en sus estudios la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) sobre la pobreza energética son escalofriantes. Más de cinco millones de ciudadanos no pueden calentar adecuadamente sus hogares en invierno; en 2014 la mortalidad adicional de invierno promedio en España fue de 24.000 muertes por lo que más de 7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza energética, mientras que 4.000 personas murieron al año en accidentes de tráfico en el periodo 1996 – 2014.

Pero este gravísimo problema de nuestra sociedad tiene otro enfoque. Mientras que, según el estudio de ACA, “dos millones seiscientos mil ciudadanos (6,9% de la población) dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas” las cinco grandes compañías eléctricas han mantenido sus insólitos beneficios en torno a los seis mil millones de euros anuales, con un margen que dobla el de sus colegas europeos. Una ofensa que se agranda con la existencia de un ineficaz, injusto y obsoleto bono social.

Este infame desequilibrio ha llevado a la Fundación Renovables a situar la respuesta a la pobreza energética como una de las prioridades en sus propuestas de política energética plasmadas en el documento “La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía”. Es el primero de los Planes de Actuación que propone y que parte de las siguientes premisas:

• La pobreza energética es la prueba más clara de que el modelo energético actual no funciona.
• Estamos hablando de un bien de primera necesidad cuya disponibilidad debe estar por encima del poder adquisitivo de las personas.
• El sistema actual no solo no ha sabido combatir los efectos de la llegada de la crisis económica y de la reducción de ingresos de la mayoría de los hogares españoles, sino que ha acentuado las consecuencias de la misma.

Por ello desde la Fundación Renovables se plantean las siguientes medidas que cobran hoy, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Energética, todo su sentido:

• Disponibilidad de tarifas sociales que se adapten en función del nivel de renta y de las características específicas familiares, tarifas que deben ser reguladas al margen de que se vaya a un proceso de liberalización del suministro energético. Las tarifas deben ser transparentes, incluyendo todos los costes. El derecho a tarifa social debe regularse por ley como el derecho a ser compensado por los costes energéticos que se establezcan en cada caso.

• Priorización de inversiones públicas en autoconsumo en las viviendas de protección oficial. En lugar de subvencionar la tarifa eléctrica, el autoconsumo permite la disponibilidad de energía prácticamente de por vida, lo que supone una solución definitiva a la lacra de la pobreza energética.

• Puesta en marcha de un plan de rehabilitación de viviendas que mejore las condiciones de las instalaciones actuales. Hoy en día el 53% de los edificios carece de aislamiento térmico y más de 1,3 millones de hogares requieren actuaciones de urgencia, lo que supone que las pérdidas de energía, al margen de las malas condiciones de habitabilidad y de confort, incrementen la factura energética y agraven el problema de la pobreza energética.

La erradicación de la pobreza energética debe ser una prioridad de cualquier política energética, pero para ello debemos asumir el planteamiento de la Fundación Renovables que da título a este blog: la energía es un derecho, como la educación, como la sanidad, como tantas otras necesidades. La energía no puede ser regulada solo pensando en el rating de las grandes corporaciones pseudo-españolas como se ha hecho en este país, poniendo en una intolerable situación a una buena parte de la sociedad, una lacra que debería avergonzarnos como país.

• Imagen: Flickr/David Santaolalla

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