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Una campaña pide a las marcas de calzado trabajo decente y que dejen los productos tóxicos

Este sábado 7 de octubre organizaciones de todo el mundo se movilizan para exigir salarios dignos y condiciones de trabajo seguras para los trabajadores del sector del calzado.

En la recta final de la campaña de transparencia, la iniciativa Cambia tus zapatos llama a todas las personas concienciadas por el consumo crítico y la justicia global a que sumen su firma a una petición online dirigida a 26 marcas internacionales de calzado, incluyendo a Camper, Prada y Birkenstock.

La campaña europea Cambia tus zapatos reivindica una cadena de suministro del calzado ética, sostenible y transparente, y moviliza a la ciudadanía para que exija la mejora de las condiciones laborales en el sector del calzado de cuero.

Más de 10.000 personas han apoyado ya esta petición y durante estos días, SETEM, la federación de  ONGs de solidaridad internacional,  ha preparado actos públicos para conseguir los últimos apoyos, como una presentación en el Parlamento de Navarra el pasado 4 de octubre o la inauguración en Valencia, Madrid, San Sebastián, Pamplona, Cangas (Pontevedra), Granada y Logroño de una exposición sobre el sector del cuero y el calzado en Bangladesh.

Cambia tus zapatos está pidiendo a las marcas de calzado que muestren que están dispuestas a ser responsables de las condiciones de trabajo en sus cadenas de suministro, publicando detalles de todos sus proveedores y asegurando medidas de respeto a los derechos humanos de todas las personas que hacen sus zapatos.

Además, la petición traslada a las principales marcas de zapatos la necesidad de reducir el uso de productos químicos tóxicos en la producción de zapatos. El 85% de todo el cuero vendido en Europa está curtido al cromo. El cromo VI, que  se puede desarrollar a partir del uso de cromo III en el proceso de curtido, puede causar asma, eccema, cáncer y otras enfermedades graves. Cuando se transfiere a las aguas residuales la contaminación es nefasta para el medio ambiente y para las comunidades que viven y trabajan cerca.

La petición se puede firmar hasta el 18 de octubre y será entregada a las marcas a finales de este mes, para mostrarles que hay apoyo público para el cambio.

Como resultado de la presión de grupos de defensa de los derechos laborales, muchas grandes marcas de moda han publicado información sobre sus proveedores (como Nike, Adidas y Levi’s).

“Respecto a las de ropa, las marcas de calzado están rezagadas,  aunque es alentador ver que se están dando algunos primeros pasos, por ejemplo con los recientes compromisos de la británica Clarks así como de Camper, de publicar información sobre sus proveedores”, señalan los responsables de la campaña, que confían en poder iniciar un diálogo con Camper para que cumpla con el total de las demandas de la petición.

“No es fácil que las marcas de calzado quieran dialogar con nosotros sobre las condiciones de trabajo en sus cadenas de suministro, ya que hasta ahora la opacidad les ha permitido desmarcarse de las vulneraciones de derechos en los eslabones más débiles de sus cadenas, como las trabajadoras a domicilio y las curtidurías de cuero. Gracias al incremento de presión pública esto está cambiando”, afirma José Luis Mariñelarena, coordinador de Cambia Tus Zapatos en el Estado español.

Un llamamiento a 72 empresas con productos de marca propia de ropa y calzado también incluía demandas de mayor transparencia, a través del Compromiso de Transparencia, impulsado por una coalición internacional en la que participa la Campaña Ropa Limpia. Esta coalición ha cerrado recientemente la petición #GoTransparent con más de 70.000 firmas dirigidas a Primark, Armani, Urban Outfitters, Walmart y Forever 21, como empresas líderes en sus sectores de mercado, y prepara ahora la entrega de firmas.

Una llamativa campaña: Rajoy invita a Rufián a hacer turismo en Madrid para rebajar la tensión

Kolaboo, un comparador de tours, entradas a atracciones y actividades turísticas, ha lanzado una llamativa campaña con motivo del referéndum en Cataluña, en la que los políticos, ahora enfrentados, se invitan a viajar a Barcelona y Madrid y sortean una viaje a estas dos ciudades para todos aquellos que quieran participar, entrando en su página web.

Pretenden con ello rebajar  la tensión y hacer ver a la gente que cuanto más viajemos, menos prejuicios tendremos y mejor nos entenderemos.

“España nos roba… el corazón”. Con Carles Puigdemont y Gabriel Rufián haciendo esta afirmación empieza la campaña de Kolaboo, realizada con vídeos manipulados, en los que los políticos se intercambian invitaciones para visitar tanto Madrid como Barcelona.

“Si tiene tiempo, le invito a una visita guiada a Madrid”, ofrece por sorpresa un “conciliador” Mariano Rajoy a Gabriel Rufián, quien le contraoferta amablemente con una invitación a Barcelona para tener “una noche de turismo con sus colegas andaluces, gallegos, murcianos y extremeños”.

“Hemos comprobado durante muchos años –señalan los responsables de Kolaboo- que viajar ayuda a conocer gente y a ser más abiertos con los demás. De lo que trata esta campaña es de hacernos ver que, en el fondo, somos más parecidos de lo que creemos. Independientemente de la política, somos gente sociable a la que le gustan cosas muy parecidas”.

En cuanto a la utilización de los políticos como vehículo para su mensaje, afirman que les gustaba la idea de que fueran ellos, los protagonistas de una de las situaciones políticas más intensas de los últimos tiempos, quienes “diesen” un mensaje amable, conciliador y divertido. “La gente está empezando a tener incertidumbre debido a la situación política y ante un clima de crispación como el que estamos viviendo, hemos querido ser positivos y valorar un mensaje optimista: cuanto más nos conozcamos, mejor nos entenderemos.”

La  campaña sortea un viaje a Barcelona para todos aquellos participantes que vivan fuera de Cataluña, y otro a Madrid para los participantes que vivan en Cataluña.

Para poder participar y ganar alguno de los dos viajes solo hace falta tener ganas de viajar y apuntarse en la página web del concurso hasta el día 1 de octubre inclusive.

 

El Congreso legislará contra el despilfarro de alimentos en los comedores escolares

La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados se ha interesado por las iniciativas que se están llevando a cabo contra el despilfarro de alimentos en los comedores escolares para poder incorporarlas al Pacto de Estado por la Educación.

Después de más de un año y medio de batallar con las  instituciones, la activista Cristina Romero, como impulsora de la campaña nacional contra el despilfarro de alimentos en los comedores escolares y como creadora del movimiento Hay que ponerse, ha trasladado a la Comisión sus propuestas para que puedan ser incluidas en dicho pacto.

Estas propuestas incluyen la modificación de la Ley de Seguridad Alimentaria. Ahora, por razones higiénicas y sanitarias, la comida sobrante no puede ser manipulada, según esta ley y los reales decretos que establecen  las normas de higiene para la elaboración.

También, pide incluir en el Plan de Educación programas de educación en reducción de despilfarro de alimentos por parte de las empresas de catering escolares, en colaboración con el centro educativo y poder otorgar un distintivo de calidad de lucha contra el despilfarro de alimentos a las entidades involucradas (las que lo posean podrán beneficiarse de subvenciones o ayudas).

Romero es una madre catalana que en enero de 2016 comenzó una campaña de firmas en Change. org , que sigue activa, para acabar con el desperdicio de toneladas de comida que se produce en los colegios.

En octubre de 2016, presentó en el Congreso 244.000 firmas para modificar la Ley de Seguridad Alimentaria. En el texto de la recogida de firmas, todavía activa, solicita que los miles de toneladas de alimentos que no se aprovechan en los comedores escolares -según un estudio del Ministerio de Agricultura de 201, podrían ser 14.000 toneladas al año-, sean destinados a los miles de familias necesitadas.

Desde octubre de 2016 hasta ahora, Cristina Romero se ha reunido con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y con diputados del PP, Podemos, PSC y UDC y ha colaborado con políticos de otras comunidades autónomas que han dado luz verde a diversas iniciativas para el aprovechamiento de los alimentos. Además, en Cataluña, su petición será incluida en el Plan de Educación para fomentar el aprovechamiento de alimentos entre niños y adolescentes.

“En este país –señala Romero- sólo se trabaja con alimentos no perecederos y el objetivo sería hacer llegar más carne y pescado a los comedores sociales y bancos de alimentos, ya que según la Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal), el año pasado atendieron a más de 1.500.000 personas en España”.

“La dieta mediterránea es una de las más sanas, equilibradas y sabrosas del mundo. En nuestras escuelas se ofrece diariamente un menú equilibrado y saludable y es una verdadera lástima que las personas necesitadas no puedan disfrutarla. No olvidemos que muchas de ellas tan solo hacen una comida al día y si hablamos de riesgo de pobreza, este tiene en cuenta la baja intensidad de empleo y la carencia material severa como no poder comer carne o pescado cada dos días, según datos del INE”, añade.

La Federación de Bancos de Alimentos tiene firmados 32 convenios, gracias a los cuales se han recuperado más de seis millones de kilos de alimentos. Por eso, la impulsora de la campaña considera un acierto que las escuelas españolas, las empresas de catering, Fesbal y otras organizaciones no gubernamentales pudiesen firmar acuerdos de colaboración y así dar un buen destino a todo ese excedente.

Según su propuesta, este excedente sería previamente seleccionado: carne, pescado, legumbres…, excluyendo los alimentos que por su naturaleza pueden ser peligrosos a la hora de darles un segundo uso: huevo, carne y marisco crudo, cremas pasteleras… Los alimentos estarían congelados a -18 grados, en un envase en perfectas condiciones y con un etiquetado que incluyera el tipo de alimento, la cantidad, la fecha de congelación y la fecha de entrega.

El paso que se dio en el Congreso a finales de junio de este mismo año, podría hacer que este hecho fuese en breve una realidad, ya que se aprobó una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Alimentaria tras varios meses de contactos con grupos políticos y los ministerios de Agricultura y Sanidad.

Los diputados que la presentaron señalan que se trata de un proceso de auxilio social. El cambio legal generará seguridad jurídica para facilitar la iniciativa tanto pública como privada, mejorando la eficiencia y reduciendo los niveles de despilfarro.

Buen comienzo del crowdfunding para una película sobre la Jurisdicción universal

The Code, el documental sobre la Jurisdicción Universal, impulsado por la Fundación Baltasar Garzón en la plataforma de crowdfunding Kickstarter,  ha llegado en cuatro días casi a los 6.000 euros y al centenar de patrocinadores.

La Fundación acaba de comenzar esta campaña de microfinanciación, que durará un mes, para poder terminar la película The Code, dirigida por Carles Caparrós, un proyecto en el que se lleva trabajando tres años.

La productora de The Code ha fijado un objetivo de 55.000 euros  y contemplan una serie de “recompensas” para quienes deseen  colaborar, que van, en función de la contribución económica, desde la inclusión del propio nombre en la web de la película, hasta el DVD de la película o una sesión de trabajo con el juez Baltasar Garzón para hablar de los avances en Jurisdicción Universal.

La cantidad recaudada irá destinada a cubrir los costes de postproducción de imagen y sonido, el material de archivo, licencias de músicas, traducciones y también gastos de difusión y promoción. Si se logra la financiación necesaria, Caparrós confía en terminar la película para otoño de 2017.

El documental trata de la lucha de un centenar de jueces, fiscales y abogados en todo el mundo por construir un nuevo código de la Jurisdicción Universal que  permita combatir el genocidio y la impunidad con el apoyo de la sociedad civil.  Está producida por Grupo Master Producciones.

Pero además, los juristas intentan que temas tales como especular con alimentos de primera necesidad, emitir bonos basura, despilfarrar dinero público o contaminar a gran escala sean denunciables internacionalmente y  se consideren crímenes contra la Humanidad. Ese es el argumento de The Code.

Cinco grupos de trabajo repartidos por todo el mundo, más de cien prestigiosos juristas de todas las nacionalidades trabajando en un objetivo común: redactar, para su aplicación, un nuevo Código de la Jurisdicción Universal con el que combatir “el lado oscuro de la globalización” con la ley como herramienta y conseguir que  los delitos económicos, financieros y medioambientales puedan ser perseguidos internacionalmente.

Cada cual  desde su ámbito venciendo con esfuerzo todo lo que les separa: lengua y cultura, concepciones de la vida, la justicia y el derecho.

Entre los protagonistas de esta historia figura el juez español Baltasar Garzón;  la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores DelgadoReed Brody, abogado estadounidense consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch; Naomi Roht-Arriaza, experta mundial en Impunidad, Justicia Transicional y Derecho Internacional Humanitario; William Bourdon, abogado francés fundador y presidente de Sherpa, organización en defensa de las víctimas de crímenes cometidos por operadores económicos o delitos de cuello blanco; Polly Higgins, abogada británica internacional de origen escocés (1968), experta en la ley del Ecocidio o Luis Moreno Ocampo, abogado argentino (1952). Primer Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (2003-2012).

Acceso a la campaña.

Este fin de semana se realizará la gran recogida de alimentos para los desfavorecidos

Este fin de semana, 25, 26 y 27 de noviembre, unos 110.000 de voluntarios tomarán los supermercados, tiendas de alimentación, grandes superficies, colegios, instituciones públicas y privadas, facultades universitarias, centros deportivos o empresas para animar a los ciudadanos a donar parte de su compra, en la IV Gran Recogida de Alimentos para los más necesitados, que se realizará en casi todas las ciudades españolas, organizada por la Federación de Bancos de Alimentos de España.

El objetivo de la campaña, que este año se realiza bajo el lema Pequeños gestos que dan vida, es conseguir recaudar en cada ciudad alimentos básicos para hacerlos llegar a las personas más necesitadas.

El año pasado, los 55 bancos de alimentos  que hay en España recogieron en la III Gran Recogida de Alimentos 22 millones de kilos de comida, un 5% más de lo recaudado en 2014.

Con ese volumen de alimentos lograron almacenar en un fin de semana el 18% de los productos que la organización recibió en todo ese año con los que se atendieron a unas 8.500 instituciones benéficas, que distribuyeron los alimentos entre cerca de 1.600.000 personas desfavorecidas.

El aumento de la pobreza es una de las graves consecuencias que está dejando la crisis. Casi tres de cada diez españoles, el 28,6% de los ciudadanos, se encuentra en riesgo de exclusión social, sin apenas recursos con los que pagar las necesidades básicas, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Campaña para pedir a Educación que baje el precio de los libros de texto

La plataforma GuiaONGs ha puesto en marcha una campaña de firmas, promovida por José Ortega, dirigida al Ministerio de Educación para que los libros de texto sean más baratos.

Los libros de texto no pueden ser tan caros, por eso pide a los ciudadanos que apoyen con su firma esta acción para que el Ministerio de Educación llegue a un acuerdo con las editoriales, haga un banco de libros o dé más subvenciones para la adquisición de libros de texto.

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El promotor de esta iniciativa señala que como cada año en septiembre (aunque ahora muchos lo adelantan a julio) se repite la misma historia: puesta a punto para el inicio del colegio. Esto significa chándal y ropa nueva, o en su defecto uniformes, material escolar, mochila… y por supuesto libros de texto.

“Es absolutamente indignante el precio que tienen los libros, prácticamente ninguno baja de los 25 euros (mínimo) y en casi todas las comunidades autónomas son los padres los que se tienen que hacer cargo de este pago, independientemente de que el colegio o instituto al que vaya tu hijo sea público”.

Las ayudas y subvenciones no son muchas y son sólo accesibles para rentas verdaderamente bajas. “Esto me  parece absolutamente necesario –añade-, pero hay familias que tienen dos hijos o más y con sus rentas tampoco les llega para pagar el dineral que hay que pagar con el comienzo del año escolar”.

En la campaña, también se denuncia el hecho de que los libros cambian casi todos los años, por lo que aunque se tengan dos hijos de edades similares, los libros de un curso a otro no sirven y que en muchas asignaturas, los libros se quedan en casa ya que “enseñan” con fichas, y otros tantos que sólo se usan una vez por semana.

Por eso, piden al Ministerio de Educación que actúe con la creación de bancos de libros, más subvenciones y acuerdos con las editoriales para bajar los precios, pues a medida que los niños van creciendo se hace más cuesta arriba el curso, porque los libros son más caros.

Para firmar la campaña: picha aquí.

Campaña de firmas para pedir al Gobierno una ley contra el desperdicio de comida

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tiene en marcha una campaña de firmas, #stopdesperdicios,  para exigir al gobierno una ley que vite el despilfarro de comida.

Un tercio de los alimentos acaban en la basura…  y sin embargo, hay quien no puede llenar su plato. Por eso, la OCU considera que es intolerable y cree que hay que tomar medidas para evitar que se tire tanta comida a la basura.

En su campaña, esta organización de consumidores pide que se establezcan medidas para que todos los agentes implicados en la producción, generación, distribución y comercialización de alimentos puedan donar la comida que desechan a bancos de alimentos, alimentación animal o abonos, en este orden.

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También, reclama que se prohíba cualquier práctica que implique estropear los alimentos haciéndolos inservibles para su consumo, que se incentiven las donaciones mejorando los beneficios fiscales. Que se establezcan las fechas de consumo preferente y caducidad siguiendo criterios de calidad y seguridad alimentaria y no intereses económicos; y que se fomente la reutilización y el reciclado de los productos alimentarios sobrantes no aptos para consumo humano, para su transformación en otros productos, alimentación animal, compostaje o producción de biogás.

En España se tira mucha comida, señala OCU, para quien nuestro país es uno de los que lideran este nefasto ránking, ocupa el 7º lugar en Europa. Cada semana, van a la basura 1,3 kg de alimentos por hogar y es en los hogares (42%) y en la industria alimentaria (39%) donde se generan más desperdicios. El resto provienen de restaurantes (14%), comercios y distribución (5%).

Países de nuestro entorno como Francia ya han tomado medidas al respecto  y ha prohibido por ley el despericio de comida sobrante en los supermercados. La propuesta que hace OCU también pide adoptar idénticas medidas en España.

A diario conocemos otras iniciativas que también van en esa línea, como los precios especiales en supermercados para los productos que están a punto de caducar…, alternativas para evitar que acabe la comida en el cubo. 

Campaña de firmas: pincha aquí

La OCU pone en marcha la II compra colectiva de carburante

España sigue estando entre los países con los precios de carburante antes de impuestos más altos de Europa, somos el tercer país europeo con la gasolina 95 más cara y el quinto con el precio diésel más elevado. Los hogares españoles gastan de media unos 1.300€ anuales en combustible.

Todas estas son razones que han llevado a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a poner en marcha la II Compra colectiva de carburante para que, unidos como en otras compras colectivas que permitieron conseguir interesantes ahorros, se puedan lograr mejores precios al llenar el depósito y reclamar un mercado más justo y transparente.

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Como en la compra colectiva anterior, se pueden conseguir precios más asequibles y un sustancial ahorro en cada repostaje. Miles de consumidores que participaron en la I Compra colectiva de carburante han conseguido un ahorro medio de 75€* al año en combustible.

Quienes se apunten a esta acción,  estarán apoyando el movimiento por una mayor transparencia de los ajustes de los precios y un mercado más competitivo, recibirán consejos para optimizar el consumo mediante un buen mantenimiento y técnicas de conducción eficiente y podrán  acceder a los comparadores de OCU para encontrar la gasolinera más barata de la zona y ahorrar en otros gastos relacionados con el vehículo.

La campaña está abierta hasta el 19 de junio.

Micromecenazgo para la campaña contra la “banca armada”

La organización SETEM, una federación de diez ONG de solidaridad internacional, ha lanzado una propuesta de micromecenazgo para poder financiar la campaña Banca armada, que desarrolla conjuntamente con el Centro Delàs, el colectivo RETSJusticia y Paz y ODG.

La campaña Banca armada está en marcha desde el 2007, pero es ahora cuando han puesto en marcha el micromecenazgo, y se fundamenta “en la denuncia de las inversiones en armas de los principales bancos del Estado español. Esta denuncia, que se basa en información rigurosa -señalan- se hará visible mediante el activismo en las juntas de accionistas de estas entidades financieras y el trabajo de sensibilización que se difunde a través de varios materiales, entre ellos varias webs”.

Los principales bancos y cajas destinaron a la industria del armamento,  en el periodo 2005-2013 más de 5.000 millones de euros.

El calificativo banca armada se utiliza  para referirse a los bancos y cajas que forman parte del negocio armamentista y que ayudan a las empresas de armas, de manera directa mediante participaciones en acciones sobre ellas, o indirecta, si les conceden servicios financieros para facilitar su expansión o permitir su supervivencia.

La campaña Banca Armada busca crear una opinión pública que favorezca un cambio de actitud de las entidades financieras y generar una reflexión y debate en la opinión pública sobre la financiación de la industria armamentística, con el fin de que sea mayor la presión ciudadana para que la banca tradicional deje de enriquecerse con el negocio de las armas.

voces contra la banca armada

Los activistas adquieren una acción como mínimo para poder acceder a la asamblea anual de cada banco. Además, la campaña ha recibido miles de acciones cedidas por accionistas de cada entidad financiera que comparten los objetivos en la campaña.

Las aportaciones del micromecenazgo se destinarán a cubrir los gastos vinculados con la participación de dos activistas en cada junta de accionistas de los principales bancos (BBVA, Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell,…). Estos gastos incluyen transporte, manutención y alojamiento. Los activistas intentarán grabar sus intervenciones si les es posible, con el fin de difundir los vídeos en las redes sociales.

Si se consiguen 1.200 euros pagarán  el dominio y el mantenimiento de las webs de la campaña. Si llegan a más de 2.500 euros, editarán  nuevos materiales divulgativos, con infografías sobre cada banco en formato papel y digital que incluyan datos y argumentos claves del informe Banca Armada 2016. Si recaudan 5.000 euros, editarán un material audiovisual de denuncia de la Banca armada.

Petición al Ministerio de Sanidad para que evite el despilfarro en los comedores escolares

Una nueva campaña puesta en marcha en Change.org, promovida por Cristina Romero, pide al Ministerio de Sanidad español que frene el despilfarro de alimentos en los comedores escolares.

Un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o se desperdicia, según La FAO. Si tenemos en cuenta la situación de crisis en la que vivimos, es una cifra escandalosa, señala la campaña.

En los comedores escolares, cada día se tiran a la basura toneladas de alimentos
, mientras que hay familias que no pueden llevarse nada a la boca. El Ministerio de Sanidad así lo exige, porque según la Ley 7/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición y los reales decretos que establecen la normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas y la manipulación de alimentos, “por razones higiénicas y sanitarias la comida sobrante no puede ser manipulada”.

Cristina Romero pide a los ciudadanos que se acabe con esta situación firmando su petición para exigir al Ministerio y a las instituciones que regulen las normativas que permiten tirar la comida sobrante de los comedores escolares.

No tiréis más comida
En algunos municipios de Madrid y Cataluña ya se han implantado medidas parecidas. Son los ayuntamientos quienes se encargan del servicio de recogida que pasa por los colegios a diario retirando la comida que sobra para trasladarla a algún comedor social o albergue cercano.

La propuesta para que no se despilfarre es sencilla. Primero, en los propios comedores escolares, se embala la comida en tuppers de una sola ración, se etiquetan y se congelan; la empresa de recogida se encarga de llevárselos, asegurándose de no romper la cadena de frío y garantizando la correcta conservación de los alimentos; por último los alimentos se transportan al Banco de Alimentos, donde se distribuyen entre las personas con dificultades económicas o en situación de dependencia que participen en el programa de alimentos.

Los alimentos envasados o no elaborados, como yogures, fruta, verdura sin cocinar o envases que no hayan sido abiertos, se pueden dejar en los colegios para su posterior distribución. Y en cuanto a la comida elaborada –purés, potajes, sopas, tortillas, carne, etcétera–, está sujeta a unos controles que sólo pueden ser cambiados por el Ministerio de Sanidad.

Todos los firmantes de esta petición solicitan al Ministerio de Sanidad una revisión de la normativa para canalizar un buen destino a ese excedente de comida que ayudaría a tanta gente necesitada.