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El misterio de la comisión de expertos

José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

interrogante

Cuando un gobierno o administración tiene que tomar una decisión difícil, monta una comisión de expertos para que le ilumine sobre qué es mejor decidir. Cuando un gobierno o administración quiere marear la perdiz y alargar un tema sin tomar ninguna decisión, monta una comisión de expertos para tener al personal entretenido mientras el gobierno en cuestión sigue haciendo lo que le venga en gana.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros decidió crear una comisión de expertos sobre escenarios de transición energética, cuyo objetivo será aportar escenarios energéticos al debate de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como del Plan Integrado de Energía y Clima.

¿Cuál es el verdadero motivo de esta comisión de expertos? ¿Iluminar al gobierno o marear la perdiz? Pronto lo sabremos, pero de momento hay indicios que no señalan nada bueno.

Para empezar, su composición: catorce integrantes, cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE).

Que el gobierno quiera designar expertos de su confianza es normal, siempre que no elija a aquellos que solo vayan a recibir instrucciones o solo digan aquello que el gobierno desea oír.

Que otros integrantes vengan marcados con color político ya huele un poco peor, porque ahí nos podemos temer que cada cual intente arrimar el ascua a su sardina, y los expertos reproduzcan el debate parlamentario, solo que con una mayoría que asegure al gobierno salirse con la suya. Habrá que estar muy atentos no solo a los argumentos (que serán los esperables según el color político) sino al fundamento que aporten para defenderlos.

Respecto a los expertos a designar por los agentes sociales, la cosa ya huele a naftalina. ¿Quiénes son los agentes sociales? ¿Por qué la patronal y los sindicatos mayoritarios pueden designar sus propios expertos, y el resto de la sociedad no? ¿Por qué una asociación ecologista o de consumidores no puede aportar expertos que defiendan su punto de vista? ¿Será que no tienen representatividad social, o será que pueden defender propuestas que no gusten al gobierno?

Nadie cuestiona la legitimidad social de los sindicatos, ganada a pulso con décadas de esfuerzo de las personas trabajadoras, la cuestión es si el movimiento ecologista tiene también legitimidad para participar, en igualdad de condiciones, en el diseño del modelo energético del futuro.

Pongamos el ejemplo de una asociación ecologista como Greenpeace, con más de cien mil socios en España, y que ha presentado estudios y escenarios solventes para demostrar la viabilidad de un sistema eficiente, inteligente y 100% renovable para España. ¿Es o no una entidad representativa? ¿Tiene solvencia técnica para aportar datos y argumentos relevantes para el objeto de la comisión de expertos?

Nada es casualidad. En realidad, llueve sobre mojado. A finales de mayo, el Gobierno organizó, a bombo y platillo, las jornadas “Juntos por el clima”, en las que reunió a representantes de múltiples ámbitos de la sociedad para debatir sobre lo que debería contener la propuesta de ley de cambio climático y transición energética. O sea, para lo mismo que van a tratar en la recién anunciada comisión de expertos.

Aquellas jornadas se organizaron en torno a varias sesiones temáticas, y en cada sesión se agrupó a los asistentes en mesas sectoriales, es decir, una de científicos, una de políticos, otra de empresas…. y una de “agentes sociales”. Pues bien, en la sesión donde se iba a tratar el asunto más espinoso, el del modelo energético, sentaron en la mesa de “agentes sociales” a los representantes de todas las entidades ecologistas, la Fundación Renovables y tres grandes sindicatos.

Era evidente que el propósito de juntar a ecologistas y sindicatos en una misma mesa era neutralizar los postulados de ambos. La prueba de esto es que, a pesar de que casi todas las entidades que se sentaban en esa mesa están representadas en la Alianza por el Clima, los sindicatos enviaron a representarles a sus máximos dirigentes del sector del carbón. A pesar de los planteamientos compartidos de que la transición energética ha de ser justa con los derechos de las personas que trabajan en el carbón (y en el resto de sectores) y con las comarcas afectadas, la divergencia era clara en cuanto al futuro del sistema energético: sin carbón según los ecologistas y la Fundación Renovables, con carbón según los sindicatos (y también con nuclear según alguno de estos).

Cuando vemos la composición de la comisión de expertos anunciada el viernes, se comprueba que a quien se pretende neutralizar, en realidad, es a los ecologistas.

La pregunta que queda en el aire es ¿por qué el Gobierno no quiere escuchar la voz de los ecologistas? ¿por qué no quiere dar voz a quienes le puedan demostrar la viabilidad de un sistema 100% renovable para España? ¿qué temen? ¿qué quieren ocultar?

Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír.

 

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