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Se nos ve el plumero Se nos ve el plumero

"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

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Algo huele a podrido en la Justicia

“En España no hay leyes; solo orientaciones”. Lo aprendí de unos guiris escandalizados por la ineficacia y lentitud de nuestro sistema judicial y por la pasividad de la ciudadanía ante injusticias y/o delitos flagrantes.

El Roto, en El País, 27/04/13

El Roto, en El País, 27/04/13

Gurtel, la financiación del PP, Bárcenas, Undargarín, los ERE del PSOE, las dietas de UPN, las ITV de Pujol

Los casos de “presunta” corrupción de los políticos se eternizan hasta que caen en el olvido o se archivan por triquiñuelas técnicas, como ocurrió con Naseiro, el único tesorero de la historia del PP aún no imputado por corrupción.

La escasa confianza de los españoles en la Justicia viene lejos. Así la define el refranero: “Tengas pelitos y los ganes”, “Vale más un mal acuerdo que un buen pleito”, etc.

No es de ahora. Durante la Dictadura de Franco pasaba más de lo mismo. Las leyes fascistas promulgadas por el dictador apenas se cumplían, excepto para castigar a los disidentes políticos,

Un ejemplo: durante la Dictadura había una ley en vigor que calificaba el adulterio como delito. ¿Cuantas sentencias dictaron los jueces franquistas condenando a los adúlteros? Busquen en los archicos y se llevarán una enorme sorpresa. ¿Llegarán a la docena?

Ahora hay leyes democráticas en vigor que califican la corrupción como delito.

¿Cuantas sentencias han dictado los jueces condenando a los corruptos? Busquen en los archivos y se llevarán otra enorme sorpresa. ¿Llegarán a la docena?

¿Acaso no había miles y miles de casos de adulterio en la España de Franco?

¿Acaso no hay miles y miles de casos de corrupción en la España democrática?

Las leyes de antes como las de ahora no son leyes, son sólo orientaciones.

Si el Legislativo legisla será para algo. El Ejecutivo debería ejecutar, es decir, hacer cumplir las leyes que dictan los legisladores desde Las Cortes. Y si ambos poderes hicieran bien su trabajo, suponemos que el Judicial debería juzgar a quienes incumplieran las leyes y los condenaría o absolvería mediante las correspondientes sentencias. Digo yo.

Peridis, en El País, 27/04/13

Peridis, en El País, 27/04/13

¿Donde están las sentencias de nuestros jueces condenando o absolviendo los casos de corrupción política?

Deben estar en el mismo limbo en el que se ocultan las escasísimas sentencias de los jueces franquistas contra los adúlteros.

¿Acaso no había adúlteros cuando mandaba el dictador? ¿Acaso no hay corruptos ahora que manda el pueblo soberano?

Creo que lo que no había antes ni hay ahora son jueces que hagan bien su trabajo, amparados por políticos que tampoco hacen bien el suyo.

Por eso, no me extraña nada la saludable irrupción en España de los “escraches” (¡qué palabra lunfarda tan bonita en boca de Carlos Gardel!). El pueblo soberano y desesperado busca salidas contra los políticos que no hacen bien su trabajo. Y ha encontrado una muy luminosa en la Argentina que luchó dignamente contra la Dictadura asesina de Videla y compañía: los “escraches”.

Nada de violencia física. Solo pancartas y gritos a la cara, en honor a la libertad de expresión.  A ver si nuestros políticos, casi anónimos, elegidos en listas cerradas por la estructura de sus partidos, se avergüenzan y despiertan de una vez…

Y, de paso, mal que les pese, hacen leyes que se cumplan (incluida una Ley Electoral de listas abiertas) y reforman la Justicia, esa palabra tan extranjera en España.

Gracias Erik por recordarnos con tu comentario de ayer lo que está consiguiendo la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, al sentar en el banquillo al general Efraín Ríos Montt, uno de los asesinos más crueles de América. Precisamente hoy, El Pais publica un excelente artículo de Prudencio García titulado “Ríos (de sangre) Montt” que te recomiendo. Ahí va el link:

http://elpais.com/elpais/2013/03/01/opinion/1362139369_928689.html

El trabajo heróico de Claudia Paz nos reconcilia con la condición humana en medio de tanta injusticia e ignorancia.

 

 

 

Vamos razonablemente mal

“Ya hemos tocado fondo, pero seguimos escarbando”, me dijo un colega pesimista de la prensa de pago.

El optimista le replicó:

“Yo voy bien, sin entrar en detalles”.

Y el presidente de un gran agencia de publicidad cerró el debate con esta sentencia:

“Nosostros vamos razonablemente mal”.

Desde luego, cada uno habla de la feria según le va en ella. Y hay que tener mucho cuidado con lo que nos dice la competencia. A menudo oímos decir:

A mi me va bien, pero el sector va fatal”.

Como es habitual, El Roto nos ilumina con su sarcarmo, ácido y lúcido, para que no nos creamos las noticias; sólo las profecías.

Y mucho ojo con los economistas: son muy buenos para predecir el pasado.

Ahora que está remitiendo el pánico por la nueva gripe A , porcina o mexicana, la crisis económica vuelve a ser el centro de las conversaciones de ascensor, superando incluso al tiempo.

También ha vuelto la crisis a la primera página de El Mundo, a cuatro columnas, con este gran titular:

Salgado ve “brotes verdes” en la economía española

Elena Salgado recurrió a las bellas metáforas primaverales de Bernanke, presidente de la Reserva Federal de EE.UU, en su anuncio/profecía de los “brotes verdes” y en su indumentaria, pues vestía un estampado llamativamente florido.

Me ha sorprendido el silencio de El País en su portada sobre el Consejo de Ministros extraordinario de ayer y la posterior rueda de prensa de las dos vicepresidentas insuflando prudente optimismo sobre la marcha de la economía.

El País ha preferido una gran imagen del machego Iniesta con este pie de foto:

El Barça llega a la gran final en el último suspiro

Entre Elena Salgado y Andrés Iniesta, no se quién de los dos contribuirá más a animar la actividad económica. Me dicen que el fútbol es corazón. O sea, como la economía. Quizás, por eso, anoche más de media España estalló de júbilo, espontáneamente, al ver o escuchar el excelente golazo de Iniesta.

Han sido dos días fantást¡cos para el buen humor (y, por supuesto, para la economía) de los españoles, gracias al lehendakari Patxi López y al Barça extraordinario de Guardiola.

A la hora del partido, estaba con unos amigos en Madrid , sin televisión ni radio. Me enteré de gol al instante (¡digo en Madrid!) por el inmenso grito de júbilo que salió de las ventanas de las casas que nos rodeaban. Aunque, desde niño, soy del Atletic de Bilbao, me alegré enormemente de ese gol del Barça que lo llevó de golpe a la final de Roma. Soprendido por el ruido, los gritos y la fiesta de los vecinos me pregunté:

¿Acaso puede haber tantos seguidores del Barça en este barrio madrileño tan castizo?

La mayoría serían del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Sin embargo, la alegría era extraordinaria. Así somos en Madrid, en Barcelona o en Bilbao.

Luego, de pronto, me preocupó la idea de que un Barça tan crecido podría caer en la tentación de querer acaparar los tres grandes trofeos del año: la Liga, la Copa de Europa y (hasta ahí podíamos llegar) la Copa del Rey. Para conseguir esta última tendría que ganar la final contra el Atletic de Bilbao el próximo 27 de mayo. Eso ya me parece demasiado. Lo digo por darle otra alegría al nuevo lehendakari López y un disgusto al honorable president Montilla y al presidente Zapatero.

Al final, el fútbol -derrochando júbilo- va a reaminar más a la economía española que las profecías de la vicepresidenta económica.

Como dice El Roto, el virus del miedo sí que es contagioso. Tanto como el de la felicidad. Yo llevo ya dos días razonablemente felices, sin entrar en detalles. Gracias a Patxi López y al gol de Iniesta.

Mañana será otro día.

El País contra El Mundo. Y viceversa

El País ataca hoy a Unedisa, editora El Mundo, o sea, a su competidor directo. Y lo hace a cuatro columnas. No ha tardado mucho El País en reaccionar a un ataque anterior. Estaba afilando el hacha.

“Donde las dan las toman…”

El Pais contra El Mundo. Y viceversa Los diarios de pago se atacan mutuamente, tirandose las perdidas a la cabeza.

El pasado viernes pudimos leer en las páginas de El Mundo a cinco columnas -no va más- lo mismo, pero al revés. El Mundo atacó al grupo Prisa, editor de El País, o sea, su competidor directo, y con argumentos parecidos.

Nuestros principales diarios de pago (El País, nº 3 y El Mundo nº 7, por su número de lectores) parecen haber olvidado la vieja máxima (creo que de El Corán, más o menos) que dice así:

“Si escupes al cielo, en la cara te cae”

Hoy vengo de traje y corbata porque he comido con nuestros auditores en un sitio fino. Por eso me he puesto mi mejor corbata, acorde con la ocasión. Hemos hablado un buen rato de la crisis … de los demás. Bueno, también de la nuestra.

Y, a los postres, hemos recordado la muerte del dictador, tal día como hoy 20-N de hace 33 años.

¿Donde estábamos cuando murió Franco?

Yo ya lo conté en este blog al cumplirse los 30 años. Basta con hacer click aquí para leerlo.

Este es el cuadro del Ranking de la prensa española ordenado por su número de lectores diarios. (Ahí van los datos oficiales de EGM, para documentar el corte publicitario que me ha salido (casi sin querer) en el video post anterior, a favor del liderazgo indiscutible del diario 20 minutos en el Estudio General de Medios).

Mientras los diarios de pago se tiran sus deudas millonarias a la cabeza, nosotros seguimos avanzando como líderes absolutos en la prensa impresa y ya como nº tres de Noticias en Internet con nuestra web www.20minutos.es. Gracias a nuestros lectores de oro.

¿Qué tiene de malo que Espe nos quiera gobernar?

No acabo de dar crédito a lo que leo, en titulares y entre líneas, sobre las previsiones sucesorias al frente del PP. Tengo la impresión de una parte del Partido Popular tiene alergia al debate público y a la elección democrática de sus líderes.

Y tiene razón, a mi juicio, Esperanza Aguirre cuando se queja de la que le han armado algunos correligionarios (y la “Brunete” mediática, que está a su favor) por decir que no tiene pensado presentarse contra Rajoy en el próximo Congreso del PP.

¿Qué le dirán cuando anuncie en serio su candidatura?

¿Qué tiene de malo querer presentarse libremente a unas elecciones internas del PP para presidir ese partido?

A mi me parece lo más natural del mundo.

El mismo día de la investidura, hablaron en Las Cortes tres personas que había competido libremente por digirir el Partido Socialista: Zapatero, Bono y Roza Díez.. Uno ganó y dos perdieron. Y no pasó nada grave en el PSOE. Al revés, ganaron las siguientes elecciones.

¿A qué viene esa alergia a disentir, a debatir y, en definitiva, a votar en la derecha española?

¿Será falta de costumbre a la hora de elegir a su líder sin acudir al dedo del jefe anterior, llámese Gil Robles, Fraga o Aznar?

Me gustaría que Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, Alvarez Cascos, Mariano Rajoy y alguno más presentaran su candidatura a la presidencia del PP.

Sería un chorro de aire fresco y limpio para ese vetusto partido que merece poder gobernar de nuevo España si logra convencer a la mayoría de los españoles.

Tengo la impresión de que algunos conservadores no quieren un presidente elegido democráticamente para el PP sino un caudillo ungido por el líder anterior y elegido, sin competidores, por aclamación.

¡Qué lástima!

Un obispo se la juega con la COPE

El navajero de la COPE, protegido por la lideresa del PP y por la mayoría de los obispos, debe sentirse muy halagado por la atención recibida… ¡nada menos que de El Roto!

La imagen que nos ofrece hoy El Roto es cristalina.

Voy a tener que volver a oir la COPE (en pequeñas “diócesis”, claro) para saber por donde va la extrema derecha asilvestrada. Sobretodo después de leer lo que dijo ayer monseñor Uriarte, el obispo disidente de la línea oficial de la COPE .

Este obispo fue mediador en 1999 entre el Gobierno Aznar y la ETA (cuando el presidente Aznar la llamaba públicamente “Movimiento Nacional de Liberación Vasco).

Titular de El País (pag.15):

El obispo Uriarte critica el “sectarismo” y los insultos de la COPE

Titular de Público (pag. 26):

Un obispo reprende a la COPE

Sumario:

Uriarte, prelado de San Sebastián, critica su sectarismo e ironía mordaz

Titulas de El Mundo (pag. 11):

El obispo de San Sebatián lamenta el “retorno abominable de ETA”

“Zapatero feminista” y “el PP faltó a la fiesta”

Las portadas únicamente coinciden hoy en el precio, en la fecha y en la foto de portada, pero los titulares de la foto noticia tienen sus matices político-festivos.

El Mundo:

“¡Ista, ista, ista, Zapatero feminista!”

El País:

Sólo el PP faltó a la fiesta por la Ley de Igualdad

Tango la impresión de que El Mundo huye de las noticias sobre el terrible atentado islamista contra las Torres Gemelas de Nueva York como del diablo. El País le da un tratameinto mucho más amplio.

¿Por qué las noticias del 11-S van a tres columnas en El País y en un sumario a una columna en El Mundo?

¿Acaso no es noticia que el Gobierno legalice las asociaciones de guardias civiles?

Van dos columnas mandando en El País y nada de nada en El Mundo.

¿Por qué manda El Mundo a cuatro columnas con Batasuna y en El País no aparece ni una sola línea de ese asunto?

Cuestión de verbos:

El País manda con el verbo “legaliza” mientras que El Mundo lo hace con el verbo “espera”, intrepretando un ojalá de Zapatero.

La iglesia católica tiene lugar de honor en la primera de El Mundo, arriba de salida:

Los obispos exigen “responsabilidades legales” por las fotos “blasfemas” publicadas por la Junta extremeña

Si es como dicen, esas fotos son inadecuadas y de muy mal gusto. ¿Presentarán los obispos una demanda en los juzgados ordinarios como cualquier hijo de vecino?

El País no da ni una línea sobre la protesta de los obispos pero se acuerda de la Iglesa con este titular:

El Vaticano impuso el cambio de hospital de Inmaculada Echevarría

Y sobretodo con este chiste-crónica del genial El Roto que indica muy bien lo que está pasando… por la mente de muchos ciudadanos demócratas.

Y ahí va un artículo de la vicepresidenta del Gobierno en desagravio por el machismo que todos llevamos dentro:

De camino hacia un sueño

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA en El País

16/03/2007

Decía Gerardo Diego que lo que un día intuimos o soñamos es la sola verdad. Durante siglos, las mujeres hemos sido relegadas a la invisibilidad pública, limitadas al espacio doméstico y privadas de toda autonomía. Frecuentemente exaltadas como objeto puramente estético, y más a menudo simplemente ignoradas como verdaderos sujetos, las mujeres hemos sido durante demasiado tiempo las grandes olvidadas de la historia, de una historia que también nosotras hacíamos pero que no se nos permitía escribir y en cuyo relato no aparecíamos. Durante casi toda nuestra historia, para muchas mujeres la igualdad no pasaba de ser eso, una verdad encerrada en un sueño hermoso, tan hermoso que valía la pena luchar por él.

Hace ya casi un siglo que se conmemora esa lucha de las mujeres por la igualdad celebrando, en este mes de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y justo es reconocer que en estos casi cien años hemos avanzado mucho. Las mujeres hemos obtenido los derechos políticos y sociales que nos corresponden por naturaleza, nos hemos incorporado al mercado laboral, hemos logrado que se reconozca legalmente nuestro derecho a la igualdad. También hemos visto extenderse la convicción de que el futuro pasa por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres.

Desde la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, aprobada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por España en 1983, hasta las conferencias de Nairobi en 1985, El Cairo en 1994, Beijing en 1995, o el propio Tratado de Amsterdam que convirtió la igualdad en un principio fundamental de la UE, son incontables las cumbres, encuentros y acuerdos internacionales que dan prueba del enorme avance en el reconocimiento del derecho a la igualdad. Todo ello ha generado un nivel de autonomía y un grado de libertad como nunca antes habíamos disfrutado.

Y sin embargo, pese a ese enorme avance, la desigualdad y la discriminación persisten de un modo inaceptable. En nuestro propio país, las mujeres seguimos enfrentándonos a tasas de desempleo superiores a las de los hombres, salarios más bajos, escasa presencia en los puestos de responsabilidad, mayor precariedad laboral. Seguimos soportando la carga principal de conciliar actividad profesional y familiar y sufriendo la infamia de la violencia de género.

Nos encontramos así ante la evidencia de que no basta con proclamar la igualdad para que ésta se convierta en realidad. Sin embargo, también es una evidencia que la discriminación y la desigualdad no son algo natural, sino que son el producto de situaciones y estructuras sociales, de normas y pautas de comportamiento, profundamente injustas, son el fruto de la acción humana y por tanto está en nuestra mano ponerles remedio.

Hace unos días nuestro país ha acogido el Segundo Encuentro de Mujeres Españolas y Africanas, y había un denominador común en todas y cada una de las intervenciones: para que la igualdad sea una realidad no basta con que figure en las Constituciones, “hay que actuar” -se oía una y otra vez-, hay que tomar medidas, hay que usar las herramientas que nos proporciona la política.

En España contamos hoy con un Gobierno que ha hecho de esa convicción, la de que hay que trabajar por la igualdad, una de las premisas de su acción política. Resulta significativo que la primera ley de este Gobierno fuese la Ley Integral contra la Violencia de Género, y desde entonces hemos avanzado mucho.

Hacer balance de las iniciativas adoptadas en esta legislatura excede con mucho el espacio de este artículo, ya que van desde medidas para favorecer el acceso y la estabilidad en el empleo femenino, hasta el aumento de fondos destinados a formación e investigación, el acceso a las nuevas tecnologías o la importantísima Ley de Dependencia, con la que hemos profundizado enormemente en nuestro compromiso con la plasmación real del derecho a la igualdad.

Ayer, con la aprobación en el Congreso de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, nuestro país ha dado un paso histórico en ese compromiso. El propio enunciado de la ley ya señala su vocación de hacer realidad el derecho a la igualdad consagrado por el artículo 14 de nuestra Constitución.

Se trata, por tanto, de una ley ambiciosa que tiene una intención eminentemente práctica: busca crear las condiciones materiales para la realización efectiva de la igualdad de género proyectando ese principio de igualdad sobre toda la sociedad, incidiendo especialmente en los ámbitos educativo, sanitario, artístico y cultural, la sociedad de la información, el desarrollo rural, la vivienda, el deporte, la ordenación del territorio o la cooperación internacional para el desarrollo, así como haciendo de la igualdad un principio esencial en la formulación de políticas, la actuación de todos los poderes públicos y la interpretación de las normas.

Y en ese compromiso con el logro de la igualdad real, la propia norma establece instrumentos adecuados. Una de sus grandes innovaciones es el denominado principio de presencia equilibrada. Este principio, que implica que la presencia de hombres o mujeres no supere el 60% ni sea inferior al 40%, es esencial en el logro de que el derecho a la igualdad encuentre una plasmación efectiva. Se garantiza así la igualdad en los órganos directivos de la Administración General del Estado y en las candidaturas políticas. Se asegura así una representación equilibrada de ambos sexos en los órganos y cargos de responsabilidad, del mismo modo que en el Parlamento.

También en el ámbito laboral supone esta ley un gran avance. Como resultado del diálogo con los interlocutores sociales, la norma dedica una atención especial a la lucha contra toda forma de discriminación de género, contra el acoso y contra la desigualdad en el ámbito de las relaciones laborales, promoviendo la presencia equilibrada en los consejos de administración de las empresas, estableciendo el deber de las empresas de más de 250 trabajadores de negociar planes de igualdad y fomentando su implantación en las pequeñas y medianas empresas.

Son poderosas herramientas que nos permitirán actuar inmediatamente contra toda forma de discriminación y que en un corto plazo contribuirán de un modo fundamental a convertir el derecho a la igualdad en una realidad cotidiana y al progreso de nuestro país, ya que la equidad de género es una exigencia de principio, es una exigencia ética de justicia, pero también es una política inteligente y rentable desde el punto de vista económico y social.

Hay quienes han dicho que esta norma es intervencionista y quienes consideran que es innecesaria, ya que “dando tiempo al tiempo” alcanzaremos la igualdad real. Creo sinceramente que cometen una enorme injusticia. ¿Cuánto tiempo más habría que esperar?, ¿cuántas generaciones más de mujeres sufrirían discriminación, desigualdad y violencia? Cuando se habla de derechos fundamentales no caben puntos suspensivos. Las mujeres ya hemos esperado bastante, hemos esperado demasiado, llevamos siglos esperando. La igualdad de las mujeres hay que construirla, podemos construirla, desde aquí y desde ahora. Tenemos las herramientas y la voluntad para ello.

Sin embargo, somos conscientes de que eliminar los prejuicios, las costumbres y las injusticias históricas requiere cambios profundos en pautas de pensamiento que en muchos casos se encuentran arraigadas en estructuras sociales profundamente desiguales. Por ello, esta ley contempla actuaciones decididas en ámbitos como la educación, la creación artística e intelectual, o los medios de comunicación. Haciendo del principio de igualdad un elemento central en los currículos y en todas las etapas educativas, eliminando contenidos sexistas, promoviendo la paridad en los órganos consultivos, científicos y de decisión, fomentando una imagen igualitaria en los medios de comunicación, avanzamos en el cambio de esas pautas de comportamiento, de esa estructura profunda que es el vivero de la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Actuando así estamos extendiendo derechos, ampliando los espacios de libertad e igualdad de los hombres y mujeres de nuestro país. Por todo ello, ésta es una ley histórica que sitúa a nuestro país en la vanguardia mundial de la lucha contra la discriminación de género y nos convierte en un referente internacional en la construcción de una sociedad más justa, en la que hombres y mujeres puedan desarrollarse plena y libremente.

Clara Campoamor, defendiendo el voto para las mujeres, dijo que se enorgullecía “con la idea de que sea mi España la que alce esa bandera de liberación de la mujer”. Hoy, 75 años más tarde, podemos decirlo de nuevo. Hoy España vuelve a alzar la bandera de la igualdad ante el mundo entero. Creo que podemos sentirnos orgullosas y orgullosos de ello.

María Teresa Fernández de la Vega es vicepresidenta primera del Gobierno.

FIN

Zougan rebate… y la fiscal no logra

Hoy, por raro que parezca, no estoy de acuerdo con el chiste siempre genial de El Roto. Está de moda atizarle a la tele por la basura que emite, como si la responsabilidad del mando no estuviera en las manos del receptor. Voy a defender a ese electrodoméstico maravilloso que ha presidido todos nuestros hogares hasta que ha sido destronado recientemente por Internet.

Después de comprobar tanta oferta de telebasura, de libre y voluntaria recepción, me imagino por dónde va El Roto cuando nos recomienda romper la pantalla del televisior para ver la realidad. ¿Acaso la realidad -¡Ay!- nos muestra si son molinos o gigantes quienes nos acometen y perturban?

Incluso en el peor de los casos permitidos por la Ley, matar al mensajero no vale como solución. Da igual si se expresa a través de la prensa, la radio, la televisión o cualquier otro medio de comunicación y/o entretenimiento.

Alguno de mi edad dirá, y no le faltará razón, que yo he vivido muchos años de la televisión, que mi reación es corporativa, en defensa del gremio periodístico, y que se me ve el plumero. No oculto que pueden tener algo de razón. Desde el primer día que la ví, en un escaparate del Paseo de Almería (y se recibía en árabe), a mi me gustó y me gusta la tele, casi tanto como la radio (incluidos los anuncios).

Siempre me pareció un invento maravilloso que puede ser utilizado, como toda herramienta, tanto para el bien como para el mal. Durante más de 20 años he hecho casi de todo en TVE. Algún día lo contaré, como aventuras del “bloguero cebolleta“: desde monaguillo con el padre Sustaeta, cuando estudiaba Arquitectura, presentador de la Televisión Escolar, cuando pasé a estudiar Periodismo, contratado por un empleado de Adolfo Suárez, investigador y “preguionista” de la serie “España, siglo XX” (o sea, “negro” de Pemán) hasta director de los telediarios (TD 1, TD 2, TD 3, Fin de Semana, Buenos Días, etc.), cientos de programas de la TVE-1 y TVE-2, moderador de los debates preelectorales, entrevistador de los candidatos presidenciales… hasta que me despidió, hace 10 años, un empleado de José María Aznar, disgustado, quizás, por las preguntas que le hice a su jefe político.

Con todo, la tele ha sido, y aún es, fantástica. Ahora que han recordado sus 50 años de vida, hemos podido comprobarlo, no sin nostalgia. Pero su reinado está tocando a su fín. Lo dice muy bien mi vecino de blog, Arsenio Escolar: Internet ya está desplazando a los medios de comunicación tradicionales, sobretodo entre los jóvenes en cuyas manos está el futuro de este mundo.

¡Viva la tele! y ¡Viva Internet!

De bandidos y soldados

PABLO SALVADOR CODERCH en El País

17/02/2007

En este país deshilachado, todos chillan ansiar la paz, esto es, “la situación y relación mutua de quienes no están en guerra” (RAE, primera acepción). Pero a casi nadie se le ocurre reconocer que esto último es cabalmente lo que hay: un conflicto armado irregular y de baja intensidad en el País Vasco que habrá costado ya en torno a un millar de muertos y un millón de amordazados.

Una primera explicación del disparate consistente en afirmar que no hay paz, pero que tampoco estamos en guerra se encuentra en la raíz misma de toda propaganda bélica, según la cual los nuestros son soldados, pero los contrarios, bandidos. Otra es la también incongruente tendencia de nuestra izquierda militante a detestar la milicia. Y una tercera es la querencia, precisamente animal, de nuestra derecha a tildar a casi todos sus adversarios, mejores y peores, de bandoleros.

Ernst Jünger, un soldado alemán que escribía con perfección glacial y que ocupó Francia, vio bien esta paradoja cuando anotó, más o menos, que el empeño de quienes persiguen ultrajar a los soldados llamándoles bandidos resulta al fin frustrado, pues al tiempo que rebaja a los primeros, enaltece a los segundos, confundiendo a todos.

La confusión alcanza al derecho y la Justicia, pues la pretensión de que cabe afrontar un conflicto armado con las leyes y tribunales propios de los tiempos de paz degrada a la justicia y desfigura a quienes la administran: los códigos penales de las comunidades que viven tiempos de paz están diseñados para perseguir a los delincuentes comunes y, sobre todo, para proteger a los ciudadanos injustamente acusados, pero no funcionan bien para acometer al adversario en un conflicto armado, sucio y traicionero, como es el del País Vasco.

La idea de que las instituciones de un país pacífico sirven sin más para dirimir conflictos civiles en los cuales una parte de la población tiene a otra por enemiga oscila entre la ingenuidad y la farsa.

Desde luego, nuestras instituciones legales no están preparadas para afrontar conflictos de tal índole, no fueron -digámoslo francamente- diseñadas para ir a la guerra, mucho menos para una guerra civil: la Constitución Española de 1978 hace punto menos que imposible declarar estados de excepción (art. 116); el Código Penal y su valor básico de garantía de la legalidad se da de bofetadas con gran parte de la legislación antiterrorista; y, finalmente, el tribunal encargado de la aplicación de esta última, la Audiencia Nacional, se parece demasiado a los viejos tribunales de excepción prohibidos por la Constitución misma (art. 117.6).

Así, en el caso del preso etarra Iñaki De Juana Chaos, con veinte años de prisión a sus espaldas por haber matado a mucha gente y en huelga de hambre desde poco después de que una sentencia del pasado mes de noviembre le condenara a otros doce por un delito de amenazas, las decisiones judiciales de la Audiencia son muy forzadas.

Pero en el fondo, las cosas están claras: como con razón sostiene ETA, De Juana es un prisionero de guerra, y como bien defiende el Estado Español, a un prisionero de guerra de verdad jamás se le libera antes de que finalice el conflicto y, por añadidura y una vez alcanzada la paz, puede resultar acusado de ser un criminal de guerra, algo que probablemente el interesado debería temer mucho más que a la propia Audiencia Nacional: algunos soldados son también bandidos.

En el caso más parecido y ya casi resuelto del conflicto de Irlanda del Norte, los británicos establecieron con toda claridad, en 1971, el internamiento indefinido sin juicio previo de los miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA), aplicaban además leyes penales de excepción y cuando, en 1981, hubieron de afrontar la huelga de hambre de Bobby Sands (1954- 1981), miembro del IRA, y de otros nueve compañeros suyos, simplemente les dejaron morir: “El señor Sands”, declaró la Dama de Hierro en el Parlamento por antonomasia, “era un criminal convicto. Decidió quitarse la vida.

Fue una elección que su propia organización no permitió adoptar a muchas de sus víctimas”. Es cierto que el conflicto norirlandés ha sido cinco o seis veces más sangriento que el vasco, pero también lo es que, desde entonces, las cosas quedaron definitivamente claras. Aún y así hicieron falta muchos años para que, en 1998, se abriera el camino de la paz que hoy, después de muchos quiebros, parezca un logro irreversible.

La claridad facilita a los gobiernos de turno ponerse de acuerdo con su oposición a la hora de definir qué es esencial para acabar una guerra de la manera menos mala posible y qué cosas se dejan a la arena de la discusión política cotidiana. Por eso, jamás he entendido por qué vemos los conflictos de los demás como lo que son y decimos ver los nuestros, en cambio, como simples problemas de bandidaje. Prefiero de antiguo la claridad y aunque me separan muchas cosas de este gobierno, está ahí, y creo que le ha correspondido la responsabilidad de buscar soluciones al conflicto: su deber es definir los límites de actuación del Estado ante un enfrentamiento que no es ni sólo legal, ni sólo político, sino -todavía y además- armado y explicárselo así a la gente.

Pero la política de la oposición, del Partido Popular, es desastrosa: persigue hasta en la calle recuperar el poder antes que defender al Estado y acabar la guerra. No se puede ir por el mundo voceando que todos los demás son bandidos o cómplices suyos. No es verdad.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil de la Universitat Pompeu Fabra. FIN

Hipótesis de suicidio: sólo en la prensa “seria”

(Actualizado a las 0:55 h.)

Es un poco tarde. He copiado y pegado hoy un montón de recortes que me han interesado, pero apenas he tenido tiempo para dar mi opinión sobre ellos. Ahora no se por donde empezar. Bueno, seré breve:

Un suspenso para El País y para El Mundo.

Esta tarde, una colega –gran profesional- de 20 minutos estaba furiosa contra la que llamamos prensa “seria” (cuando, en realidad, queremos decir “gris”). Y creo que tenía bastante razón.

En primer lugar, quiero dar el pésame a la familia de la joven Erika Ortiz. Si hay algo que nos toca a todos de cerca es la muerte de un ser querido.

En segundo lugar, quiero decir que, a fuerza de echar basura sobre la presa “rosa”, por el presunto abuso que dicen que hace de la triste muerte de Erika Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, la prensa “seria” ha cometido más errores que la “rosa” y ha pecado, a mi juicio, de más hipocresía.

Uno de ellos, que yo sepa, es grave: especular, lanzar hipótesis sobre un presunto suicidio de la hermana de la Princesa, sin citar las fuentes, ni siquiera aproximadas, de esas presuntas informaciones, que mañana pueden resultar ser ciertas o completamente falsas. Esas hipótesis (calumnia que algo queda) deberían haber sido publicadas, en todo caso, con los caracteres tipográficos atribuidos a la opinión y no a los hechos. Las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Y el lector tiene derecho a no ser engañado o confundido mezclándole churras con merinas.

La noticia de la muerte de Erika Ortiz es, naturalmente, de primera página. Nadie lo duda. Tiene interés, impacto, emoción, nos zarandea en la medida en que conocemos a su hermana Letizia Ortiz –madre de la infanta Leonor, previsible reina de España– como si fuera de nuestra familia.

Ahí reside el truco y la ventaja principal de todas las familias reales: que parecen de nuestra familia. Seguimos los detalles de los dientes de leche y de las travesuras de sus niños, de las torpezas de sus adolescentes, de las barrabasadas de sus jóvenes, de los deslices de sus adultos, de las batallitas de sus abuelos… Recuerden el caso de Lady Di, la princesa Diana de Gales.

Por eso, cualquier cosa que le pase a uno cualquiera de esa familia real tiene interés extraordinario para el resto de los mortales de España y parte del extranjero, sean monárquicos o republicanos. Basta con que sean curiosos. Y no digamos si la noticia puede afectar a la madre de Leonor, que está embarazada de seis meses. El eventual efecto de la tragedia de Erika sobre el estado de doña Letizia ha sido uno de los recuadros informativos más leídos del 20 minutos de hoy. Estoy casi seguro.

No es de extrañar que la prensa “rosa” –que trata de historias de evasión y/o ensoñación, pero que llegan al corazón de su público- haya dedicado todo su tiempo a este acontecimiento. No acostumbro a seguir la presa “rosa” –salvo la columna de oro y el blog insuperable de Marta Cibelina, que no me los pierdo ni un día. Sin embargo, lo poco que he seguido sobre la muerte de Erika Ortiz me ha parecido bastante interesante y respetuoso.

Aún no se sabe la causa de su muerte. Me parece un gran error, por parte de la familia, no comunicar oficialmente al público la causa de esa muerte que interesa a todos, curiosos o no. Al menos, una causa oficial de la muerte, ya sea verdadera o falsa. Quien da primero, da dos veces. Lo contrario lleva a generar rumores extravagantes que, más tarde, pueden ser difíciles de extirpar de la opinión pública.

Ha sido una muerte de causa aún desconocida y, por tanto, extraña, oscura, rara, inexplicable, etc. Pero aún no sabemos la causa de la muerte, que es lo primero que se pregunta todo ser humano.

El Mundo, en un ejemplo típico de pésimo periodismo, dice hoy en su portada:

Erika Ortiz, de 31 años, podría haberse suicidado con pastillas, según fuentes de la investigación

Podrá ser verdad o mentira pero decir “fuentes de la investigación” significa que se lo han sacado del bolsillo de Pedro Jota o de sus fosas nasales, pues presume de buen olfato.

El País, otro ejemplo de pésimo periodismo, aunque en menor grado por usar “hipótesis” en vez del verbo en potencial, dice hoy en su portada:

Fuentes de la investigación barajan la hipótesis del suicidio

El segundo tema de portada para El Mundo y primero para El País (el nombramiento del nuevo ministro de Justicia) lo dejaremos para mañana, pues es muy tarde y dará mucho de sí. Fernández Bermejo dará mucho que hablar, pues, aunque no le conozco personalmente, me consta que no tiene pelos en la lengua y no va a dar tregua a la injusticia ni a la ignorancia.

Creo que el Partido Popular ha hecho méritos suficientes para ganarse a pulso un ministro de Justicia como el que acaba de nombrar Zapatero. Después de la retirada de las tropas de Irak, de la ley de matrimonios homosexuales y la ley de dependencia, este nombramiento es uno de los gestos más valientes (y quizás más temerarios, ya veremos) del presidente de Gobierno. A mi me ha gustado.

Con Rubalcaba en Interior y Bermejo en Justicia no nos vamos a aburrir ni con la presa “seria”.

Un grave error

ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ Y RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO en El País

08/02/2007

“Por imperativo constitucional, sólo pueden ser nombrados magistrados del Tribunal Constitucional quienes reúnan la condición de ‘juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional’, por lo que no es poco común ni puede extrañar que, antes de integrarse en el colegio de magistrados, en el ejercicio de sus respectivas profesiones de procedencia, sus miembros se hayan pronunciado voluntaria u obligadamente sobre materias jurídicas que, finalmente, pueden llegar a ser objeto directo o indirecto de la labor de enjuiciamiento constitucional que tienen legalmente atribuida”.

En estos términos se expresaba el Pleno del Tribunal Constitucional hace muy poco más de un año al desestimar -en un procedimiento distinto- la recusación planteada entonces por el Grupo Parlamentario Popular contra el magistrado Pérez Tremps (ATC 18/2006, de 24 de enero, FJ 3). Ahora, sin embargo, el incidente de recusación resuelto el pasado lunes tras la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad de los diputados populares contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido estimado por el Pleno. Tres de los magistrados que entonces votaron contra la recusación han variado el sentido de su voto: ¿qué ha cambiado en estos meses? Desde luego, y a la espera del texto de la resolución, no lo ha hecho ni la condición del recusado ni la naturaleza de los hechos en los que la recusación quiere sustentarse: aquélla y éstos son idénticos.

La recusación no debía de haberse admitido a trámite, como se inadmitieron, a nuestro juicio correctamente, las planteadas contra la presidenta Casas Baamonde y contra el magistrado García Calvo. Al no hacerlo y, más aún, al llegar a la decisión estimatoria, la mayoría del Tribunal asume un entendimiento de la imparcialidad que no parece demasiado compatible con su propia posición institucional.

El Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial. Se trata de una obviedad que se manifiesta en su máxima expresión cuando aquél actúa su competencia de control de constitucionalidad de la ley. Entre otras razones, por el modo de designación de sus miembros, por la jurisdicción que ejerce y por la legitimación para recurrir o plantear cuestiones ante el mismo, el Tribunal Constitucional no es poder judicial. Los magistrados que lo integran, todos ellos, se proponen al Rey para su nombramiento por órganos políticos; para el planteamiento del recurso de inconstitucionalidad únicamente se encuentran legitimados órganos políticos o fracciones de éstos (además del Defensor del Pueblo) y, en fin, el objeto del proceso constitucional es en este caso la reforma de un Estatuto de Autonomía, una Ley orgánica investida de la máxima dignidad democrática sobre la que se han pronunciado, alcanzándose las necesarias mayorías políticas, el Parlamento de Cataluña, las Cortes Generales y el pueblo de la Comunidad Autónoma.

El propio Tribunal Constitucional, en los autos mediante los que resolvió (desestimándolas) las sucesivas recusaciones planteadas por el Gobierno vasco contra el entonces presidente Jiménez de Parga, al hilo del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Partidos Políticos, pareció asumir, aunque sin extraer consecuencia alguna de su afirmación, la singularidad que el instituto de la recusación plantea en este ámbito “dado el carácter abstracto que reviste el examen de la constitucionalidad de las Leyes o normas con rango de Ley” (AATC 61/2003, de 19 de febrero, FJ 3, y 224/2002, de 20 de noviembre, FJ 3).

Así las cosas, creemos que las causas de recusación han de ser objeto de una interpretación estricta y han de proyectarse, en principio, únicamente sobre la actividad de los magistrados constitucionales sucesiva a su nombramiento como tales. Lo primero, por las singulares circunstancias (muy alejadas de la aplicación judicial de la ley) que rodean el control de constitucionalidad; lo segundo, porque de no hacerse así se estaría cerrando las puertas a la presencia en el Alto Tribunal de juristas de prestigio que en virtud de su actividad profesional previa se hubieran pronunciado sobre materias más tarde sometidas al conocimiento del Tribunal.

Pongamos algunos ejemplos. Un repaso a la hemeroteca, en los momentos previos a cada renovación del Tribunal Constitu-cional, nos descubriría las relaciones de estrecha amistad que, en no pocas ocasiones, vinculan a quienes son promovidos al cargo con tal o cual diputado o senador relevante para la toma de la decisión o incluso promotor de la misma.

Con seguridad, esa situación se da también entre algunos de los integrantes del Tribunal en su composición actual. ¿Contamina la imparcialidad del magistrado esa relación previa cuando el mismo debe de pronunciarse en el marco de un recurso de inconstitucionalidad firmado, entre otros, por su valedor político, además de amigo? Creemos que no: la extracción política de los miembros del Tribunal Constitucional puede hasta justificar, algunos dirían que hacer necesaria, esa relación (guste más o menos, que esa es otra cuestión). Los miembros del Tribunal Constitucional, no lo olvidemos, pueden incluso militar en partidos políticos.

En algunos Estados europeos en los que el control de constitucionalidad se practica de manera parecida a como se hace en el nuestro, es relativamente frecuente que personalidades políticas pasen en algún momento de su vida profesional a formar parte de Tribunales Constitucionales o de órganos similares. Así sucede ejemplarmente en Francia, pero algunos ejemplos podrían darse también en Italia y Alemania, países estos últimos que en buena medida se utilizaron como modelo en el diseño de nuestra justicia constitucional. Nunca nadie ha recusado a esas personalidades cuando han participado como magistrados constitucionales en juicios de validez sobre leyes cuyo contenido, en su condición de ministros o parlamentarios, habían contribuido a fijar más o menos decisivamente. En España ya tenemos también un precedente: nunca nadie puso tampoco en tela de juicio la imparcialidad del magistrado De los Mozos, que después de casi tres años de portavoz adjunto del Grupo de Coalición Popular en el Senado pasó, sin solución de continuidad, a integrar el Tribunal Constitucional.

La condición de magistrado constitucional se anuda a una antigüedad en la práctica jurídica y a la reconocida competencia en la misma (artículo 159.2 CE). En el caso de los profesores de Universidad, el reconocimiento, qué duda cabe, resulta básicamente de la obra escrita. Una obra que es en no pocas ocasiones el resultado del encargo de instituciones públicas o privadas y que sólo si ve la luz puede ser considerada -en su caso- como mérito profesional. Los trabajos académicos se utilizan, en no pocas ocasiones, para facilitar la obra del legislador, pero por el solo hecho de integrar los dosieres parlamentarios no se convierten en material que per se condicione la decisión normativa. Esto parece tan evidente que, por ejemplo, en Alemania, la Ley del Tribunal Constitucional Federal excluye expresamente como causa de recusación las opiniones científicas de los jueces constitucionales relativas a temas jurídicos objeto del recurso (artículo 18.3).

El magistrado Pérez Tremps elaboró, antes de su incorporación al Alto Tribunal, un estudio que “se mueve exclusivamente en el campo de la contribución académica, racional, doctrinal y teórica sobre las diversas opciones y posibilidades de tratamiento jurídico que ofrece el marco constitucional y estatutario sobre la acción exterior y europea de las Comunidades Autónomas”. Así lo reconoció el propio Tribunal Constitucional hace doce meses (ATC 18/2006, de 24 de enero, FJ 3): ¿qué ha cambiado en este tiempo?

La nueva doctrina sobre imparcialidad de los magistrados constitucionales provocará, con seguridad, serios problemas de funcionamiento a un Tribunal que, desde hace ya un tiempo, no parece pasar por sus mejores momentos. Se incentiva el planteamiento cruzado de incidentes de recusación, dificultándose así aún más la toma de decisiones, y se abren las puertas (ya se han abierto: basta para comprobarlo la lectura de la prensa de estos días) a la ocupación política grosera de nuestro más autorizado órgano de garantía constitucional, que se parece cada día un poco más al Consejo General del Poder Judicial. Se dificulta, en fin, la presencia de académicos en el Tribunal Constitucional, salvo que se prefiera a los ágrafos o se opte, como algunos parecen desear, por la definitiva judicialización de su composición.

Este grave error no tiene remedio, pero el Tribunal puede y debe recuperar el prestigio perdido. Eso, al menos, creemos algunos.

Alejandro Saiz Arnaiz y Rafael Jiménez Asensio son catedráticos de Derecho Constitucional de las universidades Pompeu Fabra y Ramon Llull, respectivamente. FIN

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La lucha por el poder de la derecha política

MIGUEL SATRÚSTEGUI GIL-DELGADO en El País

08/02/2007

La recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, que ha sido acordada por el Tribunal Constitucional por una mayoría de seis contra cinco de sus miembros, a petición del Partido Popular, representa la victoria de una estrategia de la derecha política, decidida a usar todas las instancias en su lucha por el poder. Esa ofensiva partidista ya era evidente, desde hace tiempo, en el Consejo General del Poder Judicial, con el consiguiente deterioro de ese órgano. Y ahora se ha extendido de forma dramática al Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, al lograr el Partido Popular imponer la composición que ha de tener el Pleno de ese Alto Tribunal, a la hora de decidir sobre su recurso contra el nuevo Estatuto de Cataluña.

Para impedir un probable empate en este asunto entre magistrados de sensibilidad conservadora y progresista y que fuera decisivo el voto de calidad de la presidenta del Tribunal, los seis miembros conservadores han aceptado apartar del caso, mediante una resolución sin precedentes, a un magistrado respetado por su acreditada trayectoria profesional. Pablo Pérez Tremps es, en efecto, uno de los catedráticos de Derecho Constitucional más prestigioso de nuestra Universidad, con una lista abrumadora de investigaciones y publicaciones, centrada en los últimos años en las implicaciones constitucionales del proceso de integración europea, especialmente en sus consecuencias para la organización territorial del Estado. Y precisamente en esa actividad académica se ha buscado la razón para separarle del caso, con el paradójico argumento de que ya había opinado sobre las competencias internacionales de la Generalidad en un trabajo académico (previo a su incorporación al Tribunal Constitucional), que le había encargado y retribuido un instituto de la administración pública catalana, en tiempos del Gobierno de Pujol.

Se trata obviamente de una justificación arbitraria, de un pretexto, porque Pérez Tremps no puede haber perdido su imparcialidad en el recurso planteado por el PP contra el nuevo Estatuto de Cataluña, por razón de un trabajo universitario escrito cuando ni se había empezado a hablar de la reforma del Estatuto ni había ningún anteproyecto de la misma. Ni siquiera puede aceptarse que le falte la apariencia de imparcialidad, porque la imagen pública de esa carencia sólo ha sido deliberada y artificiosamente fabricada por el diario El Mundo y por la Cadena Cope, en una campaña de presión y manipulación, como muchas otras que han protagonizado y a las que sucumben políticos y magistrados con demasiada frecuencia. A mayor abundamiento, se trata de una decisión arbitraria, por incoherente: porque contradice, sin que pueda haber para ello motivación suficiente, otra previa, mediante la que el mismo Tribunal Constitucional había rechazado una recusación idéntica, que el Partido Popular había formulado también contra Pérez Tremps; en esa ocasión, con motivo de su recurso de amparo contra la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña.

En definitiva, un magistrado honorable ha sido apartado injustamente de un asunto fundamental, en medio de presiones políticas y de una campaña prensa difamatoria que finalmente han tenido éxito. Se ha causado así un enorme daño al prestigio del Tribunal Constitucional. A partir de ahora, queda claro que sus miembros están expuestos a ser descalificados por sus trabajos académicos, que deberían ser lógicamente abundantes, al menos en el caso de los magistrados procedentes del mundo docente universitario. Se ha concedido, de este modo, un premio a la agrafía de los magistrados que desmerece a quienes lo han otorgado.

Además, queda la sospecha fundada de que la sentencia que en su día dicte el Alto Tribunal sobre el Estatuto de Cataluña no gozará de la autoridad necesaria para amortiguar la tensión política avivada por las torpezas cometidas en la elaboración de ese Estatuto. Más que nunca haría falta en ese asunto un control de la constitucionalidad llevado a cabo con serenidad, mediante razonamientos jurídicos ampliamente compartidos, para poder legitimar ante la opinión pública catalana una sentencia que puede llegar a apreciar la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos. Pero la recusación de Pérez Tremps hace temer que, en este asunto, el Tribunal Constitucional se dispone a trabajar, a partir de ahora, a golpe de mayoría, con más pasión que sentido de la justicia o de integración de la unidad política.

En este contexto, todas las miradas convergen sobre el magistrado Pérez Tremps. Víctima de una campaña política de la derecha, advierten los analistas que ahora algunos en el Partido Socialista esperan de él que dimita para facilitar la incorporación de otro magistrado, nombrado por el Gobierno, que le sustituya en las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña. En definitiva, se pretendería volver a sacrificarle en el altar de la política y confirmar de ese modo la infección política del Tribunal Constitucional. Pérez Tremps tiene más que justificadas razones para el hastío de esta situación inadmisible y para poner fin a la misma con una dimisión sonada. Nadie decente podría reprochárselo y desde luego no están legitimados para hacerlo quienes con todo cinismo han presionado para su recusación. Pero muchos agradeceríamos que, haciendo de tripas corazón y mirando con sereno desprecio a los autores y cómplices de su agravio, resista en el puesto para el que fue nombrado y demuestre que el Tribunal Constitucional puede funcionar fuera de una lógica de partido.

Miguel Satrústegui Gil-Delgado es profesor titular de Derecho Constitucional.

Vean, a continuación, la desproporción en el tratamiento informativo del mismo hecho en ambos diarios: Se trata de la compra de Recoletos por Rizzoli, el dueño de El Mundo. No sabemos por qué el diaro gratuito Qué! -propiedad controlada también por Recoletos– no lo ha querido comprar Rizzoli pese a tener interés en los gratutios. Hace unos años Rizzoli quiso comprar el nuestro, afortunadamente sin éxito. .

Tres páginas completas, tres columnas en portada y editorial en El Mundo.

Tres columnas en el fondo de una página par, y debajo de una foto de Cebrián, en El País.

¡Qué pena que no se pueda leer bien lo de Aznar. No tiene desperdicio. También resulta de interés, aunque poco edificante, la larga autocita que Pedro Jota hace de sí mismo, al fondo de la página, relamiéndose en piroros hacia su antiguo líder.

Pero, sobretodo, no se pierdan el recuadro que he colocado más arriba sobre Andreu Buenafuente rechanzando un premio porque se le concede también a Jimenez Losantos (lagarto, lagarto) . ¡Qué tío!

Y además Buenafuente celebra nuestra revista mensual Calle 20. Gracias. Lo he leído en el blog de Arsenio Escolar y en el blog de Buenafuente.

¡Olé tus webs, Andreu!

¡Enhorabuena!

ETA y el 11-M, en El Mundo; islamistas, en El País. ¿Les suena?

El Mundo dedica hoy sus cuatro columnas de primera al viejo y socorrido “periodismo declarativo” (Fulafo dice, Mengano denuncia, Zutano advierte, etc.).

Arriba, a cuatro:

Egibar advierte que “ETA tiene el gran poder de hacer tambalear al Gobierno”

Arriba, a una columna:

Víctimas del 11-M denuncian al juez Del Olmo por no facilitarles la declaración de Manzano sobre los explosivos

A falta de noticias, buenas son las declaraciones que sirven a la línea editorial o a los intereses de la empresa editora.

Por yuxtaposición, como de costumbre, los dos principales titulares de la portada de El Mundo ligan a ETA con el 11-M. Siempre hay lectores de buena fe que pueden fijar en su mente -queriéndolo o no – el mensaje subliminal que lanzan dos titulares contiguos, aunque pertenezcan a noticias completamente distintas.

Sobre estas viejas técnicas -meter la cuchara para orientar a lectores ingenuos o a creyentes ciegos- ya sabemos que Pedro Jota Ramírez aspira a una cátedra vitalicia. Le sobran méritos.

Las cuatro columnas de arriba de El País van dedicadas a los islamistas como sujeto:

Los islamistas de Ceuta contactaron con tres soldados para robar un polvorín

En toda la portada de El País no hay alusión alguna a ETA ni al 11-M. La única referencia indirecta a ETA es este pequeño sumario con Zapatero como sujeto:

Zapatero dice que dará “pasos firmes, no en falso”, en el proceso de paz

El nombre de Pinochet es citado en ambas portadas, aunque con un tratamiento bastante desigual, tanto en el sesgo ideológico y tipográfico como en el espacio asignado.

El Mundo da un pequeño sumario en “Otras noticias” con el nieto del dictador como sujeto:

El capitán Pinochet Molina, nieto del dictador, expulsado del Ejército por alabar a su abuelo durante el funeral

El País destaca la acción de otro nieto muy distinto -el nieto del general Prats, un demócrata asesinado por esbirros del dictador- a dos columnas:

Salivazo sobre el féretro de Pinochet

Sumario:

El nieto del asesinado general Prats escupió sobre el ataúd del dictador. “Era una cuenta pendiente muy personal”

Cuando leí esta noticia de El País, por primera vez, me alegré.

¿Podemos medir la intensitad de una venganza?

Pensé en una cita de Mario Benedetti -creo- que decía:

“Un torturador no se redime si se suicida, pero algo es algo”

.

Cuando leí por segunda vez lo del escupitajo contra el muerto, me alegré menos. Recordé otra cita importante -esta vez de Mafalda– que decía algo así como:

“Me dejó una basurita en el corazón…”

¡Qué complicados somos!

(Señor Fraga, arrepiéntase, retire sus palabras de ayer y condene al sanguinario torturador Pinochet).

Manuel Fraga ha hecho, sin duda, algunas cosas buenas para la democracia española. Sin embargo, cuando pasen muchos años, será recordado como ministro que fue de un dictador ilegal que firmaba penas de muerte igualmente ilegales.

Fraga aún está a tiempo de hacer méritos para mejorar su historia y no enredarse defendiendo ahora al golpista Pinochet.

Un parte del PP se lo agradecerá. Y todos los demás demócratas, también.

Fraga era el ministro de Gobernación cuando fui secuestrado y torturado, tras la muerte de Franco. Pero siempre he celebrado su evolución desde el paleofascismo hacia la democracia.

¡Qué lástima que ahora Fraga estropee su curiculum de demócrata, tratando de justificar el golpe de Estado ilegal, los asesinatos masivos, las torturas y los robos del general Pinochet!

Con este dibujo, El Roto (a quien debemos un homenaje) resumió ayer de maravilla en El País el sentimiento más generalizado sobre el dictador Pinochet entre todas las personas de bien.

¿Podríamos haber publicado algo así en España a los pocos días de la muerte del dictador Francisco Franco? Impensable. Estábamos aún muertos de miedo.

Pequeña diferencia: Franco murió matando (dos meses antes de su muerte fusiló a varios jóvenes) y ocupaba el poder; Pinochet había perdido el poder desde hacía muchos años y murió perseguido por la Justicia por los cuatro costados.

Josep Ramoneda nos ilumina sobre este asunto en su columna de El País de hoy:

El doble de Franco

JOSEP RAMONEDA 14/12/2006

Paradojas de las transiciones: la justicia española jugó un papel muy importante en las inculpaciones contra Pinochet y, sin embargo, los españoles fuimos incapaces de echar a Franco en vida y de juzgar sus crímenes.

Sin duda, la orden de detención internacional contra Pinochet emitida por Garzón el año 1998 es un hito en la historia del derecho y habrá contribuido a hacer más difícil la vida de los dictadores que, aunque en general son poco dados a viajar, todavía tendrán que ser más cuidadosos con sus desplazamientos. Pero sospecho que Pinochet ha jugado en el imaginario español una especie de papel de doble de Franco. Papel que él mismo reforzó con su presencia en las exequias del dictador. En la ira contra Pinochet se han proyectado buena parte de las iras contra Franco, y en el afán de conseguir que fuera condenado por sus crímenes tengo la sensación de que la opinión democrática buscaba, quizá inconscientemente, una satisfacción compensatoria por no haber podido condenar a Franco. De aquí la contradicción: hemos hecho por Chile lo que no fuimos capaces de hacer por nosotros mismos.

A los historiadores corresponderá decir si el ruido de sables, como se decía en la época, era una amenaza suficiente como para que los partidos demócratas hicieran tantas concesiones sobre el pasado. El hecho es que la creencia de que las relaciones de fuerza estaban del otro lado hizo que se aceptara una amnistía general que significaba poner al mismo nivel los delitos cometidos por los antifranquistas conforme a la legalidad franquista que los crímenes de un régimen autoritario que dos meses antes de la muerte del dictador todavía fusiló a cinco personas. Lo aceptamos y este lastre de partida no ha impedido que el balance global de la Transición se considere positivo.

Del concepto jurídico de amnistía se pasó al político de amnesia. La derecha tenía todo el interés del mundo en dejar pasar el tiempo para después empezar a blanquear el franquismo como hizo cuando regresó al poder en 1996. Y los partidos de tradición democrática, puesto que sabían que no había posibilidad de alcanzar condenas y reparaciones significativas, prefirieron olvidar también, aunque fuera para evitar problemas y frustraciones. Al fin y al cabo, la cultura de solidaridad de la resistencia estaba dejando paso a la lucha por el poder entre partidos, con lo cual el pasado también podía ser un estorbo.

Se murió Pinochet, y no podremos seguir dando caña a este monigote en el que veíamos un doble de Franco, su maestro, precisamente cuando estamos enfrascados en el debate de la memoria histórica. El Gobierno no ha acertado en el planteamiento. Ya el propio concepto es absurdo: la memoria no la establecen las instituciones. Ni siquiera los historiadores, cuya tarea es la explicación e interpretación del pasado sobre la base de las metodologías de las ciencias sociales. Lo cual sólo indirectamente puede tener que ver con la creación de imaginarios colectivos. La memoria forma parte de la conciencia de los ciudadanos y es una construcción que en las sociedades heterogéneas modernas nunca será cerrada. Pasó el tiempo de los grandes mitos nacionales, como, por ejemplo, el de la resistencia en Francia que el general De Gaulle convirtió en comunión obligatoria a pesar de la evidencia de que un gran número de ciudadanos -la mayoría- optó por la colaboración y por la adaptación. El Estado tiene poco que decir sobre el pasado. Pero sí hay dos tareas que le corresponden por elemental pedagogía democrática: el reconocimiento a los que dejaron su vida por negarse a aceptar el régimen dictatorial y la defensa de la superioridad política y ética de un régimen democrático respecto de una dictadura.

La derecha quiere hacernos creer que entre el franquismo y la democracia sólo hay diferencias de matices. Y utiliza las crueldades de la guerra, abundantes en ambos bandos, como argumento para igualar la preguerra, la guerra y la posguerra. Ésta es una falsificación de la realidad que sólo debilita la democracia. Rajoy dice repetidamente que no sería admisible que ETA pudiera conseguir ventajas políticas con el chantaje de la violencia. Y tiene razón. Pero Rajoy no ignora que el régimen franquista consiguió permanentemente ventajas políticas mediante el uso de la violencia, empezando por el modo en que tomó el poder. ¿Por qué no quiere que se sepa?

FIN

¿Quién acumuló mayores crueldades? ¿Franco o Pinochet?

La historia (y la memoria) no absolverá a ninguno de los dos.

Eso no les redime ni nos consuela, pero algo es algo.

¿Para cuándo un homenaje a El Roto?

(El País de hoy, página 17)

La cuestión religiosa en la Segunda República

CARLOS GARCÍA DE ANDOIN

El País, 14/12/2006

En estas fechas hace 75 años, el 9 de diciembre, fue aprobaba la Constitución de la Segunda República. Es bueno hacer memoria de los múltiples avances que supuso -democracia constitucional, sufragio femenino, establecimiento de los pilares de un Estado descentralizado-, pero también de los fracasos, entre ellos el de la política religiosa. La mayoría gobernante poco imaginaba que aquel texto, lejos de cerrar la cuestión religiosa arrastrada en España desde el XIX, se volvería en el más poderoso factor en su contra.

El ministro de Justicia, el socialista Fernando de los Ríos, abrió el debate parlamentario sobre el artículo 26 del proyecto constitucional el 8 de octubre de 1931. Su vibrante oratoria arrancó una gran ovación cuando, dirigiéndose a la minoría católica, denunció la intransigencia del catolicismo español y el dolor causado por una Iglesia que había vivido por siglos confundida con la Monarquía “haciéndonos constantemente objeto de las más hondas vejaciones”. Azaña lo cerraría el 13 de octubre, con el célebre discurso “España ha dejado de ser católica”. En los días siguientes vendría la dimisión de la parte católica del Gobierno republicano, el presidente Alcalá Zamora y el ministro de Gobernación, Maura. Y también aquella noche en que Azaña se acostó ministro y despertó presidente. Es verdad que el líder de Izquierda Republicana había conseguido moderar la posición inicial de los socialistas en favor de la expulsión constitucional de todas las congregaciones. Pero aún así la expulsión de la Compañía de Jesús, la prohibición de enseñar a las órdenes religiosas y la supresión del presupuesto eclesiástico en dos años, en lugar de resultar una “verdadera defensa de la República” se convirtió en el principio del fin del nuevo régimen. En un país como España, la hegemonía republicana sólo podía construirse con éxito sobre la inclusión progresiva del catolicismo en el sistema republicano. La solución adoptada por la intransigencia de la minoría socialista a propuesta de Azaña, basada en la exclusión del catolicismo, “resolvió una crisis de gobierno, pero creó una crisis de sistema”, como dice el biógrafo de De los Ríos y rector de la Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero.

La aprobación del que finalmente sería el artículo 24 marcó un antes y un después en el devenir de la República, como señalaron posteriormente diferentes protagonistas de la época como Largo Caballero, Marcelino Domingo, Alcalá Zamora o el propio Azaña. Hasta aquel artículo, los hombres que trajeron la República marchaban unidos. Pero como dijo Domingo ese día “marcó una división y trazó caminos que convergían y divergían”. La cuestión religiosa había conseguido “unir a los antirrepublicanos y separar a los republicanos”. No era la primera vez en la historia de España.

La modernización del Estado español exigía sin duda un proceso de laicización y de separación entre el Estado y la Iglesia. La formación del Estado había quedado sellada desde el siglo XVI por la confesionalidad católica. El nuevo régimen democrático debía constituirse sobre el principio de la libertad de conciencia y religiosa. Consiguientemente, debía afirmar la separación entre el Estado y la Iglesia y reconocer la libertad de cultos. En consecuencia, con ello había de impulsar diferentes medidas que toparon con las resistencias de la jerarquía católica de la época, como la escuela laica con religión optativa, la secularización de los cementerios, el divorcio civil o el reconocimiento de las confesiones minoritarias, principalmente de judíos y protestantes. Sin embargo el proyecto de laicización tomó un sesgo anticlerical excluyente y ello hizo fracasar el intento de una solución de conciliación.

Hubo una oportunidad, de ella es bueno hacer memoria. La protagonizaron De los Ríos y Alcalá Zamora por parte del Gobierno y Vidal i Barraquer y el nuncio Tedeschini, con el apoyo de Pacelli, por la de la Iglesia católica, en lo que se conoce como Acuerdo Reservado. Los puntos de conciliación que habían alcanzado se sustanciaron así: 1º) Reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, su estructura jerárquica, libre ejercicio de culto y de la propiedad de sus bienes; 2º) Un convenio entre la República y la Santa Sede para el reconocimiento antedicho. Aunque Alcalá-Zamora y Lerroux eran partidarios de un Concordato, el ministro de Justicia era partidario de un modus vivendi que más tarde pudiera conducir al Concordato en circunstancias más propi-cias. “Pero”, escribe en sus notas Vidal y Barraquer, “no defenderá la forma de Concordato” y tampoco “acepta la declaración de Corporación de Derecho Público para la Iglesia”, lo que en ningún caso significa “aminoración en el reconocimiento” de su personalidad jurídica; 3º) Respeto “en su constitución y régimen propios y en sus bienes, al menos los actualmente poseídos” a las congregaciones religiosas. Éstas quedarían sujetas a las leyes generales del país. El Gobierno defendería en bloque a todas las congregaciones; 4º) Reconocimiento de la plena libertad de enseñanza de todo español y por ello también de la Iglesia a “crear, sostener y regir establecimientos docentes, sometidos a la inspección del Estado en cuanto a la fijación de un plan mínimo de enseñanza y salvaguardia de la moral, higiene y seguridad del Estado”; 5) En presupuesto de culto y clero acordaron la conservación de los derechos adquiridos y la amortización a medida que se fueran produciendo vacantes. Se contemplaba la sustitución progresiva de la partida de culto por una subvención global dedicada a la conservación del patrimonio histórico-artístico. Este acuerdo implicaba por parte de la Iglesia el reconocimiento de la República y para facilitar las cosas la Iglesia se comprometía a forzar la dimisión del perturbador Primado de Toledo, Pedro Segura, lo que Roma cumplió.

De los Ríos se empeñó hasta el extremo por lograr una solución dialogada, defendió un modus vivendi entre la República y la Iglesia. Su discurso parlamentario, hecho a título personal y por motivos de conciencia, quiso convencer a la mayoría republicana de la Cámara y particularmente al grupo parlamentario socialista de su opción, la que habían tejido con hilvanes en los diálogos con la Iglesia. Sin embargo, su apuesta fracasó.

Nadie podía dudar de la voluntad laicizadora de Fernando de los Ríos. Tenía razones jurídicas, sociológicas y biográficas para ello. Se había forjado en la Institución Libre de Enseñanza, como discípulo y pariente de Giner de los Ríos. Republicanos y socialistas confiaron en él, primero, el Ministerio de Gracia y Justicia y, después, una vez aprobada la Constitución, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En ambos iban a dirimirse los contenciosos que la República podía y habría de tener con la Iglesia. Sin embargo, él defendió una posición moderada, proclive al acuerdo. Pero perdió contra su partido y contra la Cámara. Así le escribía a Manuel de Falla el 19 de abril de 1933: “Frente a mi partido y contra la mayoría, al discutirse la cuestión religiosa en el Parlamento, sostuve la actitud más moderada y respetuosa que hubo de ser defendida, la que ahora lamentan las derechas que no se adoptara, esas derechas que en sus periódicos me presentan como símbolo de antirreligiosidad y en privado me piden amparo de continuo, desde el canónigo Molina hasta el propio Gil Robles. ¡Si viese cuanta amargura causa todo esto!”.

En lugar de instrucciones y declaraciones un tanto arrojadizas sería preciso ponernos a sentar las bases de un pacto por una laicidad incluyente. Es necesario el desarrollo activo de la laicidad del Estado, de las instituciones públicas y de las leyes ante restos de confesionalismo; pero debe hacerse no frente al factor religioso sino desde el reconocimiento de su aportación a la construcción de una sociedad justa, a la deliberación pública y a la convivencia democrática. También es preciso un marco ético y cívico compartido, pero éste debe sostenerse y enriquecerse no sólo desde matrices laicas sino también religiosas y desde el diálogo entre unas y otras. Es necesaria una acción positiva para superar la discriminación de las minorías religiosas como son la protestante, la judía y la musulmana, pero no para difuminar el catolicismo como una entre otras, obviando reconocer lo sociológicamente obvio, la singularidad cultural y pública del catolicismo en un país como España. Es hora de debate sobre el papel de las creencias religiosas en la sociedad española, pero aprendamos unos y otros de nuestra historia.

FIN.

Me entretuve con La Oreja de Van Gogh y ya no tengo tiempo para pegar las portadas de hoy. El Roto es un buen anticipo. Me voy a comer.

Recuerdo a todos los blogueros que deseen participar en el II Concurso 20Blogs que el plazo de presentación de candidaturas termina el próximo dia 20 de diciembre.

Hay varios premios interesantes, con derecho a la estatuilla de Eneko, entre ellos algunos dotados con 3.000 euros y la posibilidad de publicar columnas y blog durante 2007 en 20 minutos y en 20minutos.es.

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