El PP propone un pacto de estado limitado para la luz

Por Ángel Calleja

Las líneas rojas serían el mantenimiento del sistema de fijación de precios y pago de las deudas acumuladas con las eléctricas

«Tenemos que sacar el modelo energético de la disputa política». Con esta frase, y frente al escepticismo de sus rivales, se descolgó el portavoz sectorial del PP, Guillermo Mariscal, en el debate sobre el futuro del modelo energético español que 20minutos y la Fundación Renovables organizaron el lunes en Madrid para analizar las posibles soluciones ante la escalada del precio de la electricidad que las familias han padecido a lo largo del mes de enero. «Este país necesita un pacto como el que se hizo con las pensiones, una mesa en la que discutamos, sin levantarnos, durante tres o cuatro días», insistió Mariscal, que intercambió opiniones, propuestas y reproches con la diputada socialista Pilar Lucio, el representante de Unidos Podemos Josep Vendrell y el diputado de Ciudadanos Vicente Ten.

La propuesta del parlamentario popular no implica someter a revisión todo el sistema de producción y retribución de la electricidad, que se materializa en la factura con la existencia de dos tipos de costes: los fijos, correspondientes a gastos estructurales que suponen el 60-65% en función del contrato; y los variables, que tienen que ver con el precio de la luz y que representan el 35-40% restante.

Así, la primera línea roja del PP es el criticado método de fijación de precios de mercado, conocido como ‘marginalista’ y que implica pagar toda la electricidad que se negocia en un día al precio que marque la tecnología más cara. Ello provoca que centrales amortizadas hace años y con un coste de producción muy bajo, como las nucleares o las hidroeléctricas, estén «sobrerretribuidas», como denunció Pilar Lucio (PSOE): «El precio que se establece es la punta del iceberg de un sistema que no funciona. Tenemos que aprovechar la situación actual para ir al fondo. Sube el precio porque el funcionamiento del mercado no es justo». La solución, según Josep Vendrell (UP), sería reducir el «oligopolio» actual, excluir a determinadas industrias del sistema de fijación de precios y compensar a las empresas productoras de acuerdo a sus costes operativos más un margen de beneficio «razonable». Mariscal, sin embargo, cerró la puerta a esta vía: «El marginalista es el sistema más eficaz. Tan mal no ha ido cuando el año pasado en estas fechas pagábamos el megavatio hora a 34 euros. Esto [el máximo de 91,9 euros alcanzado el 25 de enero] es coyuntural».

Euros por Megavatio/Hora (OMIE)

La segunda cuestión sobre la que los de Génova se niegan a discutir son los alrededor de 10.000 millones de euros anuales que suman el déficit de tarifa (la indemnización que el Estado reconoció a las eléctricas por congelar la tarifa de la luz la pasada década) y las primas o ayudas a las empresas que producen mediante energías renovables. Este «lastre», según lo definió Mariscal, tiene que abonarse de una forma u otra hasta el año 2028. «Es el 1% del PIB. Da igual que se saque del término fijo [lo que abarataría la factura de los usuarios] y que se pase al presupuesto del Estado, porque hay que pagarlo igualmente», justificó.

La necesidad de sufragar esta ‘hipoteca’ derivada de las decisiones de los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero es el argumento que los populares esgrimen para mantener el conocido como ‘impuesto al sol’. La eliminación de este peaje al autoconsumo significaría, a juicio del actual Ejecutivo, que el conjunto de los consumidores tendrían que repartirse los costes fijos correspondientes a aquellos clientes que generan su propia energía con paneles solares, pero que no contribuyen al mantenimiento de la red como al resto pese a hacer uso de ella, aunque sea de manera puntual.

La oferta del pacto de Estado de Guillermo Mariscal fue acogida con incredulidad por los portavoces de PSOE y Unidos Podemos, que criticaron que el ministro Álvaro Nadal no hiciese referencia a esta posibilidad durante su comparecencia de la semana pasada sobre la subida de la luz.

Vicente Ten (Ciudadanos) reconoció la disposición de los populares al diálogo, pero advirtió de que cualquier debate sobre el nuevo modelo energético debe comenzar con la auditoría sobre los costes de producción de las eléctricas que el Ejecutivo se niega a poner en marcha, pese a que la oposición lo ha solicitado de forma unánime. Este estudio figura, incluso, en el acuerdo que el PP firmó con Ciudadanos para garantizarse su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy. «Estamos en la situación idónea para llegar a acuerdos. No solo tenemos un problema estratégico, sino que es un problema social», valoró Ten. Los partidos insistieron, en cualquier caso, en que las dificultades «estructurales» que sufre el sistema español obligan a acometer reformas como las siguientes.

¿Cierre de las nucleares?

España recurre a la electricidad de las nucleares francesas, al carbón y a sus propias centrales de ciclo combinado –que tienen el coste operativo más alto– para satisfacer los picos de demanda. Los cuatro partidos están de acuerdo en reducir la dependencia de fuentes exteriores, poco económicas o fósiles. Las renovables, coinciden, son la energía del futuro, pero el PP defiende que la nuclear y el gas deben ocupar un lugar destacado en el proceso de transición. El PSOE apuesta por cerrar las plantas de uranio en cuanto concluya su vida útil de 40 años.

Nuevas Renovables 

Gobierno y oposición admiten que las renovables instaladas durante los mandatos de Zapatero han salido caras y que España ha pagado la «curva de aprendizaje» y desarrollo de unas tecnologías que solo ahora son rentables. El Gobierno sacará a subasta la instalación de 3.000 megavatios más de producción limpia, pero la oposición exige que no lo haga con criterios de precio, sino que establezca cupos (fotovoltaica, eólica, biogás, etc.) para no dejar al albur del mercado el futuro del modelo. «No puede haber neutralidad tecnológica, porque los acuerdos de París nos marcan un objetivo de emisiones», apunta Pilar Lucio.

Tarifa según la eficiencia 

Unidos Podemos reclama una retarificación del mercado que premie el consumo eficiente, bonifique a las rentas más bajas y penalice a los sectores contaminantes o que derrochen. Esta propuesta contempla, también, la rebaja del impuesto del IVA (situado en el 21%), al considerar que la electricidad es un bien de primera necesidad para los ciudadanos. «El futuro energético no solo es tecnocrático, sino que debe reflejar el modelo de sociedad que queremos», propuso Josep Vendrell. Mariscal (PP) aceptó el reto de estudiar «incentivos fiscales» para la promoción de la energía ‘verde’. La autogeneración de electricidad en condiciones favorables ayudaría, según Vicente Ten, a «no tensionar tanto» la demanda y a bajar los precios.

Despolitizar la regulación

Ciudadanos ha hecho de esta una de sus principales propuestas. El partido naranja ha alcanzado un acuerdo con el PP para que el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), responsable de vigilar el comportamiento de las eléctricas, sea elegido de forma independiente y a través de criterios de mérito y capacidad. El pacto incluye la creación de un organismo de defensa de los consumidores.

Movilidad y rehabilitación

Dos puntales que, a juicio de la Fundación Renovables, son decisivos en un futuro sostenible. El primero supone un transporte público que funcione gracias a energías renovables y abandone los combustibles fósiles. El segundo implica un plan de eficiencia de los hogares para mejorar las viviendas más antiguas y elevar las exigencias a las de nueva construcción, a fin de reducir el nivel de consumo.

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