Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables 
Hace más de 50 años, España cumplió sus planes de electrificación al considerar que toda la población tenía acceso al suministro eléctrico. Disponer de electricidad es una clara señal de calidad de vida sobre todo si tenemos en cuenta que en la actualidad más de 1.600 millones de personas en el mundo carecen de este servicio.
Pero aquel estado de bienestar incipiente y de disponibilidad de servicios básicos públicos se está desmoronando fruto de una política que ha dado la espalda a las personas que más lo necesitan, dejando el acceso a los servicios básicos en función de la capacidad económica y no como un derecho inalienable de cobertura global que un estado solidario y distributivo debería tener.
La realidad es que en la actualidad más de cuatro millones de personas en España, aunque disponen de infraestructura eléctrica, no pueden acceder a la electricidad por no contar con los recursos económicos suficientes para pagarla. Esta realidad conocida como pobreza energética es la causante de la aceleración de la muerte de más de 2.000 personas al año.