El mercado de los carburantes es uno de los que peor funciona en España para los consumidores. Lleva desde el siglo pasado en teoría liberalizándose, pero todo indica que la libre competencia apenas funciona, todo apunta a que las petroleras funcionan a veces como un cártel.
Aquí las gasolinas y gasóleos suben mucho cuando sube el petróleo, suben incluso más de lo que porcentualmente deberían, y bajan bastante menos de lo que corresponde cuando el precio del crudo se desploma. Aquí te encuentras exactamente el mismo precio, al céntimo, en muchas gasolineras que por su ubicación, su gestión y su servicio tienen costes diferentes, luego deberían tener precios diferentes. Aquí te encuentras con que la inmensa mayoría de las gasolineras-autoservicio, que han despedido a buena parte de sus empleados trasladando al cliente la tarea de enchufar él mismo la manguera y pringarse (muchas veces, no hay ni guantes ni papel a la vista), cobran lo mismo por el litro de carburante que las que aún mantienen empleados para hacerlo. Aquí te encuentras también con gasolineras que le han puesto nombres ambiguos a sus productos para que, por error, pongas el más caro. Hace unos días, en una estación de servicio, vi gasóleo a secas y gasóleo plus. Me puse (y me pringué, porque no había guantes) del gasóleo a secas, y cuando fui a pagar (ésa es otra, el cartel de precios no suele estar bien a la vista del consumidor) comprobé que era más caro que el llamado gasóleo plus.
Hace dos meses, a Repsol, Cepsa y BP, que son dueñas del 63% de las 9.000 gasolineras que hay en España y tienen el 100% del refino que se hace aquí, les puso una multa de 7,9 millones de euros la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) porque fijaban precios de modo poco transparente y por otras prácticas contrarias a la competencia. Ayer, la propia CNC hacía público un informe sobre el sector donde certificaba que, en efecto, la competencia brilla por su ausencia. Lo nuevo es que la CNC señalaba, además de a los operadores, a otros culpables: algunas administraciones públicas, sobre todo ayuntamientos, cuya gestión en este asunto parece más encaminada a mejorar la cuenta de resultados de las petroleras (y/o el bolsillo de algún concejal, quizás) que a beneficiar a todos sus vecinos en su conjunto.
El informe dice, literalmente, que las concesiones de licencias municipales para abrir gasolineras son poco transparentes y permiten un alto grado de discrecionalidad y critica en concreto las dificultades que le ponen algunos ayuntamientos a los hipermercados -que suelen vender carburantes bastante más baratos para atraer clientes- a la hora de contar con su propia estación de servicio.
La CNC da dos datos muy significativos. El primero: una norma de 2000 obligaba a que toda gran superficie que se abriera a partir de entonces incluyera gasolinera, pero sólo el 38% de 142 grandes superficies abiertas desde aquella fecha por tres grandes firmas la tiene finalmente. El segundo: en España sólo el 1,8% de las gasolineras están en grandes superficies, mientras que en Alemania son el 4,2%, en Reino Unido el 10,7% y en Francia el 32,2%.
O sea que nuestras posiblidades de irnos a repostar a quienes nos den el carburante más barato son ahora mismo realmente escasas.
¡Señores alcaldes: hagan algo!