No sé aún si es una campaña bien planificada y multisoporte o si es cosa sólo de El País, y los medios que se están sumando después lo hacen a título particular y porque le han visto también beneficios inmediatos al asunto. Pero todo indica que algunos diarios de pago han decidido defender con uñas y dientes a su principal cliente: las redes de explotación de mujeres mediante la prostitución (no hay ningún otro anunciante que les ponga tres o cuatro páginas de publicidad al día, todos los días del año).
Primero se lanza un reportaje con fotos escabrosas sobre la prostitución ejercida en plena calle en Barcelona, después se piden explicaciones al Ajuntament de la Ciudad Condal, más tarde se adoba la salsa con unos reportajes y se recaba opinión a todos los partidos, luego directamente se interpela al Gobierno… Probablemente tardemos poco en ver editoriales pidiendo expresamente que se legalice y regule la prostitución… y por tanto su publicidad.
Los editores-proxenetas se han enterado recientemente de que varios miembros del Gobierno, alguno de ellos con mucho poder, son partidarios de dar un plazo a todos los diarios para que retiren los anuncios de prostitución, como recomendó el Congreso de los Diputados hace ya casi tres años, y de quitarles la publicidad institucional y cualquier otra inversión o ayuda pública en sus páginas a aquellos que no lo hagan. La reacción a ese posible ultimátum es la que estamos viendo estos días: devolverle el órdago al Gobierno para que sea él quien se mueva, quien dé el paso contrario.