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La crisis del coronavirus y el imperativo de fomentar la resiliencia de los mercados internacionales de alimentos

Por Samir Mili (CSIC)*

La crisis del coronavirus nos ha recordado repentinamente la vital importancia del buen funcionamiento de los mercados alimentarios para mantener la salud, la estabilidad y el bienestar general de las sociedades de todo el mundo. Si en España y en la mayoría de los países desarrollados el aprovisionamiento alimentario ha mostrado, por ahora, una considerable capacidad de resistencia, la situación es muy diferente para los países pobres y altamente dependientes del comercio internacional para alimentarse.

La información disponible demuestra que la pandemia surgida casi simultáneamente en la mayoría de los países amenaza, si continúa escalando y no se encuentra un remedio al virus de aquí a unos meses, con causar una gran conmoción en los mercados agrarios internacionales y desencadenar una nueva crisis alimentaria. Como en otras ocasiones, los países más vulnerables y con menor capacidad de resistir a los shocks macroeconómicos serán previsiblemente los más afectados. Muchos países pobres han visto devaluar sus monedas y ya pagan más para importar alimentos.

Vendedor de frutas fotografiado al inicio de la declaración de la pandemia de Covid-19 en el mercado de Martínez de la Torre, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Este mercado cerraría después sus puertas durante semanas. Imagen: Eneas de Troya (México).

Las recientes proyecciones de la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) indican que el mundo podría sumar en 2020 entre 14 y 80 millones adicionales de personas desnutridas (asumiendo hipótesis de contracción del PIB entre el 2% y el 10% en función de la severidad y la duración de la epidemia), la gran mayoría de ellas ciudadanos de los países de bajos ingresos, que son los más expuestos a los rigores de la recesión económica global y más dependientes del mercado internacional de alimentos. En total, el número de pobres con inseguridad alimentaria aguda en el mundo podría alcanzar al final de este año, según Naciones Unidas, 265 millones de personas.

Los países desarrollados tampoco son inmunes, aunque el problema en este caso no es el hambre sino la falta de recursos económicos de los grupos más frágiles de la sociedad. En varias ciudades de Europa y Estados Unidos, las colas en los bancos de alimentos se extienden por cientos de metros. En estas circunstancias, incluso pequeñas acciones en los mercados, de por sí nerviosos, podrían, si aumentan los precios, provocar un gran sufrimiento.

Dependencia de importaciones de alimentos por países en 2015-17 según datos de la FAO.

Dependencia de importaciones de alimentos por países en 2015-17 según datos de la FAO. Fuente: FAO. 2020 Food Outlook – Biannual Report on Global Food Markets: June 2020. Food Outlook, 1. Rome.

Por el momento, la información de los mercados revela que la situación actual no es una crisis en la producción alimentaria, pero sí una crisis en el acceso a los alimentos, ya sea material porque los mercados están cerrados al comercio, o monetario porque las personas no tienen el dinero necesario. Esto no significa que no haya riesgos por el lado de la oferta, aunque por ahora no hay grandes penurias (los stocks alimentarios mundiales están en niveles excelentes) ni fuertes subidas de precios.

Las restricciones a los movimientos transfronterizos de bienes y servicios impuestas por los gobiernos en respuesta a la epidemia han aumentado los costes de transacción y las distorsiones en las cadenas de producción y suministro de alimentos a nivel mundial: restricciones de las migraciones de mano de obra agrícola estacional, restricciones del crédito, dificultad de vender los excedentes de producción en unos lugares y de adquirirlos en otros, etc. Estas barreras son practicables por los países más ricos y autosuficientes, pero no son factibles en los países pobres y dependientes cada vez más de los mercados internacionales para su alimentación, y pueden añadir riesgos alimentarios a los sanitarios.

Principales países importadores (en naranja) y exportadores (en amarillo) de: arroz (1), trigo (2), cereales de grano grueso (3) y semillas oleosas (4). Fuente: FAO. 2020 Food Outlook – Biannual Report on Global Food Markets: June 2020. Food Outlook, 1. Rome.

Mientras no haya cambios en los modelos actuales de acceso a los mercados, es importante que las restricciones no afecten negativamente al comercio de productos agroalimentarios, con el fin de evitar su impacto adverso en la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud de las poblaciones vulnerables. Es necesario que las medidas de estímulo económico instrumentadas para paliar los efectos de la epidemia se centren en garantizar el buen funcionamiento de las cadenas de suministro alimentario, protegiendo al mismo tiempo el mayor acceso a los alimentos producidos tanto a nivel local y regional como nacional y global. El comunicado conjunto de la FAO, la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OMC (Organización Mundial del Comercio) del 30 de marzo incluye recomendaciones pertinentes en esta dirección.

Las políticas proteccionistas, motivadas por la incertidumbre o el temor a la escasez, pueden ser particularmente perjudiciales, desde una perspectiva global. El problema no es nuevo, los datos muestran insistentemente que las consecuencias disruptivas de los flujos comerciales golpean especialmente a las personas más pobres, que gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentarse. Lo que a su vez exacerba la amenaza a la salud pública de la pandemia.

Principales países importadores (en naranja) y exportadores (en amarillo) de: productos de pesca (1), carne (2), azúcar (3) y leche y derivados (4). Fuente: FAO. 2020 Food Outlook – Biannual Report on Global Food Markets: June 2020. Food Outlook, 1. Rome.

Debido a que en las dos últimas décadas la mayoría de los países se han vuelto más dependientes de las importaciones, es fundamental que la interrupción causada por el coronavirus no desencadene una ruptura de los flujos alimentarios. Un aspecto inquietante consiste en las restricciones a la exportación implementadas por países como Ucrania, Kazajistán y Rusia para el trigo o Vietnam para el arroz. Por ahora son una decena de países y las restricciones son relativamente modestas, afectando sólo al 5% de las calorías intercambiadas en el mundo.

Sin embargo, si la crisis se prolonga en el tiempo, se corre el riesgo de volver a caer en los acontecimientos de 2007-08, cuando se produjeron los llamados disturbios del hambre en 33 países, con reacciones de pánico en los mercados, un importante aumento de las restricciones a la exportación por 19 países, una fuerte acumulación de aprovisionamientos y especulación en los precios. Entonces 75 millones de personas fueron empujadas al hambre. Por ahora no estamos ante un aumento masivo en los precios internacionales, dados los elevados niveles de existencias y los bajos precios energéticos (petróleo) y costes de transporte, pero no es un escenario que se pueda excluir si los países pierden la calma.

Principios del comercio justo. Fuente: World Fair Trade Organization (WFTO) Latinamerica.

Los citados desafíos que plantea la actual pandemia para la seguridad de los suministros alimentarios a nivel mundial inducen a repensar los niveles deseables de la globalización, así como las necesarias transformaciones en el comercio transnacional de alimentos con vistas a hacerlo más sostenible y resiliente. El CSIC, con su amplia trayectoria en el análisis científico de los intercambios comerciales en el contexto de la economía del desarrollo y de las relaciones internacionales, participa activamente en estos debates. Además, en la actualidad el CSIC apoya de forma prioritaria aquellas iniciativas científicas que se sitúan dentro del ámbito de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, cuyos 17 objetivos están en su mayoría relacionados directa o indirectamente con la reducción de la pobreza y la mejora de los niveles de seguridad alimentaria, nutrición y salud en todo el mundo.

*Samir Mili es investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) del CSIC.

Este artículo forma parte de la serie de reflexiones titulada: ‘Sistema agroalimentario en un mundo post COVID-19’, una iniciativa del grupo de investigación Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Territorial del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Otros textos publicados de esta misma serie: Coronavirus, presupuesto europeo y Política Agraria Común (PAC): ¿vuelta a la casilla de salida?

Coronavirus, presupuesto europeo y Política Agraria Común (PAC): ¿vuelta a la casilla de salida?

Por Tomás García-Azcárate (CSIC)*

En mis conversaciones con mis antiguos colegas de la Comisión Europea, todos ellos teletrabajando en el momento de escribir este artículo, a menudo surge una palabra: antes. ‘Antes’ no se refiere a la época de los romanos. ‘Antes’ era a principios de marzo, antes de la crisis del coronavirus.

Antes, todo era relativamente sencillo. Se discutía firmemente sobre las perspectivas financieras de la Unión, el marco presupuesto para el período 2020-2027. La base para el cálculo es el Producto Interior Bruto (PIB). El ‘club de los rácanos’ defendía un límite del 1%; el Parlamento Europeo proponía el 1,3% y, en el Consejo, los Estados miembros discutían sobre la base de una llamada “propuesta de compromiso”, en torno a un 1,07%.

Pero hoy, ¿quién podría tener la osadía de estimar cuál será el PIB europeo en 2020 y los años siguientes? Se desconoce el impacto inmediato de la crisis. Después, algunos economistas eminentes hablan de una recuperación en ‘V’ (recuperación rápida y vuelta rápida a la normalidad); otros explican que tendrá forma de ‘U’ (crisis duradera pero con recuperación rápida); otros argumentan que será una ‘L’ (recuperación lenta y progresiva); algunos incluso hablan de ‘W’ (recuperación con recaídas).  En realidad, nadie sabe nada.

Antes, la discusión presupuestaria se estaba retrasando. Los optimistas esperaban un acuerdo antes de fin de año, bajo la presidencia alemana. Pero es aún menos probable hoy que ayer.

La naturaleza liliputiense del presupuesto europeo se hizo aún más clara con la crisis del coranavirus. Al menos, en marzo pasado, el Consejo acordó un paquete de ayudas de emergencia COVID-19 de 540.000 millones, aproximadamente tres veces y medio el presupuesto anual de toda la Unión.

Incluso circula un globo-sonda con una cifra presupuestaria del 2%, como medida excepcional y temporal para hacer frente a la crisis. Esto explotaría el límite presupuestario máximo fijado y, como tal, me parece poco probable. Pero, cosas veredes, amigo Sancho.

Paisaje castellano

Consecuencias para la PAC

Antes, dado que las discusiones presupuestarias se habían retrasado, sabíamos que la nueva PAC no entraría en vigor, como se había (voluntaristamente) anunciado inicialmente, para el 1 de enero de 2021. Ya estábamos discutiendo un retraso de al menos un año. Fui una de las pocas voces que dijo que la demora iba a ser de al menos dos años y hoy nadie nos contradice.

Pero hay un problema sin resolver: ¿con qué presupuesto para ayudas directas? La Comisión había, lógicamente, propuesto tomar sus propuestas presupuestarias como base para el debate, pero ya ha anunciado que en abril presentará nuevas propuestas. ¿Qué ayudas directas cobraran los agricultores europeos, si no hay un acuerdo antes de fin de año?

Antes sabíamos que la Comisión quería limitar los presupuestos agrarios y de cohesión para financiar las nuevas prioridades. También sabíamos que ciertos gobiernos, entre ellos el francés y el español, defendían el mantenimiento, al menos en términos nominales, del presupuesto de la PAC. En un contexto de baja inflación, este sería un buen resultado. Pero, y en esto están de acuerdo, todos los economistas saben que la explosión del gasto público que estamos experimentando finalmente generará una mayor inflación.

Ganado bovino

Antes, no sin confusión, teníamos una propuesta de una nueva PAC sobre la mesa de negociaciones y sabíamos que un día u otro, se juntaría con la discusión del Pacto Verde Europeo y la estrategia ‘De la granja a la mesa’. La cosa estaba ciertamente confusa y ahora nos anuncian que el presupuesto europeo debe utilizarse para un nuevo Plan Marshall.

Antes, se temía que la nueva PAC iba a representar un aumento (bastante lógico en un contexto de mitigación y adaptación al cambio climático) de la contribución medioambiental solicitada a los agricultores y una disminución (estancamiento en términos nominales, en el mejor de los casos) de los fondos disponibles.

La cuadratura del círculo no era sencilla, porque el reto climático no se resolverá sin una participación activa de los actores económicos, y aumentar las obligaciones disminuyendo los apoyos no es una manera sencilla de convencer, sensibilizar y movilizar a un colectivo.

Algunos abogan, no sin buenas razones, por una reducción de la presión ambiental sobre la agricultura. Sin llegar a la desafortunada frase del presidente Sarkozy “Estamos hartos de medioambiente”, plantean escalonar más en el tiempo las exigencias.

Sequía

La gestión agraria juega un papel fundamental ante los retos del cambio global.

Pero, si realmente hay una emergencia ambiental, ¿es razonable retrasar los cambios necesarios? Si la Unión Europea y los Estados miembros han  asumido compromisos internacionales, ¿son compatibles con un cambio de ritmo? Estas son preguntas a las que no tengo respuestas pero que nuestros responsables políticos no podrán eludir.

Antes, se hablaba mucho, y con razón, de la PAC de la transición ecológica y la agroecología, de la resiliencia ambiental. Hoy, también estamos hablando de la resiliencia económica y alimentaria. Estos son los grandes retos a los que tiene que hacer frente nuestra sociedad. Desde el CSIC, estamos orgullosos de estar contribuyendo a que estos debates estén basados en evidencias científicas y que los actores sociales y políticos tomen sus decisiones con el mejor conocimiento de causa.

 

* Tomás García-Azcárate es vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC, investigador del grupo Desarrollo Territorial Sostenible del mismo instituto y del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM) de la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en Política Agraria Común (PAC) y mercados agrarios, con especial interés en las relaciones entre políticas agrarias y derecho de la competencia. Ha sido durante 28 años coordinador del Observatorio Europeo de precios y mercados agrícolas y, durante 7, catedrático de Política Agraria Común en la Universidad Libre de Bruselas.

Este artículo forma parte de la serie de reflexiones titulada: ‘Sistema agroalimentario en un mundo post COVID-19’una iniciativa del grupo de investigación Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Territorial del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Otros textos publicados de esta misma serie: La crisis del coronavirus y el imperativo de fomentar la resiliencia de los mercados internacionales de alimentos.

¿Tenemos el número de hijos que queremos?

Por Mar Gulis (CSIC)*

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La tasa de fertilidad en España se sitúa en 1,3 hijos por mujer / Wikipedia

La respuesta es no. Al menos esa es la conclusión del libro El déficit de natalidad en Europa. La singularidad del caso español, en el que han intervenido Teresa Castro, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, y otros investigadores. Según esta demógrafa, los españoles y españolas arrastramos un ‘déficit de bienestar’ porque tenemos menos hijos de los que nos gustaría.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística sitúan la tasa de fertilidad en nuestro país en 1,3 hijos por mujer. Esta cifra nos aleja considerablemente de lo que se considera el mínimo para asegurar el reemplazo generacional: 2,1 hijos por mujer. En realidad el caso español no es una excepción en el continente europeo, donde el declive demográfico trae de cabeza a muchos Gobiernos desde hace años. Una sociedad con pocos niños, que además envejece a marchas forzadas por el aumento de la esperanza de vida, plantea problemas económicos en el medio plazo. Si escasean las generaciones jóvenes y crece la población mayor, el sostenimiento del Estado de bienestar –por ejemplo, el sistema de pensiones– queda en entredicho. Pero más allá de la dimensión económica, que por otro lado aparece en los medios con frecuencia, esta situación tiene también implicaciones sociales como el ‘malestar’ al que se refiere el libro. De esto se habla bastante menos.

Según Castro, las encuestas de las últimas décadas demuestran que “las aspiraciones reproductivas no han cambiado en 30 años”. Es decir, al preguntar a la gente cuántos hijos quiere tener, la respuesta es la misma: “La mayoría responde dos”, afirma la investigadora. “Si al final no tiene ninguno o tiene uno, está por debajo de sus expectativas”, añade. Así que, a su juicio, si tenemos pocos niños es más por “una cuestión de barreras que de deseos”. De ahí el malestar o déficit de bienestar.

La cuestión no es baladí porque puede ayudar a derribar algunos tópicos. ¿Por qué entonces optamos por tener menos hijos? Como en todo fenómeno social, no se puede apuntar a una sola causa; más bien han confluido varias circunstancias que han hecho caer la natalidad en todas las economías avanzadas. Digamos, para no entrar en detalles, que la modernización y todas sus implicaciones (transición demográfica, avance de los sistemas anticonceptivos, incorporación de las mujeres al mercado laboral, cambios en el sistema de valores…) han derivado en la pauta de tener menos descendencia.

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La educación infantil pública y de calidad es una de las políticas sociales que pueden facilitar la conciliación / Flickr

Sin embargo, a menudo se señala la incorporación de la mujeres al mercado laboral como la principal causa del descenso de nuestra natalidad. Castro derriba esta tesis. Al menos, de acuerdo con sus análisis, es solo una verdad a medias. La demostración la encontramos en las sociedades de los países nórdicos o incluso en Francia, que tanto geográfica como culturalmente nos resulta más cercano. En todos ellos la gente tiene más hijos. De hecho, estos países son prácticamente la excepción en una Europa cada vez más envejecida, puesto que allí la tasa de fecundidad se acerca o incluso en algún caso supera los dos hijos por mujer. La cosa tiene miga, porque se trata de sociedades en las que las mujeres se incorporaron al mercado laboral mucho antes que aquí y además lo hicieron de forma más masiva. ¿Qué explica entonces que allí se tengan más hijos? Para Castro la clave son las políticas sociales, y más concretamente las destinadas a la familia. Ejemplos: permisos de maternidad y paternidad de igual duración, instransferibles y pagados al 100%, escuelas infantiles públicas de calidad para los menores de tres años, posibilidades de reducción de jornada, horarios más flexibles, ayudas económicas por hijo a cargo… Aquí este tipo de medidas brillan por su ausencia.

A modo de conclusión, Castro explica: “La tesis de nuestro libro es que se ha pasado de una familia en la que el padre trabajaba y la madre cuidaba, lo cual favorecía la natalidad, a un momento de transición en el que la mujer tiene un perfil laboral cada vez más similar al del hombre; pero éste no cambia porque no asume la misma responsabilidad en los cuidados. Y las políticas sociales tampoco cambian, así que la sociedad no se adapta a este nuevo escenario y la fecundidad baja. Si se supera esta etapa de transición y predominan las familias igualitarias y las políticas sociales que favorecen la conciliación, la fecundidad vuelve a subir”. Ese es su diagnóstico: ayudas sociales+ educación para la igualdad entre ambos géneros=aumento de la natalidad.