El Gobierno no sabe qué hacer con los funcionarios. Miento: sabe a medias. Sabe que en las últimas semanas, ante las dudas en los mercados financieros sobre la solvencia del Reino de España, ha prometido en diversos foros un recorte de gasto público de 50.000 millones de euros en tres años. Sabe también el Ejecutivo que en ese plan ha incluido, entre otros, este objetivo muy concreto: reducir un 4% el gasto en personal para 2013. Es decir, que los funcionarios nos cuesten un 4% menos ese año.

Ahora lo que el Gobierno no sabe es cómo hacerlo. Habló primero de reponer sólo a uno de cada 10 funcionarios que se jubilen, eso parece que ya está en marcha. Y habló después, en concreto ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, de «revisar» (es decir, de no aplicarlo) el acuerdo que los funcionarios tienen firmado con el Gobierno y que les garantiza una subida salarial de 0,3% este año y cláusulas de revisión según el IPC hasta 2012. Ocaña debía de haber llegado a la conclusión de que, sin abolir ese acuerdo, era imposible el citado recorte del 4% de los gastos de personal.

Pocas horas después de que Ocaña dijera lo que dijo, sin embargo, su jefa, la vicepresidenta Salgado, le ha desautorizado o se ha echado para atrás. No se va a revisar el acuerdo con los funcionarios, seguirán cobrando lo previsto. Ahora el Gobierno habla de reducir algunos organismos públicos y de fusionar otros para lograr el recorte de gasto. ¿Cuáles? ¿Cómo? Y si se puede prescindir de ellos ahotra, ¿por qué no se hizo antes? ¿Y que hará de los funcionarios que trabajen en esos organismos? ¿Despedir a algunos? ¿Prejubilar a otros, en pleno debate sobre aumentar la edad de jubilación?

Estamos ante otro metisaca del Gobierno. No sabemos si lo lanzaron como un globo sonda, a ver qué pasaba, o si iban de verdad por ahí, por congelar o bajar el sueldo a los funcionarios, y a última hora se han asustado y renuncian a hacerlo.