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Entradas etiquetadas como ‘ley’

Sobre las presiones a los jueces

Por Santiago Romano Martín

Mas llegando al TSJC

Mas respaldado por una multitud a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. (ACN)

Imaginemos a un jugador de fútbol a punto de tirar un penalti en contra del equipo local. El público grita y lanza todo tipo de exabruptos nada cariñosos intentando conseguir que el futbolista falle. Todos los allí presentes (futbolistas e hinchas de los dos equipos, arbitro, entrenadores y medios de información) lo ven como algo natural.

El futbolista acepta esta situación, sabe que los aficionados quieren que no meta gol, pero él es un profesional y no se va a dejar amilanar por ello, se concentra y hace su trabajo; puede marcar o puede fallar, pero pase lo que pase, al día siguiente en la prensa no se va a quejar de que los aficionados del otro club le estaban presionando; es más, si lo hace, la próxima vez que su equipo deba tirar un penalti, el entrenador elegirá a otro jugador que no se sienta presionado a la hora de lanzarlo.

Señores jueces, los ciudadanos tienen derecho a expresar su opinión y, ¿por qué no?, a intentar influir a su favor en las decisiones que se tomen, sobre todo cuando dichas decisiones están sujetas a interpretación y no son de aplicación directa de la ley. Señores jueces, si se sienten presionados dimitan y dejen en su lugar a otro juez con más temple.

No debe preocuparnos que los ciudadanos puedan influir en la decisión de un juez. Al fin y al cabo son los ciudadanos los verdaderos depositarios de la soberanía de un pueblo (presidentes, ministros, diputados y jueces sólo están actuando en su nombre). Lo que debe preocuparnos son otro tipo de injerencias en las actuaciones judiciales, injerencias de las que visto lo visto últimamente nadie duda.

Independencia, independencia… ¿Y la Constitución y el derecho vigente?

Por Arturo Lobo

Respecto a si las personas de Cataluña seguirían teniendo la nacionalidad española, tengo que decir las cosas que no se atreven los políticos a decir.
En última instancia serán los españoles los que decidan quién es español, porque la Constitución y las leyes que se asientan en el pueblo español, han sido creadas por él y él las puede cambiar al parecer de lo que los españoles digan.

El derecho vigente avala aparentemente que los catalanes seguirían siendo españoles, pero también ampara los derechos individuales de los catalanes que no quieren dejar de permanecer bajo el paraguas de España. Y es bastante obvio que estos ‘catalanes de segunda’ o ‘españoles residentes en Cataluña’ serán relegados, sino expulsados cómo lo fueron los judíos de España, incluso los reconvertidos. Al tiempo.

Foto de Artur Mas. (ATLAS)

Foto de Artur Mas. (ATLAS)

La Constitución española es la que es y esta refrendada por todos. Afirma que España es una y todos los españoles tienen derechos individuales, inalienables por la voluntad de unos pocos, a que así sea. Tienen derecho por no decir la obligación, que sí se dice parcialmente, a que sea una. Con sus ventajas e inconvenientes, pero cada español ha decidido que esos son sus derechos individuales. Y sólo al conjunto de todos ellos les corresponde modificarlo.

Bien, supongamos que finalmente Cataluña se independiza unilateralmente por pensar que es su derecho, que se puede ‘ir de casa’ cuando quiera. ¿Concederá el señor Mas la independencia a Gerona u Hospitalet, por ejemplo, si deciden en referéndum que así lo quieren y quieren volver a España? ¿Conservarán la nacionalidad catalana? Un hijo que se va de casa cuando las cosas están mal porque cree que le irá mejor en solitario. ¿No tienen los padres y la familia el derecho a decir: ¡Vete con Dios y no vuelvas a mi casa!? Y en todo esto digo Mas, que no más, porque en este caso sería menos. Que ganas de restar cuando puedes sumar.

El proceso para estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas resulta kafkiano

Por Pilar Ruiz Ruiz

Prefiero padecer un herpes o un dolor de muelas, antes que tener que litigar con la Administración. En Derecho, cuando la letra de una norma no está clara, hay que remitirse al ‘espíritu de la ley’, es decir, a la intención primigenia con la que esa norma fue dictada. Pero, ¿qué sucede cuando la letra de una norma está clara pero su aplicación difiere de lo establecido en ella? La lógica dice que debería reinar el sentido común y rectificar para evitar injusticias y perjuicios. Pero no, no, al menos, cuando se trata de una norma dictada por la Administración. El destino nos libre de vernos en situación semejante, aunque, la realidad nos enseña que es muy difícil no verse alguna o muchas veces plantando cara al dilema de enfrentarnos al gigante Goliat que es la Administración o dejarnos pisotear por ella. Decidamos lo que decidamos seremos nosotros los que saldremos perdiendo.

Gracias en diferentes idiomas

Gracias en diferentes idiomas

Tenga o no tenga razón, la Administración se aferra al aplastante poder de los hechos consumados, al desproporcionado poder del Juan Palomo (el marrón yo te lo guiso y tú te lo comes) que hace la norma, la juzga y la aplica como le conviene. Si no estás de acuerdo, reclama, que te va a dar lo mismo. Si sigues sin estar de acuerdo, denuncia ante la Justicia que, suponiendo que te lleguen a dar la razón, eso no va a suceder antes de dos o tres años, cuando el problema que planteabas no tendrá ya solución, ni vigencia, ni sentido, y cuando no habrá reparación posible al perjuicio que te han causado.

Esto es lo que me está pasando en la Escuela Oficial de Idiomas, donde a un colectivo de alumnos se nos está impidiendo el acceso a un proceso de admisión. Ignoro quién redactó la renombrada norma. No me interesa saber quién es ni cuál es su nivel jerárquico; social, cultural o académico, ni su filiación política, si es que la tiene. Lo que sé es que si lo que quería decir con su norma es lo que se está aplicando, no es eso lo que dejó por escrito en su ORDEN de 4 de marzo. Tal vez debería volver a la escuela a aprender a redactar de forma que lo que quiere decir y lo que realmente dice sea la misma cosa, sobre todo para estar a la altura de la responsabilidad del puesto que ostenta y del sueldo público que cobra.

 

Sobre la retirada del monumento a Primo de Rivera en Granada

Por Manuel Morales Cervera

Monolito a José Antonio Primo de Rivera (dcha). (ARCHIVO)

Monumento en Granada a José Antonio Primo de Rivera y una vez retirado. (ARCHIVO)

Granada siempre ha sido un reducto. Reducto cartaginés en la Segunda Guerra Púnica; reducto hispano-romano en tiempos de hegemonía visigoda, reducto musulmán en las postrimerías de la reconquista; reducto nacional durante la Guerra Civil. Aquí la consigna siempre es “resistencia“.

Nuestros nostálgicos gobernantes locales, haciendo gala de dicho espíritu, han resistido hasta el final, atrincherados en posiciones intelectuales tan preconstitucionales como el propio monumento a Primo de Rivera, que intentaban preservar, han utilizado aquello de Groucho: «Estos son mis argumentos, si no le gustan tengo otros».

Entre el rebuscado argumentario utilizado han desfilado justificaciones de tipo histórico, artístico y cultural, con el fin de mantener erigida la escultura de la discordia contra tiempo y marea, aun a costa de incumplir la ley, aunque ellos, en su fuero interno, siempre han considerado que el desacato a leyes que no sean de su agrado no pasa de pecado venial.

En esto coinciden con la ideología del homenajeado, primero está España, o al menos su particular visión de España, y luego está la ley. Esa, justamente, fue la premisa que se utilizó para justificar el alzamiento de 1936.

Hasta esta mañana se habían mantenido heroicamente en sus posiciones, “Sin novedad en Bibataubín, mi general”, pero a todo lerdo le llega su San Martín, y hoy hemos visto cómo una grúa hacía que las águilas fascistas levantasen el vuelo hacia la triste historia de donde nunca debieron salir, mientras las manos de bronce suspendidas oscilaban, como despidiéndose de la ciudad cuyos gobernantes las acogieron tanto tiempo con tanto cariño.

Al final toda esta polémica solamente ha servido para retratar a nuestros munícipes, delatar sus simpatías y posponer lo inevitable, porque ninguna sociedad democrática puede rendir homenaje a sus verdugos.

Castilla la Mancha: ‘habemus’ pucherazo

Por José María García Diago

Definitivamente esta tarde quedará aprobado un nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha cuya única modificación sustancial que introduce es el reparto de diputados por provincias. La tentación de manosear la ley electoral es demasiado grande para Cospedal; no en vano, esta será su segunda modificación de la Ley electoral en los tres años de gobierno del PP en la región. La primera modificación, la ley 4/2004, aumentaba el número de diputados en aras a una mayor “representatividad” aunque en realidad lo que aumentaba era el número de diputados que elegían las provincias más afines al PP.

Un año después María Dolores de Cospedal dejaba sin sueldo a los diputados regionales (claro que, ¿quién quiere sueldos habiendo sobresueldos?) y anunciaba una nueva reforma de la Ley Electoral regional (a través del Estatuto, claro) por la que reducía a la mitad el número de diputados a elegir en cada provincia por motivos “de ahorro y austeridad”. ¿Qué hay más económico que un diputado sin sueldo?

María Dolores de Cospedal (ARCHIVO)

María Dolores de Cospedal (ARCHIVO)

Esta nueva reforma lo que se traduce es en la perpetuación del bipartidismo ya que al reducirse el número de escaños a repartir aumenta el número de votos necesarios para obtener representación a casi el doble.

La reforma del Estatuto ha sido aprobada en el Congreso y en el Senado solo con los votos del PP, aun cuando existía el acuerdo tácito de no aprobar cambios en los Estatutos de Autonomía sin el acuerdo de todos los partidos de la Cámara, lo que da buena cuenta del carácter partidista de la reforma.

En definitiva, estamos ante “un auténtico golpe de estado. Recuerda los modos y maneras de Hugo Chávez”. No lo digo yo, lo decía Cospedal allá por 2007 cuando Barreda [ex presidente socialista] aumentó el número de diputados a elegir en Toledo y Guadalajara por su aumento poblacional. Los que votaron a Cospedal por “el cambio” están de enhorabuena: dos cambios de las reglas de juego en tres años.

Ilegalidad en las sanciones del Ayuntamiento de Zaragoza

Por Marco Antonio Joven Romero

El pasado mes de julio circulaba por la ribera del Ebro a la altura de la Pasarela del Voluntariado con mi perro suelto a las dos de la tarde. Una patrulla de la policía local me dio el alto y procedió a formular boletín para sanción. Mi sorpresa llega cuando el Ayuntamiento de Zaragoza resuelve el expediente sancionador aplicando la Ley 11/03 de Protección Animal de Aragón y no la ordenanza municipal existente.

Ribera del Ebro (toniyolga, Flickr)

Ribera del Ebro (toniyolga, Flickr)

Realicé entonces dos escritos de descargos y alegaciones argumentando que la aplicación de una ley autonómica para una falta que se recoge en una ordenanza municipal -y que hasta entonces siempre había sido sancionada según la misma-, viola el principio de legalidad recogido en los artículos 127.1 y 127.2 de la Ley 30/1992 y el título IX de la Ley 7/1985.

Tras enviar el caso al Justicia de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza aplicó la ordenanza municipal, pero no la de 1994 sino la entrada en vigor en enero de 2014 (sanción mayor). Al aplicarse una normativa de 2014 sobre un hecho de julio de 2013 se viola el principio de irretroactividad recogido en el artículo 9.3. de la Constitución, algo aún peor que lo anterior.

Nuestras instituciones no solo dictan las normas ”del juego” sin atender la voluntad de los ciudadanos, además se saltan esas reglas cuando quieren. Aquí, el Ayuntamiento de Zaragoza hace gala de un desprecio absoluto por los principios más básicos de la democracia representativa con el objetivo de recaudar más.

Torpedear una oposición (porque te salió mal)

Por Ángela Calvo de Luis

Imagen de unas oposiciones. (ARCHIVO)

Imagen del proceso de selección de unas oposiciones. (ARCHIVO)

En la recta final de un larguísimo proceso de selección para obtener una plaza de Técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid (Rama Jurídica), un grupo de opositores que no han superado el segundo ejercicio quieren impugnarlo porque “uno de los dos casos prácticos propuestos en la prueba no estaba en el temario”.

El tal caso práctico se fundamentaba, nada menos, que en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que debe ser la Ley más conocida, por profanos y expertos, puesto que afecta a todos los ciudadanos.

En mi opinión, estuviese o no en el temario, lo menos que se puede esperar de una persona licenciada en Derecho y aspirante a encargarse de asuntos jurídicos en el Ayuntamiento de la capital, es que tenga los recursos suficientes como para saber dar solución a la cuestión planteada y defenderlo ante el Tribunal examinador.

De hecho, la mayoría de los examinandos resolvió el caso satisfactoriamente y, lógicamente, todos estaban en las mismas circunstancias.

Así pues, considero una falta de respeto absoluta a los opositores que han aprobado y al Tribunal que ha evaluado, intentar por todos los medios torpedear una oposición que ya dura mucho tiempo pues se convocó el 28 de marzo de 2011.

Por la vida… de las mujeres nacidas

Por Mina Lisboa

Siento repugnancia al comprobar que la ideología más retrógrada de este país ha triunfado -esperamos que no de forma duradera- en la política, que nos afecta todos en nuestras propias vidas.

Los grupos llamados “pro-vida” en Francia, además, crecidos por este golpe, este maltrato a la mujer de hoy -que la de ayer no sufrió (lo cuál hace todo aún más triste: ¿seguiremos yendo hacia atrás? ¡No debemos consentirlo!)- se ven inspirados por la España rancia, profunda, misógina, machista-llena de mujeres, además, que profesan esta subcultura denigrante que ve a la única mujer auténtica como una madre múltiple y sacrificada. Ahora, salen a la calle exigiendo que el gobierno francés haga lo mismo que el español, que dé un salto atrás, porque “nada es irreversible”. Pero, ¿qué les pasa? ¿De verdad les importa más la vida de alguien que aún no existe que la de un ser que ahora mismo está vivo y de cuya felicidad y libertad quieren colgar una cadena que nos ate a una religión patriarcal y reaccionaria?

Manifestación en París en contra de la reforma del aborto impulsada por Gallardón. (Etienne Laurent / EFE)

Manifestación en París en contra de la reforma del aborto impulsada por Gallardón. (Etienne Laurent / EFE)

¿Qué clase de modelo es un proyecto de ley que, por solo poner un ejemplo de la vergüenza que supone, podría obligar a una adolescente que no se atreva a acusar a su propio padre de violación (y estas cosas suceden en esa institución que tienen en los altares llamada familia) a tener que pedirle autorización para abortar un hijo fruto de esta relación de violencia sexual e incesto?

Exijamos una enseñanza completa y sana de la sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, en las aulas (esto es más importante que cualquier asignatura) por el bien de toda la sociedad. Exijamos que todos los anticonceptivos tengan un precio accesible o que sean gratuitos, y que la mujer pueda decidir, sin cortapisas, libremente, si quiere ser o no madre, abortando en caso de que todo lo demás haya fallado. Por la vida en libertad y en plenitud de todas nosotras, las mujeres nacidas;  porque la vida en esclavitud no merece la pena ser vivida.

Gallardón, bajo palio de la Almudena

Por Francisco Javier España Moscoso

Ni en mis peores pesadillas pensaba que algún día iba a escribir esto y créanme que todavía no se si está pasando. Sr. Gallardón; es cierto que usted nos anticipó sus intenciones nada más coger el cargo de Ministro de Justicia, pero hombre, rebajar los derechos de la mujer a posiciones decimonónicas, o peor, preconciliares, me parece un exceso y la única explicación que veo en esta recalcitrante decisión de cargarse la actual Ley del aborto, es pretender reconciliarse con esa rancia parroquia de ultraderecha que se ha sentido ultrajada por la reciente revisión de la “doctrina parot”, parroquia a la que ya le estaban saliendo novios en partidos con pocos escrúpulos.

Gallardón saluda a una parlamentaria  (Ballesteros / EFE)

Gallardón saluda a una parlamentaria
(Ballesteros / EFE)

El caso, Sr. Ministro, es que volvemos a aquellos años de plomo en donde los preservativos se compraban en cajetillas con nombre de conocidos tabacos de importación y las mujeres se la jugaban en la ruleta del aborto clandestino; eso si, muy a su pesar y gracias a la globalización, lo que en los setenta era un infausto y caro viaje a lo desconocido para abortar, ahora solo será un billete low cost de ida y vuelta a Londres con visita guiada.

Sr. Gallardón, usted siga a lo suyo que ya se ha ganado salir bajo palio de la Almudena.

Sobre el ‘furgón botijo’

Por Alberto Tirado Parra

En tan solo un año, el presupuesto de las Unidades de Intervención Policial, los antipopulares antidisturbios, ha engordado un 1.000% (ha leído bien: un uno seguido de tres ceros). La última adquisición de tan loable cuerpo, por el módico precio de medio millón de euros, ha sido un furgón blindado (no confundir con las lecheras, este es un ‘coche botijo’) dotado con un depósito de 700 litros de agua a presión que será mezclada con colorante para marcar la ropa, o mejor decir estigmatizar, a todo aquel que al manifestarse se desmande.

Me pregunto de qué color será el tinte, porque hay mareas de todos los colores del espectro que se manifiestan hoy por las calles y plazas de España. Tal vez lo del tinte se deba a que ven cercano el día en el que esa mayoría mansurrona y silenciosa que el Gobierno alaba pueda llegar a hartarse y salir también indignadísima a la calle a corear algún lema.

Furgón que lanza agua.

Furgón que lanza agua.

Quizá entonces exhiba con orgullo la ropa teñida como símbolo de protesta contra un gobierno fariseo, mendaz, represor y corrupto que hace lo contrario de lo que promete, recorta derechos y libertades, empobrece, tunde a palos, riega y colorea a la ciudadanía. Camión lanza agua en desuso de la Policía Nacional.