Por Mª Concepción Cánovas – Experta en energías renovables 
Mucho se ha escrito sobre las consecuencias perversas que la pasada legislatura ha tenido sobre las energías renovables debido a la adopción de medidas que no han tenido precedentes ni en el resto de activos del sector energético, ni en los países de nuestro entorno.
Entre estas cabe mencionar la retroactividad aplicada a los activos renovables, frente al reconocimiento que recogía la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 de retribuir a los activos de generación convencional de acuerdo con lo que le hubiera correspondido percibir en base a la legislación anterior a lo largo de los 10 años siguientes, lo que demuestra ya de por sí un agravio comparativo importante para las renovables, sin entrar a considerar las elevadas denuncias que estos costes de transición a la competencia (CTC) han provocado consecuencia de la sobre retribución que de hecho supuso para estos activos.
Si comparamos las medidas adoptadas en nuestro país con las de los países de nuestro entorno, vemos como ante bajadas similares de la demanda eléctrica como es el caso de Portugal optaron por compensar la menor retribución de los activos en explotación renovables con su alargamiento en el tiempo, minorando así los efectos perversos que las circunstancias les había llevado a adoptar en contra de estas tecnologías.
A pesar de los perjuicios que todo lo anterior ha supuesto para el sector renovable, lo más preocupante de cara al futuro y más difícil de recuperar es el daño a la imagen que se ha hecho a las energías renovables, daño intencionado a partir de consignas dirigidas a identificar a las renovables como el único responsable de los males del sector, justificando así la vulneración a que las mismas se han visto sometidas.
Si bien esta legislatura ha supuesto no un parón, sino un retroceso en esta carrera por las renovables a nivel nacional, nuestras empresas han consolidado su presencia en todos los mercados internacionales, desde Japón a Chile, llegando en el Reino Unido, según la propia asociación fotovoltaica, UNEF, a conocernos como la “plaga española”, por nuestro éxito en este mercado, que ha cerrado el año 2015 posicionado como el segundo de Europa después de Alemania.
También en el ámbito de la I+D+i y en concreto dentro del VII Programa Marco de I+D de la UE en el periodo 2007-2013 las empresas españolas participaron en prácticamente la mitad de proyectos que se desarrollaron en el ámbito fotovoltaico (5,9% de todos los recursos aplicados en las tecnologías energéticas, 33 proyectos con una subvención de 132,2 M€) y liderando la mitad de ellos.
Frente a este esfuerzo del sector, nos encontramos con situaciones paradójicas como, por un lado, las declaraciones del Secretario de Estado de Energía en funciones sobre que «las renovables no han llegado al punto todavía en que puedan competir con las convencionales, siendo en la actualidad un coste y no un ahorro para el sistema, por lo que hay que hacer la transición de una manera adecuada teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental pero también económica»; mientras que, por otro lado, el presidente de la Empresa Nacional de Residuos, ENRESA señalaba fuera de España, la posible escasez de recursos financieros para desmantelar las centrales nucleares españolas en el caso de no prorrogarse su actual vida útil prevista de 40 años.
Ante estas afirmaciones cabe preguntarse ¿es que acaso este ha de ser un argumento de peso para la toma de decisión en un tema tan relevante como es el ampliar el plazo de vida útil de las centrales nucleares?, ¿Cuál ha sido la base de cálculo para determinar la sostenibilidad económica de una energía como la nuclear frente a las energías renovables?; en mi opinión estas dos declaraciones por si solas ponen de manifiesto el diferente trato de unas tecnologías respecto a otras.
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