Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables 
Llevo 40 años trabajando en temas energéticos y nunca pensé que la realidad del día a día superaría con creces la ficción más delirante. En las dos últimas semanas hemos podido escuchar posicionamientos de políticos y empresas del sector energético que rompen con la lógica de cuáles deberían ser las actuaciones de cada uno de ellos. Veamos algunos ejemplos del pasado reciente:
- En la cumbre COP22 de noviembre de 2016 en Marrakech, el ministro Nadal explicó, no sin sorpresa de los presentes, que las centrales de carbón en España las cerraría el mercado. El pasado día 4 de mayo, en la Junta General de accionistas del Grupo Enel, accionista mayoritario de Endesa, se anunció que en 2020 cerrará las centrales de Andorra y Compostilla por su compromiso con el medioambiente y la descarbonización y por su no rentabilidad. A este anuncio, esperado por todos y que asume los compromisos europeos para el sector minero, responde, no solo el ministro Nadal oponiéndose al cierre, sino que le siguen el presidente de Aragón, Javier Lambán, que gobierna con los votos de Podemos, y Susana Díaz, candidata a la secretaria General del PSOE, quien ha manifestado que iría hasta Bruselas para luchar contra su cierre.
- En la presentación de cuentas de Iberdrola Generación Nuclear se anuncia que desde su constitución en 2012 ha estado perdiendo dinero todos los años, con un quebranto que supera con creces los 1.000 millones de euros (M€). La noticia ha venido acompañada por una campaña mediática y de presión al Gobierno para cambiar la ya posición de ventaja que las centrales nucleares tienen en el funcionamiento del Sistema Eléctrico español. La cuestión es que si nadie quiere o se fía de la energía nuclear y ahora resulta que no es rentable para los propietarios, ¿por qué el Gobierno se empeña en mantener abiertas estas instalaciones y sin fecha de cierre?
- Si la pobreza energética ya ha sido reconocida por todos los partidos políticos como un problema real y global que hay que resolver en España ¿por qué se quiere resolver con una regulación basada en excepciones y no asumiendo que necesitamos una configuración de la tarifa eléctrica diferente a la actual que incluya una tarifa social?
- En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como denunciaba el pasado 4 de mayo Sergio de Otto en este blog, se incluye una partida bajo el concepto Compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables” y el texto añade: “que soportan” …” las industrias”, y que supone que seamos la ciudadanía, que votó y eligió al Parlamento y por tanto al Gobierno, quienes tengamos que asumir esta nueva carga. Lo más escandaloso es que el argumento es falso: las industrias intensivas en uso de la energía solo pagan un 4% por esos costes como demuestran los datos de la Comisión Europa, el porcentaje más bajo de la Unión Europea.
- En estos PGE el Gobierno ha decidido incluir una partida para hacer frente al laudo del CIADI -Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones- (el primero de lo que puede ser una cascada) que condena al Estado español por el cambio regulatorio contra las renovables. Y lo ha hecho a última hora, cuando todo el mundo, menos ellos, sabía que el pronunciamiento de los arbitrajes internacionales iba a ser, va a ser, en contra de la fallida “reforma energética”. En definitiva, ha habido un traslado de una parte del déficit de tarifa desde el recibo de los consumidores a la liquidación de los contribuyentes, como demuestra el fracaso de la gestión de los hermanos Nadal.
- La semana pasada Endesa lanzaba una nueva tarifa, denominada “Tarifa Happy”, por la que se pueden elegir dos horas en un día o un día de la semana para consumir gratuitamente electricidad. ¿Pero no quedamos en que había que fomentar el consumo responsable y aplicar las políticas de eficiencia energética en las que la transmisión de la señal real de precio debe ser uno de los ejes? ¿Por qué se dan señales irreales al consumidor del funcionamiento del sistema si previamente se le han instalado contadores inteligentes para que pueda adaptar su consumo a los precios de cada momento?
- Y para acabar, mañana 17 de mayo, se llevará a cabo la presentación de ofertas en la subasta de 2.000 MW renovables que, por su formulación, ratifica que la política energética en España no solo es inexistente, sino que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital carece de la más mínima lógica en sus actuaciones. La subasta repite la experiencia y el alcance de la llevada a cabo el 15 de enero del año pasado, sin que existan noticias en la actualidad sobre el desarrollo real de las ofertas que resultaron ganadoras. El sector eléctrico tradicional ha manifestado su preocupación porque puedan ganar de nuevo “intrusos”, como pasó en la subasta anterior. Nadie se ha quejado del diseño de la subasta sino de la pérdida de los derechos que creen consolidados.
Quizás uno de los mayores problemas sea que la firma en el BOE de los responsables políticos que refrendan legalmente las decisiones tomadas sale gratis, ya que los daños ocasionados los volvemos a pagar entre todos, aunque luego se demuestre que se equivocaron. Casos como la reforma eléctrica, las demandas de arbitraje de inversores que se sentían engañados, de las que ya tenemos el primer laudo en contra, la decisión de llevar a cabo el almacenamiento Castor, las prospecciones petrolíferas en Canarias o la amenaza permanente contra la ciudadanía por el tema del autoconsumo… son ejemplos que ratifican la idiosincrasia de los responsables políticos, más empeñados en demostrar su poder real que en cumplir con el mandato que la sociedad les ha dado.
España es un vodevil en materia energética, lo que impide trabajar para cambiar una realidad ineficiente, injusta, dependiente del exterior y de los combustibles fósiles y que ha convertido una penosa realidad en una mala historia de ficción.