Por Santiago Romano Martín
Mas respaldado por una multitud a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. (ACN)
Imaginemos a un jugador de fútbol a punto de tirar un penalti en contra del equipo local. El público grita y lanza todo tipo de exabruptos nada cariñosos intentando conseguir que el futbolista falle. Todos los allí presentes (futbolistas e hinchas de los dos equipos, arbitro, entrenadores y medios de información) lo ven como algo natural.
El futbolista acepta esta situación, sabe que los aficionados quieren que no meta gol, pero él es un profesional y no se va a dejar amilanar por ello, se concentra y hace su trabajo; puede marcar o puede fallar, pero pase lo que pase, al día siguiente en la prensa no se va a quejar de que los aficionados del otro club le estaban presionando; es más, si lo hace, la próxima vez que su equipo deba tirar un penalti, el entrenador elegirá a otro jugador que no se sienta presionado a la hora de lanzarlo.
Señores jueces, los ciudadanos tienen derecho a expresar su opinión y, ¿por qué no?, a intentar influir a su favor en las decisiones que se tomen, sobre todo cuando dichas decisiones están sujetas a interpretación y no son de aplicación directa de la ley. Señores jueces, si se sienten presionados dimitan y dejen en su lugar a otro juez con más temple.
No debe preocuparnos que los ciudadanos puedan influir en la decisión de un juez. Al fin y al cabo son los ciudadanos los verdaderos depositarios de la soberanía de un pueblo (presidentes, ministros, diputados y jueces sólo están actuando en su nombre). Lo que debe preocuparnos son otro tipo de injerencias en las actuaciones judiciales, injerencias de las que visto lo visto últimamente nadie duda.
