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Es una gran irresponsabilidad el retroceso en políticas de movilidad sostenible y segura en nuestras ciudades

06 de septiembre de 2023

Las recientes noticias sobre eliminación de  carriles bicis – y carriles bus tomadas por los nuevos equipos de gobierno municipales surgidos de las últimas pasadas elecciones en municipales en España en ayuntamientos de Elche, Logroño, Valladolid , Palma de Mallorca, Valencia, Gijón nos llena de preocupación y no deben dejarnos indiferentes. Son acciones a favor del cambio climático, del aumento del consumo energético, de la contaminación y de la accidentalidad que causan alarma social. Estas medidas tienen en común que dicen querer una supuesta «libertad perdida”, –la de moverse en coche, claro–, pero la realidad es que se trata simplemente de aplicar un programa reaccionario y que contradice los tiempos en que vivimos de emergencia climática en el que los objetivos de la descarbonización del transporte deberían ser la hoja ruta a seguir.

Esas decisiones se producen en un grave momento de emergencia climática y atentan contra la salud pública de los ciudadanos residentes en los municipios en los que tienen lugar esas acciones. Son iniciativas que se inscriben en una desdichada visión negacionista del cambio climático y de la movilidad sostenible y segura. Algunos de los ediles responsables del desaguisado argumentan que la práctica ciclista se debe combatir porque es de izquierda. Pero la práctica ciclista tanto es de ciudadanos de ideología izquierdista como derechista. Si no fuera así, la mayoría de las ciudades del norte de Europa estarían gobernados por la izquierda, cosa que no sucede en absoluto. Por otra parte, la eliminación de carriles bus supone una reducción inmediata de la calidad del servicio de autobús y el aumento del coste de funcionamiento.

En un contexto de emergencia climática debemos rechazar masivamente estas políticas negacionistas impulsadas desde la alianza entre derechas y extrema derecha, representadas por PP y VOX.

Sabemos que desde comunidad científica como ISGLOBAL de la necesidad de mejorar la calidad del aire en nuestras  ciudades, pasa por reducir la circulación  de vehículos a motor que emiten gases de efecto invernadero, que generan accidentes de tráfico y generan ruido.

Las decisiones  de eliminar carriles bicis y carriles bus en la ciudades citadas conlleva en muchos casos la posible obligación de devolución a la UE de los fondos Next Generation con los que se sufragó de la vías ciclistas, como es el caso de Logroño, o de la Ciudad de Elche y Valladolid con fondos solicitados y ejecutados por el gobierno municipal precedente.

Estamos, en definitiva, ante un despropósito ambiental y energético que va dirigido a mantener el privilegio del uso del coche en la ciudad y que es contrario a los tiempos de emergencia climática en los que nos encontramos.  Hay que recuperar los principios rectores de la gestión y volver a promover la movilidad activa en nuestras ciudades, por sus enormes beneficios que conllevan para las personas y para la reducción de les externalidades  del sistema de salud de nuestro país.

Revertir la supresión de carriles bici, carriles bus y eliminar zonas de bajas emisiones en los municipios citados y gobernados por opciones políticas negacionistas del cambio climático y de la movilidad saludable, es el objetivo que persiguen, es  volver a mirar atrás en blanco negro al ceder al coche privado el espacio  público que ocupa en la mayoría de las ocasiones en más del 65% de ese espacio, es gobernar para una minoría de la población, por la que son políticas que excluyen al grueso de la población.

Por tanto, anteponer supuestas opciones de mayor libertad facilitando el uso del coche en nuestras ciudades significa condenar a la mayor parte de la población a situaciones de peores condiciones calidad del aire.

Los equipos de gobierno que están tomando semejantes decisiones si sitúan en las antípodas de otros países del nuestro entorno como los países Bajos gobernada por paridos liberales o conservadores pero que entienden que, en sus ciudades por extensión en su país, las políticas y acciones de beneficiar a la bicicleta y de hacer más eficiente el transporte público en superficie suman más ahorros que costes a la ciudadanía y al país en su conjunto.

Sin ir muy lejos, ciudades españolas como Pontevedra, Vitoria, Barcelona, Sevilla destacan cada una de ellas por la ejecución de políticas  para potenciar los desplazamientos a pie, mejorar la seguridad vial como el caso de Pontevedra, potenciar el transporte público tranvía, bus, y bicicleta como es el caso de Vitoria, potenciar corredores verdes y supermanzanas en el centro de la ciudad lo que potencia los desplazamientos a pie en bici con la creación de entornos verdes que reducen los efectos del cambio climático y por ultimo Sevilla por su apuesta por la bici. En conjunto de las acciones desarrolladas por estas ciudades suman muchos Km de carriles bici, carriles bus, km de tranvía y muchos otros Km para los recorridos pie.

Con todo lo positivo y de los avances en promoción de la bicicleta que durante diferentes mandatos municipales han podido ejecutar en estas ciudades, lo cierto es que España se sitúa por debajo del grado de cumplimiento de países que invierten menos en políticas de promoción de la bicicleta, tal como apunta la Federación Europea de Bicicleta en su último informe hecho público el mes de agosto pasado, en el informe constata que solo se ha ejecutado un 40% de las previsiones iniciales de fondos feder solicitados

La transición energética de la movilidad en la ciudad pasa por más movilidad sostenible, más transporte público, más trenes, más bici, más bici eléctrica, más desplazamientos a pie, mas carsharing, más áreas pacificades, más ejes verdes, supermanzanas, más zonas de bajas emisiones y menos coches.

El resultado debe ser reducir el consumo de combustibles fósiles (petróleo) y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y conseguir que el derecho a la movilidad sostenible sea el faro que guie las políticas públicas en beneficio de las personas en un escenario de adaptación y mitigación del cambio climático.

Falta un marco legal que no posibilite, que impida retroceder en aquellas acciones de promoción de la bicicleta, de que la creación de corredores protegidos para el bus, no sean moneda de cambio por las formaciones políticas conservadoras y ultraconservadoras que basan una parte de su ideario en una visión negacionista de la movilidad sostenible y del cambio climático.

Por Manel Ferri – Patrono de la Fundación Renovables y Vicepresidente de la Fundación Movilidad Sostenible y Segura

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Domingo

07 de febrero de 2023

Creo que este blog, que acogió una decena de colaboraciones suyas, es el ámbito adecuado para hablar de Domingo. Quiero olvidarme ahora de términos y conceptos como “obituario”, “homenaje” o “glosar su figura”. Lo que quiero, lo que necesito, horas después de saber que nos ha dejado, es escribir sobre él, sobre la persona y sobre el personaje, que lo era y con letras mayúsculas. Y por ahí puedo empezar para comentar que pocas veces he visto tanta coherencia entre una y otro. Domingo Jiménez Beltrán era en su proyección pública el mismo maño terco, perseverante, entusiasta, recto e inagotable que podías encontrar en la intimidad.

Debajo del sombrero de ala ancha que lucía casi todo el año encontramos siempre a un hombre generoso hasta el extremo, cercano para todo el mundo, directo, entrañable, preocupado por los problemas de su entorno personal tanto como lo estaba por los que tenía y tiene este planeta.

Autor: Pedro Armestre

Aprender de él, colaborar con él ha sido un privilegio que hemos tenido un par de generaciones de los que nos preocupamos y ocupamos de “esto del medio ambiente”, un medio que para él abarcaba muchos más dominios que el estrictamente ambiental. Desde sus primeras responsabilidades en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, que acogía en los años ochenta las competencias en materia ambiental, hasta su último proyecto —siempre pensé que sería el penúltimo—, la Fundación Castillo de Chuecos, son docenas las iniciativas relevantes que puso en marcha, sí, tan importantes como los cargos y responsabilidades asumidas.

El activismo era su forma de vivir, sabía responder al pesimismo de los diagnósticos con un entusiasmo contagioso. En la Fundación Renovables, de la que fue impulsor decisivo (abril de 2010: “Sergio, esta fundación la tenemos que poner en marcha”) y luego Presidente, le comparábamos con una máquina de lanzar platos porque en una reunión de media hora era capaz de lanzar una docena de ideas, en todas direcciones y todas con sentido, propuestas que éramos incapaces de seguir adecuadamente.

Le comparábamos con una máquina de lanzar platos porque en una reunión de media hora era capaz de lanzar una docena de ideas.

Sus conocimientos y méritos le llevaron a ser el primer Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, con una brillante gestión que, posteriormente, le ha brindado la oportunidad de colaborar con diversas y prestigiosas entidades en varios países. Entre las múltiples iniciativas que puso en marcha, y que lamentablemente no se plasmaron por esa parálisis de la clase política que tanto ha denunciado, quiero destacar el Plan de Rehabilitación Energética de Edificios que elaboró con Joaquín Nieto, todavía en CCOO como responsable de Medio Ambiente, y del arquitecto e inquieto ciudadano Carlos Hernández Pezzi. Lo tenía todo aquella propuesta: reducción de emisiones y de dependencia energética, confort para esos hogares y creación de empleo. Pero no lo vieron los que tenían que verlo. Era algo más que una propuesta coyuntural, era un primer pilar para ese proyecto país por el que clamó durante tanto tiempo y hasta el final, pues a ello se refería en la última entrevista que se le hizo para CONAMA 22 el pasado mes de noviembre.

Domingo tenía sus mantras en los que insistía una y otra vez en artículos, conferencias y entrevistas. “La edad de piedra no se acabó porque se acabarán las piedras” repetía cuando reclamaba poner punto final a la era de los combustibles fósiles. No era suyo, pero lo usaba tanto como la idea de que “el cambio climático nos obliga a hacer lo que en cualquier caso deberíamos hacer”, que no es otra tarea que la de cambiar el modelo energético. En los últimos años escribió mucho sobre la “autosuficiencia conectada”, teoría bien desarrollada con la que dejaba claro que tenemos que actuar individualmente (el autoconsumo que tanto defendió), pero coordinados en una labor conjunta.

Fue coherente con sus ideas y transformó su casa en Águilas en un modelo de lo que predicaba logrando esa autosuficiencia energética que le permitía incluso, gracias a su propia planta de desalinización (una más de sus batallas), dotarse de agua para abastecer también su magnífica huerta. Esas placas solares y el pequeño aerogenerador le permitían contestar —siempre amablemente— a los defensores de la energía nuclear con un irónico “haz como yo, pon en tu tejado eso que defiendes”.

Esas placas solares y el pequeño aerogenerador le permitían contestar a los defensores de la energía nuclear con un irónico “haz como yo, pon en tu tejado eso que defiendes”.

El lenguaje de Domingo ha sido siempre muy directo, ha eludido los eufemismos, ha empleado los adjetivos gruesos que consideraba imprescindibles y en su vocabulario no faltaban términos contundentes como “disrupción” o “cambio radical” y recurría a expresiones coloquiales para concluir una brillante y sesuda exposición con un rotundo “y punto pelota”.

Su pérdida nos deja perplejos porque uno no podía concebir que ese torrente de vitalidad, esa inquietud permanente por hacer más razonable este mundo (“es sentido común, solo eso, sentido común”), esa voz clara, comprometida y generosa se pueda callar. Nos ocuparemos de que no sea así. Gracias Domingo.

Por Sergio de Otto – Periodista especializado en energía y patrono de la Fundación Renovables

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También para el Derecho, el cambio climático es un hecho incuestionable

01 de septiembre de 2022

Uno de los efectos colaterales más dramáticos de la crisis energética que estamos sufriendo está siendo el tener que observar cómo crece, cual capullos de amapola en primavera, el número de políticos opinadores jubilados, pseudoperiodistas de chascarrillo, especialistas en todología y cuñadismo en general, asegurando que eso del cambio climático tampoco es para tanto, que no parece que sea un problema tan grave del que nos debamos preocupar de forma desmedida.

Ya adelanto que, habitualmente, no presto mucha atención a esta tipología de fuentes y no por la desazón que me causan, sino por mi firme propósito de dedicar el tiempo que presto a las redes sociales y medios de comunicación a aquellos con los que, esté o no de acuerdo, muestran algo más de vergüenza intelectual.

Sí me duele por tantos amigos especialistas que llevan toda su vida trabajando en ramas de la ciencia como la medicina o la salud, la climatología o la ecología, entre otras, y que tienen que escuchar tanta mendruguez de forma continuada, revestida de la pátina que impregna aquello de que todas las opiniones son igualmente válidas. Pues sí señor, estoy de acuerdo, a mi juicio, la opinión de los negacionistas del cambio climático (descafeinados o torrefactos), tienen la misma validez que la de los terraplanistas, creacionistas, antivacunas recalcitrantes, adoradores de los Iluminati o, incluso, existencialistas de Raticulín. A partir de ahí, que cada uno escoja su nicho de opinador.

Por la parte que me toca, me gustaría dar una pincelada breve sobre algo de lo que no se suele hablar en las tertulias de los programas televisivos de matiné y es la realidad jurídica del cambio climático. Por que sí, también para el Derecho, el cambio climático es un hecho. Y es una realidad incontestable no porque, como muchos se creen, algún político descerebrado haya tenido un exceso de celo normativo en defensa del ambiente en el que vivimos. No, el cambio climático es una certeza jurídica, por lo menos, desde el año 1992 (Convención Marco de las Naciones Unidas) y no se cuestiona prácticamente en ninguna regulación jurídica de los países desarrollados. En esa misma dirección, no solo a nivel global o nacional, sino también los legisladores locales y regionales constatan la realidad del cambio climático en sus pueblos y territorios y la incorporan a sus necesidades normativas para aminorar el impacto que, como comprueban cada día, está provocando en sus gentes.

En la doctrina académica, el tema tampoco se presta a mucho debate. Puede existir discusión sobre la regulación de los mecanismos de adaptación o de mitigación, sobre el desarrollo o ejecución de cada actuación, pero no sobre el hecho jurídico en sí mismo.

En este sentido, se refleja cada vez más en múltiples resoluciones judiciales de muy diferentes instancias, en las que, de una manera o de otra, se identifican realidades que jueces y magistrados, a la vista de las evidencias que se les muestran ante sus ojos, aceptan el cambio climático como un hecho incuestionable con consecuencias jurídicas.

De hecho, este último apunte me sirve para lanzar al aire una pregunta a modo de conclusión: si tuviésemos que decidir nuestro futuro inmediato ante la sala de un tribunal de justicia, en la que los magistrados precisasen una valoración pericial del tema que se estuviese enjuiciando, ¿quién les gustaría que evaluase su problema?, ¿los mejores científicos y especialistas del país sobre el objeto de debate o un grupo de tertulianos televisivos de la mano de un autobús de opinadores de Twitter?

Probablemente, la respuesta a esa pregunta defina bastante bien qué tipo de sociedad queremos ser o, incluso, en qué siglo nos gustaría vivir, el XII o el XXI.

Por Juan Castro – Gil – Abogado, vicepresidente de la Fundación Renovables y secretario de ANPIER

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La Comisión Europea deja en ridículo a Europa

26 de julio de 2022

Con el arsenal de instrumentos y medidas de eficiencia energética que la UE ha desplegado en las directivas de renovables, edificios, mercado interior de la electricidad y en la recomendación sobre la aplicación del principio de “primero, la eficiencia energética”, todo lo que se le ocurre a la Comisión Europea es regular los termostatos, un ahorro voluntario y uniforme del 15% del consumo de gas y relajar el control de las emisiones para volver al carbón, al petróleo y a más gas.

Lejos de proteger a los consumidores, la presidenta de la Comisión, Ursula von der leyen, ha decidido proteger a los ávidos “frugales”, alemanes y neerlandeses, defensores de la dependencia de los combustibles fósiles y de su referencia en el precio de la electricidad, cuando lo que debería hacer es exigir a los gobiernos europeos el cumplimiento más riguroso de las directivas vigentes que establecen las políticas correctas de eficiencia energética para afrontar la crisis de suministro de gas ruso.

El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, afirmó en febrero que la mejor forma que Europa tiene de afrontar la crisis de suministro para el invierno es un plan serio de eficiencia energética y ponía como ejemplo la rehabilitación energética de los edificios más antiguos de Europa para ahorrar la energía equivalente al gas que transporta el gasoducto Nord Stream I. Pero ni la rehabilitación ni la generación distribuida ni la fotovoltaica en los tejados está en la brújula de Bruselas.

La Comisión Europea vuelve a cumplir el “diktat” alemán, como hiciera en 2015 con el austericidio impuesto a los países del sur, para que todos paguen la nefasta política energética de Angela Merkel y su enorme dependencia del gas ruso. Con la ambigüedad de la Comisión y la caída del gobierno italiano de Mario Draghi, Putin sigue ahondando la debilidad de Europa.

La Unión Europea lanza un mensaje contradictorio y desmoralizador

Mientras la Unión Europea trate esta crisis del gas únicamente como una crisis de suministro y no como una crisis de modelo energético basado en la dependencia de las importaciones energéticas y en la falta de una política energética común, la insignificancia geopolítica de Europa irá en aumento por la poca credibilidad de sus propuestas energéticas y climáticas.

Hace un año que la vicepresidenta del gobierno, Teresa Ribera, reclamó a Bruselas la modificación del mercado mayorista. El Consejo Europeo de marzo aprobó el tope al gas para España y Portugal y pidió a la Comisión un informe sobre la reforma del “pool” para desconectar el gas de los precios de la electricidad. Nada se sabe hasta hoy. Por el contrario, el gobierno de Reino Unido acaba de iniciar la reforma del mercado eléctrico para abaratar la luz y avanzar en un sistema eléctrico más limpio aprovechando los precios más bajos de las renovables, la participación en el mercado de las tecnologías flexibles sin emisiones y copiar el éxito de la “excepción ibérica” desvinculando el precio del gas de la electricidad.

Es desmoralizador pensar que una reforma parecida tardará años en acordarse en la Unión Europea por la resistencia de los monopolios eléctricos y los reguladores, pero aún peor es ver cómo en plena crisis energética, el Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de la Comisión para etiquetar el gas y la nuclear como energías verdes. El eje franco-alemán ha sometido a los consumidores a pagar el error de Alemania por su imprudente dependencia energética de Rusia y la quiebra de la industria nuclear de Francia por los defectos de fabricación en sus reactores. La consecuencia es terrible: encarecimiento de los precios del gas y de la luz, una grave crisis económica por la inflación, un castigo injusto a los consumidores, aumento de emisiones, freno a la lucha contra el cambio climático y una fiebre especulativa en nuevas infraestructuras gasistas con fondos europeos que acabarán como activos varados que también pagarán los consumidores.

Frente al enorme potencial de ahorro energético de Europa, superior al 50% del consumo actual, sorprende que la Comisión Europea no sepa distinguir entre ahorro y eficiencia energética. Pide a los consumidores un sacrificio de ahorro de gas, pero no propone un modelo para producir y consumir utilizando menos energía, más limpia y barata. El arsenal de medidas de eficiencia energética de las directivas europeas queda relegado ante el retorno del modelo energético convencional, el de los combustibles fósiles.

La paradoja que sitúa a España a la cabeza de Europa

España es el país europeo mejor situado ante la crisis de suministro energético de Rusia. El RDL 13/2012 suspendió las inversiones en nuevas infraestructuras gasistas por el “déficit estructural del sistema gasista”, provocado por la sobrecapacidad e infrautilización de las centrales de gas, regasificadoras y gasoductos por falta de demanda. Hasta 2018 no se levantó la suspensión, pero la paradoja es que España rebajó la dependencia del gas argelino del 60% a casi el 20%, se ha diversificado el suministro y las siete regasificadoras proporcionan la mayor capacidad de almacenamiento de GNL. España hizo lo que ni Alemania ni nadie hizo.

Pero el coste de la sobreinversión hasta 2012 y los déficits del sistema gasista los han pagado en los peajes los consumidores de gas y electricidad. El coste ha sido tan elevado que resulta una imprudencia temeraria repetir el ciclo de más inversión en infraestructuras gasistas, sin conocer la evolución de la demanda, porque cuando entren en funcionamiento ya no serán necesarias, pero los consumidores las tendrán que seguir pagando. Y lo que sería en error aún mayor es recuperar la fantasía de 2015 de convertirnos en un “hub” de gas para Europa porque originaría nuevos déficits estructurales como los de 2012.

La alternativa es aprovechar la seguridad de suministro para invertir en tecnologías limpias y avanzar en la autosuficiencia de los centros de consumo, principalmente edificios y transporte, impulsando la gestión de la demanda y la generación distribuida.

Reducir la demanda energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reducir las emisiones solo es posible integrando los recursos energéticos distribuidos en el mercado eléctrico para aumentar la capacidad de energía flexible desde el lado de la demanda y convertir la eficiencia energética en una fuente de energía que participe en el sistema eléctrico en igualdad de condiciones. En esto ha de consistir la reforma del mercado eléctrico, pensando antes en el derecho a elegir de los consumidores que en la rentabilidad de los activos energéticos.

Se trata de dar a los recursos energéticos distribuidos más importancia que a la energía centralizada por su mayor sostenibilidad, eficiencia, menores costes e inversiones. Se trata de impulsar la transformación del consumidor pasivo en consumidor activo. Se trata de alcanzar una regulación que realmente proteja a los consumidores.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

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La alternativa al gas ruso (y argelino)

01 de febrero de 2022

Desde hace cincuenta años la energía está en el origen de todas las crisis y conflictos en el mundo. Los altos precios de los combustibles fósiles y la dependencia energética provocan las subidas de tipos de interés, la inflación, las desigualdades y las tensiones geopolíticas. Con sus matices específicos, en 1973, 2008 y 2022 se repite el mismo guion. A pesar de ello, la dependencia de los combustibles fósiles apenas se ha corregido, ni siquiera en Europa que cuenta con una legislación que exige su reducción. La dependencia energética hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres al favorecer la falta de competencia y que la riqueza se concentre en unos pocos monopolios.

La herencia de Donald Trump

El conflicto en Ucrania, provocado por la ambición de Rusia para corregir sus propios errores tras la desaparición de la Unión Soviética, no se explica sin la presidencia de Donald Trump en los EEUU. Su mandato marcó el fin del multilateralismo y la colaboración en la política internacional, el coqueteo y apoyo del presidente ruso para ganar las elecciones a los demócratas, la defensa de los combustibles fósiles y el ataque a las energías limpias, el negacionismo climático y de la Covid, el interés por dividir a la Unión Europea y la OTAN, su apoyo al Brexit, a los euroescépticos y a la extrema derecha y el desprecio a la democracia. Nunca antes hubo tanta sintonía entre los presidentes de EEUU y Rusia, lo que ha facilitado que Rusia haya decidido que este sea su momento.

La herencia de Angela Merkel

La salida de Angela Merkel de la cancillería de Alemania con el reconocimiento general no debe olvidar que Europa aún permanece presa de su gestión de la gran recesión de 2008, que impuso el austericidio a la Europa del sur, creando la fractura con la Europa del norte a través de las decisiones  de los ministros de economía del Eurogrupo, que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea deberían investigar por haber incumplido el principio de cohesión europea y haber dado alas a una ultraderecha antieuropea, irrelevante hasta entonces.

En la crisis de la Covid 19, Angela Merkel corrigió su gran error de 2008 y permitió que Alemania facilitara la creación de deuda comunitaria para afrontar la crisis económica a través del Next Generation UE; pero ha llegado tarde porque los países del sur todavía no se han recuperado de los impactos de la austeridad dictada en 2008 y porque la ambigüedad de la política energética de Alemania ha convertido la dependencia del gas ruso, el gasoducto Nord Stream II y las puertas giratorias con Gazprom en un problema global y una grave incoherencia.

Los errores de la política energética alemana se han trasladado a la Comisión Europea, presidida por otra alemana, Ursula von der leyen, que no ha dudado en etiquetar el gas fósil como energía verde, a través de una taxonomía que favorece su uso hasta 2050, y su negativa a reformar la formación de precios de la electricidad, como pidió el gobierno de España, para impedir que el precio del gas determine los precios de la luz y proteger a los consumidores europeos de los altos precios de la energía con más renovables. Mientras se consolida un modelo energético dominado por la dependencia del gas fósil, Francia exige el mismo trato a su industria nuclear para sacarla de la ruina económica, destapada tras la quiebra de Areva y su absorción por la eléctrica estatal EDF, para que sea también etiquetada como verde.

La contradicción con las directivas aprobadas en 2018 y 2019, que establecen el impulso a las energías limpias, la descarbonización y la electrificación de la economía a través de la eficiencia energética y los recursos energéticos distribuidos, es tan evidente como la falta de liderazgo de la Unión Europea. La solución ahora es importar más gas esquisto desde EEUU, es decir, aumentar la dependencia energética, echando más leña al fuego.

La vulnerabilidad de Europa es su dependencia energética

Que la única solución adoptada sea la de diversificar el suministro de gas revela el caos europeo y la debilidad del discurso climático y energético. La Comisión Europea se encomienda a los intereses de Catar y EEUU por su incapacidad para tomar decisiones, para lo que necesitaría otros dos años de conversaciones entre los Estados miembros, divididos ante la tensión provocada por Rusia.

Según Eurostat, el esfuerzo de Europa desde 1990 por reducir su dependencia de los combustibles fósiles ha sido insuficiente, del 82% de toda la energía disponible se ha pasado solo al 71% en 2019. El esfuerzo de España aún ha sido menor al quedarse en el 74%. Según el Bank of América el impacto de la subida de los precios de la luz y el gas en Europa ha sido de 107.000 millones de euros, de los que 9.000 millones corresponderían a España y más de 23.000 millones a Alemania, 22.000 a Francia o 24.000 a Italia. La UE en su conjunto ha utilizado 21.000 millones de euros en ayudas para mitigar las subidas de precios.

Si a estas cantidades añadimos el coste de las importaciones energéticas, la extracción de rentas que los combustibles fósiles causan a la economía europea, y a los consumidores y contribuyentes, debería provocar una respuesta mucho más urgente y opuesta a combatir la dependencia del gas con más importaciones y mantener la referencia del gas en la formación de precios de la electricidad con ayudas públicas. ¿Por qué se confía más en el monopolio de las grandes compañías energéticas que en las medidas del “paquete de invierno” y del paquete “Fit for 55”?

Es el momento de ser valientes

Según Bloomberg NEF, en 2021 la inversión global en energías limpias creció un 27%, alcanzando la cifra récord de 755.000 millones de dólares, de los que 366.000 corresponderían a energías renovables y 273.000 a transporte electrificado. La inversión en Europa alcanzó los 150.000 millones. Para llegar al cero neto global en 2050 y 1,7 grados de calentamiento esta inversión debería triplicarse a un promedio de 2,1 billones entre 2022 y 2025 y duplicarse entre 2026 y 2030 a un promedio de 4,2 billones.

La Comisión Europea debería ratificarse en este camino que es el que establecen sus paquetes legislativos, que los Estados miembros incumplen, que proponen combatir precisamente los elevados costes de las importaciones de combustibles fósiles, que representan el flanco más débil de la economía europea, con más inversiones en energías limpias. Por eso son tan importantes los conceptos de descarbonización, electrificación y sostenibilidad, porque impulsan el liderazgo tecnológico e industrial que los combustibles fósiles impiden.

Es una situación similar a la de España que, a pesar de que en 2012 reconociera el déficit estructural de la sobrecapacidad e infrautilización de sus infraestructuras gasistas, lanzó una estrategia para aumentar las inversiones y convertirse en proveedor de gas argelino a Europa. Diez años después la equivocada estrategia de España con el gas de Argelia se repite en Europa con el gas ruso.

Las instituciones europeas han de ser más valientes y ratificar el objetivo y las medidas que se ha dado para reducir y eliminar la dependencia de los combustibles fósiles o tendremos crisis y conflictos por muchos años. Con mayor motivo si esa dependencia viene de regímenes autocráticos o euroescépticos.

El liderazgo de Europa depende de la coherencia con las directivas que aprueba

Desde hace más de una década la UE ha diseñado su estrategia para desarrollar una política energética que asegure energía limpia, barata y segura a los europeos y ha elaborado su estrategia de descarbonización de la economía que se ha concretado en el conjunto de directivas y recomendaciones del “paquete de invierno”, que va a actualizarse con el anunciado paquete “Fit for 55” para avanzar hacia la reducción del 55% de las emisiones en 2030 mediante la sustitución de los combustibles fósiles por energías limpias.

Esas medidas han dado a Europa un liderazgo global que ahora palidece ante el apoyo que se pretende dar al gas fósil y a la energía nuclear, fuentes de conflicto y de dependencia del exterior. Las instituciones europeas han de ser coherentes con el modelo energético que establecen sus directivas y adoptar nuevas decisiones para que el avance hacia la descarbonización y la reducción de la dependencia energética sea más rápido.

Se debe acelerar el liderazgo climático y tecnológico europeo con mayores objetivos de reducción de las importaciones energéticas y de inversión en energías limpias, de descarbonización de los sectores económicos con estándares más exigentes de eficiencia energética, nuevos modelos de negocio como la agregación, el almacenamiento, comunidades energéticas, digitalización de los usos de la energía, autoconsumo, electrificación del transporte y la edificación.

Como las propias directivas europeas plantean, se trata de transformar un modelo energético hecho a la medida de los combustibles fósiles en otro diseñado para la participación de los consumidores activos en los mercados energéticos. Ello exige aplicar mucho más rigor en el cumplimiento de las directivas que defienden la competencia frente al poder de los monopolios energéticos que impiden abrirla a nuevos actores.

Como ha escrito Andrea Rizzi, los desafíos planteados requieren unión y firmeza, pero la división y debilidad de Europa con respecto a sus propios principios revela su inadaptación a la realidad presente en el que el tiempo corre más rápido con el paso que marcan EEUU, China y Rusia.

 

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

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La descarbonización de la economía

23 de noviembre de 2021

En la legislación europea no es posible encontrar una definición del concepto de descarbonización. La mejor aproximación se encuentra en la Recomendación (UE) 2019/786, relativa a la rehabilitación de edificios, en la que se define un parque inmobiliario descarbonizado como “aquel cuyas emisiones de carbono se han reducido a cero mediante la reducción de las necesidades energéticas, garantizando al mismo tiempo la satisfacción de las necesidades energéticas restantes a partir de fuentes sin emisiones de carbono”.

Esta definición no solo concreta la descarbonización como el concepto cero emisiones, sino que establece el orden y la combinación de elementos para alcanzar ese objetivo: primero la eficiencia energética o reducción de la demanda y, en segundo lugar, las fuentes de energía sin emisiones, es decir, las energías renovables. La descarbonización es el resultado de alcanzar la más alta eficiencia energética para reducir la necesidad de generar electricidad y la poca energía que se necesite se cubrirá con fuentes de origen renovable.

La incompatibilidad de la descarbonización con la utilización de los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, queda establecida de forma rotunda así como los medios para eliminar las emisiones, que se pueden trasladar al conjunto de la economía, ya que el edificio descarbonizado es el centro de consumo por excelencia de la transición energética y es el ejemplo para los sectores difusos, edificación, transporte, industria y agricultura y servicios, cuyas emisiones van a resultar más difícil de controlar y reducir a cero.

El modelo de descarbonización más desarrollado en las normas europeas es el del edificio de consumo de energía casi nulo, que añade a la más alta eficiencia energética, la generación renovable en el propio edificio o su entorno, es decir, el autoconsumo, la recarga del vehículo eléctrico y la interoperabilidad de los dispositivos inteligentes para la gestión de la demanda con el control del consumidor. Se trata de un nuevo modelo de producir y consumir que se relaciona con el modelo productivo y con el cambio de hábitos del consumidor que se transforma en el consumidor activo, que gestiona su propia demanda con independencia de los grandes suministradores.

El avance en las tecnologías de generación y eficiencia hacen posible hablar de la descarbonización como un objetivo viable. Los nuevos paradigmas para el próximo lustro se  concretan en la mayor conciencia social a favor de la sostenibilidad y contra la contaminación, el crecimiento de la eficiencia energética y la gestión de la demanda a través de los recursos energéticos distribuidos, la sustitución del gas fósil por el almacenamiento en baterías, la carga inteligente del vehículo eléctrico en viviendas y edificios, los agregadores independientes de la demanda que permitirán la participación de los consumidores en el mercado eléctrico y el desarrollo de las comunidades ciudadanas de energía. Estos elementos van a situar en el centro del sistema energético al consumidor activo en sustitución de las grandes centrales de generación, incluidas las renovables a gran escala, y van a equilibrar el mix energético con más generación distribuida o de kilómetro cero.

La adaptación al cambio climático exige que le relación de la energía con la biodiversidad y la salud entre en los balances económicos para impulsar un cambio en los comportamientos individuales; pero para que la economía y la sociedad entren en la era de la descarbonización se requiere establecer nuevas reglas en los mercados energéticos. En primer lugar, aceptar que el primer problema es el medio ambiente y los límites del planeta; en segundo lugar, el modelo energético no debe dedicarse únicamente a generar rentas, sino a crear riqueza y para ello la energía más barata, eficiente y limpia, es la de proximidad, es decir, la generación distribuida que convierte cada centro de consumo en un centro de generación; en tercer lugar, establecer una coherencia de las políticas públicas para que la inversión energética siga la evolución de la demanda y, en cuarto lugar, se debe reconocer el valor económico a la eficiencia energética y facilitar a los consumidores el acceso a los instrumentos para ahorrar energía, aplicando los derechos que las directivas europeas reconocen al consumidor o cliente activo.

La Cumbre del Clima de Glasgow (COP 26) ha evidenciado el frustrante retraso en la acción contra el cambio climático. La descarbonización de la economía no es un problema de objetivos, sino de modelo energético. A partir de ahora deberá apoyarse en los recursos energéticos distribuidos y en las aplicaciones inteligentes para la gestión de la demanda con el control del consumidor.

Este cambio en las formas de producir y consumir debe comenzar por:

  • Una economía de la huella de carbono que defina la transición energética como la transformación de un sistema energético centralizado en uno distribuido con energías cien por cien renovables, con presupuestos y fiscalidad de carbono y una gestión de la huella de carbono por parte de los propios consumidores.
  • Abrir la competencia a millones de autoconsumidores a través de su participación directa, o mediante agregadores independientes y comunidades energéticas, en los mercados de electricidad, aprovechando los beneficios del autoconsumo y de los contadores inteligentes como instrumentos para la descarbonización y el abaratamiento de la energía.
  • Convertir cada vivienda, edificio y vehículo en una central eléctrica aprovechando la principal virtud de las energías renovables, como es la proximidad de la generación al consumo, es decir, su carácter de recurso distribuido.

La Fundación Renovables ha propuesto una jerarquía de las renovables encabezada por el autoconsumo, las comunidades energéticas y la generación distribuida, una planificación energética que incluya los recursos energéticos desde el lado de la demanda y la trasposición urgente de las directivas europeas del “paquete de invierno”.

 

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

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Una llamada de atención para la protección de los océanos y la mitigación del cambio climático

10 de noviembre de 2021

Los océanos son mucho más que el hogar de una deslumbrante variedad de plantas y animales o una importante fuente de alimento para nosotros. Los océanos desempeñan un papel crucial en la regulación de nuestro clima y almacenan grandes cantidades del exceso de calor que se ha acumulado en el sistema terrestre desde la época preindustrial. Además, absorben una parte importante del CO2 antropogénico, eliminándolo de la atmósfera y evitando un mayor calentamiento.

Debido al cambio climático todos estos servicios que nos proporciona el océano son cada vez más importantes y, al mismo tiempo, están cada vez más en peligro.

Un siglo de cambios globales y una llamada urgente a la acción

El recientemente publicado 6º Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma rotundamente que el cambio climático provocado por el hombre es rápido, generalizado, se está intensificando y está afectando a muchos aspectos y funciones críticas de los océanos.

Actualmente, las concentraciones de CO2 son más altas que en los últimos 2 millones de años o, en palabras del renombrado científico del clima, Erich Fischer, «más altas que nunca en la historia de la humanidad». El calentamiento global de 1,5ºC o 2°C -el límite superior definido en el Acuerdo de París- se superará durante el siglo XXI a menos que se produzcan profundas reducciones de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Pero, incluso entonces, hay muchos cambios debidos a las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y futuras que seguirán siendo irreversibles durante siglos o milenios, especialmente en el océano. Algunos ejemplos son el derretimiento de las grandes placas de hielo, el aumento del nivel global del mar y el calentamiento, la acidificación y la desoxigenación de los océanos.

El cambio climático afecta al océano a varios niveles. Por un lado, se está produciendo un calentamiento del océano, proceso que en el último siglo avanzó más rápido que en cualquier otro momento desde el final de la última glaciación (hace unos 11.000 años). Además del calentamiento progresivo del océano, también se ha producido un aumento de las temperaturas extremas, las llamadas olas de calor marinas. Su frecuencia se ha duplicado desde la década de 1980 y se prevé que en el futuro sean aún más frecuentes, largas e intensas. Esto tiene efectos adversos en muchos organismos marinos, especialmente en los corales, sumamente sensibles a la temperatura. Además de la decoloración de los corales, las olas de calor marinas también pueden causar cambios en la producción primaria, en la composición y distribución de las especies, en la proliferación de algas tóxicas y en la disminución de las capturas pesqueras.

La acidificación de los océanos está agravando los efectos del calentamiento de estos. En los últimos dos millones de años son insólitos unos niveles de pH en alta mar tan bajos como los actuales y se prevé que su reducción continúe. Este es otro duro revés para los corales y perjudica también a otra fauna calcificadora, incluidas importantes especies de fitoplancton, briozoos, crustáceos como los cangrejos, moluscos como los calamares o las ostras y equinodermos como las estrellas de mar.

A todo esto se suma la desoxigenación de los océanos, una disminución del contenido de oxígeno en la parte superior del océano causada por el calentamiento del océano, la estratificación y la eutrofización. En su estado más extremo, la desoxigenación de los océanos puede causar las llamadas «zonas muertas», regiones con insuficiente concentración de oxígeno para mantener la vida. Se prevé que estas zonas se incrementen en el futuro.

En algunos casos, se pronostica que las corrientes oceánicas se vean alteradas por el calentamiento global. Un ejemplo es la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés), la poderosa corriente que transporta agua caliente desde el Caribe a Europa, que se prevé que se debilite a lo largo del siglo XXI. Y aunque existe una confianza moderada en que no se producirá un colapso abrupto de la AMOC en este siglo, no se puede descartar por completo un punto de inflexión climático tan importante.

Un efecto visible y más conocido es el deshielo de las enormes placas de hielo de Groenlandia y la Antártida, que contribuye a la subida del nivel del mar (junto con la expansión térmica del agua marina más caliente). En los próximos 2.000 años, se prevé que el nivel medio del mar a nivel mundial aumente entre 2 y 3 m si el calentamiento se limita a 1,5°C, entre 2 y 6 m si se limita a 2°C, y entre 19 y 22 m con un calentamiento de 5°C.

Además, si el calentamiento continúa, antes de 2050 el Ártico estará prácticamente sin hielo durante el verano, hecho que no ha sucedido nunca. Esta situación podría convertirse en la nueva normalidad para 2100 si las emisiones de gases de efecto invernadero son elevadas. Esto podría tener importantes repercusiones negativas en las especies que dependen del hielo marino para su supervivencia, alimentación o cría, como las ballenas, los osos polares y las focas.

Muchos de estos impactos supondrán grandes retos para los organismos y ecosistemas marinos de todo el planeta y pueden llevar a algunos de ellos hasta el límite de su capacidad de adaptación o aclimatación. Esto no sólo puede condenar a ciertas especies, sino que incluso podría devastar zonas enteras de ecosistemas oceánicos de gran importancia y epicentros de la vida marina, como los arrecifes de coral.

Ante estas perspectivas, resulta más importante y urgente que nunca salvaguardar nuestros océanos. Éstos son, sin duda, nuestro mayor aliado en la carrera contra el cambio climático y tenemos que preservar su salud, biodiversidad y resiliencia, así como los servicios que prestan, para que puedan seguir ayudando a mitigar el cambio climático.

¿Qué hay que hacer?

La lectura del informe del IPCC deja claro que nos dirigimos hacia un territorio inexplorado. Nunca antes la humanidad se había enfrentado a un mundo en el que los océanos se calientan, se acidifican, se desoxigenan y se deterioran tan rápido como ahora. Pero, aunque todo esto suene a fatalidad, todavía hay esperanza. No estamos simplemente a merced del cambio climático, sino todo lo contrario, lo estamos causando e impulsando. Nuestras acciones determinan en qué dirección nos dirigimos y a qué velocidad. Todavía tenemos el poder de frenar el cambio climático, atenuar la amplitud de sus impactos y cambiar de rumbo en aspectos relevantes. Y aunque ya nos vemos abocados, irremediablemente, a algunos procesos con trayectorias preocupantes durante cientos, quizá incluso miles de años, otras consecuencias todavía pueden aliviarse o evitarse, a veces incluso revertirse, si reaccionamos de forma inmediata con reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero rápidas, decisivas y duraderas.

El clima que tendremos en el futuro depende de nuestras acciones ahora. O, como lo expresa la oceanógrafa Sylvia Earle: «nuestras acciones en los próximos 10 años determinarán el estado del océano durante los próximos 10.000 años». Este nuevo informe de evaluación es una llamada de atención urgente que debemos atender antes de que sea demasiado tarde.

Acción inmediata para nuestros océanos

Para asumir esa responsabilidad y proteger nuestros océanos, OceanCare pide que se prohíba inmediatamente la exploración de hidrocarburos y se elimine gradualmente su explotación en todo el mundo. Esto representaría un paso importante hacia la descarbonización de nuestras economías, que se necesita con urgencia, y, además, reduciría otra fuente de estrés y peligro para la fauna marina.

OceanCare también pide a la Organización Marítima Internacional (OMI) que introduzca una reducción de velocidad obligatoria para el sector del transporte marítimo. Se trata de una medida económicamente rentable, probada y fácil de aplicar, de rápidos resultados y muy eficaz para reducir las emisiones de carbono de este importante sector de la economía y, como efectos ambientales positivos indirectos, también reduce en gran medida las emisiones de ruido -otro importante factor de estrés para la fauna marina- y el riesgo de colisiones de barcos con cetáceos. La Unión Europea y sus Estados miembros deberían estar a la vanguardia de la promoción de esta medida operativa e imponerla siempre que sea posible en sus aguas.

Junto a estas acciones directas por el clima, OceanCare se centra en la reducción de otros factores de estrés que afectan a la fauna y los ecosistemas marinos, como la contaminación, la sobrepesca, la degradación del hábitat, los enmallamientos, las colisiones con los buques y la caza de ballenas. Puede que esto no mitigue directamente los efectos nocivos del cambio climático en nuestros océanos, pero probablemente ayudará a aumentar la resiliencia de los ecosistemas y las poblaciones de animales y aumentará nuestra esperanza de que sean capaces de adaptarse o aclimatarse a los cambios futuros y puedan seguir dando vida a nuestro inestimable aliado y sistema de soporte vital que son los océanos.

 

Por Sandra Striegel- OceanCare- y Carlos Bravo – Responsable de políticas marinas de OceanCare y amigo de la Fundación Renovables

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Renovables sí, pero póngalas aquí

16 de octubre de 2021

Quien nos hubiera dicho que existirían movimientos sociales en contra de la principal solución para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): las energías renovables. Coexisten tendencias ciudadanas para acelerar la mitigación de las causas del cambio climático con otras contra esas mismas iniciativas. Toda una paradoja que nos puede salir cara.

Hay que reconocer que la raíz del problema está en que se ha dejado todo a la rentabilidad del terreno y al puro rédito financiero. No existen criterios de control u ordenación para definir dónde sí y dónde no. Ya lo analizamos en la Fundación Renovables y propusimos toda una batería de líneas de actuación en el informe Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad. La más urgente es revisar el PNIEC con urgencia-antes de la revisión fijada en 2023- para, entre otras cosas, que incluya una escala de priorización sobre el territorio para las instalaciones centralizadas y distribuidas y una zonificación ambiental y socioeconómica vinculante para los promotores, incluso en las subastas de renovables. Aunque suene mal, también hay que poner líneas rojas a algunos proyectos. No todo vale.

Esa urgencia nace del evidente rechazo social, pero tenemos herramientas legislativas y comunicativas para trabajar desde ya mismo; no podemos esperar a que “los aerogeneradores tengan pelo”.

Pero, la solución no es una moratoria, ni mucho menos. No podemos echar el freno de mano en la transición energética porque en ello nos va la conservación del planeta, nuestra salud y el futuro de nuestras generaciones. La moratoria per se generaliza un problema que es particular y localizado en determinadas comarcas; no todos lo hacen mal, hay iniciativas que cumplen con y por el territorio y la ciudadanía.

¿Son pocas? De momento. Ya serán más si aplicamos medidas, pero no paremos. Las renovables son imprescindibles y en eso no hay dudas. Hace 10 años también se realizaban instalaciones y mucha gente las miraba con orgullo, considerándolas como un avance hacia la modernidad que las energías limpias traían a los pueblos. Ahora se ha perdido esa visión, por lo que toca ordenar, priorizar y dar beneficios a los municipios para su propio desarrollo, considerando las instalaciones no como extractivas, sino como impulsoras de la economía local.

Si un promotor llega a un municipio, independientemente del tamaño, alejado de las grandes urbes, con la intención de instalar un parque fotovoltaico o eólico en suelo público, lo primero que debería pasar es que la administración, con la opinión de los vecinos, le diga: “vale, tiene usted estas zonas donde puede llevarlo a cabo. El resto están protegidas porque tienen un elevado valor ambiental y socioeconómico para muchas familias por años de tradición”. Una herramienta que deberían facilitar tanto el Gobierno central como los autonómicos.

Por otro lado, las recaudaciones impositivas o parte de los beneficios derivados de la ocupación de los terrenos, en el caso de que sean públicos, que se destinen a las arcas públicas para generar empleo de calidad en sectores con futuro, como la propia transición energética, o a mejorar la calidad de sus servicios públicos. ¿Por qué no se pueden destinar los beneficios obtenidos a acelerar la movilidad sostenible, instalando puntos de recarga y electrificando la flota de transporte público? El abanico de posibilidades es muy amplio.

Otra de las opciones es que el promotor ofrezca algo a cambio a la ciudadanía de la población en cuestión. Muchos empiezan a predicar con este ejemplo y debería replicarse si existe esa posibilidad. El proyecto Hybrex es un claro ejemplo de por dónde deben ir las soluciones, conjugadas con buenas ideas. En este caso, en la comarca de la Sierra de Montánchez, entre las provincias de Cáceres y Badajoz. Sentarse, hablar, debatir, escuchar, proponer y acordar. Así se construye el futuro de las renovables, evitando el “aquí no”.

El proyecto contempla 4 instalaciones fotovoltaicas que suman en total 120 MW (46,5 MW+22 MW+45 MW+6,5 MW), que generaran 202 GWh anuales y una capacidad de almacenamiento de 50 MWh. Paralelamente, contempla otros 4 parques eólicos que suman 110 MW, con una capacidad de 333,3 GWh de generación anual. Hasta ahí, todo bien, nada de grandes parques de 300 MW ni miles de hectáreas. Pero, la innovación y la idea disruptiva se vislumbra en lo que van a aportar de manera gratuita a los municipios.

Hybrex financiará instalaciones de autoconsumo en los municipios afectados y serán gestionadas por comunidades energéticas. Es decir, pretende otorgar a los ciudadanos de las localidades afectadas la oportunidad y las herramientas de ser partícipes activos de la transición energética, con el consecuente beneficio de una reducción de la factura. Además, exigirá a las empresas proveedoras que contraten a trabajadores de la comarca, con una formación previa si requiere de una fase de especialización. ¿Se pueden hacer bien las cosas? Por supuesto. No todo es negro o blanco.

Este ejemplo no exime al legislador de realizar su función de “regular” a escala nacional, regional y local y no dejar a la bondad de los promotores estas ideas. No podemos caer en dogmas irracionales como el de que las renovables son un peligro; al contrario, el peligro vendrá si no las instalamos con criterios racionales de ordenación, mejorando el bienestar y la economía de los municipios aledaños.

En algún momento, mejor cuanto antes, resonará el eco de esta frase en los consistorios de toda España al recibir la petición de un proyecto: “renovables sí, pero póngalas aquí”. Y habrá merecido la pena construir las soluciones desde el consenso.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

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Las nuevas subastas de renovables

24 de agosto de 2021

La semana pasada, en medio de este caluroso agosto, como si de los últimos coletazos de las lágrimas de San Lorenzo se tratase, el gobierno ha lanzado su segunda convocatoria de subastas para la instalación de nuevas plantas de generación renovable en nuestro país.

Parece previsible que dicha premura haya venido dada por los precios infames de la electricidad que estamos sufriendo los consumidores, necesitando de alguna medida que mostrase la perseverancia del legislador por hacer algo por evitar el infernal tormento. A lo mejor también es porque, simplemente, no quieren que tengamos vacaciones los que nos dedicamos a la energía y, persistentemente, salen normas de este estilo en agosto o en navidades.

Fuera como fuese, la considero una medida que va en la buena dirección. Parece aprender de errores pasados, y singulariza la posibilidad de que, por un lado, no todas las instalaciones tienen que ser iguales ni producir los mismos retornos, y por otro, no todos los sujetos pueden competir en igualdad de condiciones ni todos los participantes tienen que ser el mismo tipo de figurantes. La propuesta establece un nuevo cupo de 3.300 MW de potencia instalada, separando 600 MW para instalaciones fotovoltaicas y eólicas a los que llama de disponibilidad acelerada, 700 MW destinados a fotovoltaica (que entrarán a un ritmo más cadencioso), 1.500 MW destinados eólica y 300 MW destinados a fotovoltaica para instalaciones de generación distribuida con carácter local.

Al margen de lo singular del plazo exprés que se da a las instalaciones aceleradas, que seguramente nos traiga “tardes de gloria” a los abogados de la energía en el futuro, me gustaría hacer alguna reflexión en positivo sobre el cupo de 300 MW para instalaciones de menor dimensión que se fomentan en esta propuesta. Las mismas, como singularidades principales, deberán estar conectadas a la red de distribución a una tensión igual o inferior a 45 kV, contar con una potencia instalada igual o inferior a 5 MW, contar en -al menos- el 25% de su capital con cuatro titulares con el domicilio fiscal en un radio de 25 kms a la redonda, no realizar divisiones artificiales que supongan una planta gigantesca partida en trocitos y su potencia límite no excederá del resultado de multiplicar la población censada de dicho entorno territorial por 0,5.

Estoy seguro de que habrá unos cuentos opinólogos que van a tildar de ocurrencia esta singularización tan particular de esta tipología de plantas. Cuántas veces habré oído eso de: “ya no os basta con las renovables, además queréis decidir a quién deben de pertenecer”. Pues claro que sí, debe de haber una discriminación positiva para este tipo de proyectos, ese es el camino. Los ciudadanos no van a poder competir con grandes centrales de generación, pero eso no les puede expulsar de un nuevo modelo distribuido del que tienen que formar parte.

Esta propuesta del legislador ha de ser el primer impulso a las nuevas comunidades ciudadanas de energía que nos ha traído la legislación comunitaria. Eso que ahora vemos como sorprendente, existe desde hace años en otros países europeos como Alemania, Portugal o Grecia. Nuevos sujetos generalmente alrededor de pequeños ayuntamientos, de cooperativas, de comunidades de regantes, de parques industriales, van a ser capaces de aunar esfuerzos para poder producir electricidad que ellos mismos podrán consumir o vender de forma colectiva.

Seguramente alguien entienda que 300 MW sobre un total de 3.300 MW es una insignificancia, pero el camino se demuestra andando y es necesario que se den los primeros pasos en esta dirección para que todas las decenas de miles de posibles nuevos operadores sean conscientes de la eficacia de esa actuación. No solo abarata el precio de sus consumos, sino que hace más eficiente la generación cerca de los puntos de consumo. Y lo que es más importante, les hace participar de forma más activa de un sector opaco, que como estamos viendo estas últimas semanas, aprovecha cualquier ocasión para exprimir al máximo una teta que en algún momento no podrá dar más leche, temerosos de cambios regulatorios relevantes en lo que afecta a la fijación de los precios y a la participación social de los ciudadanos en la energía.

Espero que la norma se ajuste un poco en el período de información pública, pues quizás la emergencia con la que ha visto la luz, la haga meritoria de alguna revisión, pero fuera como fuese, en lo referente a lo comentado, merece mi debido reconocimiento.

Por Juan Castro – Gil – Abogado, vicepresidente de la Fundación Renovables y secretario de ANPIER

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Cambio climático: estábamos avisados. 5 medidas que las corporaciones tratan de impedir

26 de julio de 2021

El cambio climático ya no es una predicción de futuro. Desgraciadamente, ya es una realidad que está golpeando con fuerza a todo el mundo en forma de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, incendios, inundaciones, tornados o sequías. Como bien explicaba The New York Times hace unos días, ya nadie está a salvo. Estos eventos extraordinarios alcanzan a todos sin piedad, tanto a ricos como a pobres, aunque siempre son las personas y comunidades con menos recursos las que se llevan la peor parte, a pesar de ser quienes menos responsabilidad directa tienen en las causas.

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