Se nos ve el plumero Se nos ve el plumero

"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

Entradas etiquetadas como ‘ramoneda’

Hipótesis de suicidio: sólo en la prensa “seria”

(Actualizado a las 0:55 h.)

Es un poco tarde. He copiado y pegado hoy un montón de recortes que me han interesado, pero apenas he tenido tiempo para dar mi opinión sobre ellos. Ahora no se por donde empezar. Bueno, seré breve:

Un suspenso para El País y para El Mundo.

Esta tarde, una colega –gran profesional- de 20 minutos estaba furiosa contra la que llamamos prensa “seria” (cuando, en realidad, queremos decir “gris”). Y creo que tenía bastante razón.

En primer lugar, quiero dar el pésame a la familia de la joven Erika Ortiz. Si hay algo que nos toca a todos de cerca es la muerte de un ser querido.

En segundo lugar, quiero decir que, a fuerza de echar basura sobre la presa “rosa”, por el presunto abuso que dicen que hace de la triste muerte de Erika Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, la prensa “seria” ha cometido más errores que la “rosa” y ha pecado, a mi juicio, de más hipocresía.

Uno de ellos, que yo sepa, es grave: especular, lanzar hipótesis sobre un presunto suicidio de la hermana de la Princesa, sin citar las fuentes, ni siquiera aproximadas, de esas presuntas informaciones, que mañana pueden resultar ser ciertas o completamente falsas. Esas hipótesis (calumnia que algo queda) deberían haber sido publicadas, en todo caso, con los caracteres tipográficos atribuidos a la opinión y no a los hechos. Las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Y el lector tiene derecho a no ser engañado o confundido mezclándole churras con merinas.

La noticia de la muerte de Erika Ortiz es, naturalmente, de primera página. Nadie lo duda. Tiene interés, impacto, emoción, nos zarandea en la medida en que conocemos a su hermana Letizia Ortiz –madre de la infanta Leonor, previsible reina de España– como si fuera de nuestra familia.

Ahí reside el truco y la ventaja principal de todas las familias reales: que parecen de nuestra familia. Seguimos los detalles de los dientes de leche y de las travesuras de sus niños, de las torpezas de sus adolescentes, de las barrabasadas de sus jóvenes, de los deslices de sus adultos, de las batallitas de sus abuelos… Recuerden el caso de Lady Di, la princesa Diana de Gales.

Por eso, cualquier cosa que le pase a uno cualquiera de esa familia real tiene interés extraordinario para el resto de los mortales de España y parte del extranjero, sean monárquicos o republicanos. Basta con que sean curiosos. Y no digamos si la noticia puede afectar a la madre de Leonor, que está embarazada de seis meses. El eventual efecto de la tragedia de Erika sobre el estado de doña Letizia ha sido uno de los recuadros informativos más leídos del 20 minutos de hoy. Estoy casi seguro.

No es de extrañar que la prensa “rosa” –que trata de historias de evasión y/o ensoñación, pero que llegan al corazón de su público- haya dedicado todo su tiempo a este acontecimiento. No acostumbro a seguir la presa “rosa” –salvo la columna de oro y el blog insuperable de Marta Cibelina, que no me los pierdo ni un día. Sin embargo, lo poco que he seguido sobre la muerte de Erika Ortiz me ha parecido bastante interesante y respetuoso.

Aún no se sabe la causa de su muerte. Me parece un gran error, por parte de la familia, no comunicar oficialmente al público la causa de esa muerte que interesa a todos, curiosos o no. Al menos, una causa oficial de la muerte, ya sea verdadera o falsa. Quien da primero, da dos veces. Lo contrario lleva a generar rumores extravagantes que, más tarde, pueden ser difíciles de extirpar de la opinión pública.

Ha sido una muerte de causa aún desconocida y, por tanto, extraña, oscura, rara, inexplicable, etc. Pero aún no sabemos la causa de la muerte, que es lo primero que se pregunta todo ser humano.

El Mundo, en un ejemplo típico de pésimo periodismo, dice hoy en su portada:

Erika Ortiz, de 31 años, podría haberse suicidado con pastillas, según fuentes de la investigación

Podrá ser verdad o mentira pero decir “fuentes de la investigación” significa que se lo han sacado del bolsillo de Pedro Jota o de sus fosas nasales, pues presume de buen olfato.

El País, otro ejemplo de pésimo periodismo, aunque en menor grado por usar “hipótesis” en vez del verbo en potencial, dice hoy en su portada:

Fuentes de la investigación barajan la hipótesis del suicidio

El segundo tema de portada para El Mundo y primero para El País (el nombramiento del nuevo ministro de Justicia) lo dejaremos para mañana, pues es muy tarde y dará mucho de sí. Fernández Bermejo dará mucho que hablar, pues, aunque no le conozco personalmente, me consta que no tiene pelos en la lengua y no va a dar tregua a la injusticia ni a la ignorancia.

Creo que el Partido Popular ha hecho méritos suficientes para ganarse a pulso un ministro de Justicia como el que acaba de nombrar Zapatero. Después de la retirada de las tropas de Irak, de la ley de matrimonios homosexuales y la ley de dependencia, este nombramiento es uno de los gestos más valientes (y quizás más temerarios, ya veremos) del presidente de Gobierno. A mi me ha gustado.

Con Rubalcaba en Interior y Bermejo en Justicia no nos vamos a aburrir ni con la presa “seria”.

Un grave error

ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ Y RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO en El País

08/02/2007

“Por imperativo constitucional, sólo pueden ser nombrados magistrados del Tribunal Constitucional quienes reúnan la condición de ‘juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional’, por lo que no es poco común ni puede extrañar que, antes de integrarse en el colegio de magistrados, en el ejercicio de sus respectivas profesiones de procedencia, sus miembros se hayan pronunciado voluntaria u obligadamente sobre materias jurídicas que, finalmente, pueden llegar a ser objeto directo o indirecto de la labor de enjuiciamiento constitucional que tienen legalmente atribuida”.

En estos términos se expresaba el Pleno del Tribunal Constitucional hace muy poco más de un año al desestimar -en un procedimiento distinto- la recusación planteada entonces por el Grupo Parlamentario Popular contra el magistrado Pérez Tremps (ATC 18/2006, de 24 de enero, FJ 3). Ahora, sin embargo, el incidente de recusación resuelto el pasado lunes tras la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad de los diputados populares contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido estimado por el Pleno. Tres de los magistrados que entonces votaron contra la recusación han variado el sentido de su voto: ¿qué ha cambiado en estos meses? Desde luego, y a la espera del texto de la resolución, no lo ha hecho ni la condición del recusado ni la naturaleza de los hechos en los que la recusación quiere sustentarse: aquélla y éstos son idénticos.

La recusación no debía de haberse admitido a trámite, como se inadmitieron, a nuestro juicio correctamente, las planteadas contra la presidenta Casas Baamonde y contra el magistrado García Calvo. Al no hacerlo y, más aún, al llegar a la decisión estimatoria, la mayoría del Tribunal asume un entendimiento de la imparcialidad que no parece demasiado compatible con su propia posición institucional.

El Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial. Se trata de una obviedad que se manifiesta en su máxima expresión cuando aquél actúa su competencia de control de constitucionalidad de la ley. Entre otras razones, por el modo de designación de sus miembros, por la jurisdicción que ejerce y por la legitimación para recurrir o plantear cuestiones ante el mismo, el Tribunal Constitucional no es poder judicial. Los magistrados que lo integran, todos ellos, se proponen al Rey para su nombramiento por órganos políticos; para el planteamiento del recurso de inconstitucionalidad únicamente se encuentran legitimados órganos políticos o fracciones de éstos (además del Defensor del Pueblo) y, en fin, el objeto del proceso constitucional es en este caso la reforma de un Estatuto de Autonomía, una Ley orgánica investida de la máxima dignidad democrática sobre la que se han pronunciado, alcanzándose las necesarias mayorías políticas, el Parlamento de Cataluña, las Cortes Generales y el pueblo de la Comunidad Autónoma.

El propio Tribunal Constitucional, en los autos mediante los que resolvió (desestimándolas) las sucesivas recusaciones planteadas por el Gobierno vasco contra el entonces presidente Jiménez de Parga, al hilo del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Partidos Políticos, pareció asumir, aunque sin extraer consecuencia alguna de su afirmación, la singularidad que el instituto de la recusación plantea en este ámbito “dado el carácter abstracto que reviste el examen de la constitucionalidad de las Leyes o normas con rango de Ley” (AATC 61/2003, de 19 de febrero, FJ 3, y 224/2002, de 20 de noviembre, FJ 3).

Así las cosas, creemos que las causas de recusación han de ser objeto de una interpretación estricta y han de proyectarse, en principio, únicamente sobre la actividad de los magistrados constitucionales sucesiva a su nombramiento como tales. Lo primero, por las singulares circunstancias (muy alejadas de la aplicación judicial de la ley) que rodean el control de constitucionalidad; lo segundo, porque de no hacerse así se estaría cerrando las puertas a la presencia en el Alto Tribunal de juristas de prestigio que en virtud de su actividad profesional previa se hubieran pronunciado sobre materias más tarde sometidas al conocimiento del Tribunal.

Pongamos algunos ejemplos. Un repaso a la hemeroteca, en los momentos previos a cada renovación del Tribunal Constitu-cional, nos descubriría las relaciones de estrecha amistad que, en no pocas ocasiones, vinculan a quienes son promovidos al cargo con tal o cual diputado o senador relevante para la toma de la decisión o incluso promotor de la misma.

Con seguridad, esa situación se da también entre algunos de los integrantes del Tribunal en su composición actual. ¿Contamina la imparcialidad del magistrado esa relación previa cuando el mismo debe de pronunciarse en el marco de un recurso de inconstitucionalidad firmado, entre otros, por su valedor político, además de amigo? Creemos que no: la extracción política de los miembros del Tribunal Constitucional puede hasta justificar, algunos dirían que hacer necesaria, esa relación (guste más o menos, que esa es otra cuestión). Los miembros del Tribunal Constitucional, no lo olvidemos, pueden incluso militar en partidos políticos.

En algunos Estados europeos en los que el control de constitucionalidad se practica de manera parecida a como se hace en el nuestro, es relativamente frecuente que personalidades políticas pasen en algún momento de su vida profesional a formar parte de Tribunales Constitucionales o de órganos similares. Así sucede ejemplarmente en Francia, pero algunos ejemplos podrían darse también en Italia y Alemania, países estos últimos que en buena medida se utilizaron como modelo en el diseño de nuestra justicia constitucional. Nunca nadie ha recusado a esas personalidades cuando han participado como magistrados constitucionales en juicios de validez sobre leyes cuyo contenido, en su condición de ministros o parlamentarios, habían contribuido a fijar más o menos decisivamente. En España ya tenemos también un precedente: nunca nadie puso tampoco en tela de juicio la imparcialidad del magistrado De los Mozos, que después de casi tres años de portavoz adjunto del Grupo de Coalición Popular en el Senado pasó, sin solución de continuidad, a integrar el Tribunal Constitucional.

La condición de magistrado constitucional se anuda a una antigüedad en la práctica jurídica y a la reconocida competencia en la misma (artículo 159.2 CE). En el caso de los profesores de Universidad, el reconocimiento, qué duda cabe, resulta básicamente de la obra escrita. Una obra que es en no pocas ocasiones el resultado del encargo de instituciones públicas o privadas y que sólo si ve la luz puede ser considerada -en su caso- como mérito profesional. Los trabajos académicos se utilizan, en no pocas ocasiones, para facilitar la obra del legislador, pero por el solo hecho de integrar los dosieres parlamentarios no se convierten en material que per se condicione la decisión normativa. Esto parece tan evidente que, por ejemplo, en Alemania, la Ley del Tribunal Constitucional Federal excluye expresamente como causa de recusación las opiniones científicas de los jueces constitucionales relativas a temas jurídicos objeto del recurso (artículo 18.3).

El magistrado Pérez Tremps elaboró, antes de su incorporación al Alto Tribunal, un estudio que “se mueve exclusivamente en el campo de la contribución académica, racional, doctrinal y teórica sobre las diversas opciones y posibilidades de tratamiento jurídico que ofrece el marco constitucional y estatutario sobre la acción exterior y europea de las Comunidades Autónomas”. Así lo reconoció el propio Tribunal Constitucional hace doce meses (ATC 18/2006, de 24 de enero, FJ 3): ¿qué ha cambiado en este tiempo?

La nueva doctrina sobre imparcialidad de los magistrados constitucionales provocará, con seguridad, serios problemas de funcionamiento a un Tribunal que, desde hace ya un tiempo, no parece pasar por sus mejores momentos. Se incentiva el planteamiento cruzado de incidentes de recusación, dificultándose así aún más la toma de decisiones, y se abren las puertas (ya se han abierto: basta para comprobarlo la lectura de la prensa de estos días) a la ocupación política grosera de nuestro más autorizado órgano de garantía constitucional, que se parece cada día un poco más al Consejo General del Poder Judicial. Se dificulta, en fin, la presencia de académicos en el Tribunal Constitucional, salvo que se prefiera a los ágrafos o se opte, como algunos parecen desear, por la definitiva judicialización de su composición.

Este grave error no tiene remedio, pero el Tribunal puede y debe recuperar el prestigio perdido. Eso, al menos, creemos algunos.

Alejandro Saiz Arnaiz y Rafael Jiménez Asensio son catedráticos de Derecho Constitucional de las universidades Pompeu Fabra y Ramon Llull, respectivamente. FIN

—-

La lucha por el poder de la derecha política

MIGUEL SATRÚSTEGUI GIL-DELGADO en El País

08/02/2007

La recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, que ha sido acordada por el Tribunal Constitucional por una mayoría de seis contra cinco de sus miembros, a petición del Partido Popular, representa la victoria de una estrategia de la derecha política, decidida a usar todas las instancias en su lucha por el poder. Esa ofensiva partidista ya era evidente, desde hace tiempo, en el Consejo General del Poder Judicial, con el consiguiente deterioro de ese órgano. Y ahora se ha extendido de forma dramática al Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, al lograr el Partido Popular imponer la composición que ha de tener el Pleno de ese Alto Tribunal, a la hora de decidir sobre su recurso contra el nuevo Estatuto de Cataluña.

Para impedir un probable empate en este asunto entre magistrados de sensibilidad conservadora y progresista y que fuera decisivo el voto de calidad de la presidenta del Tribunal, los seis miembros conservadores han aceptado apartar del caso, mediante una resolución sin precedentes, a un magistrado respetado por su acreditada trayectoria profesional. Pablo Pérez Tremps es, en efecto, uno de los catedráticos de Derecho Constitucional más prestigioso de nuestra Universidad, con una lista abrumadora de investigaciones y publicaciones, centrada en los últimos años en las implicaciones constitucionales del proceso de integración europea, especialmente en sus consecuencias para la organización territorial del Estado. Y precisamente en esa actividad académica se ha buscado la razón para separarle del caso, con el paradójico argumento de que ya había opinado sobre las competencias internacionales de la Generalidad en un trabajo académico (previo a su incorporación al Tribunal Constitucional), que le había encargado y retribuido un instituto de la administración pública catalana, en tiempos del Gobierno de Pujol.

Se trata obviamente de una justificación arbitraria, de un pretexto, porque Pérez Tremps no puede haber perdido su imparcialidad en el recurso planteado por el PP contra el nuevo Estatuto de Cataluña, por razón de un trabajo universitario escrito cuando ni se había empezado a hablar de la reforma del Estatuto ni había ningún anteproyecto de la misma. Ni siquiera puede aceptarse que le falte la apariencia de imparcialidad, porque la imagen pública de esa carencia sólo ha sido deliberada y artificiosamente fabricada por el diario El Mundo y por la Cadena Cope, en una campaña de presión y manipulación, como muchas otras que han protagonizado y a las que sucumben políticos y magistrados con demasiada frecuencia. A mayor abundamiento, se trata de una decisión arbitraria, por incoherente: porque contradice, sin que pueda haber para ello motivación suficiente, otra previa, mediante la que el mismo Tribunal Constitucional había rechazado una recusación idéntica, que el Partido Popular había formulado también contra Pérez Tremps; en esa ocasión, con motivo de su recurso de amparo contra la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña.

En definitiva, un magistrado honorable ha sido apartado injustamente de un asunto fundamental, en medio de presiones políticas y de una campaña prensa difamatoria que finalmente han tenido éxito. Se ha causado así un enorme daño al prestigio del Tribunal Constitucional. A partir de ahora, queda claro que sus miembros están expuestos a ser descalificados por sus trabajos académicos, que deberían ser lógicamente abundantes, al menos en el caso de los magistrados procedentes del mundo docente universitario. Se ha concedido, de este modo, un premio a la agrafía de los magistrados que desmerece a quienes lo han otorgado.

Además, queda la sospecha fundada de que la sentencia que en su día dicte el Alto Tribunal sobre el Estatuto de Cataluña no gozará de la autoridad necesaria para amortiguar la tensión política avivada por las torpezas cometidas en la elaboración de ese Estatuto. Más que nunca haría falta en ese asunto un control de la constitucionalidad llevado a cabo con serenidad, mediante razonamientos jurídicos ampliamente compartidos, para poder legitimar ante la opinión pública catalana una sentencia que puede llegar a apreciar la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos. Pero la recusación de Pérez Tremps hace temer que, en este asunto, el Tribunal Constitucional se dispone a trabajar, a partir de ahora, a golpe de mayoría, con más pasión que sentido de la justicia o de integración de la unidad política.

En este contexto, todas las miradas convergen sobre el magistrado Pérez Tremps. Víctima de una campaña política de la derecha, advierten los analistas que ahora algunos en el Partido Socialista esperan de él que dimita para facilitar la incorporación de otro magistrado, nombrado por el Gobierno, que le sustituya en las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña. En definitiva, se pretendería volver a sacrificarle en el altar de la política y confirmar de ese modo la infección política del Tribunal Constitucional. Pérez Tremps tiene más que justificadas razones para el hastío de esta situación inadmisible y para poner fin a la misma con una dimisión sonada. Nadie decente podría reprochárselo y desde luego no están legitimados para hacerlo quienes con todo cinismo han presionado para su recusación. Pero muchos agradeceríamos que, haciendo de tripas corazón y mirando con sereno desprecio a los autores y cómplices de su agravio, resista en el puesto para el que fue nombrado y demuestre que el Tribunal Constitucional puede funcionar fuera de una lógica de partido.

Miguel Satrústegui Gil-Delgado es profesor titular de Derecho Constitucional.

Vean, a continuación, la desproporción en el tratamiento informativo del mismo hecho en ambos diarios: Se trata de la compra de Recoletos por Rizzoli, el dueño de El Mundo. No sabemos por qué el diaro gratuito Qué! -propiedad controlada también por Recoletos– no lo ha querido comprar Rizzoli pese a tener interés en los gratutios. Hace unos años Rizzoli quiso comprar el nuestro, afortunadamente sin éxito. .

Tres páginas completas, tres columnas en portada y editorial en El Mundo.

Tres columnas en el fondo de una página par, y debajo de una foto de Cebrián, en El País.

¡Qué pena que no se pueda leer bien lo de Aznar. No tiene desperdicio. También resulta de interés, aunque poco edificante, la larga autocita que Pedro Jota hace de sí mismo, al fondo de la página, relamiéndose en piroros hacia su antiguo líder.

Pero, sobretodo, no se pierdan el recuadro que he colocado más arriba sobre Andreu Buenafuente rechanzando un premio porque se le concede también a Jimenez Losantos (lagarto, lagarto) . ¡Qué tío!

Y además Buenafuente celebra nuestra revista mensual Calle 20. Gracias. Lo he leído en el blog de Arsenio Escolar y en el blog de Buenafuente.

¡Olé tus webs, Andreu!

¡Enhorabuena!