Por Hugo Morán – Exdiputado 
El enorme retraso que España va acumulando en su ineludible transición energética, hace que esta sea una de las áreas de gestión más afectadas por el actual desconcierto institucional en que se desenvuelve la política patria. Por razones harto conocidas la atención mediática, y por ende la ciudadana, se centran en estas fechas en las decisiones que ha de adoptar el PSOE en torno al posible desbloqueo de la investidura de quien haya de ostentar la Presidencia del Gobierno en la renuente próxima legislatura. Así pues me parecía oportuno aguardar a la resolución del Comité Federal que los socialistas celebraban ayer domingo, antes de encarar la redacción de estos párrafos que siguen. Me explico.
A nadie se le escapa, sea letrado en la materia o profano en ella, que la regulación del sistema energético de un país reviste una complejidad técnica de la que dan cuenta las decenas de miles de páginas que ocupan los centenares de reglamentos y órdenes ministeriales dictadas en desarrollo de las leyes que son aprobadas por las Cortes, y que tienen su continuidad en los ámbitos competenciales de orden autonómico y local. Si ya de por sí resulta tarea harto difícil ahormar la voluntad del legislador al marco del interés general, como por desgracia constatamos, en tanto que son muchos, diversos y contrapuestos, los intereses territoriales, sectoriales, económicos y sociales (legítimos unos, espurios otros) que condicionan la conformación de las distintas posiciones políticas del arco parlamentario, cuando toca convertir la ley en herramienta de trabajo, quizás en el universo energético más que en ningún otro, se impone la pragmática sentencia atribuida al conde de Romanones: “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”.
Se aventura que el período legislativo que habrá de seguir a la constitución del nuevo gobierno será cuando menos agitado. Tormentoso a ojos de los más optimistas o convulso en opinión de los más pragmáticos, pero breve en aceptado consenso. Recogiendo una de las frases que sobrevuelan en estos días los atropellados titulares, “Rajoy podrá conseguir la investidura, pero habrá de trabajarse la estabilidad”. No encaja en nuestro diseño constitucional un modelo de gobierno cameral, y se antoja complicada la convivencia entre un Gobierno minoritario con cultura de mayoría absoluta, y una oposición con voluntad liquidadora del legado recibido y dispuesta a acometer una segunda transición.
Habrá a quien pueda antojársele sencillo llevar a término el empeño machaconamente reiterado de abolir la práctica totalidad del entramado legislativo construido por el Partido Popular en la pasada legislatura. El primer inconveniente es el de poner de acuerdo a toda la oposición en el qué, el cuándo y el cómo, y aunar voluntades en torno a iniciativas capaces de concitar el acuerdo transversal del Congreso de los Diputados. Acto seguido habrá que convenir que no será el Gobierno convidado de piedra en la ceremonia de la deconstrucción (ya anticipa beligerancia de orden constitucional para rebajar el ardor parlamentario). Y no ha de minusvalorarse el papel estratégico que jugará la Cámara Alta, donde el PP goza de absolutísima mayoría.
Supongamos que todos estos hitos son superados con éxito antes de desembocar en una nueva convocatoria electoral. Pues ahí nos encontramos con la madre del cordero; queda en manos ministeriales el desarrollo reglamentario de toda ley aprobada por las Cortes, y a cualquiera que conozca mínimamente el proceloso océano del Ministerio de Industria le resultará sencillo adivinar que la transición energética difícilmente irá de esta.
- Imagen: Flickr/ Ignorant Walking