Acelerar el cierre nuclear

A raíz del anuncio realizado por el Gobierno de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que llevará a Bruselas pospone la fecha de cierre de las centrales nucleares de forma progresiva hasta 2035, Greenpeace y la Fundación Renovables hemos elaborado un documento que analiza la situación actual y que hemos querido compartir con alrededor de una veintena de expertos y agentes sociales en un coloquio que celebramos ayer en Madrid para compensar la ausencia de debate social en un tema tan relevante para la sociedad y las generaciones venideras como éste.

La salida de la energía nuclear del sistema eléctrico español entre 2025 y 2035 supone alargar la vida de estas instalaciones más allá de los 40 años. La propuesta de la Fundación Renovables es el cierre programado de todas las centrales nucleares antes del año 2024, sin extensión de su vida útil, es decir, sin que se renueven sus licencias de explotación: junio de 2020 para Almaraz I y II; julio de 2020 para Vandellós II; marzo de 2021 para Cofrentes; octubre de 2021 para Ascó I y Ascó II y, por último, noviembre de 2024 para Trillo. Con el fin de no provocar un cambio retroactivo sobre la fecha de cierre consideramos que éste debe producirse en el momento que finalice cada licencia de operación actual.

Y tenemos razones para proponerlo. La primera, porque es posible hacerlo. La aportación nuclear -en torno a los 50 TWh- puede ser sustituida para esa fecha por electricidad producida con las fuentes de energía renovables ya planificadas, es decir, con la ejecución este año de las renovables subastadas en 2016 y 2017 (8.737 MW) y la propuesta del Gobierno de subastar 3.000 MW/año. En cualquier caso, desde la Fundación Renovables, queremos manifestar que los objetivos del Gobierno -tanto en subastas como en autoconsumo y en electrificación de la demanda- son poco exigentes y que España debería tener un compromiso mayor no solo para alcanzar el desarrollo renovable deseado sino también para cumplir con los compromisos con la Unión Europea.

Es decir, que en nuestras propuestas no está el cerrar o prohibir algo que no tenga alternativas, los número demuestran que las renovables están perfectamente preparadas para sustituir el parque nuclear actual según vayan caducando las licencias de operación de las centrales en funcionamiento, tal y como han refrendado en el coloquio de ayer tanto José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, como José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF.

En segundo lugar, el hecho de que resulten deficitarias según sus operadores, solo aumenta los argumentos para no ampliar artificialmente su vida, puesto que pone en tela de juicio las inversiones que deban ser acometidas para garantizar la rentabilidad de las mismas. Esto  supone, de facto, como ya se ha solicitado, la reducción de las tasas para el tratamiento de residuos, tasas que en la actualidad son insuficientes para poder garantizar el tratamiento de los residuos y el desmantelamiento de las propias centrales una vez hayan acabado sus periodos de operación. Además, las centrales nucleares, en un malentendido estatus de carga base –la gestionabilidad del sistema fue soportada principalmente en 2018 por la hidráulica-, disfrutan de un régimen favorable de funcionamiento porque no asumen todos sus costes, lo que las coloca en ventaja respecto a otras fuentes con las que deberían competir.

Nuestra propuesta, recogida en el informe “Hacia una Transición Energética Sostenible” es clara: ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente

En tercer lugar, no hay que olvidar los riesgos que implica la radiactividad, que se incrementan a medida que envejecen las instalaciones. La vida media de las centrales en España va de los 31 años de Trillo a los 39 de Almaraz I. A todo ello hay que añadir la aparición de riesgos provocados por fenómenos naturales y por la amenaza de atentados, sin mencionar el problema de los residuos, cuya vida radiactiva es de tal magnitud que no permite su control y sí el traspaso a generaciones venideras.

La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que un debate como éste, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos y sin contar con la gente. Por otra parte, consideramos que el hecho de que no se hayan recaudado los fondos suficientes para el desmantelamiento -entre otras vías, mediante tasas que se aplican a las centrales nucleares- no puede ser la razón para mantenerlas en funcionamiento porque, además, es consecuencia de una mala gestión pública y política, lo que no quita que se les exija una mayor responsabilidad de manera que las cargas económicas que pudieran recaer en la sociedad no sean mayores de lo que debieran.

Nuestra propuesta, recogida en el informe Hacia una Transición Energética Sostenible es clara: ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente y reducción paulatina del gas hasta el 100% de renovables. Es factible y obviamente sostenible. Con estas y otras medidas proponemos para 2030 una reducción de emisiones del 51% respecto a 1990 y del 59% respecto a 2015, con una reducción de la demanda de energía final del 25% con respecto a 2015, una electrificación del 50% de la demanda final de energía (el doble que hoy) y una penetración en el sistema eléctrico de las renovables del 80% y de un 50% en la cobertura de la demanda final de energía.

Elena Alonso Asensio – Responsable de Comunicación de Fundación Renovables

El recibo de la luz, las tarifas “felices” y David Bisbal

Desde hace un tiempo han ido floreciendo nuevas modalidades de contratación para el suministro eléctrico de hogares y, lo que parece una noticia esperanzadora, puede causar escalofríos si analizas algunos casos concretos. Primero por las reacciones que he observado en gente de mi entorno y, en segundo lugar, por mis convicciones sobre este sector que proceden fundamentalmente de la visión y propuestas de la Fundación Renovables (editora de este blog).

Hablo por ejemplo de la tarifa “tiempo feliz” (comercializada como “Tempo Happy”) de una conocida eléctrica “italiana” que promete dos horas al día gratis todos los días de la semana, un día entero gratis a la semana o, en su última vuelta de tuerca, no te facturan las 50 horas de mayor consumo. Esta modalidad, a mi entender, es “engañosa”, invita al derroche concentrado en determinadas horas y lleva a los usuarios a la confusión. En cualquier caso y suponiéndoles buena fe… ¿una gran eléctrica regalando algo?

Si la calculadora de mi móvil no falla y un mes tiene 720 horas, pasarás a pagar 670 de las mismas a un precio excesivo (actualmente las ofertan a 0,15569 € el kWh) mientras que el precio de la tarifa regulada en 2018 (un año no especialmente barato) estuvo de media a 0,12335 € el kWh.

Distribución de las horas de un mes de 30 días con la tarifa “tiempo feliz”

Pese a ser una modalidad poco clara a priori pueden llegar a salir las cuentas si concentras mucho consumo en pocas horas pero… ¿queda ahí la cosa? No, mientras te regalaban 50 horas, te han pasado a la modalidad de Discriminación Horaria (la antigua tarifa nocturna) en la que 14 de las 24 horas que tiene el día sí que resultan especialmente baratas (aproximadamente 0,08 el kWh) pero para ellos. Son en total 388 horas mensuales en las que te están cobrando prácticamente el doble (0,15 € y pico el kWh) de lo que pagarías si te acogieras a una tarifa de Discriminación Horaria real, una muy buena opción (esta sí) para la mayoría de los hogares.

Distribución de las horas de un mes de 30 días con una tarifa de Discriminación Horaria real

 

Si vamos más allá del término de energía y ponemos el foco en la potencia contratada también pagarás más: 3,46 € / kW y mes es el precio de la potencia en la tarifa regulada frente a 3,98 € / kW y mes de la dichosa tarifa feliz. Efectivamente es una tarifa muy feliz para la cuenta de resultados de cualquier compañía que juegue a regalar horas y tal será su margen que les permite incluso organizar conciertos con David Bisbal (efectivamente estimado lector, no le había mencionado al azar en el titular).

Imagen capturada de tempoconbisbal.com

En definitiva, salvo que tengas derecho al bono social, puedes plantearte abandonar el paraguas de la tarifa regulada porque hay opciones honradas en mercado libre y a precios competitivos. Si te decides a dar ese paso mi consejo sería, como señalaba en un artículo anterior, que lo hagas a través de tarifas de energía verde, sencillas, de precio fijo, sin costes añadidos y sin horas “regaladas”. En el próximo capítulo, las tarifas “planas” del recibo de la luz.

Por Iván de Otto – consultor en SdeO Comunicación y socio de FR

Disrupciones Tecnológicas, VTC y Coche Eléctrico

Está circulando un WhatsApp que voy a reproducir y editar. Que cada cual lo interprete a su gusto.

“Canon y Nikon empiezan movilizaciones en las principales ciudades. Sus reivindicaciones básicas:

(1) Que solo uno de cada 30 móviles tenga cámara de fotos.

(2) Que entre foto y foto tengan que pasar más de 15 minutos.

(3) Que los megapíxeles de las cámaras de los móviles no puedan superar los de las cámaras de usar y tirar.

(4) Y que para ver las fotos del móvil haya que ir a un laboratorio a descargarlas. Están dispuestos a romper los móviles con cámara que vean por la calle, agredir a sus dueños y ejercer todo tipo de violencia para que la sociedad comprenda la lógica de sus reivindicaciones”.

Ahora, la variante automotriz/petrolera:

“Las patronales del automóvil y del petróleo empiezan movilizaciones en las principales ciudades y Bruselas. Sus reivindicaciones básicas:

(1) Que se siga subvencionando la fiscalidad del gasoil, del gas y de la gasolina.

(2) Que no se instalen puntos de recarga en autopistas ni en sus gasolineras.

(3) Que se exija cambiar los transformadores en las viviendas donde algún vecino quiera poner un punto de carga vinculado a su contador.

 

(4) Que se siga subvencionando la compra de vehículos a combustibles alternativos, aunque emitan CO2, NOx y Partículas.

(5) Que no se internalice el coste de la contaminación que producen, ni los daños a la salud, ni los daños al clima.

(6) Y que no se invierta en la mejora y abaratamiento de las baterías.

Están dispuestos a romper los coches eléctricos que vean por la calle, aparcar en sus puntos de recarga y ejercer todo tipo de presión para que la sociedad comprenda que esto del cambio climático es una quimera, que la contaminación en las ciudades no procede del tráfico rodado, que más gente muere por malnutrición y que esto del coche eléctrico es cosa de ricos”.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Claves y actores para acelerar la transición energética renovable: el mundo deportivo

Inicio una serie de artículos sobre cómo podemos acelerar la transición energética renovable, centrados sobre todo en los actores que pueden impulsar la ejecución de medidas necesarias para su implantación.

Es el caso del deporte. Como actividad individual y como fenómeno de masas es seguramente una de las actividades que ocupa más tiempo a las personas, ya sea con la práctica activa o como segmento informativo en los medios de comunicación. Además, los espectáculos deportivos se han convertido en uno de los mayores escaparates de productos de consumo y los deportistas en los héroes modernos dónde se miran un gran número de personas, y especialmente los niños y jóvenes. Por eso, es tan importante que todos los ámbitos y personas vinculadas al deporte sean especialmente sensibles a qué tipo de valores y comportamientos sociales se transmiten como positivos e imitables.

Los clubs deportivos y los deportistas, especialmente los de élite, han de ser sensibles a las graves consecuencias del calentamiento global, y como piezas importantes de nuestra civilización, han de contribuir de forma activa en esa lucha urgente para frenarlo. Todo el mundo está de acuerdo en la contribución del deporte a la educación en valores, como el de superación personal y el trabajo en equipo. Ese papel educativo y de fijación de hábitos del deporte, en este siglo XXI, se debe ampliar hacia nuevos campos y acciones sociales necesitados de urgente atención y acción. Me refiero a la lucha contra el cambio climático, como un compromiso con la salud de las personas, la preservación de la biodiversidad y las generaciones futuras.

Es cierto que ya hay algunas iniciativas, tanto de ámbito nacional, como internacional, para integrar el deporte en los movimientos de desarrollo sostenible. Pero no es suficiente. Estas acciones no se están actualizando a la velocidad que los problemas ambientales necesitan, ni se les ha dado el impulso, el apoyo y la visibilidad que se merecen.

Por ejemplo, en 2007 se aprobó la Estrategia Nacional sobre deporte y sostenibilidad, la primera y única de ámbito estatal. Los contenidos y líneas de acción de la estrategia determinan la necesidad de que los principales agentes relacionados directa o indirectamente con el deporte adquieran un compromiso e implicación con el desarrollo sostenible. Este compromiso se estableció y se materializó a través de la Carta Verde del Deporte Español (2007) que contiene los valores y principios básicos que deberán contemplar las organizaciones y entidades que la suscriban (en 2017 más de 200) y que deberían orientar sus políticas y prácticas deportivas, en materia de sostenibilidad. Es evidente que después de 12 años es necesario impulsar una nueva estrategia y un nuevo pacto social del deporte y la sostenibilidad, con claves nuevas marcadas por la lucha contra el cambio climático y la transición energética renovable.

El altavoz mediático de los fenómenos deportivos de masas puede ser el elemento necesario para transmitir, con rapidez y eficiencia, la urgencia de implantar un nuevo sistema energético, basado en el ahorro de energía y en el uso de energía renovables y no contaminantes

Hay muchos ámbitos de acción climática donde se puede actuar. El altavoz mediático de los fenómenos deportivos de masas puede ser el elemento necesario para transmitir, con rapidez y eficiencia, la urgencia de implantar un nuevo sistema energético, basado en el ahorro de energía y en el uso de energía renovables y no contaminantes. Esa transición hacia un nuevo modelo energético renovable no es solo un cambio tecnológico es, sobre todo, un cambio de hábitos de la ciudadanía en casi todos los ámbitos cotidianos y, por tanto, puede ser un camino lento, ¡y no hay tiempo! Necesitamos palancas de cambio potentes y alianzas con sectores de influencia social incontestable como el deportivo.

Como este no es un espacio para profundizar en todas las cosas que se pueden hacer desde el deporte, indicaré solo dos aspectos que pueden servir de altavoz para formar a la ciudadanía sobre la necesidad de su implicación en la aceleración de la transición energética y en la lucha contra el calentamiento global.

  • Estadios deportivos de emisiones neutras, abastecidos con energías renovables.

Ya hay iniciativas importantes que promocionan el deporte sostenible, como la del Comité Olímpico Internacional (COI) que obliga a incluir medidas de protección ambiental (Programas ecológicos – “el tercer pilar de los juegos olímpicos”) como uno de los requisitos para adjudicar la sede de los Juegos Olímpicos.

En Europa, el principal impulsor de las instalaciones solares en estadios ha sido la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que inició el programa “Gren Goal” en 2003, gracias al cual en Europa la mayoría de grandes estadios con instalaciones solares, en 2017, son de fútbol. Muchos de los 15 Estadios europeos que tienen instalaciones solares son de los equipos de las grandes ligas de fútbol profesional (Eredivisie, Ligue 1, Bundesliga y Serie A, que son las principales divisiones de fútbol en los Países Bajos, Francia, Alemania e Italia). Según el sector energético, se espera un incremento de instalaciones en los próximos años, por la reducción del precio de estas infraestructuras.

En la actualidad, la instalación y utilización de sistemas de ahorro energético y de energía renovables (especialmente fotovoltaica) en un estadio, puede ser también una buena decisión económica para el club o la administración propietaria del edificio. El coste de las instalaciones energéticas se ha reducido tanto, especialmente las solares y los sistemas de eficiencia, que los beneficios económicos aconsejar su implantación. Además, si no es posible instalar paneles solares en las edificaciones existentes o en estadios cercanos, hay otras fórmulas para iniciar las políticas de sostenibilidad energética de los clubs. Un ejemplo es el Arsenal, que se ha convertido en el primer equipo en la Premier League en ser 100% sostenible en su consumo de energía, con un acuerdo de compra de Energía (PPA) de procedencia certificada con Octopus Energia, con lo que el club dejará de emitir 2,32 millones de Kg de CO2/año.

Otro impulso a la construcción de estadios deportivos sostenibles en la UE los próximos años, son el aumento de los compromisos climáticos europeos para 2030, que se concretan en una reducción de emisiones del 45%, un aumento del ahorro y la eficiencia energética del 32,5% y del consumo de energías renovables del 32%. Además, la directiva de la UE 2018/844 de eficiencia energética de edificios lo que implica incorporar sistemas de ahorro y eficiencia energética y cubrir con renovables sus necesidades energéticas, para no emitir dióxido de carbono (CO2).  Eso significa que, como mínimo, habrá directrices y recursos de la UE y de los países para renovar las instalaciones deportivas públicas con instalaciones renovables, que también son un elemento importante y visible de la red de estadios deportivos.

La expansión de los proyectos de eficiencia y los solares en los estadios deportivos públicos y privados puede ahorrar millones de euros en costes energéticos tanto a las administraciones comoa las grandes ligas deportivas

Por la reducción de costes de las instalaciones renovables, la expansión de los proyectos de eficiencia y los solares en los estadios deportivos públicos y privados puede ahorrar millones de euros en costes energéticos tanto a las administraciones comoa las grandes ligas deportivas, además de reducir de forma importante las emisiones de carbono. Y por otro lado estas instalaciones pueden ayudar a acelerar la Transición energética  y a expandir las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo residencial al servir de ejemplo para los aficionados del fútbol, el baloncesto o las carreras que podrán comprobar la eficiencia del sistema.

Por estas razones sorprende que, en el proyecto de nuevo estadio del club de fútbol del Real Madrid, presentado públicamente en los últimos meses, no se mencione ni se encuentre referencia alguna a la sostenibilidad de estas edificaciones ni, por supuesto, a la instalación de infraestructuras de energía renovable. En el caso del proyecto del nuevo estadio y otros equipamientos deportivos del F.C. Barcelona, sí podemos encontrar algunas referencias a la sostenibilidad de los edificios y a sistemas de energía renovable para el riego, pero tampoco se destacan, ni quedan muy reflejadas en las presentaciones del proyecto.

En ambos casos, no solo es una oportunidad perdida para explicar y hacer visible a la ciudadanía y a los aficionados deportivos las posibilidades reales de implantar energías renovables en nuestras ciudades, y la apuesta de esos clubs por colaborar en la lucha contra el calentamiento global; sino que además estarían incumpliendo la Directiva de la UE 2018/844 de eficiencia energética de edificios que indica que, a partir de diciembre de 2020, los edificios de nueva construcción deberán ser de consumo de energía casi nulo,.

  • Los deportistas de élite, los nuevos héroes de la Transición energética renovable y la movilidad eléctrica

Todos sabemos que los grandes deportistas mundiales son un modelo a seguir para muchos de los aficionados a los deportes y, especialmente, a los deportes de masas, como el fútbol. Estos deportistas no solo marcan tendencia en todas las actividades y productos vinculados al deporte, sino que su modo de vida, su ropa, su peinado, su casa, su coche… son seguidos e imitados por mucha gente. De ahí que las grandes marcan compitan por ficharlos para que sea la imagen de su publicidad.

Será más pronto que tarde que nazcan iniciativas ciudadanas para pedir un comportamiento más sostenible a los grandes clubs y deportistas de élite.  Antes de que sean necesarias esas plataformas ciudadanas, corresponde a las aficiones y socios de los grandes clubs deportivos presionar a sus directivas para desarrollar su actividad con criterios de sostenibilidad, y encontrar alternativas financieras a esponsorizaciones millonarias de empresas vinculadas al modelo energético fósil.

Por otro lado, es una responsabilidad personal de los deportistas de élite saber elegir a qué modelo de sociedad y a qué compañía y producto le presta su imagen. Han de ser conscientes de que se puede seguir haciendo publicidad y, a la vez que mejoran su imagen pública, ayudar a no empeorar la situación de este planeta y de sus habitantes: se pueden conducir y publicitar los coches eléctricos, en vez de vehículos de combustión; enseñar sus grandes casas, pero que tiene instalaciones solares y sistemas de recogida y reutilización de agua; vestir con ropa elaborada con criterios sostenible y de trabajo digno; recomendar productos y bebidas saludables…

Ese comportamiento será una forma fácil de ayudar a muchas personas a repensar sus criterios de consumo y a mejorar sus hábitos ambientales. Y una forma de garantizar que los deportistas sigan siendo los héroes del siglo XXI, tanto por sus hazañas deportivas, como por su aportación a construir un mundo más saludable para hoy y para las generaciones futuras.

Carme García Lores – Experta en planes energéticos municipales

Cerca del 90% de electricidad renovable en 2030. Es posible y deseable

Todos (políticos, eléctricas, opinión pública) tenemos claro que no se construirá ninguna nueva central convencional (ni nuclear, ni de carbón, ni de gas) en nuestro país en el futuro. Ni siquiera cuando se vayan cerrando paulatinamente las que están operativas en la actualidad, bien porque lleguen a término sus autorizaciones o, como hubiera dicho Clinton: “es la economía, estúpido”. Las nuevas instalaciones renovables producen ya electricidad a menor coste que las nucleares, las térmicas de carbón o los ciclos combinados de gas y es por tanto dudoso que, en gran medida, merezca la pena seguirlas operando cuando pueden progresivamente sustituirse.

Además, las urgencias para la descarbonización deberían conducir a una planificación de instalaciones de generación renovable con los objetivos más ambiciosos posibles para el horizonte de 2030, en donde acercarse al 90% de electricidad renovable es técnica y económicamente posible.

Para ello, tendría que establecerse una senda racional de subastas específicas por tecnologías en la que, a corto plazo, mientras que todavía sigan operativas las centrales convencionales, deberían tener un mayor peso específico las tecnologías no gestionables pero muy baratas, como la fotovoltaica y la eólica. Pero, en paralelo, habría que ir realizando una progresiva transición para que, a partir de 2025, fueran las tecnologías gestionables, como la termosolar con almacenamiento y la biomasa, las adquirieran mayor peso.

La transición hacia una generación eléctrica renovable choca claramente con los intereses de los sectores convencionales que pretenden mantener en el tiempo el mayor respaldo fósil posible. Utilizan argumentos como que “el gas no es tan malo como el carbón” o defienden prolongar sine die la vida de las centrales nucleares por no generar CO2. Sin embargo, eluden mencionar que cada día de funcionamiento se generan nuevos residuos radioactivos cuya gestión no está resuelta todavía, aunque lo que sí es seguro es que su desmantelamiento va a costar mucho más de lo que hemos pagado en el recibo de la luz hasta ahora, poniendo en duda el precio real de la energía nuclear que se nos había vendido como la más barata.

Acelerar la sustitución de la generación convencional por renovable es no solo posible sino deseable, tanto en términos de coste de producción para los consumidores como del impacto que tendría en la economía del país.

Es cierto que los parques eólicos solo generan cuando hay viento y que las instalaciones fotovoltaicas dejan de producir a la puesta de sol, pero también es cierto que hay una gran complementariedad geográfica, estacional y horaria entre las energías hidráulicas, eólicas y solares. Por ello, una apuesta decidida por la instalación de centrales renovables junto con una gestión proactiva de la demanda, operación de los bombeos con el criterio prioritario de reducir el respaldo fósil, contratos de interrumpibilidad como herramienta adicional para dicho objetivo y el uso de las interconexiones, permitirían llevar el respaldo con gas a niveles inferiores al 5% anual en 2030.

Una apuesta decidida por la instalación de centrales renovables junto con una gestión proactiva de la demanda, operación de los bombeos con el criterio prioritario de reducir el respaldo fósil, contratos de interrumpibilidad como herramienta adicional para dicho objetivo y el uso de las interconexiones, permitirían llevar el respaldo con gas a niveles inferiores al 5% anual en 2030

Excepto en Galicia y la cornisa cantábrica, tenemos en España unas 2.500 horas de sol al año que llegan a 3.000 en el sur. La energía solar puede jugar, por tanto, un papel central durante los días soleados, que representan 3/4 partes del año. La eólica y la hidráulica tendrán mayor aportación precisamente en las épocas en las que no hay sol mientras que la biomasa puede jugar un papel de comodín muy flexible durante cualquier época y hora.

Los contrarios a las energías renovables critican su variabilidad, así como la no disponibilidad de almacenamiento. FALSO. Las centrales termosolares disponen del sistema de almacenamiento más barato y fiable, los tanques de sales fundidas, en los que puede recogerse la energía solar captada durante el día para generar a partir de la tarde con una pérdida de menos de 1 grado. De esta forma, una gran parte de la electricidad podría producirse durante el día por centrales fotovoltaicas o por paneles en los tejados de viviendas o naves comerciales e industriales, mientras que, a partir de la puesta de sol, serían las centrales termosolares las que generarían la electricidad a precios hoy en día ya comparables a nuevas centrales de ciclos combinados. Con el transcurso de los años, los costes de las centrales termosolares continuarán bajando mientras que los del gas y de las emisiones no pararán de subir. Un mix que contara con 30 GW de fotovoltaica y 20 GW de termosolar en 2030 cubriría un 40 % de la generación eléctrica en nuestro país.

Las centrales termosolares podrían ser una importante pieza de la transición justa. Contribuyen muy eficazmente a la generación de riqueza en el país, ya que más de un 80% de la inversión es de contenido nacional, con niveles de más de 500 personas diarias en el emplazamiento durante el año y medio de construcción de cada central y unos 50 empleos fijos para su operación, es decir, cada central sería una mediana empresa de continuidad garantizada 40 años, además de otro significativo número de empleos indirectos.

20 GW de nuevas centrales termosolares a lo largo de la próxima década generarían cerca de 100.000 empleos al año durante los 10 años que duraría dicho despliegue y 25.000 empleos estables de por vida una vez construidas las centrales. Aunque una buena parte de la actividad tendría lugar lógicamente en las regiones del sur de España, contribuyendo eficazmente a su convergencia económica, buena parte de la fabricación de componentes y de servicios de montajes especializados tendrían su origen en las CC AA del centro y norte del país, con Asturias y el País Vasco como regiones destacadas.

España, además de ser líder mundial en esa tecnología, tiene las mejores condiciones de cualquier otro país europeo para su instalación. Dichos países tendrán que buscar soluciones mucho más costosas y parcialmente contaminantes para asegurar el suministro y la estabilidad de la red. ¿Vamos a dejar pasar esta oportunidad histórica?

Por Luis Crespo – Presidente de Protermosolar 

 

Ocho pruebas de que la transición energética mundial va más rápido de lo que piensas

Las noticias sobre cómo avanza el cambio climático, la contaminación o la degradación ambiental son tan continuas como demoledoras. Constantemente nos aplastan con informaciones que muestran las consecuencias de la desastrosa gestión del entorno que nos rodea. Son tantas evidencias, que podemos caer fácilmente en el desánimo y creer que esto ya no tiene arreglo.

Pero no es así. Las soluciones están en marcha, y avanzan cada vez más rápido, aunque difícilmente captan la atención de los medios de comunicación o de las redes sociales. Tan solo mirando el último año, encontramos innumerables ejemplos de cómo la transición energética está triunfando o logrando avances históricos. Hay tantos casos que no es fácil seleccionar, pero sin duda estos ocho ejemplos, de todas las partes del mundo, están entre los más llamativos.

En África, el presidente de Kenia se ha comprometido a completar la transición del país a 100% renovable para 2020. Kenia es uno de los líderes mundiales en energía geotérmica y está invirtiendo en todas las demás renovables.

En Oriente Medio, Arabia Saudita ha firmado con Softbank la financiación del mayor paquete de proyectos solares del mundo: 200 GW, de los que los primeros 7,2 GW van a comenzar a funcionar este año y el resto se irán poniendo en marcha hasta 2030. Israel, por su parte, estará libre de carbón y de motores de combustión interna para 2030.

En Oceanía, los hogares y negocios australianos están instalando energía solar en sus tejados batiendo récords: se instalan 6 paneles solares cada minuto, más de dos millones de hogares ya disponen de energía solar, y en los estados de Queensland, Australia del Sur y Australia Occidental la penetración ya supera el 30%. Mientras, el gobierno de su vecino Nueva Zelanda anunció que no dará más permisos para exploración de petróleo o gas en sus aguas territoriales.

En Asia, las renovables crearon 47.000 nuevos empleos en la India en 2017, alcanzando los 432.000 puestos de trabajo. Vietnam ha anunciado planes para más que triplicar la electricidad que produce con renovables y aumentar en un 26% el uso de energía solar en los hogares para 2030. Las compañías japonesas Fujitsu y Marui Group se han comprometido a suministrarse con energía 100% renovable. Sumitomo Mitsui Trust Bank se ha convertido en el primer banco japonés que restringe la financiación de proyectos de carbón, tanto dentro como fuera de su país.

Mirando el último año, encontramos innumerables ejemplos de cómo la transición energética está triunfando o logrando avances históricos

En América, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se ha comprometido a prohibir los combustibles fósiles y a ser el primer país del mundo en descarbonizarse completamente. El año pasado, Costa Rica ha estado 300 días (201 seguidos) usando solo energía renovable para su suministro eléctrico, batiendo su propio récord del año anterior. En EEUU, a pesar de Trump, California ha establecido por ley que el 100% de su electricidad sea renovable para 2045. Y además, el gobernador del estado, Jerry Brown, ha firmado una orden ejecutiva para que California alcance la neutralidad de carbono ese mismo año.

En Europa, el dinero huye del carbón. La mayor compañía de seguros de Europa, Allianz, se ha comprometido a dejar de asegurar empresas vinculadas al carbón. La tercera aseguradora del mundo, Generali, deja de asegurar nuevas térmicas de carbón y minas. La segunda mayor compañía de reaseguros del mundo, Swiss Re, ha dejado de asegurar centrales térmicas, minas y empresas expuestas al carbón en más del 30%. El mayor banco de Alemania, Deutsche Bank, dejará de financiar proyectos de carbón, lo mismo que el mayor banco de Dinamarca, Danske Bank, que ha decidido dejar de invertir también en las contaminantes arenas bituminosas. Y no solo el sector financiero privado: Irlanda se ha convertido en el primer país en desinvertir completamente en combustibles fósiles.

Todas las instalaciones de Apple (fábricas, tiendas y centros de datos) se suministran con energía 100% renovable. Facebook se ha comprometido a ser 100% renovable para 2020. Sony se ha comprometido a cubrir todas sus necesidades energéticas con renovables para 2040 (partiendo de solo un 7%) Samsung se ha comprometido a suministrar con energía 100% renovable todas sus operaciones en Europa, EEUU y China para 2020. Y su compromiso lo han seguido otras 11 grandes corporaciones coreanas.

Y también aquí en España hemos visto cómo se ha acordado el fin de la minería del carbón, las compañías eléctricas planean cerrar 9 de las 15 térmicas de carbón del país, y hemos logrado fulminar por ley el infame “impuesto al sol”. En ese contexto, las energías renovables vuelven a renacer, con multitud de proyectos, y la cuota de electricidad renovable ha subido al 40% (en 2017 fue del 33%).

Así que no hay que cambiar de planeta ni esperar un milagro, lo que hay que hacer es acelerar la transición energética y ecológica, que ya está en marcha, para que llegue a ser más rápida que el cambio climático y la destrucción ambiental. Con los datos en la mano, hay razones para la esperanza.

José Luis García – Área de energía y cambio climático de Greenpeace

Los vehículos con gas: ni eficientes ni ecológicos

Inauguramos el año con la noticia de que el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que regula las ayudas para la adquisición de vehículos de “energías alternativas” (PLAN MOVEA) -actualmente en proceso de consulta pública- incluye los vehículos que utilizan gas en las distintas formas en las que se comercializa.

Desde estas mismas páginas hemos analizado los problemas inherentes al uso de estos combustibles fósiles y las razones por las que no tienen cabida en la transición energética. Además de las obvias razones medioambientales, de que no somos un país productor de gas y de que más del 40% de las reservas mundiales están en países de Oriente Medio con fuerte inestabilidad política, hay una razón poderosa para no apostar por el gas: los motores de combustión son muy poco eficientes y la utilización de estos combustibles no mejora su eficiencia.

En condiciones ideales un motor de combustión interna tiene una eficiencia del 30%, mientras que en condiciones reales su eficiencia baja, dependiendo de las condiciones de uso, y su valor está entre un 10 y un 20%, mientras que un coche eléctrico tiene eficiencias reales del 90%.

¿En que se traducen estos datos en términos de eficiencia energética?

Pues en que por cada 10 kWh de energía que usemos un motor de combustión aprovecha 2 kWh mientras que un motor eléctrico aprovecha 9 kWh.

Esta brutal diferencia en eficiencia se puede visualizar mejor si comparamos los consumos energéticos de los vehículos en recorridos similares.

Hemos considerado el consumo medio estimado de combustible de diversos autos en estudios comparativos realizados en condiciones reales  de funcionamiento por el sector del automóvil. Estos estudios revelan que los consumos medios de combustible para recorrer 100 km son:

  • Gasolina 5,5 litros/100 km
  • Diésel 5,5 litros/100 km
  • Gas Natural Comprimido 3,7 kg/100 km + 0,17 litros gasolina/100 km
  • Gas Natural Licuado                 9,1 kg/100 km

Si tenemos en cuenta los poderes caloríficos de los distintos combustibles y las equivalencias de unidades y expresamos los consumos en kWh, nos encontramos que para recorrer 100 km la energía consumida por cada uno de los vehículos ha sido la siguiente:

  • Gasolina 51  kWh
  • Diésel 56  kWh
  • Gas Natural Comprimido 66 kWh
  • Gas Natural Licuado 138 kWh

Si comparamos estos consumos con que un coche eléctrico consume de media 15 kWh/100 km nos encontramos que, en términos energéticos, un vehículo eléctrico es 8 veces más eficiente que un vehículo con Gas Natural Licuado y 4,4 veces más eficiente que los que funcionen con Gas Natural Comprimido. Esto significa que con la misma energía, mientras que un vehículo eléctrico es capaz de recorrer 100 km, un vehículo de Gas Natural Comprimido recorre 23 km y uno de Gas Natural Licuado 12 km.

Un vehículo eléctrico es 8 veces más eficiente que un vehículo con Gas Natural Licuado y 4,4 veces más eficiente que los que funcionen con Gas Natural Comprimido. Esto significa que con la misma energía, mientras que un vehículo eléctrico es capaz de recorrer 100 km, un vehículo de Gas Natural Comprimido recorre 23 km y uno de Gas Natural Licuado 12 km.

En cuanto a costes, los precios actuales de los combustibles hacen que estas diferencias se compensen un poco. Así, el coste en euros para recorrer 100 km es el siguiente:

  • Gasolina 7,2 €
  • Diésel 7,2 €
  • Gas Natural Comprimido 3,2 €
  • Gas Natural Licuado 6 €
  • Eléctrico 2 €

El vehículo eléctrico es actualmente la opción energética más barata.

Comprobamos como la eficiencia de los motores de combustión es muy baja y esta razón, por sí misma, debería ser suficiente para abandonar los motores de combustión y apostar de forma decidida por el vehículo eléctrico.

La apuesta de los fabricantes por los motores de gas es un último intento de alargar la vida de una tecnología obsoleta, aprovechando la disminución de emisiones de estos vehículos para presentarlos como alternativa a los combustibles tradicionales.

Es bastante desolador observar cómo, además de las ayudas estatales a la compra de vehículos de gas, las Comunidades Autónomas también incentivan su compra mediante ayudas, incluso para la reconversión de motores de gasolina o diésel a motores de gas. La Dirección General de Tráfico concede, además, a estos vehículos el distintivo ECO, lo que les permite estar exentos de las restricciones de tráfico en episodios de alta contaminación en las ciudades o acceder a bonificaciones de aparcamiento, entre otras. Exactamente igual que los coches eléctricos.

Un último dato: en España existen 600 estaciones para repostar Gas Natural Licuado y sólo 55 para Gas Natural Comprimido, mientras que tenemos alrededor de 3000 puntos de recarga de vehículo eléctrico. Puestos a invertir para extender la cobertura de estas redes, la apuesta debería ser por ampliar significativamente los puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La transición energética exige tanto el abandono de los combustibles fósiles como la apuesta decidida por las tecnologías más eficientes. Apostar por el gas sólo va a retrasar la transición energética y no será nunca una opción energética de futuro para España. No parece razonable, ni es coherente que queramos avanzar en la transición energética y que, al mismo tiempo, desde las administraciones públicas, se sigan subvencionando estas tecnologías fósiles.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

En el Plan MOVEA sobra el gas

Mal empezamos si el Plan se llama de Movilidad con “Energías Alternativas”… ¿Qué sentido tiene subvencionar unas tecnologías tres veces menos eficientes, casi igual de contaminantes y que deberán desaparecer en un par de décadas?

El Estado español debe concentrar todas las ayudas para fomentar la movilidad sostenible en las tecnologías que ya son de emisiones cero en uso y que serán de emisiones cero en ciclo de vida al finalizar la transición energética: vehículos eléctricos. Además, esta tecnología ya es tres veces más eficiente, con lo que ello implicará en el balance energético nacional. Y, además, toda la electricidad que consuma será de origen nacional, con un ahorro milmillonario en la balanza comercial y la posible creación de medio millón de empleos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sigue la estela del anterior ministro: que nada cambie. Parece que se comunica poco con el Ministerio para la Transición Ecológica. Este ha propuesto un borrador de Ley de CCyTE que implica la desaparición de los combustibles fósiles en el transporte en el horizonte de 2040 (matriculaciones) y 2050 (circulación). Y el Mincotur propone un Plan MOVEA 2019 que sigue subvencionando las “energías alternativas”: el gas licuado del petróleo, el gas natural comprimido y el gas natural licuado, con la pretensión de que son “menos contaminantes” que el gasóleo o la gasolina y que “la industria española del automóvil es muy importante y hay que proteger los empleos”. Como si la fabricación de vehículos a gas fuera algo más que testimonial de la industria…

El Mincotur propone un Plan MOVEA 2019 que sigue subvencionando las “energías alternativas”: el gas licuado del petróleo, el gas natural comprimido y el gas natural licuado, con la pretensión de que son “menos contaminantes” que el gasóleo o la gasolina

Al menos, han tenido el detalle de dejar opinar a la ciudadanía sobre el particular en esta consulta pública sobre el MOVEA 2019. Esperemos que no sea otra medida cosmética más.

Estas son mis 10 Razones

1.- Los vehículos propulsados por gases fósiles (GLP, GNC y GNL) emiten casi la misma contaminación que los nuevos modelos diésel o gasolina Euro6 (ver Gas fósil en transporte). No debe subvencionarse una tecnología casi igual de contaminante. Hacerlo sería un derroche de recursos públicos escasos, que tendrá tres efectos indeseables para la transición a una movilidad realmente sostenible:

  • Retrasará la penetración de la movilidad de emisiones CERO.
  • Fomentará la penetración de unas tecnologías que emiten casi el mismo CO2e, NOx y partículas.
  • Incentivará inversiones millonarias tanto de fabricantes de vehículos como de infraestructuras gasistas (red de gasineras), hoy casi inexistentes, lo que prolongará la existencia de unas tecnologías que deberán quedar abandonadas antes de acabar su vida útil.

2.- Vehículos eléctricos. Las emisiones en el tubo de escape de la movilidad eléctrica son CERO. Sus emisiones totales (del pozo a la rueda) son inferiores al 40%, considerando el mix español de electricidad. Además, el objetivo es que lleguen a emitir CERO en todo su ciclo de vida, cuando se cumplan los objetivos de la UE y del Gobierno de tener electricidad 100% sin emisiones, hacia 2050.

3.- Fabricación de automóviles. Si los vehículos viejos son más contaminantes, que se renueven por nuevos, de gasolina, gasóleo, GLP, GNC o GNL, Euro6 y posteriores. Pero sin subvenciones. La industria española del automóvil es muy importante y, si quiere seguir siéndolo, que haga lo imposible por fabricar modelos eléctricos y ser parte del futuro. Si se van a perder empleos en la fabricación de componentes innecesarios (tubos de escape, radiadores, cajas de cambios, etc. etc.)  deberán reinventarse y fabricar componentes necesarios en la movilidad del futuro, sobre todo, baterías. Y en la construcción, mantenimiento, operación y desmantelamiento de las infraestructuras de carga y de generación de electricidad sin emisiones. Analistas, multilaterales, bancos de inversiones y universidades de todo el mundo afirman que la creación de empleo en una economía descarbonizada será varias veces superior a la destrucción de empleo en las industrias fósiles. Apostemos por esos empleos. No apostemos por seguir fabricando tubos de escape.

4.- Eficiencia energética. El rendimiento de los vehículos eléctricos se acerca al 90%, mientras que con motor térmico no se llega al 30%. Si se desea fomentar la movilidad sostenible y llegar a una flota de más de 30 millones (los registrados en la DGT ya superan los 33M), esa flota deberá ser de rendimiento próximo al 90%. Subvencionar vehículos con rendimiento inferior al 30% es un derroche de recursos difícil de explicar.

5.- Coherencia interministerial. El Ministerio para la Transición Ecológica hizo público un borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que proponía la transición hacia una economía descarbonizada. Las medidas relativas a movilidad incluían la prohibición de matricular, a partir de 2040, vehículos que emitan gases de efecto invernadero. Y prohibir su circulación a partir de 2050. En este contexto, no tiene sentido dedicar recursos públicos y fomentar el desarrollo de unas tecnologías con fecha de caducidad.

6.- Balanza comercial y factura energética. Hacia 2050 y una vez realizada la Transición, la generación de electricidad será próxima al 100% renovable. Quizá con algún respaldo nuclear o de gas. En tal escenario, España habrá sustituido las actuales importaciones de hidrocarburos del orden de 30.000 M€ anuales por una electricidad generada localmente, a base de eólica, solar, hidroeléctrica, bioenergías, etc., así como diferentes medidas de digitalización, gestión de la demanda, conexiones, almacenamiento (bombeo, baterías, otros). A coste marginal CERO.

7.- Creación de empleo. Todas las infraestructuras citadas, así como las necesarias para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, red de recarga pública y privada, su mantenimiento y operación, su desmantelamiento y sustitución supondrá la generación de cientos de miles de nuevos empleos.

8.- PIB. Todos esos nuevos empleos ocurrirán por la sustitución del gasto en hidrocarburos, con un impacto más que positivo en el PIB nacional, por menores importaciones y mayor renta disponible para el consumo en España, no en Arabia Saudita.

9.- Industrialización. Y en casi todas esas tecnologías, las empresas españolas son punteras en el mundo. Se pueden recuperar empleos industriales de calidad en unas décadas de pérdida de empleo por digitalización y automatización. La mayor parte de estos empleos no son deslocalizables.

10.- Fiscalidad ambiental. España no solo debe terminar con las subvenciones a los hidrocarburos, debe gravar todos los combustibles fósiles en proporción a sus emisiones reales totales del pozo a la rueda. Con datos de la OCU (noviembre 2018), en España, los impuestos a los carburantes eran: 45,70 céntimos/litro a la gasolina, 33,10 cént./l al gasóleo, 3 cént./l al LPG y 6 cént./kg al GNC. Recalculados por kilogramo (más parecido a su poder contaminante que por litro), quedaría: 67 cént./kg la gasolina, 40 cént./kg el gasóleo y 6 cént./kg GLP/GNC. No tiene ningún sentido que combustibles con poder contaminante y climático similar tengan semejantes ventajas fiscales. Debe armonizarse esta fiscalidad en proporción al poder contaminante total de cada hidrocarburo en 5-10 años.

España necesita plantearse la renovación de casi 30 millones de vehículos a motor como una herramienta más para llegar a un futuro eficiente, sin emisiones, sin importaciones de hidrocarburos, con generación de empleo industrial, en una economía sostenible.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Una decisión poco valiente e incoherente del Miteco

A principios del pasado mes de octubre, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, su acrónimo inglés), presentó su informe especial sobre los impactos del cambio climático en un escenario de 1,5ºC de incremento de la temperatura media del planeta con respecto a los niveles preindustriales, realizado por encargo de los casi doscientos países que forman parte de la Convención de Cambio Climático de la ONU.

En este informe, la comunidad científica nos advierte de los graves efectos ambientales, sociales y económicos que tendría alcanzar ese incremento medio de 1,5ºC (de hecho ya la hemos aumentado 1ºC y los impactos negativos son claramente palpables) y avisa de que si queremos limitar la subida al menos a esos 1,5ºC tendremos que realizar con urgencia “cambios de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico pues, al ritmo actual de emisiones, ese aumento podría alcanzarse incluso en 2030, es decir tan sólo dentro de 11 años.

planta

En esas fechas, la titular del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Teresa Ribera, una reconocida experta en la materia, declaró, en una entrevista en el programa “Las mañanas de RNE”, que el informe del IPCC era “un gran tirón de orejas, porque lo que pone de manifiesto es que ya hemos incrementado la temperatura 1ºC con respecto a la media de la era preindustrial, y que ya estamos sufriendo esos cambios en los patrones habituales del clima”.

En esa misma entrevista la ministra manifestó que: “El mejor momento para haber empezado a actuar con tiempo suficiente para alcanzar ese objetivo era hace 25 años. Pero en todo caso, el segundo mejor momento es hoy, y tenemos que acelerar toda nuestra acción en materia de cambio climático. La gente no es consciente de hasta qué punto tiene un impacto tremendo sobre nuestras vidas, nuestro entorno económico y nuestras posibilidades de desarrollo. Es posible hacerlo pero evidentemente requiere poner toda la maquinaria a trabajar en la buena dirección y yo creo que es un mensaje fundamental para todos los gobiernos y para todos los decisores de políticas públicas (…) y los actores económicos”.

A lo que añadió: “El mensaje fundamental es una llamada a la acción, una sacudida. (…) de lo que se trata es que toda la acción es imprescindible. (….) Cuanto más hagamos, menos malo será, y habrá una mayor posibilidad de recuperar en el medio plazo una estabilidad climática para nuestros hijos, nietos y descendientes”.

Sin duda, declaraciones muy plausibles y dignas de elogio, especialmente para cualquiera, entidad o persona física, que esté realmente preocupado por el problema del cambio climático. Incluso el MITECO emitió una nota de prensa oficial titulada “El Gobierno se compromete a acelerar la acción climática en línea con el informe del IPCC”.

Pero, como dice el refrán, de las palabras a los hechos, va mucho trecho.

Así pues, de forma totalmente incoherente con esas declaraciones de la ministra Ribera, el Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada “Casablanca“, la más antigua de las cinco concesiones de las que disfruta la compañía Repsol en su plataforma petrolífera ubicada en el mar Mediterráneo, frente a las costas de Tarragona. La decisión se ha concretado en el Real Decreto 1519/2018, publicado en el BOE del 29 de diciembre.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada “Casablanca”

Ojalá hubiera sido sólo una broma de mal gusto típica del día de los Santos Inocentes, pero no, no fue una broma, aunque la decisión sí fuera de mal gusto, al menos desde el punto de vista de la necesaria transición a la descarbonización de la economía. Parece claro que, en este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático.

La concesión de ese tipo de prórrogas es meramente potestativo: el Gobierno central no tiene ninguna obligación legal de concederlas. Por ello, resulta obvio que la decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

Una decisión totalmente incongruente que hace caso omiso a la petición del IPCC de realizar urgentemente cambios “de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico para así poder avanzar rápidamente y con éxito en la obligada transición hacia un modelo sostenible y profundamente descarbonizado.

En este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático

En diciembre del 2017 contábamos en este mismo blog que Francia se había convertido en el primer país del mundo en prohibir por ley la producción de hidrocarburos en todo su territorio, tanto en el mar como en tierra firme. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional.

Eso mismo podría haber hecho el MITECO: no prorrogar las concesiones a medida que fueran caducando sus actuales permisos. La medida no sería ni tan siquiera drástica para el promotor, de hecho la concesión de explotación “Casablanca” es sólo una de las cinco concesiones de explotación que tiene Repsol en el subsuelo marino del Mediterráneo, ligadas a su plataforma petrolífera del mismo nombre, frente a las costas de Tarragona. Las otras cuatro concesiones de explotación seguirían vigentes hasta que sus plazos fuesen venciendo en los próximos años.

Por otra parte, independientemente de la voluntad del Gobierno de querer seguir perpetuando en mayor o menor medida el modelo energético convencional, el MITECO debería haber sometido el expediente de esta prórroga de explotación de hidrocarburos al trámite de evaluación de impacto ambiental.

El MITECO, en vez de innovar de forma sostenible, ha mantenido la “costumbre” de sus predecesores de otorgar estas prórrogas sin que se realizase ningún control ambiental al respecto. Esta práctica es contraria al Derecho de la Unión Europea y resulta especialmente grave cuando existe un riesgo de accidentes graves en la plataforma petrolífera que no se ha analizado mediante un adecuado procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La necesidad de dicho control ha sido declarada por la jurisprudencia europea y en este caso, con los antecedentes existentes de vertidos de Repsol, es más que indicada.

La decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

El Tribunal de Justicia Europeo, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido claramente que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino.

También es de resaltar la falta de transparencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO que ha denegado, sin fundamento jurídico alguno, la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente de solicitud de prórroga, al igual que hiciera este organismo en la anterior legislatura con otros expedientes similares, pese a que el Defensor del Pueblo ha dado amparo legal al derecho de la Alianza a ser considerados parte interesada en este tipo de procedimientos.

En resumen, una decisión incongruente con el compromiso de descarbonización del MITECO y de la propia ministra, una decisión muy poco valiente, al gusto de la industria de los combustibles fósiles, adoptada sin la necesaria evaluación de impacto ambiental de una actividad de tan alto riesgo para el medio ambiente, y además con una lamentable falta de transparencia al impedir activamente la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente administrativo.

En una entrevista concedida a la agencia EFE antes de viajar a Katowice (Polonia) para encabezar la delegación española durante el tramo final de la 24 Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático de la ONU (COP24), la ministra declaró: Todos los informes confirman la urgencia de pasar a la acción, y los gobiernos tenemos la obligación de ser valientes, adoptar medidas y proporcionar un marco regulatorio estable y predecible que dé señales claras de hacia dónde vamos”.

También añadió: “Hay gobernantes que pueden frenar la transición, pero no detenerla”. En eso sí estamos de acuerdo.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética: una necesidad perentoria

El reciente informe especial sobre 1, 5º C del Panel Intergubernamental de Cambio Climático es demoledor: o actuamos para hacer frente al cambio climático o el futuro de la humanidad es poco halagüeño. Algunos científicos advierten que siguiendo la senda actual nos adentraremos en un estado que denominan “the Hothouse Earth”.

Para hacer frente a este enorme reto al que nos enfrentamos necesitamos una acción colectiva de la sociedad que requiere cambios de conducta, innovación tecnológica y una nueva gobernanza, entre otros. El Acuerdo de París es el inicio de esta nueva gobernanza, pero debe ser aplicado en el plano nacional. Hasta el momento, en nuestro país, no contamos con un marco normativo que permita impulsar esa acción colectiva por parte de la sociedad española. A ello responde el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética[1] (LCCTE). Así, dicho Anteproyecto introduce medidas que supondrán cambios significativos para nuestro modelo económico, cambios que son necesarios y urgentes y facilitarán una transición justa para toda la ciudadanía.

Esfera de cristal

Es importante señalar que se trata de un texto de una Ley Marco pues muchos de los cambios que impulsará deberán ser desarrollados posteriormente[2]. De ahí, que muchas respuestas no se pueden encontrar directamente en esta Ley.

Los propósitos de la Ley son cuatro:

  1. Poner en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética.
  2. Garantizar la coordinación de las políticas sectoriales para asegurar su coherencia.
  3. Garantizar la cohesión social y territorial promoviendo una transición justa y solidaria.
  4. Poner en marcha instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana.

El Título I introduce el objeto de la Ley, en el que echamos en falta una mención específica a contribuir a la protección del sistema climático, junto con los principios rectores en los que deberían incluirse también el principio de precaución y el principio de no regresión, fundamentales en la lucha contra el cambio climático.

Echamos en falta una mención específica a contribuir a la protección del sistema climático, junto con los principios rectores en los que deberían incluirse también el principio de precaución y el principio de no regresión, fundamentales en la lucha contra el cambio climático.

Los objetivos nacionales de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, energías renovables y eficiencia energética para el año 2030 están en línea con lo acordado en la Unión Europea[3]. Asimismo, el objetivo de reducción de emisiones de GEI para el año 2050 incluido en la proposición es de al menos un 90%, siendo 1990 el año base. Mientras, la Comisión Europea aboga por alcanzar una neutralidad climática en el año 2050.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), exigido por el Reglamento de Gobernanza de la UE[4] es uno de los pilares fundamentales para lograr esos objetivos. El borrador de PNIEC está en proceso de elaboración.

La Ley prevé la adopción de medidas dirigidas a impulsar las energías renovables. Promueve una transición energética empezando por no permitir, desde su entrada en vigor, la concesión de autorizaciones de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, así como la fractura hidráulica, además de establecer 2040 como fecha de caducidad de las autorizaciones vigentes. Al mismo tiempo, prohíbe el establecimiento de nuevos subsidios a los combustibles fósiles, previendo la elaboración de un informe sobre el régimen fiscal de los combustibles fósiles en un año desde su entrada en vigor. Junto con el sector energético, también establece objetivos y medidas para lograr una movilidad sostenible como la prohibición a partir de 2040 de matricular y vender turismos y vehículos comerciales ligeros que emitan CO2 y el impulso de la rehabilitación de edificios existentes con una meta de 100.000 viviendas de media anual entre 2021 y 2030.

Incluye instrumentos para la adaptación al cambio climático, además de la adopción de objetivos y algunas medidas para impulsar el cambio en otros sectores como el financiero o incluso dentro de la propia Administración General del Estado y prevé la elaboración de los denominados contratos de transición justa que realmente serán convenios de transición justa. En materia de gobernanza, establece la creación de un Comité de Cambio Climático y Transición Energética y la aprobación de planes autonómicos locales de energía y clima.

La LCCTE impulsará los cambios necesarios para descarbonizar nuestra economía. Se trata de  un primer paso para poner a nuestro país en la senda correcta. Sin embargo, al tratarse de una Ley marco, es necesario que toda la batería de medidas previstas en la misma se elabore y adopte sin dilación

La LCCTE impulsará los cambios necesarios para descarbonizar nuestra economía. Se trata de  un primer paso para poner a nuestro país en la senda correcta. Sin embargo, al tratarse de una Ley marco, es necesario que toda la batería de medidas previstas en la misma se elabore y adopte sin dilación respetando los plazos previstos y, en aquellos casos en que no se establecen plazos, habrá que evitar retrasos innecesarios. No nos dejemos engañar, la lucha contra el cambio climático no es una cuestión política y menos aún ideológica. Estamos en un momento crucial, por lo que es urgente que no se demore la tramitación de la Ley. La sociedad en su conjunto está obligada a actuar pues la aprobación de leyes, reglamentos y estrategias no resultará eficaz si no nos involucramos todos en la batalla contra el cambio climático. Se trata de una responsabilidad compartida.

[1] Este análisis se basa en la versión de 14 de noviembre de 2018.

[2] Por ejemplo: Estrategia de Bajas Emisiones (Art. 4.6), los Informe sobre el régimen fiscal aplicable a los combustibles fósiles (Art. 12.1), Informes sobre evolución de riesgos climáticos (Art. 19) o  Estrategia de Transición Justa quinquenal (Art. 25.1)

[3] Al menos 20% de reducción de GEI del total de la economía española, siendo 1990 el año base, 35% de cuota de renovables y un sistema eléctrico con al menos 70% de generación a partir de renovables, 35% en mejora de eficiencia energética.

[4] Ver: http://www.iidma.org/attachments/Publicaciones/Analisis_PNIEC.pdf  y http://www.iidma.org/attachments/Publicaciones/PP_PNIEC.pdf

Por Ana Barreira– Directora del IIDMA