La lucha contra la nueva enfermedad Covid-19 ha forzado a tomar medidas drásticas, en España y en muchos otros países, para tratar de ralentizar su expansión y minimizar su impacto en la salud pública, medidas que, a su vez, no han podido evitar generar un importante problema económico.

Ante la gravedad sanitaria de la pandemia, todos hemos tenido que aceptar, con mayor o menor resignación y con un grado variable de sufrimiento, las medidas de confinamiento, pese a que éstas han limitado significativamente nuestra libertad de movimiento y de reunión y han perjudicado la actividad de muchos sectores económicos.

La aceptación de todas estas limitaciones y perjuicios ha sido posible porque, en primer lugar, nuestra salud estaba en peligro y, en segundo lugar, porque las medidas adoptadas por los gobiernos estaban basadas en criterios científicos, como han reiterado los responsables políticos de la inmensa mayoría de los países. La canciller de Alemania, Angela Merkel, uno de los países que ha manejado de forma más eficaz la crisis del coronavirus, ha sido alabada internacionalmente por el rigor científico de su política frente a la pandemia.

En España, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha repetido hasta la saciedad que la declaración del estado de alarma está basada en argumentos científicos. Así, por ejemplo, dijo: «Superaremos esta emergencia amparándonos en el consejo de la ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado» (Declaración institucional del presidente del Gobierno anunciando el Estado de Alarma en la crisis del coronavirus, La Moncloa, 13 de marzo de 2020).

O también: «La decisión política la tomo yo, el mando único, las autoridades delegadas, pero las tomamos en base a criterios de la ciencia, de los expertos y no a criterios políticos, no a criterios de otra índole, a criterios de la ciencia. (….)”(Conferencia de prensa del presidente del Gobierno tras la reunión de la Conferencia de presidentes autonómicos. 12 de abril de 2020).

Es decir, los gobiernos sensatos, basándose en la ciencia, han tomado de forma rápida medidas de gran calado en aras de nuestra salud. En ese caso ¿por qué no hacen lo mismo para hacer frente a la emergencia climática?

El cambio climático sigue siendo el principal riesgo para el planeta y para la Humanidad, tanto en términos de salud como económicos, como lo era antes de la irrupción del coronavirus y lo será después de que hayamos superado la pandemia.

Imagen cedida por cortesía de John Farmer, publicada originalmente en The Mercury (Tasmania, Australia)

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC, en sus siglas inglesas), el organismo científico de referencia y autoridad internacionalmente aceptada sobre esta materia lleva años advirtiendo de la catástrofe que nos espera si no tomamos, de forma decida y con urgencia, medidas al respecto. Ya en 2018, presentó un informe, y no ha sido el último, en el que se concluía que para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC se requerirían “cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”, en nuestros sistemas energéticos, modelos industriales, agrícola-ganaderos y de transporte, planificación de las ciudades, etc.

No acotar el calentamiento por debajo del límite de 1,5 ºC (tal y como fijó como objetivo más ambicioso el Acuerdo de París) intensificaría los impactos climáticos: olas de calor, deshielos, subida del nivel del mar y otros fenómenos climáticos extremos. Al ritmo actual, si no se actúa drásticamente, ese límite podría llegar a alcanzarse incluso en el 2030. El planeta ya sufre un calentamiento de 1,1 °C y ello ya ha provocado efectos devastadores en diferentes partes del planeta.

En la misma línea, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero deberían bajar un 7,6% cada año, entre 2020 y 2030, para que la humanidad estuviera en camino de contener el aumento de las temperaturas en 1,5°C. Es decir, los países deben aumentar su ambición climática más de cinco veces respecto a sus esfuerzos actuales, para alcanzar la meta de los 1,5 ºC.

Dice el PNUMA: “Los gobiernos no pueden darse el lujo de esperar. Las personas y las familias no pueden darse el lujo de esperar. Las economías deben tomar el camino de la descarbonización ahora. Todavía tenemos la oportunidad de frenar el calentamiento global en 1,5 °C. De acuerdo con los científicos, este nivel de calentamiento es el que está asociado a los efectos menos devastadores. Cada fracción de calentamiento adicional a 1,5 °C resultará en impactos cada vez más severos y costosos.”

La pandemia provocada por el coronavirus ha generado una crisis sanitaria dentro de otra crisis también de carácter global, la climática, que también pone en riesgo nuestra supervivencia además de, lo que es aún más grave, la de cientos de miles de otras especies animales y vegetales en todo el planeta.

Pero, a diferencia del Covid-19, los científicos y técnicos hace años que nos han proporcionado la “vacuna” para hacer frente a la emergencia climática en todos los campos de nuestra actividad económica (eficiencia energética, energías renovables, tecnologías y sistemas de movilidad sostenible, agricultura ecológica, etc.). Lo único que hace falta es tener voluntad política para, fundamentándose en la ciencia, adoptar medidas urgentes y de gran alcance ante la crisis climática.

Estamos en un momento crucial. Ahora, al tiempo que vamos saliendo de la crisis sanitaria, tenemos que poner en marcha medidas de recuperación económica basadas en criterios que nos permitan hacer frente, de forma eficaz y justa a la vez, a esta crisis y a la climática.

Esa recuperación económica verde debe ser coherente con los compromisos internacionales adquiridos por la Unión Europea (UE) y el propio Estado español de lograr la neutralidad climática, a más tardar, en el año 2050, lo que nos obliga a tener un sector energético profundamente descarbonizado. En este contexto, no basta sólo con fomentar las energías limpias, sino que hay que aplicar todo tipo de medidas, económicas y legales, para abandonar, cuanto antes, el uso de los combustibles fósiles, que son los principales causantes del cambio climático.

La UE y los gobiernos nacionales se están preparando para gastar muchos cientos de miles de millones de euros de dinero de los contribuyentes para relanzar la economía. Como se expresa en un manifiesto recientemente impulsado por medio centenar de organizaciones europeas, los legisladores deberían intensificar e implementar las leyes ambientales anunciadas en el Pacto Verde Europeo y basar las próximas políticas de inversión en criterios ambientales y climáticos, lo cual apoyará y acelerará una transición justa hacia una economía más limpia y sostenible.

No podemos permitirnos el lujo de dar pasos atrás en la senda de la descarbonización que tímidamente se ha iniciado bajo los auspicios del Acuerdo de París. Al contrario, tenemos que acelerar la necesaria transición energética.

En pocas palabras, la respuesta política a la pandemia de Covid-19, basada en la ciencia, ha dejado sin excusas a los gobiernos y a las diversas fuerzas políticas para seguir actuando de manera irresponsable ante la emergencia climática.

Por Carlos Bravo – Consultor de OceanCare y socio protector de la Fundación Renovables