Se nos ve el plumero Se nos ve el plumero

"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

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Algo huele a podrido en la Justicia

«En España no hay leyes; solo orientaciones». Lo aprendí de unos guiris escandalizados por la ineficacia y lentitud de nuestro sistema judicial y por la pasividad de la ciudadanía ante injusticias y/o delitos flagrantes.

El Roto, en El País, 27/04/13

El Roto, en El País, 27/04/13

Gurtel, la financiación del PP, Bárcenas, Undargarín, los ERE del PSOE, las dietas de UPN, las ITV de Pujol

Los casos de «presunta» corrupción de los políticos se eternizan hasta que caen en el olvido o se archivan por triquiñuelas técnicas, como ocurrió con Naseiro, el único tesorero de la historia del PP aún no imputado por corrupción.

La escasa confianza de los españoles en la Justicia viene lejos. Así la define el refranero: «Tengas pelitos y los ganes», «Vale más un mal acuerdo que un buen pleito», etc.

No es de ahora. Durante la Dictadura de Franco pasaba más de lo mismo. Las leyes fascistas promulgadas por el dictador apenas se cumplían, excepto para castigar a los disidentes políticos,

Un ejemplo: durante la Dictadura había una ley en vigor que calificaba el adulterio como delito. ¿Cuantas sentencias dictaron los jueces franquistas condenando a los adúlteros? Busquen en los archicos y se llevarán una enorme sorpresa. ¿Llegarán a la docena?

Ahora hay leyes democráticas en vigor que califican la corrupción como delito.

¿Cuantas sentencias han dictado los jueces condenando a los corruptos? Busquen en los archivos y se llevarán otra enorme sorpresa. ¿Llegarán a la docena?

¿Acaso no había miles y miles de casos de adulterio en la España de Franco?

¿Acaso no hay miles y miles de casos de corrupción en la España democrática?

Las leyes de antes como las de ahora no son leyes, son sólo orientaciones.

Si el Legislativo legisla será para algo. El Ejecutivo debería ejecutar, es decir, hacer cumplir las leyes que dictan los legisladores desde Las Cortes. Y si ambos poderes hicieran bien su trabajo, suponemos que el Judicial debería juzgar a quienes incumplieran las leyes y los condenaría o absolvería mediante las correspondientes sentencias. Digo yo.

Peridis, en El País, 27/04/13

Peridis, en El País, 27/04/13

¿Donde están las sentencias de nuestros jueces condenando o absolviendo los casos de corrupción política?

Deben estar en el mismo limbo en el que se ocultan las escasísimas sentencias de los jueces franquistas contra los adúlteros.

¿Acaso no había adúlteros cuando mandaba el dictador? ¿Acaso no hay corruptos ahora que manda el pueblo soberano?

Creo que lo que no había antes ni hay ahora son jueces que hagan bien su trabajo, amparados por políticos que tampoco hacen bien el suyo.

Por eso, no me extraña nada la saludable irrupción en España de los «escraches» (¡qué palabra lunfarda tan bonita en boca de Carlos Gardel!). El pueblo soberano y desesperado busca salidas contra los políticos que no hacen bien su trabajo. Y ha encontrado una muy luminosa en la Argentina que luchó dignamente contra la Dictadura asesina de Videla y compañía: los «escraches».

Nada de violencia física. Solo pancartas y gritos a la cara, en honor a la libertad de expresión.  A ver si nuestros políticos, casi anónimos, elegidos en listas cerradas por la estructura de sus partidos, se avergüenzan y despiertan de una vez…

Y, de paso, mal que les pese, hacen leyes que se cumplan (incluida una Ley Electoral de listas abiertas) y reforman la Justicia, esa palabra tan extranjera en España.

Gracias Erik por recordarnos con tu comentario de ayer lo que está consiguiendo la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, al sentar en el banquillo al general Efraín Ríos Montt, uno de los asesinos más crueles de América. Precisamente hoy, El Pais publica un excelente artículo de Prudencio García titulado «Ríos (de sangre) Montt» que te recomiendo. Ahí va el link:

http://elpais.com/elpais/2013/03/01/opinion/1362139369_928689.html

El trabajo heróico de Claudia Paz nos reconcilia con la condición humana en medio de tanta injusticia e ignorancia.

 

 

 

Jueces «divinos» que alarman a los humanos

A mi me daría mucho miedo caer en manos de alguno de estos jueces que hacen lo que les da la gana al interpretar y aplicar las leyes. Tanto El Mundo como El País dedican hoy medias páginas a sendos jueces, que alarman y escandalizan a los ciudadanos que creemos en el Estado de Derecho (o sea, en el que todos somos iguales ante la Ley).

A la vista del auto del juez de Alicante, Alfonso Rossi, que «invoca a Dios para que le ilumine» al dictar la sentencia y del juez de Murcia, Fernado Ferrín, que manda detener ilegalmene a quien le place, creo que deberíamos hacer un doble chequeo sobre la salud mental de nuestra judicatura.

Y esto es lo que publiqué aquí el viernes pasado en el post de «Polanco, calvo o con tres pelucas»:

Con tanta fiesta y tanto autobombo, casi me olvido registar en el blog una noticia escandalosa, casi divina, que ha sido considerada como «no noticia» por El Mundo. En cambio, El País la da a tres columnas:

Las personas respetuosas con las leyes y con los demás se estarán preguntando por qué no ha sido aún despedido ese mal juez que nos escandaliza con sus autos medievales. A la calle con él. ¡Qué vergüenza de Justicia!

¿Antifascios chateros?
Ibarretxe «hostiga»; el PP «rechaza»

Ayer pasé todo el día atendiendo a los miembros del Consejo de Administración de 20 minutos, reunidos en Madrid, y me perdí este sugerente chiste de Forges, que recupero hoy para el blog.

Pensándolo bien, aunque inventaran algún día esa vacuna «antifascios chateros» que sugiere el personaje progre, ya calvo -claro-, de Forges no me gustaría utilizarla. Quizás la usaría unicamente en casos de emergencia.

A estas alturas de la blogosfera, un blog sin «fascios chateros» es como un jardín sin flores. Yo los echaría de menos. Aún recuerdo lo divertido y edificante que fue para mi el mes de agosto pasado, cuando pude dar cobijo en este blog a gran número de comentaristas sensatos y de troles furiosos, procedentes del blog de mi vecino y amigo Manolo Saco, cuando éste se fue a descansar casi al Polo Norte.

Los comentarios libres -incluso anónimos-, a favor y en contra de lo que sea, enriquecen a quien los lee si están escritos con buen gusto. Los más salvajes pierden tanto crédito e interés -¡qué palabras tan bancarias!- que apenas pueden leerse. Pero toda la blogosfera está llena de dimes y diretes, de progres y fachas, de moderados y radicales, que se desahogan -nos desahogamos- soltando todas las basurillas que la actualidad y la vieja prensa nos van dejando en el corazón. Digo en el corazón porque, en estas polémicas, el cerebro suele intervenir en contadísimas ocasiones. La política -como la religión- utiliza más corazón que cerebro.

Creo que, por muy mal poblada que esté la blogosfera de bichos extremistas, de «fascios chateros«, la prensa tradicional española contiene basura ideológica mucho más peligrosa, pues pretende hacerse pasar por prensa seria y solvente y, sin embargo, está llena de prejuicios y de intereses inconfesables mal disimulados. Los comentaristas de los blog metemos la cuchara a discreción, en cualquier tema, y creo que sin ánimo de sentar cátedra y expuestos a la réplica y a la dúplica si cabe. Hay opiniones interactivas en dos o en dos mil direcciones. Los titulares y los editoriales de la prensa vieja solo se emiten una dirección: de emisor a receptor. Y no al revés. Esta es una de las bellezas (y servidumbres) de la blogosfera. ¡Vaya vicio!»

EDITORIAL de El País

Sociedad enferma

31/01/2007

Profanar la tumba que guarda los restos de un concejal asesinado por ETA no es «pisar flores en el cementerio», como banalizaba ayer el diario al que suele enviar ETA sus comunicados. Es una ofensa deliberada a la memoria de una persona, Gregorio Ordóñez, a la que arrebataron la vida por defender sus ideas democráticas con el valor que falta a sus ofensores. Y si éstos son ocho adolescentes de entre 14 y 16 años, ese acto siniestro se convierte en síntoma de una sociedad enferma.

Así lo han entendido casi todos los partidos e instituciones del País Vasco, incluido el grupo del PNV en el ayuntamiento donostiarra, cuyo portavoz ha unido a su estupor por la catadura moral de los agresores un elogio del concejal asesinado que «trabajó de manera incesante en beneficio de la ciudad». Batasuna ha manifestado no entender una acción como ésa, porque «todos los muertos deben ser respetados», pero ha sido incapaz de obviar su hipócrita denuncia del «montaje político y mediático» organizado para «perseguir y castigar a la juventud vasca y a la izquierda abertzale».

Esos casi niños que participaron en la ofensa podrán convertirse en txapotes como el que asesinó a Ordóñez hace 12 años, o podrán comprender un día la miseria moral de su actuación y convertirse en ciudadanos respetuosos de la ley. Pero que ocurra lo segundo será más improbable si en lugar de un castigo proporcional a lo que han hecho se benefician de la impunidad que reclama para ellos Batasuna al decir que «los pronunciamientos y actitudes que alimentan la represión» contra esos jóvenes «son contrarias a la solución del conflicto». El peor favor que podría hacerse a esos menores (lo son ocho de los 11 detenidos) sería convencerles de que son unos héroes o unas víctimas castigadas por algo sin importancia: «Pisar flores en el cementerio».

El Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional ha pedido a la Ertzaintza las diligencias del caso con vistas a una eventual imputación por delitos de terrorismo. La competencia de ese Juzgado fue una de las reformas introducidas el año pasado en la Ley del Menor, que ya contemplaba penas específicas para las conductas habitualmente encuadradas en el capítulo de terrorismo callejero. Las reformas buscan una mayor proporcionalidad entre las penas y los delitos, pero sin desfigurar el contenido específico de un derecho penal juvenil diferenciado del de los adultos.

Un tratamiento penal para esos jóvenes es necesario, pero la enfermedad social que su actuación delata requiere también de medidas de otro tipo: en la familia, sobre todo, y también en la escuela y en los medios de comunicación: que deje de banalizarse la violencia como si fuera un derecho, y de considerarse que la ley puede cumplirse o no, según convenga.

FIN

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Memoria histórica y consolidación democrática

JOAQUIM SEMPERE en El País

31/01/2007

En julio de 1936 estalló en este país una rebelión militar contra las instituciones legítimas. Aquella rebelión era abiertamente ilegal, y sumió el país en una lucha cruel y fratricida, al cabo de la cual se instaló una dictadura. Aquella dictadura nacía con la mancha original de sus orígenes y además practicó durante otros 36 años la negación institucional sistemática de los derechos humanos. A mi entender, cualquier ley que aspire a dar reparación a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura debe empezar por declarar la ilegalidad e ilegitimidad de la rebelión militar de 1936 y de la dictadura que esa rebelión implantó en España. Y, por derivación, debe establecer la nulidad de todos los actos jurídicos emanados de aquel régimen.

Durante la transición se pasó de puntillas -hubo razones para hacerlo- sobre las responsabilidades pasadas. Hoy, 31 años después de la muerte del dictador, abstenerse de condenar el golpe de Estado y la dictadura sería un paso en falso. Necesitamos que la legislación deje muy claro, como se hace con el terrorismo, que la rebelión militar no puede ser en ningún caso un mecanismo legítimo de intervención política. Éste sería el acto de reparación histórica que a mí, como represaliado por la dictadura, mayor satisfacción me daría.

Además de condenar el golpe de Estado, se debería condenar y dejar sin efecto los actos jurídicos emanados de la jurisdicción política o ideológica de la dictadura que conculcan los derechos humanos. Tenemos el precedente de Alemania, donde se declaró la nulidad general de los actos de la jurisdicción nazi. Una vez declarada la nulidad general, se pueden arbitrar procedimientos que permitan a los particulares que lo deseen obtener una resolución judicial para su caso concreto. Juristas competentes han sostenido públicamente que esto es perfectamente factible, y además recomendable.

Las agrupaciones de represaliados y las entidades que reivindican la memoria democrática han dado ya opiniones muy acertadas, que el Gobierno conoce pero no quiere asumir. No hace falta repetirlas. Creo interpretar la opinión de las restantes víctimas de la represión franquista al decir que ninguno de nosotros deseamos venganza ni castigos ejemplares. No queremos resucitar viejas rencillas y odios. Al contrario. A lo que aspiramos es a un reconocimiento oficial de la injusticia, y lo queremos para que nunca más se repita. Las víctimas no necesitamos ninguna «Declaración de reparación y reconocimiento» de ninguna Comisión del Congreso, como la prevista en el artículo 3 del proyecto de ley, que equivale a un humillante «certificado de buena conducta» de ominoso recuerdo. No conozco a ninguna víctima del franquismo que no se sienta orgullosa de haber merecido la represión franquista, y que no se haya sentido rodeada del reconocimiento de sus familiares, amigos y conocidos. Estamos ya reivindicados por nuestros entornos sociales. En realidad, hoy y aquí una ley de reconocimiento de las víctimas tiene más valor para el Estado que para las víctimas. Es el Estado el que se reivindicaría a sí mismo como representación del pueblo al condenar el golpe de Estado y sus efectos político-jurídicos.

Otro aspecto inaceptable del proyecto de ley es la equiparación entre los alzados en armas y los defensores del orden constitucional. En su artículo 2 se habla de «las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas, por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o zona en que se encontraran quienes las padecieron, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura que, a su término, se prolongó hasta 1975». La historia de la Guerra Civil se rescribe como un brote de barbarie entre las dos Españas. Esto tiene por efecto escamotear las responsabilidades de los alzados. En las guerras siempre se cometen abusos en ambos bandos contendientes, pero la responsabilidad principal recae en quien rompe la baraja, porque quiebra los muros de contención que mantienen embridadas las pasiones destructivas latentes en la sociedad. Es evidente que en España se cometieron abusos inaceptables en uno y otro bando, pero quienes realmente destruyeron la legalidad fueron los generales alzados en 1936, no el general Sanjurjo en 1932 ni el movimiento obrero asturiano en 1934. Lo que cuenta no son las intenciones, sino los actos y sus consecuencias reales.

Si las condiciones mencionadas más arriba no se cumplen, más vale retirar el proyecto de ley. Y esperar que una generación posterior entierre definitivamente el hacha de guerra admitiendo que en 1936 se produjo un golpe de Estado ilegal y una guerra civil de exterminio por obra de militares fascistas y sus aliados civiles.

Al enjuiciar el Holocausto -cuya memoria se ha celebrado el 27 de enero en el mundo- no se toma en consideración las humillaciones sufridas por los alemanes por el Tratado de Versalles de 1918, ni el clima de inseguridad de la República de Weimar ni si los aliados se excedieron al bombardear Dresde y otras ciudades alemanas hasta los cimientos. En cualquier caso, fue Hitler quien desencadenó la guerra y llevó a efecto el Holocausto, y la opinión generalmente compartida es que debe condenarse como un crimen de lesa humanidad. El actual Gobierno alemán (de Gran Coalición) lo reconoce con tanta vehemencia que incluso está impulsando una iniciativa europea para prohibir por ley el negacionismo. Mientras tanto, ¿qué hacemos los españoles? ¿Dar cobertura a quienes quieran sentirse aún herederos del franquismo? ¿Asumir sin crítica un episodio bochornoso de nuestra historia reciente?

Entre tanto, el PP -que está contra la ley por razones opuestas- está lanzando a la opinión pública un claro mensaje de cobertura a los herederos del franquismo y conserva y alimenta el fuego del odio cainita que tanto daño nos ha hecho. Los dirigentes del PP no son hoy capaces de hacerlo, pero deberían considerar que la condena legal del golpe militar y de la dictadura sería un procedimiento elegante -y no humillante para nadie- de cerrar esta herida con una reafirmación democrática inequívoca. ¿Acaso no se llaman a sí mismos demócratas? Y eso mismo deberían considerar los dirigentes del PSOE.

Joaquim Sempere es profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona. Fue condenado en 1962 por «rebelión militar por equiparación» a cuatro años de prisión en Consejo de Guerra sumarísimo por haber pintado en las paredes interiores de la Universidad de Barcelona las palabras: «Llibertat», «Amnistia» y «Fora Franco».

FIN

El Gobierno vasco «acusa» o «arremete» contra los jueces
El PSOE llama «miserable» a Aznar

Hoy no he tenido tiempo para leer la prensa, a excepción -claro- de 20minutos.es.

Entre la bici, la cocina, (el dentista de urgencia), el cine, y una cena que me espera esta noche no he tenido tiempo más que para cortar y pegar lo que me gustaría conservar en el archivo del blog. Otra vez será. Espero que me disculpen.

EDITORIAL de El País

Ante el gorila

28/01/2007

La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, anunció que aquella noche, el 7 de diciembre de 2005, un gorila de 800 libras estaba sentado a la mesa que compartía con el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, y los ministros de Asuntos Exteriores miembros a la vez de la Unión y de la OTAN. Tras este preámbulo que pretendía ser cómico siendo escalofriante, Rice desvelaba la identidad del gorila y reconocía lo que en aquel momento era ya una sospecha generalizada: Estados Unidos estaba realizando vuelos secretos para trasladar a prisioneros sospechosos de terrorismo hasta cárceles fuera del territorio norteamericano. La secretaria de Estado aseguró que la legalidad internacional estaba siendo respetada y que, una vez en sus lugares de destino, los detenidos no eran sometidos a tortura. Se trataba de afirmaciones a beneficio de inventario, como se ha ido conociendo desde entonces.

La transcripción parcial de aquel encuentro, publicada por EL PAÍS el pasado viernes, no deja en buen lugar a los representantes europeos cuyas intervenciones aparecen recogidas, salvo excepciones como los ministros belga y noruego. No sólo por lo que allí dejaron dicho, en ocasiones impropio de gobernantes democráticos, sino también por lo mucho que callaron después. Al menos una docena de las personas enviadas a las cárceles secretas subcontratadas por la CIA fueron apresadas en territorio europeo, no se sabe si con el consentimiento o no de los Gobiernos afectados. Si la respuesta fuese afirmativa, se estaría hablando de complicidad; en caso contrario, de violación de la soberanía. Ambos supuestos son inquietantes. Algunos detenidos eran, además, nacionales de países miembros de la Unión.

Lejos de preocuparse por su suerte, como era su inexcusable obligación, y de pedir el fin inmediato de estas acciones execrables, la mayor preocupación de los ministros, cuyas palabras constan en la transcripción, fue obtener de la secretaria de Estado argumentos para hacer frente a sus respectivas opiniones públicas y al control de sus propios parlamentos. Una parte de los ministros llegó a apoyar, incluso, y con diferentes grados de entusiasmo, una operación tras la que se encuentra una de las más flagrantes violaciones de las Convenciones de Ginebra realizada no en el fragor de un combate, sino con planificación política y frialdad burocrática.

El mayor entusiasta de la nueva y laxa interpretación del derecho internacional propiciada por la situación creada tras el 11-S fue el ministro de Chequia. Es de notar que el problema no afecta sólo a los secuestros y sobrevuelos, sino también a las propias instalaciones donde pueden haberse producido los interrogatorios. Uno de los países miembros, Polonia, está entre los sospechosos de ser destino de los vuelos y albergar centros clandestinos de tortura, al igual que un país entonces candidato al ingreso, y ahora ya miembro, como es Rumania.

Tal vez la razón de Estado obligara a que los ministros que participaron en aquel aquelarre transatlántico no denunciasen estas acciones patrocinadas por el gobierno de Washington; a lo que no les obligaba, en absoluto, era a escatimar su colaboración con las instituciones que, como el Parlamento Europeo y algunos tribunales de los países miembros, decidieron investigar estos episodios de auténtica guerra sucia internacional. Menos aún, a fingir ignorancia o a mentir. En un caso como éste, resulta sin duda muy delgada la línea que separa el comportamiento responsable del encubrimiento. Ahora que se ha sabido que sabían, los Gobiernos de la Unión Europea están obligados a esclarecer por todos los medios los casos que les pueden afectar, y sus parlamentos a exigirlo.

Aparte de una exigencia derivada del compromiso con la legalidad por el que se rige Europa, existe una razón política para que tomen la iniciativa. No se puede descartar que la nueva mayoría demócrata en el Congreso y el Senado norteamericanos decida investigar los atropellos cometidos por la Administración Bush en nombre de la guerra contra el terrorismo. La Unión quedaría seriamente en entredicho si los ciudadanos europeos conociesen hechos muy graves, y que les afectan, a través de una investigación conducida por Estados Unidos y no por sus propios Gobiernos.

FIN

Jueces hasta en la sopa

La política invade la Justicia. O viceversa.

Las portadas de los dos primeros diarios de pago, los comentarios editoriales, las páginas interiores de España y no pocas columnas de opinión van hoy repletas de jueces, tribunales, fiscales y magistrados. Están hasta en la sopa. Y llevamos tal atracón de teoría conspiranoica que han conseguido aburrir al personal (y me incluyo).

Primera noticia:

El 11-M manda en El Mundo y el etarra De Juana lo hace en El País

En cuanto a la segunda noticia, basta con darle la vuelta al espejo. Justo al revés:

El 11-M, en El País y De Juana, en El Mundo

Sólo la guapa Penelope Cruz pone una nota de color en portadas tan judicializadas y/o politizadas.

La investigación del 11-M

Un magistrado vuelve a impugnar el nombramiento de Bermúdez

EL PAÍS – Madrid – 24/01/2007

El magistrado José Ricardo de Prada ha presentado ante el Tribunal Supremo un incidente de ejecución de sentencia pidiendo la revocación del nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como jefe de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Gómez Bermúdez será el presidente del tribunal que juzgue a partir del 15 de febrero el 11-M.

El Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones dos meses porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo respecto a la renovación, nombró la semana pasada a Gómez Ber-múdez jefe de lo Penal de la Audiencia con los únicos votos a favor de los vocales del sector conservador, elegidos en su día a propuesta del PP.

Era la tercera vez que se nombraba este magistrado para ese cargo. En las dos ocasiones anteriores, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento por falta de motivación.

El magistrado De Prada argumenta en el incidente de ejecución de sentencia que el Consejo General del Poder Judicial adoptó el acuerdo con la intervención del presidente de ese organismo, Francisco José Hernando Santiago, «quien legalmente estaba cesado desde el pasado 7 de noviembre de 2006, según establece el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial».

Ese artículo establece que el presidente del Poder Judicial «cesará por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado en la misma fecha en que concluya el del Consejo por el que hubiere sido propuesto».

Designación distinta

De Prada entiende que el presidente del Consejo General del Poder Judicial tiene «una designación distinta a la de los vocales y, por tanto, tiene un modo de cese distinto, pues él cesa automáticamente el día o fecha de expiración del mandato del Consejo General del Poder Judicial por el que fue propuesto».

Además, De Prada señala que el nombramiento de Gómez Bermúdez se hizo incumpliendo «el deber de motivación» que establece la ley, «que lleva implícito el deber de evaluar los méritos de todos los candidatos y no sólo de los tres seleccionados en la terna, pues de lo contrario no habría motivación del nombramiento más que para el reducido círculo de los tres aspirantes de la terna».

Esa terna estaba compuesta por Javier Gómez Bermúdez (finalmente elegido con los votos del sector conservador), Baltasar Garzón y Alfonso Guevara. De Prada había presentado su candidatura a ese puesto.

FIN

EDITORIAL de El País

El pulso de De Juana

24/01/2007

El estado crítico en que se encuentra el recluso etarra José Ignacio de Juana Chaos, tras varias semanas de huelga de hambre en protesta por su condena a 12 años y medio por un delito de amenazas terroristas (dictada cuando iba a salir de prisión tras cumplir 18 de los 3.000 años de la sentencia por 25 asesinatos), ha llevado a la Audiencia Nacional -el tribunal que lo juzgó- a sopesar la posible atenuación de su prisión preventiva, sin excluir su puesta en libertad provisional bajo fianza. Medidas contempladas en la legislación procesal y penitenciaria que no supondría poner en entredicho la condena.

Debe quedar claro que si se hiciera así sería por razones humanitarias, y utilizando para ello la circunstancia favorable de que la sentencia no es firme. No lo es porque fue recurrida ante el Tribunal Supremo, lo que deja un margen para adoptar determinadas medidas que puedan evitar la muerte del preso sin que ello suponga acceder a sus exigencias. Al estar recurrida, la sentencia podría en teoría ser anulada, y también reducida sustancialmente si se apreciase que los dos artículos escritos en prisión y publicados en Gara son finalmente considerados «amenazas no terroristas», en línea con la calificación alternativa propuesta por el fiscal en la vista del juicio oral. Esa posibilidad no puede considerarse remota, según opiniones de juristas muy respetables que han considerado desproporcionada una condena tan severa, dictada en condiciones de fuerte emoción popular ante la inminente salida de prisión de alguien condenado a miles de años.

¿Qué tribunal dejaría de utilizar las opciones existentes en el marco legal para tratar de evitar que un preso que está bajo su custodia, y sobre el que todavía no pende una condena definitiva, fallezca o padezca lesiones irreversibles? No se trata sólo de impedir que De Juana se convierta en «un mártir» de su causa, sino de actuar con la piedad humana que la ley permita.

No es la primera vez que el Estado democrático se enfrenta a desafíos de esta naturaleza. En dos ocasiones con resultado de muerte, en 1981 y 1990, de sendos reclusos de los GRAPO. La doctrina avalada por el Tribunal Constitucional es que el Estado tiene obligación de alimentar contra su voluntad a personas que están bajo su tutela, haciendo prevalecer el derecho a su vida sobre el de su libertad a disponer de ella. Pero frente a la voluntad autodestructiva de un huelguista de hambre esto sirve a veces de poco: si persiste en su actitud, queda fuera del poder del Estado -y de su responsabilidad- garantizar de manera efectiva su vida. Como en el caso de De Juana Chaos, además de alimentarle, no podrá hacer otra cosa que mejorar su situación penitenciaria, que es lo que está en su mano.

Fin

Javier Marías, otra víctima de Alcaraz
¿Papeles cambiados? Ibarretxe «desafía» o «recibe»

(Actualizado a las 01:25 h.)

Con cierto retraso acabo de leer antes de ir a dormir (quizás me quite el sueño) el último artículo de Javier Marías publicado en El País Semanal con el título «Un país demasiado anómalo».

Suelo leer los artículos de Marías pero, en esta ocasión, pasé el domingo en Almería y no pude hacerlo. En invierno, los diarios no llegan al super del pueblo y la conexión a Internet es mágica por inexplicable.

Sin embargo, me enteré de que Alcaraz, presidente de la AVT, de quien todas las personas sensatas y moderadas de España somos víctimas, había presentado una denuncia contra el autor de «Corazón tan blanco« por ese artículo que yo me había perdido mirando al mar.

Ante tamaña provocación, no puede resistir su búsqueda, su lectura ni tampoco su copia y pega (a continuación) para conservarlo en el archivo de este blog. Así pues, ahí va el artículo de Javier Marías, por quien manifiesto toda mi solidaridad.

Estoy tan de acuerdo con todo lo que dice Marías que el fundamentalista Alcaraz debería querellarse también contra mí porque comparto el contenido este artículo de principio a fin.

Un país demasiado anómalo

JAVIER MARÍAS en El país semanal (EPs)

21/01/2007

En verdad este país es anómalo. ¿Qué ha pasado en él para que hasta el colectivo de personas que merecía –y tenía– toda nuestra compasión, nuestro respeto y nuestro apoyo se esté convirtiendo en uno de los grupos sociales más antipáticos, irrazonables, verbalmente agresivos y –lo que es peor– temibles? Desde que el señor Alcaraz se puso al frente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ésta ha pasado a ser, para gran parte de la población, algo con lo que más vale no cruzarse ni encontrarse en la calle, y yo no sé hasta qué punto sus miembros más sensatos, menos manipulados y envenenados –aún habrá muchos, espero–, se dan cuenta del flaco favor, incluso del enorme daño, que ese dirigente les está haciendo al utilizarlos principalmente como “brazo manifestante” de la extrema derecha mediática, encabezada por la emisora radiofónica de los obispos siembracizañas.

El día del primer atentado mortal de ETA tras su larga tregua tácita o declarada, una buena amiga mía, que vive cerca de Sol, se acercó tranquilamente a uno de los quioscos de esa plaza para comprar el periódico. Se encontró allí con verdaderas masas, lo cual no tiene mucho de particular en las desaforadas y estiradísimas fechas navideñas (solían iniciarse el 22 de diciembre, ahora los comercios y los alcaldes las adelantan un mes, cosa demencial e insoportable, y más o menos equivalen al Ramadán, en lo que se refiere a paralización de la vida activa). Pero le llamó la atención la proliferación de banderas españolas, y se puso alerta. Al contármelo hizo hincapié en lo que todos los moderados de este país sabemos, con tristeza: ¿qué clase de lugar es este en el que todavía nos sobresalta y alarma la abundancia de enseñas del país nuestro? (No sé si quienes abusan de ellas para sus fines particulares son conscientes de cuánto las ensucian, a ojos de la mayoría.) Allí estaban congregados los miembros de la AVT, con pancartas llenas de insultos y de disparates, pidiendo, a estas alturas, “la verdad sobre el 11-M”, y acusando no tanto a ETA, que acababa de dinamitar Barajas, cuanto al Gobierno socialista. Mi amiga compró EL PAÍS, como suele, y el quiosquero le dijo: “Este sí me queda. Hoy aquí se ha agotado La Razón y se está agotando ya El Mundo, mira cómo está la plaza”. Ella no sólo miró, sino que oyó. Algunos manifestantes, muy cerca de ella, gritaban: “¡Hay que fusilar a Zapatero! ¡Hay que fusilarlos a todos con una Parabellum!” No pudo reprimirse y los miró, como diciendo: “Miren, aquí ya no se fusila a nadie”. Ni siquiera llegó a decirlo, no le dieron tiempo, así que los miró con reprobación tan sólo. Pero eso bastó, y que llevara EL PAÍS bajo el brazo, para que los energúmenos de la AVT (cuesta escribirlo: ¡energúmenos en la AVT, merecedora hasta hace no mucho de toda nuestra simpatía!) se pusieran a seguirla en su recorrido y a llenarla de improperios. Esos individuos eran guerracivilistas. No sólo por los insultos que escogieron (“¡Perra, roja, miliciana, guarra!”; en el 2007, parece increíble), sino por montar en cólera al ver el diario que ella leía. Mi amiga siguió adelante, sin ya volverse, pero al comprobar que la retahíla de injurias no era cosa momentánea y no amainaba, dio media vuelta y, como me dijo con gracia, entró a “pedir asilo político” en la Librería Méndez de la calle Mayor, cuyos dueños no se sorprendieron y le confesaron que no era la primera vez que tenían noticia de escenas parecidas. Tres días más tarde mi amiga fue a su banco, y allí le contó el cajero que, sólo por llevar este periódico –sin que en su caso mediara ni mirada–, miembros de la AVT, el mismo día del atentado, lo habían seguido llamándolo “¡Hijo de puta!” durante un buen trecho. Mi amiga, así pues, no fue la única víctima de las Víctimas, o de sus jaleadores.

Yo he oído contar muchas veces a mis padres que durante la Guerra Civil los motivos para sacar a alguien de su casa y darle el paseo eran a menudo proporcionados por los porteros o los vecinos: “El del segundo leía El Socialista”, se chivaba el portero a los falangistas sevillanos, y eso bastaba para que éstos subieran por él y se lo cargaran. “El del tercero iba a misa”, acusaba un vecino ante los milicianos madrileños, y éstos ya veían razón suficiente para borrarlo del mapa. Esto se parece demasiado a la actitud observada el 30 de diciembre por algunos miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Hay que decirlo una vez más: a las víctimas de ETA hay que compadecerlas, alentarlas, ayudarlas, procurar que reciban justicia y resarcirlas en la medida de lo posible, porque han pagado y sufrido en nombre de todos. Pero ser víctima no da la razón, ni hace más sabio, ni convierte a nadie en santo, ni lo exime de su obligación de respeto hacia los demás ciudadanos. Si una víctima delinque, no por eso deja de ser víctima, pero pasa a ser también un delincuente. Y si una víctima persigue e insulta a quien le lanza una mirada o lee el diario que le apetece, tampoco dejará de ser víctima, pero además se habrá convertido en un energúmeno, un intolerante, un enemigo de la libertad y un miserable. Que el señor Alcaraz, de quien las Víctimas están siendo víctimas en los últimos tiempos, se pare a pensarlo un minuto, y se aplique el cuento.

Fin

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Si no fuera porque el primer titular de El Mundo, a cuatro columnas, va dedicado -¡cómo no!- a los explosivos del 11-M, y el de El País, también a cuatro columnas, va dedicado -¡cómo no!- a la invasión de Irak, diría que El Mundo y El País de hoy, en la segunda noticia del día, han cambiado sus papeles.

Pasen y vean (a la izquierda, si lo he pegado bien) el titular que destina cada uno a Ibarretxe:

«desafía a los jueces»

o simplemente

«recibe a Otegui»

No me lo podía creer. Lo han hecho de tal manera que creí haberme equivocado de diario o de verbo. En este asunto, ya no parecen órganos oficiosos del PP o del PSOE, respectivamente.

La verdad es que llevos algunos días con la mosca tras la oreja. Y más de una vez -lo recordarán- he comentado que «aquí pasa algo». Pero me faltaban datos. Sólo eran intuiciones. Y el olfato puede muy bueno para opinar (las opiniones son libres) pero suele resultar muy perjudicial para informar (los hechos son sagrados).

Por eso digo otra vez que mantendré a ambos diarios en observación, mientras se clarifican los rumores poco fundados por ahora sobre una eventual mexicanización en la cúpula de Prisa/El País.

No se muy bien para qué puede valer este blog -aparte de divertirme y aprender de los comentaristas, que no es poco- pero ahora se abre una nueva utilidad. Y es que los cambios en los sujetos y en los verbos de portada nos pueden dar más claves sobre el rumbo de la cultura corporativa de un diario que los cambios producidos en el mismísimo Registro de la Propiedad.

Con la que está cayendo, que El País diga de pronto en su primera página, arriba, de salida, que «Ibarretxe desafía a los jueces al recibir a Otegui» es una pasada que no se comprende a la luz de sus comportamientos tradicionales.

Sobretodo cuando todos sabemos -porque El País también lo ha destacado- que el Tribunal Supremo ya ha sentado jurisprudencia con el caso de la reunión de los socialistas vascos con Otegui diciendo que no había delito alguno. El fiscal general del Estado, Conde Pumpido, ha dicho, como debe ser natural, lo mismo que el Supremo.

El contraste de El País con El Mundo (donde «Ibarretxe recibe a Otegui pese a…») resulta clamoroso. Ningún titular (o casi ninguno) de primera página es fruto del azar.

Como dice hoy Miguel Angel Aguilar en El País, hablando de otro tema y con el brillante lenguaje militar que le caracteriza:

-«Atentos»

La política somos todos

ANTONIO ELORZA en El País

23/01/2007

En su mensaje de fin de año a los italianos, el presidente Giorgio Napolitano evocó un episodio de la Resistencia antifascista en que un joven de diecinueve años, al escribir a su madre a punto de ser fusilado, refutaba la idea totalitaria de que la política es cosa propia de una minoría de especialistas, cuando no algo sucio y despreciable. «Nosotros mismos somos la cosa pública», concluía. Dicho de otro modo, el sujeto de la política no debe ser otro que la totalidad de los ciudadanos. El relato venía a cuento ante el clima reinante en la vida política italiana, no ya de confrontación y de crítica entre partidos que compiten por el poder, sino de una continua pelea de gallos en que nada cuenta sino la destrucción de la imagen del otro. Semejante degradación de la forma del conflicto impide la creación de «un clima sereno y constructivo», y sobre todo genera un distanciamiento cada vez mayor entre los ciudadanos y las propias instituciones.

La advertencia resulta del todo aplicable a la situación española. Las manifestaciones cívicas del sábado día 13 han sido, en cuanto a participación y desarrollo, una espléndida prueba de que es realizable la aspiración de una vida política a la cual se incorpore activamente la mayoría de los españoles. A pesar de las lamentables maniobras que las precedieron, los ciudadanos han sabido responder con una asistencia masiva y con una respuesta inequívoca, tal y como supieron plantear Almudena Grandes y los portavoces ecuatorianos Lucía Roseto y Francisco Morales desde el estrado de la Puerta de Alcalá. Al terminar el minuto de silencio por las dos víctimas, el grito unánime de respuesta fue un «¡ETA, no!». La consecuencia a extraer es bien clara. La sociedad civil es consciente de la necesidad de una convergencia entre el Gobierno y los partidos que traiga de una vez «la paz» al País Vasco, entendida como normalización de una vida social y política golpeada una y otra vez por el terror. Éste debiera ser el denominador común en el cual coincidieran siempre que fuese posible el Gobierno, la oposición del PP, los demás partidos democráticos, las asociaciones de víctimas, estando dispuestos en todo momento a dar prioridad a una unión de propósitos efectiva que dejase claro a los terroristas la inutilidad de su estrategia de muerte.

Sin embargo, el propio éxito de las grandes manifestaciones antiterroristas de la última década ha servido también para que los partidos políticos contemplaran la posibilidad de aprovecharlas para incrementar su apoyo social en detrimento del adversario. Naturalmente, esta fractura no puede ser creada a la luz del día, pues entonces la maniobra da lugar a un efecto bumerán para quien la diseña. Así que resulta preciso acudir a técnicas más o menos sofisticadas de manipulación del lenguaje, poniendo sobre la mesa palabras que, aparentemente, ofrecen unidad y en realidad crean división. Un ejemplo bien claro de esa táctica perversa fue la convocatoria de la manifestación de Bilbao por un lehendakari empeñado en recuperar a cualquier precio su protagonismo, al adoptar un lema que enlaza «la paz» y «el diálogo», lo cual implica que el atentado de Barajas ha sido algo irrelevante y que sigue más vigente que nunca, contra todas las evidencias sobre el papel decisivo de la acción policial, la idea de que «el conflicto vasco» sólo puede tener una solución política. Lo ha concretado en la clausura de la manifestación, en su calidad de único orador: el «derecho a decidir» de los vascos, la autodeterminación. Era un lema acuñado mirando a ETA. Como prueba adicional de ese orden de prioridades, donde el fin del terror ocupaba un puesto secundario para Ibarretxe, el añadido de última hora -«exigimos el fin de ETA»- figuraba en la pancarta en letra pequeña, al modo de aquellos anuncios de que el tabaco perjudica a la salud en las cajetillas, para no ser leído. En fin, fija la supresión de la Ley de Partidos como precio para su integración en el consenso general pedido por Zapatero. Tras un periodo de eclipse forzoso, nuestro txistulari de Hamelin vuelve a su táctica de siempre.

Poca cosa puede decirse del Partido Popular. Ya en la manifestación de Madrid, su dirección volvió a poner de relieve que la obsesión por mantener incólume la estrategia de enfrentamiento del partido contra el Gobierno de Zapatero le conduce no sólo al aislamiento sino a convertirse en la principal coartada de la política del Gobierno sobre Euskadi. Una cosa es criticar, y otra descalificar sin excepción todas y cada una de las actuaciones gubernamentales. Una vez adoptado el lema de «Por la paz, la vida, la libertad» no había excusa creíble, salvo oponerse por oponerse, ya que del mismo modo que la fórmula «paz y diálogo» descalifica la opción policial y lo fía todo a una negociación política que ETA ya se encargaría de encauzar a bombazos, la aquí propuesta «paz, vida y libertad», vincula el primer término con el establecimiento de una convivencia ciudadana de la que el terror desaparezca. La participación de los populares habría servido para desmentir la acusación, ahora reforzada, de partidismo en el tema ETA. Optaron nada menos que por exigir la desconvocatoria de las manifestaciones, cuando sólo con un mínimo de sensibilidad cabe percibir que es masivo entre españoles y vascos el deseo de que termine esta pesadilla. El maximalismo siguió presidiendo la intervención de Rajoy en el Congreso, hasta el punto de no percibir que el problema no consistió en la existencia del acuerdo parlamentario de mayo de 2005 autorizando la negociación, sino justamente su incumplimiento al insistir en la misma cuando resultaba evidente que ETA no tenía intención de dejar las armas.

Así que el Gobierno ha podido capear sin dificultad la tormenta que inicialmente le amenazara, al estrellarse el optimismo de Zapatero con el muro del atentado de Barajas. La respuesta del presidente consistió en una hábil operación de dosificación del mensaje político. Zapatero se limitó a esperar la elaboración de un consenso con otros partidos, excluido el PP, y a que el tema se enfriase. Antes de subir al trapecio, había que afianzar la red. No estuvo ausente, sino agazapado en espera de que la opinión pública olvidase su imprevisión, tal vez justificable pero siempre molesta, y se fijara en el futuro, con el PP sirviendo por voluntad propia como siempre de chivo expiatorio para excusar la falta de unidad. Rubalcaba cubrió el vacío, y lo hizo con su proverbial habilidad.

A ese patrón responde la táctica seguida, vía sindical, por los responsables socialistas de la manifestación del sábado 13. La intransigencia al mantener como lema «la paz», acompañada de la aclaración «contra el terrorismo», respondía sin mayores precisiones a la aspiración mayoritaria de la ciudadanía y refrendaba el objetivo perseguido por Zapatero, el «proceso de paz».

Y ahora, ¿qué hacer? La larguísima entrevista a Zapatero publicada el domingo 14 en este diario no aporta demasiadas luces. El atentado habría sido «una circunstancia excepcional» que de modo inesperado rompió «el alto el fuego permanente» (sic). Zapatero habla vagamente de autocrítica, sin tomar en consideración que no se trata de eso, sino de urgencia de información acerca de la política del Gobierno y sus relaciones con ETA entre marzo y diciembre. El discurso pronunciado en el Congreso no aporta un solo dato al respecto.

Tanto en la entrevista como en la sesión parlamentaria, mientras Rajoy ve en todo un museo de horrores, el presidente piensa que lo hizo bien y que si alguien disiente de esa estimación o trata de averiguar qué pasó en estos meses, quebranta la unidad antiterrorista. Como si el desenlace macabro del «alto el fuego», con las entrevistas y las declaraciones, no fuera razón suficiente para intentar ver claro en lo sucedido. Zapatero no lo dijo entonces, pero en este diario sí; hace falta insistir en la misma vía, ahora cegada por la sangre: «El único compromiso que tiene el Gobierno, que tenía en el proceso, el que tiene, es el fin de la violencia con diálogo». Así formulado el empeño, Ibarretxe y Batasuna, la propia ETA, lo suscribirían. ¿No obliga a cambiar nada en cuanto a estrategia antiterrorista la experiencia negativa del «proceso de paz» hecho estallar el 30 de diciembre? Si buscamos la unidad antiterrorista, una política de todos y para todos no puede eludir esa pregunta.

De momento, tenemos ya consenso, pero para cercar al PP, que a su vez hace todo lo posible para azuzar a sus plurales adversarios. ETA estaría feliz, de no ser por el ruido en el interior de Batasuna. Desde aquí, hemos tocado fondo y hay que clamar por una reconciliación, siquiera de mínimos. Ya está bien por parte del PP de presentar propuestas inviables, con tal de mostrar la traición que anida en la política antiterrorista del Gobierno, y por parte de éste, y de los socialistas en general, de denunciar la falta de lealtad en los populares cuando como ha demostrado en estas mismas páginas Rogelio Alonso, Almunia puso en su día las mismas reservas que hoy plantea Rajoy, eso sí en otro tono, al principio de que hay que seguir en todo la política antiterrorista de un Gobierno. En Telemadrid, Bono ha llegado a llamar a la de Lizarra «la tregua de Aznar». Demasiado.

Es preciso volver página. De cara al próximo encuentro en torno al Pacto por las Libertades, ¿no sería posible proponer que el rechazo total del PP a la negociación se recondujera desde el PSOE en que nunca puede haber negociación hasta que no resulte incuestionable que ETA abandona el terror?, ¿no cabe ya declarar conjuntamente que sobran mesas políticas si sus participantes tienen por meta desbordar la Constitución?, ¿qué inconveniente existiría para que el PNV se integrara en el Pacto, ya sin preámbulo, aceptando tales principios, y a partir de él otros partidos?, ¿no les preocupa a ambos que los ciudadanos, como apuntaran ya los catalanes, respondiesen a esa cerril crispación con una huelga de urnas?

FIN

Goteo de esquelas guerracivilistas
A falta de votos, buenas son togas (II)


¿En qué otro país del mundo que no sea el nuestro cabría una guerra de esquelas que rememoren a los españoles muertos por otros españoles hace 70 años?

El profesor Bustelo se hace esta pregunta en un interesante (y pacificador) artículo publicado en El País de hoy:

Discutida Guerra Civil

FRANCISCO BUSTELO

No nos engañemos. España ha sido diferente en su historia y aunque con el tiempo nos hayamos ido normalizando, todavía presentamos rasgos singulares heredados de un pasado difícil.

Uno de ellos es la crispada oposición actual al Gobierno de una derecha que parece hundir sus raíces en el pasado.

Otro es lo mucho que con motivo del 70º aniversario de su comienzo se ha hablado y escrito sobre la Guerra Civil de 1936-1939, sin que haya una interpretación aceptada por todos de las causas y el tenor del conflicto. Pasan los años y siguen desgranándose las preguntas, que reciben respuestas dispares.

¿Por qué tanto cainismo? ¿Cometieron Franco y los suyos un acto criminal al alzarse contra un Gobierno legítimo o tuvieron atenuantes y, según algunos, hasta eximentes? ¿Fueron todos culpables? ¿Por qué hubo tantos golpistas? ¿Y por qué los políticos de la época fueron incapaces de impedir la tragedia? Son tantos los interrogantes que es difícil aclararlos uno a uno. Sería menester para ello disponer de una explicación cabal de nuestra historia, que no tenemos, lo que nos distingue de otros países europeos que también tuvieron un siglo XX conflictivo, pero que lo han asumido y no lo discuten.

Sin embargo, a la hora de buscar razones a lo que ocurrió, es posible encontrar, bastante antes de 1931, unas características que explicarían la Guerra Civil por motivos más complejos que el fascismo de unos y el sectarismo o la ineficacia de otros. En la historia universal y más concretamente en la de Occidente, lo que cabe llamar modernización y que consistió en grandes avances políticos, sociales y económicos fue el resultado de una evolución de al menos de tres siglos, con sus zigzags y, huelga decirlo, con muchas convulsiones. Al final, con todo, y pese a que siga habiendo imperfecciones, el progreso fue enorme, constituyendo esa modernización de los países desarrollados uno de los hitos del discurrir de la humanidad.

Resistencias hubo muchas, como ha habido siempre en la historia ante cualquier cambio. Obraron en todas partes, pero en España fueron especialmente fuertes y se manifestaron desde el siglo XVIII, acentuándose en el XIX y el XX. ¿Por qué? No hace falta recordar que las explicaciones psicológicas, y no digamos genéticas, sobre unas supuestas constantes históricas que harían a los españoles incapaces para una convivencia pacífica carecen de todo fundamento. Eran los valores vigentes en buena parte de la sociedad, como resultado de una larga historia, lo que hacía que muchos se aferraran a lo que había y vieran con temor e incluso con pavor posibles cambios Como había otros que sí querían cambios para acabar con autoritarismos, pobreza e incultura, los conflictos eran inevitables.

Enfrentamientos antes de 1936 hubo muchos. Aquél entre liberales y absolutistas, abierto en sus tres guerras civiles o soterrado pero intenso el resto del tiempo, empezó hace 200 años y, a decir verdad, no acabó hasta la transición a la democracia después del franquismo. Pero hubo otros. El atraso económico impulsó en el último tercio del siglo XIX la aparición de partidarios de cambios radicales, con el socialismo marxista del PSOE y el anarcosindicalismo. Para ser un país poco desarrollado su presencia fue grande y sus demandas, que contaron con el respaldo creciente de los trabajadores, incrementaron las tensiones.

España vivió así sumida durante cerca de dos siglos en antagonismos que nunca se acababan de zanjar y que se traducían en inestabilidad política y poco progreso social y económico.

¿Fueron unos ineptos los políticos? En realidad, no era mucho lo que podían hacer, siempre discutidos, fueran los que fuesen, y con problemas inmediatos que impedían tomar medidas a plazo mediano y largo. Incluso si fuéramos a comparar, los políticos de entonces tenían igual o más talla que los de ahora. Lo que sucedía es que gobernar un país con el equivalente de 4.000 euros de renta per cápita, mal distribuida y sin casi gasto social, es cinco veces más difícil que hacerlo cuando esa renta es de 20.000 euros y hay un sistema social avanzado.

Quienes hoy estudian la teoría y la práctica del avance de las naciones señalan como uno de los requisitos para ese avance una buena gobernanza, es decir, gobiernos que ofrezcan estabilidad, seguridad, derechos garantizados. ¿Qué es lo que había, en cambio, en España? Patriotas frente a afrancesados, liberales frente a carlistas, moderados frente a exaltados, monárquicos frente a republicanos, centralistas frente a nacionalistas, revolucionarios frente a ultraconservadores, laicistas frente a integristas. ¿Cómo iba a haber paz suficiente para que se dieran esos requisitos?Además, hubo circunstancias poco propicias. Uno de los conflictos, el de monarquía o república, se zanjó en 1931 de modo tan pacífico y rápido que republicanos y progresistas pensaron que todo el campo era orégano y reputaron tarea fácil el avanzar. Su error fue monumental al ignorar que los enfrentamientos latentes eran tan grandes que podían aflorar en cualquier momento. Lo sorprendente no fue que hace setenta años se desencadenara una guerra civil. Lo insólito hubiera sido que España hubiera pasado sin más del antagonismo a la convivencia pacífica y al consenso. Una ley de la física elemental dice que todo resorte sometido a presiones crecientes acaba saltando. Desconocer esas presiones de larga data y buscar explicaciones coyunturales es quedarse en lo episódico y prescindir de lo que corre más a lo hondo en toda sociedad.

Aunque hoy nos parezca anacrónica y reñida con el progreso, la defensa a ultranza de valores tradicionales tan presente en nuestro pasado, y también entre los sublevados de 1936, se explica por la historia misma.

Desde la Baja Edad Media y al socaire del final de la Reconquista, predominó en España una organización económica y social, el llamado régimen señorial, con la hegemonía de la nobleza, que era un sistema muy poco productivo y muy reacio al cambio pero paradójicamente expansivo y hasta creador. La unidad del país desde los Reyes Católicos, el descubrimiento de América, la supremacía mundial con el Imperio del Quinientos, el Siglo de Oro de la literatura y la pintura, fueron para muchos logros conseguidos gracias a unos valores cuyo abandono conducía a la decadencia y a la ruptura de la nación misma. En 1936 había bastantes españoles que seguían creyendo tal cosa.

La historia de España, es cierto, fue gloriosa en el siglo XVI, aunque a redropelo de las corrientes modernizadoras que empezaban a surgir en Europa. Fue triste, por el contrario, en la decadencia del XVII, cuya causa primera fueron los muchos anacronismos. También resultó malograda en lo principal en el XVIII y conflictiva y poco eficaz en el siglo XIX y en las tres cuartas partes del XX.

Las muchas carencias se fueron haciendo más patentes en la Edad Contemporánea, pero hasta después del franquismo nunca hubo acuerdo sobre las soluciones. Las culpas, como suele ocurrir en esos casos, se echaban a los otros, a los que pensaban de manera distinta. Cuando los afanes de mejora se acentuaron, con ayuda de las circunstancias internacionales, un poco de azar y un mucho de fatalidad, estalló la traca final de la Guerra Civil. La tronada, como la calificó don Claudio Sánchez Albornoz, se había hecho inevitable por las incesantes tormentas políticas de un país donde nunca escampaba.

Hoy, en cambio, ¿vivimos en otra España? Diríase que sí, pero el peso del pasado todavía se deja sentir a veces. La transición a la democracia de hace 30 años fue un acierto, vista nuestra historia, pero, por las condiciones obligadas en que se desenvolvió, no hubo entonces justicia o muy poca para las víctimas de la dictadura.

Hoy se quiere reparar en parte ese olvido, con el riesgo de que resuciten demonios familiares. ¿En qué otro país del mundo que no sea el nuestro cabría una guerra de esquelas que rememoren a los españoles muertos por otros españoles hace 70 años? Está bien recordar a los muertos, sobre todo a los que durante mucho tiempo no se dejó recordar, pero sería mejor al hacerlo no hablar de los crímenes de las «huestes fascistas», por mucho que los hubiera, que provocan como respuesta traer a colación los crímenes de las «hordas marxistas», que también los hubo.

No se trata, claro es, de ignorar los crímenes que desde 1939 fueron obra de un solo bando. No obstante, memoria histórica es conocer y hacer inteligible el pasado, no recrearlo ni juzgarlo desde nuestros valores actuales. Dividir a estas alturas a nuestros antepasados en buenos y malos a nada conduce, salvo a desenterrar el único cadáver del que hay que congratularse que esté sepultado, a saber, el de las dos Españas enfrentadas.

Francisco Bustelo es profesor emérito de Historia Económica de la Universidad Complutense, de la que ha sido rector. Autor de La historia de España y el franquismo (Editorial Síntesis).

Este es es el comentario editorial de El País sobre el minicaso de los peritos que (no sabemos muy bien por qué) quisieron relacionar a ETA con el 11-M.

El caso, tan aireado por El Mundo y por elmundo.es (que se parecen ya como dos gotas de agua) le está valiendo a la versión digital de El Mundo el sobrenombre merecido de elmundobórico.es.

El caso tiene muy mala pinta por el origen y por la marcha que lleva la instrucción judicial.

Al final, la montaña habrá parido un ratón. Pero, en el camino, los jueces se habrán dejado muchas plumas en la gatera y la credibilidad del sistema judicial hará perdido muchos puntos.

Lo que nos faltaba: A falta de votos, buenas son togas.

¿Por qué se empeñan algunos en obtener por las togas lo que no pudieron obtener por las urnas?

!Eureka! Acabo de encontrar dos titulares sobre etarras y el 11-M que se parecen bastante, y eso que uno sale en El Mundo y el otro, en El País:

Tanto va el cántaro a la fuente…

De tanto oponerse a todo, el PP ha resbalado pisando su propia cáscara de plátano.

Esta noticia sobre el uso de imágenes de incidentes violentos, ocurridos durante los gobiernos del PP, pueden provocarnos la risa (que nunca viene mal) pero también una reflexión sobre la ligereza y frivolidad de nuestra clase política.

Como a Zapatero, a mi tampoco me extrañaría que el PP acabara oponiéndose a la guerra de Irak con imágenes restrospectivas de manifestaciones en las que aparecezca yo mismo.

2º asalto: A falta de votos, buenas son togas

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Más de una vez he dejado escrito en este blog -y he repetido por doquier- que la transición española de la Dictadura a la Democracia fue modélica, con su mezcla inevitable de nobleza, de generosidad y -cómo no- de miedo a otra guerra civil o a otra dictadura.

Sin embargo, nos quedó una asignatura pendiente, y de carácter trocal: el Poder Judicial. Ahí sí que nos hemos quedado anclados en el pasado y necesitamos mejorar para profundizar en nuestra joven democracia (sólo tiene 28 años).

Los casos judiciales/mediáticos de corrupción y GAL, que aceleraron la caída de Felipe González y la conquista democrática del poder por José María Aznar , me perturbaron muchísimo y me dieron mucho que pensar.

Por diversas razones, pocas veces me atreví a decir en público lo que pensaba. Precisamente porque, debido a mi trabajo, tuve acceso a muy buenas fuentes de información me sentí obligado a ser prudente en exceso.

Desde las elecciones de 1993 hasta mi marcha a Nueva York en el verano de 1995, como corresponsal de TVE, fui el editor responsable del Telediario de máxima audiencia (imbatible, naturalmente, gracias a Ana Blanco y a Matías Prats, unos monstruos de tele).

Tengo, en estos días, sentimientos contradictorios y preocupantes que me recuerdan los que sufrí en los años previos a la victoria electoral de Aznar en marzo de 1996 que me costó el empleo.

Debo decir que, pese a todo, me alegré de la victoria de la derecha porque considero la alternancia en el poder imprescindible para consolidar la democracia y garantizar las libertades y el respeto a los derechos humanos.

Además, después del triunfo de la CEDA de Gil Robles en la II República, la del PP en 1996 era la segunda victoria democrática y pacífica de la derecha en la historia de España.

Había razones poderosas para alegrarse, a pesar de haberme quedado en paro, después de la entrevista pre electoral que le hice al candidato Aznar.

No se cómo será la próxima victoria de la derecha para recuperar el poder que perdió en las urnas. Pero deseo fervientemente que sea gracias a los votos de ciudadanos libres y no -como le ocurrió a George Bush, hijo- por la fuerza de las togas judiciales o -como le ocurrió a Franco– de las botas militares. Los jueces cuentan.

A veces, conviene recordar que George W. Bush es presidente de los Estados Unidos por un voto: el de un juez conservador del Supremo que inclinó la balanza a su favor, tras las irregularidades electorales cometidas en el Estado de Florida, gobernado por Jeff Bush, el hermano listo de George, y en quien sus padres tenían puestas todas las esperanzas para convertirle en heredero de la Casa Blanca.

El destino -y nunca sabremos que otras causas- quiso que George W. Bush ganara las primeras elecciones a gobernador de Texas y su hermanao Jeff las perdiera en Florida.

Aquellos resultados cambiaron el orden de preferencias en el reparto de la herencia política de los Bush y el futuro del mundo. Los jueces de Papá Bush nombraron presidente a su hijo. Al Gore, con más votos que Bush, perdió la Casa Blanca por la fuerza de las togas. Luego vino Irak y todo lo demás…

Acabo de leer este comentario de Felipe Punto G. que roza la cuestión judicial que tanto me preocupa. Dice así:

En este asunto de la juez Gallego hay cosas que no me encajan: los peritos confesaron haber manipulado un borrador de un informe para hacerlo pasar por oficial… si esto no es falsificar, se lo parece.

Más: Díaz de Mera y PedroJeta conocían la existencia de dicho informe. Díaz de Mera llegó incluso a hablar de «un hombre y una mujer», cosa que se ha demostrado cierta. Después de la actuación de Garzón Díaz de Mera emitió un comunicado diciendo que no conocía de nada a los peritos… PedroJeta llevaba semanas hablando de que en septiembre publicaría una «bomba» (metáfora tal vez del ácido bórico), por lo tanto había tenido acceso a dicho borrador hacía tiempo, luego también hacía tiempo que estaba en contacto con alguno de los peritos falsificadores.

Y ahora la actuación de la juez conservadora… Con el antecedente del juez Hidalgo sólo se me ocurre decir una cosa: esto huele fatal.

lo dijo Felipe Punto G · 12 Noviembre 2006 | 01:05 PM

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Con el «antecedente del juez Hidalgo«, se refiere a su actuación en la condena de tres policías del «Caso Bono».

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Sólo El País informa en su portada (columna de salida) del resultado de la reunión entre los partidos para la renovación del gobierno del los Jueces (CGPJ) que terminó su mandato el pasado 7 de noviembre:

El PP exige minoría de bloqueo en el Poder Judicial para pactar su renovación

El Mundo no da ni na sóla línea del asunto en portada ni en páginas interiores. El País le dedica dos páginas completas.