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Se nos ve el plumero Se nos ve el plumero

"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

Archivo de febrero, 2013

¿Donde están el PP y el PSOE de Italia?

En el fondo del mar, matarile, rile, rile… ¿Quién los va a sacar? La Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que gobernaron Italia durante la segunda mitad del siglo XX, han desaparecido del mapa político. España, con 30 años de retraso democrático, no es muy diferente de Italia. ¿Deberíamos tomar nota los españoles?

Betino Craxi y Gulio Andreotti en los años 80

Bettino Craxi y Gulio Andreotti en los años 80

Gulio Andreotti y Bettino Craxi ocuparon la escena politica italiana hasta los años noventa del siglo pasado. Por razones semejantes a las que vemos hoy en España, ambos líderes y sus poderosos partidos políticos se esfumaron hace casi 20 años.

Fueron sustituidos por un montón de pequeños partidos (algunos nacionalistas/separatistas) y por un líder populista emergente del tipo Gil y Gil a la italiana, peinado como Blas Piñar, y que ayer mismo volvió a renacer de sus vergonzantes cenizas: Silvio Berlusconi.  Al ver los resultados electorales de Italia, esta mañana me ha dado un ataque de tristeza.

Como diría José Martí del imperio yanqui, “conozco al monstruo porque viví en sus entrañas”.  En el otoño de 1989, Silvio Berslusconi, Miguel Durán (ONCE) y Germán Sánchez Ruipérez (Anaya), cada uno con el 33,3 % de Gestevisión (luego Tele-5), me contrataron para crear un nuevo diario nacional con el nombre glorioso de “El Sol”.  Ingenuo de mí. O mucho peor: soberbio de mi. Me creí capaz de poder torear, con más voluntad que acierto, a aquellos “morlacos”, como me los definió entonces mi amigo y maestro el ex vicepresidente Fernando Abril Martorell.

Rubalcaba y Rajoy, tan amigos...

Rubalcaba y Rajoy, tan amigos…

Fracasé y fui despedido como director de El Sol en julio de de 1990.  En año y medio, me siguieron seis directores, al frente de mi tripulación, y el barco se hundió. Berlusconi (que repartía relojes de lujo y halagos a discrección) saltó del barco a tiempo y se quedó con el control de Tele-5. Pero esa del diario “El Sol” es otra historia que recordar no quiero.

Lo que ahora me preocupa es la relación de semejanza que pueda haber entre el caso español y el caso italiano, sobre todo en lo que se refiere a la emergencia y muerte de los grandes partidos políticos, si son incapaces de adaptarse a los cambios que se producen en sus respectivas sociedades.

¿Qué será de Rubalcaba y de Rajoy  y de sus aún poderosos partidos dentro de unos años si no se atreven a coger el toro por los cuernos?

Pero esa reflexión (ingenuo de mi) la dejo para más adelante. Ahora tengo recados urgentes que hacer.

(Continuará…)

 

 

 

 

 

La prueba del algodón: ¡Que vuelva Garzón!

Antes de dimitir, Rajoy debería indultar al juez Garzón para que vuelva a llevar el caso Gurtel. Sería la prueba del algodón. Ya lleva 500 indultos en un año. ¿Por qué no uno más? ¿Alguien duda hoy de las razones que llevaron a ciertos jueces del Tribunal Supremo, que presidía Divar, el marbellí, a expulsar a Baltasar Garzón de la investigación de caso Gurtel? Otros jueces hicieron lo mismo que Garzón y sigen ejerciendo tan ricamente.

El juez Garzón habló en la SER

El juez Garzón habló en la SER

Hace unos días, el ex juez de la Audiencia Nacional que descubrió esta trama delictiva ligada al Partido Popular rompió su silencio y habló de los “papeles secretos de Bárcenas” .

Las palabras del juez Garzón fueron medidas de manera exquisita. Pero su mensaje fue muy claro: dijo que había indicios suficientes para que los papeles de Bárcenas los investigara un juez (capacitado para ordenar registros, pulseras, retirada del pasaporte y otras acciones) en lugar de que lo haga, como ocurre ahora, un fiscal.

El Gobierno de Mariano Rajoy acaba de indultar (nadie sabe por qué) “a un conductor kamikaze que mató a un hombre en su demencial carrera”, según Javier Marías, quien se escandaliza -y con razón- de los 17.059 indultos de la Democracia.

Nuestros gobiernos democráticos han repartido sus indultos con manga ancha y sin necesidad de justificiación alguna: 410 Suárez, 878 Calvo Sotelo, 5.944 Felipe González, 5.948 Aznar, 3.378 Zapatero y 501 Rajoy. En total: 17.059 indultos. Ya me dirán si no está más justificado hoy el indulto urgente al juez Garzón -con la falta que nos hace- que al kamikaze homicida.

Sobre Baltasar Garzón, me han llamado la atención estos titulares de la columna dominical del Luis María Anson:

El Mundo, 3 de febrero de 2013, pag. 21:

 

Bárcenas: la sombra de Garzón es alargada

El Mundo, 10 de febrero de 2013:

En el entorno de Garzón se especula con los recibís

Podemos decir muchas cosas de Anson, pero, debido a su acreditada especialización, no podemos decir que esté mal informado en asuntos conspiratorios.

En Estados Unidos, por lo que vemos en las series de la tele y por mi experiencia como corresponsal allí, no es de extrañar que el acusado pueda llegar a acuerdos con el fiscal y el juez instructor, declarándose culpable y aportando pruebas incriminatorias contra terceros, a cambio de ver aliviada su condena. En España no es así. Por eso, me llama la atención este párrafo de Anson dirigido a Rajoy:

“Querido presidente: ¿Le entregó el sinuoso Bárcenas a Baltasar Garzón la documentación que El País ha hecho pública? ¿Quiso el tesorero felón ganarse el favor del juez entonces estrella, hoy estrellado? ¿Dejó en manos de Garzón además de lo ya publicado los recibís que pondrían en marcha la caravana de dimisiones?”

Garzón negó en la SER haber tenido acceso a estos papeles de Bárcenas cuando él instruía el caso Gurtel. Dijo que, de haber sido así, por los “indicios evidentes” de delito que se aprecian, los habría incorporado a la causa y habría obrado en consecuencia. “Dicen incluso que yo estoy detrás”, afirmó Garzón. “Ojalá hubiera tenido la posibilidad de denunciar los hechos en su momento”.

Ahora que el PP ha aprendido a rectificar, a Rajoy se le presenta otra oportunidad de oro -la prueba del algodón- para convencernos de que no tiene nada que ver con los presuntos “sobrecogedores”: Indultar al juez Garzón y dejarle seguir investigando el caso Gurtel. Así de fácil. Nos taparía la boca a todos los que sospechamos, no sin razón, de que aquí hay sobre encerrado.

Mientras tanto, recomiendo la lectura, siempre provechosa, de un articulo muy clarito (estremecedor pero edificante) del magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, publicado anteayer en El Pais (Pag. 29). Copio y pego:

 

El color del dinero

Lo peor de la amnistía fiscal es la catadura moral de los beneficiarios

Al ciudadano español Luis Bárcenas le han descubierto una cuenta en un banco suizo por la que se han movido a sus anchas 22 millones de euros. El dato no sería noticia si el mencionado ciudadano no hubiese desempeñado durante 20 años los cargos de gerente y de tesorero del Partido Popular. La buena nueva ha desencadenado el correspondiente escándalo, como si, a estas alturas, alguien pudiera extrañarse de cuales son las fórmulas y artificios utilizados para la financiación de algunos partidos políticos.

La Constitución proclama que los partidos políticos son instrumentos fundamentales para la participación democrática, por lo que están justificadas determinadas subvenciones con fondos públicos. Los responsables de su funcionamiento nunca quisieron encontrar una fórmula aceptable para sufragar sus gastos. Regularon la financiación desde el año 1987 pero siempre dejaron abiertos dos agujeros negros por los que se introducía el virus de la corrupción: las donaciones anónimas y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Las primeras se corrigieron en el año 2007, después de muchas reticencias por parte del Partido Popular. El Tribunal de Cuentas continúa con la misma agilidad que en los tiempos del Conde Duque de Olivares.

La financiación de los partidos políticos se consigue, como es lógico, a través de las aportaciones de sus afiliados, cantidad que no alcanza cifras significativas, por lo que ha tenido que ser complementada con subvenciones públicas. Cuando los ingresos se consideraban insuficientes para el funcionamiento de las sedes de los partidos y para hacer frente a las campañas electorales, algunos decidieron acudir a la picaresca, incluso a conductas delictivas para ingresar un dinero extra. Quizá pensaron que la cuota de poder que le asignaban los ciudadanos les permitía toda clase de irregularidades.

Una vez instalados en los centros decisorios de los Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas o en el aparato del Estado decidieron utilizarlos para aumentar las asignaciones. Las concesiones de obras y servicios y las licencias urbanísticas se convirtieron en una fuente inagotable de recursos ilícitos.

Los reguladores de la financiación de partidos dejaron dos agujeros negros: las donaciones y el Tribunal de Cuentas 

El tesorero de un partido político contabiliza las cantidades que entran en la caja. Si las sumas son ilícitas, negras o delictivas hay que buscarles algún refugio seguro para que no se descubra su verdadero origen. No se necesita demasiada inteligencia financiera para envolverlas bajo donaciones anónimas. Cuando se les puso un tope, el dinero ilícito comenzó a desbordar los cauces previstos y era necesario buscar otras guaridas. Suiza, especialista en ensombrecer el color del dinero, era el lugar indicado. Desde el 17 de enero del presente año los helvéticos han levantado el secreto bancario en los casos de investigaciones judiciales.

Según denuncias no desmentidas, algunos dirigentes decidieron adjudicarse remuneraciones generosas por los servicios prestados al partido. Situados ante este espejo, los señalados tienen la ineludible obligación de comparecer voluntariamente ante la opinión pública y negar tajantemente los hechos. No pueden refugiarse en evasivas y agravios. En una democracia la responsabilidad ética y política del dirigente ante los ciudadanos les obliga a responder sin ambages a las imputaciones.

El color del dinero es variopinto. Lo que importa es su procedencia. Las cantidades procedentes del pago de comisiones por concesiones de obras o servicios son beneficios generados por cohechos delictivos. Estas cantidades se consignaban como donaciones anónimas lo cual a su vez constituye un delito de falsedad contable. Esta prestidigitación contable transformaba el dinero ilícito en un en asiento aparentemente lícito.

El principal artífice de todo este entramado era incuestionablemente el tesorero Luis Bárcenas, porque sin él todas estas maniobras no se habrían materializado. Tampoco sin la cooperación o el asentimiento y, ¿por qué no?, la inducción de los dirigentes del partido político, si esto se puede llegar a demostrar. Por ello el dinero de la cuenta suiza no es un dinero opaco que se sustrae al fisco sino un dinero procedente de actividades ilícitas que al ser retornado a España a través de la amnistía fiscal se convierte no en dinero lícito, sino en una maniobra delictiva de blanqueo de capitales.

La amnistía fiscal rompe todos los principios admisibles en el campo del derecho penal para despenalizar conductas delictivas. Solo puede hacerse por vía de ley orgánica y nunca por real decreto-ley. Pero lo más grave no es el vicio legal sino la catadura moral de las personas a las que se aplica. Se trata de ciudadanos que han ocultado o evadido sus capitales sustrayéndolos al sostenimiento de los servicios públicos esenciales en tiempos de gravísimas carencias sociales. El Estado no puede tolerar ni excusar la insolidaridad y discriminar a otros delincuentes.

Nuestro país tiene muchas carencias, culturales, sociales, éticas y democráticas. Demasiados ciudadanos se han hecho partícipes y alentadores de estas conductas votando de forma abrumadora a personas implicadas en tramas de corrupción. Las multitudes padecen el síndrome de Barrabás, prefieren a los golfos en lugar de a los justos. Me resisto a caer en el desaliento y la melancolía. Estoy convencido de que la mayor parte de la sociedad española está indignada y desmoralizada. Es vital para la democracia recuperar la fuerza política de la moral pública en estos momentos difíciles.

José Antonio Martín Pallín es abogado, magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra)

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¿De qué o de quién se ríen nuestros políticos?

Mi compadre me ha enviado una imagen (algo forzada) que vale más que mil palabras. Dicen que “quien ríe el último ríe dos veces”. Quizás en Gran Bretaña.

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Recomiendo la lectura de este artículo publicado hoy por El Pais. Pienso que acompaña muy bien a esta imagen.

 La corrupción no debe quedar impune

Debemos acordar la expulsión precoz de la política de quienes sean encausados
Joan J. Queralt

(7 FEB 2013)

La lucha contra la corrupción política no es fácil; menos si lo hacemos con las manos atadas a la espalda. Cuando la corrupción se hace por sistémica insoportable, nos percatamos de que los mecanismos de respuesta no funcionan adecuadamente, pues, o no son asumidos por quienes deberían, o ponerlos en marcha, especialmente los judiciales, es tarea ímproba.

En cierta medida, pedimos peras al olmo. En efecto, implementar los mecanismos políticos y jurídicos de respuesta depende en buena media de aquellos que habitan los espacios donde se referencia la corrupción. Como ha señalado el Greco (Grupo de Estados contra la corrupción) en sus análisis sobre España, no falla tanto la legislación como su aplicación.

Aquí, el déficit de medios personales y materiales es clamoroso. Así, por el Juzgado de Nules, tras cinco años instruyendo el caso Fabra, han pasado siete jueces y cuatro fiscales. Olvidado el entusiasmo institucional del 11-M, los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional reclaman más auxilio pericial por parte del Ministerio de Hacienda y de la Intervención del Estado para evitar que se eternicen las causas. Dos muestras.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental que vale para el proceso, no fuera de él

El Roto, en el País de hoy

El Roto, en el País de hoy

Se alzan voces que claman contra, en su opinión, breves plazos de prescripción. Salvo el delito fiscal que prescribe a los cinco años, la mayor parte de las infracciones que hoy nos aquejan prescriben entre 5 y 10 años. Tiempo, entiendo, más que suficiente. Dilatar los plazos sin poner medios es un brindis al sol. Lo que debemos preguntarnos es por qué Hacienda, la Intervención del Estado y las de las comunidades autónomas, al igual que los diversos Tribunales de Cuentas, van con tal retraso en la verificación ordinaria de las cuentas públicas y de las de los partidos políticos, lo que hace muchas previsiones inútiles. Debemos preguntar cuáles son sus planes de trabajo, si son realistas, si se cumplen y especialmente porqué sus recomendaciones y observaciones resultan reiteradamente incumplidas. En no poca medida cabe hablar de una cierta impunidad de facto; eso sin hablar del indulto regio.

La otra cuestión relevante es que los encausados apuran hasta las heces su cargo, enarbolando la sagrada presunción de inocencia. Interesadamente confunden dos cosas. La primera, la presunción de inocencia es un derecho fundamental que vale para el proceso, no fuera de él. Por eso la responsabilidad penal y la política son diversas.

Dicho esto, hay que ir un paso más allá: la precoz expulsión de quien aparezca como corrupto. Sin embargo, el político imputado, al son de quiméricas conspiraciones en su contra y contra la patria, se resiste a ello, se equipara al ciudadano común y se muestra más doliente que este. Si el ciudadano no se ve privado de sus derechos hasta que es condenado, pues es presumido inocente hasta ese momento, por qué, inquiere el encausado-político, él ha de verse privado de esa presunción y ser despojado de sus cargos. Por dos razones muy sencillas. La primera: es falsa esa pretendida igualdad. La función pública comporta prerrogativas y cargas para garantizar la limpieza de su ejercicio que no son necesarias en la vida común. O sea: en lo desigual no hay igualdad a proteger.

El grupo político que no promueva la dimisión de sus imputados quedará ante la ciudadanía como un ventajista

La segunda razón es esencialmente política. Cuando un político es encausado, se le genera un profundo conflicto de intereses: el ejercicio de su función se ve alterado por su legítimo derecho de defensa. Ya no puede prestar la atención y ponderación que el cargo le impone. Por ello, mientras se reforman las leyes, hay que esperar de nuestros políticos un paso al frente que dignificaría su actuación: políticamente es obligada la dimisión de los cargos electos, por más que no sea obligada aún legalmente, desde que se produce la imputación formal, esto es, desde el momento en que el juez de Instrucción le comunica el auto de imputación y le da conocimiento íntegro de las actuaciones.

Estas resoluciones judiciales de imputación, por lo que alcanzo a ver, están más que suficientemente motivadas, por encima de la media, e ilustran plenamente al interesado y a la ciudadanía por qué se atribuye indiciariamente un delito o un haz de delitos. En fin, la imputación satisface todos los derechos y garantías procesales. Cabe objetar que, en caso de absolución, un daño cuando menos honorífico se ha inferido al procesado. Puede ser. Pero no pasa de ser un inherente riesgo profesional, que el ejercicio sin tacha de la función pública evita.

También se aduce que un grupo político podría requerir a sus integrantes la dimisión y otros no; así, tal conducta sería perjudicial para los más cumplidores. Nada menos cierto. Una cualidad políticamente olvidada es la generosidad, hija como es de la inteligencia. El grupo político que no promueva la dimisión de sus imputados quedará ante la ciudadanía como un ventajista. Tal percepción cotiza muy a la baja en la actualidad y sería un primer, pequeño, pero primer, paso en la dirección de una regeneración política. El segundo paso, reitero, ha de ser la dotación de medios personales y materiales a la justicia; si no hubiera dinero, anúlense partidas superfluas, que aún hay muchas, sin perjudicar los derechos ciudadanos. La causa pública lo vale.

Joan J. Queralt es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona e investigador principal del grupo “Estrategias preventivas y reactivas contra la corrupción”.

Rajoy defiende a los presuntos “sobrecogedores”

Como en tiempos de Franco, el sospechoso Rajoy ha emitido su mensaje antidemocrático contra la libertad de prensa. Da igual lo que diga. Aunque defienda a los presuntos “sobrecogedores“, ¿quién le va a creer si tanto teme a las preguntas?

Virginia Pérez, vecedirectora de 20 minutos.

Virginia Pérez, vecedirectora de 20 minutos.

Su pavor a las preguntas y repreguntas legítimas de la prensa le marca ya como culpable de un delito gravísimo contra la libertad de expresión, en un momento especialmente calamitoso para nuestra joven y frágil democracia.

Su delito principal ha sido, a mi juicio, declararse enemigo de la democracia y de uno de sus pilares fundamentales: la libertad de expresión, un derecho no solo de los periodistas sino de los todos los ciudadanos.

La puesta en escena del presidente del PP me ha dado escalofríos (solo faltaba la bandera y la música, por supuesto, militar) y me ha traído el recuerdo tenebroso de cuando yo trabajaba en la televisión del dictador Francisco Franco y no podíamos decir ni pío.

Me siento como nuestra vicedirectora, Virgina Pérez, con la boca tapaba para que no podamos sacar los colores al presidente del Gobierno y del PP.

Con el espectáculo tétrico de hoy, Mariano Rajoy ha dado un golpe durísimo e insoportable a la democracia.

Peridis, en El País de hoy

Peridis, en El País de hoy

Los periodistas no deberíamos acudir jamás a ninguna conferencia de prensa o mensaje público que no admita preguntas y repreguntas.  Es una tomadura de pelo a todos los ciudadanos mayores de edad. Ya no somos súbditos aterrorizados, sino ciudadanos libres. ¿Qué se ha creído este  Rajoy?

De hecho, su vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, le ha superado en talla moral y democrática: ayer mismo dio la cara por él, y a punto estuvo de que mis colegas se la rompieran preguntando y repreguntando por las presuntas vergüenzas de su jefe. La nº 2 de Rajoy en el Gobierno aguantó el tipo sin perder la compostura, escurrió el bulto y no respondió a nada, con la hábil coartada de que ella hablaba como miembro del Gobierno y no del Partido Popular. Pero dio la cara y me pareció limpia. Para mi, la vicepresidenta del Gobierno es digna de admiración. Algo para lo que su jefe no ha tenillo agallas.

Deduzco que Rajoy desprecia la democracia: no solo ha espantado a la prensa, que tiene el deber de informar a los ciudadnos, sino que ha criticado al líder de la oposición precisamente por ejercer como líder de la oposición y por hacerle preguntas críticas.

Eneko, en 20 minutos

Eneko, en 20 minutos

Estuve tan indignado durante el trasnochado show marianista que apenas pude prestar atención a lo que decía ante su guardia pretoriana, aislado y separado de los periodistas por un nuevo muro de la vergüenza. Mañana leeré su mensaje escrito en los periódicos. Con su puesta en escena dictatorial ya he tenido bastante por hoy.

No obstante, en el telediario, creo haber oído que Rajoy (que no ha mencionado el nombre de su fiel Bárcenas) ha puesto la mano en el fuego por todos los miembros de su partido. Como si nadie fuera sospechoso de robar en el PP, como si nadie hubiera financiado al PP con donativos ilegales (a cambio de algo, digo yo) y como si todos los presuntos “sobrecogedores” (que cogían sobres en negro) pagaran todos sus impuestos.

Rajoy sigue fiel su costumbre. Ya hizo lo mismo al defender al mismísimo Luis Bárcenas, nombrado por él tesorero del PP, cuando le trincaron con las manos en la masa por el caso Gurtel y que le costó el cargo (ahora vemos por qué) al juez Garzón.

Rajoy sufrió entonces quemaduras de tercer grado. Fíjense en sus manos. Mientras ardían las manos de Rajoy, Bárcenas amasaba 22 millones de euros en su cuenta de Suiza.

Si yo fuera Bárcenas, iría con escolta, me declararía abstemio y no cogería el coche.

P.S.

Isidro López Cuadra se refiere en un escrito a “la desamortización de conejos y jabalíes” por la privatización de tierras que ha hecho la señora Cospedal (otra que tal baila en las bárcenas* de La Mancha) y termina con esta anécdota de su madre:

“Cuando a mi madre le comentaban algo así como: “¡esta persona no tiene vergüenza!”, casi siempre contestaba: “¿Vergüenza?, la tiene toda, no ves que no la gasta”.

(* Bárcenas: Terrenos en pendiente de gran amplitud)