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"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

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La prueba del algodón: ¡Que vuelva Garzón!

Antes de dimitir, Rajoy debería indultar al juez Garzón para que vuelva a llevar el caso Gurtel. Sería la prueba del algodón. Ya lleva 500 indultos en un año. ¿Por qué no uno más? ¿Alguien duda hoy de las razones que llevaron a ciertos jueces del Tribunal Supremo, que presidía Divar, el marbellí, a expulsar a Baltasar Garzón de la investigación de caso Gurtel? Otros jueces hicieron lo mismo que Garzón y sigen ejerciendo tan ricamente.

El juez Garzón habló en la SER

El juez Garzón habló en la SER

Hace unos días, el ex juez de la Audiencia Nacional que descubrió esta trama delictiva ligada al Partido Popular rompió su silencio y habló de los «papeles secretos de Bárcenas» .

Las palabras del juez Garzón fueron medidas de manera exquisita. Pero su mensaje fue muy claro: dijo que había indicios suficientes para que los papeles de Bárcenas los investigara un juez (capacitado para ordenar registros, pulseras, retirada del pasaporte y otras acciones) en lugar de que lo haga, como ocurre ahora, un fiscal.

El Gobierno de Mariano Rajoy acaba de indultar (nadie sabe por qué) «a un conductor kamikaze que mató a un hombre en su demencial carrera», según Javier Marías, quien se escandaliza -y con razón- de los 17.059 indultos de la Democracia.

Nuestros gobiernos democráticos han repartido sus indultos con manga ancha y sin necesidad de justificiación alguna: 410 Suárez, 878 Calvo Sotelo, 5.944 Felipe González, 5.948 Aznar, 3.378 Zapatero y 501 Rajoy. En total: 17.059 indultos. Ya me dirán si no está más justificado hoy el indulto urgente al juez Garzón -con la falta que nos hace- que al kamikaze homicida.

Sobre Baltasar Garzón, me han llamado la atención estos titulares de la columna dominical del Luis María Anson:

El Mundo, 3 de febrero de 2013, pag. 21:

 

Bárcenas: la sombra de Garzón es alargada

El Mundo, 10 de febrero de 2013:

En el entorno de Garzón se especula con los recibís

Podemos decir muchas cosas de Anson, pero, debido a su acreditada especialización, no podemos decir que esté mal informado en asuntos conspiratorios.

En Estados Unidos, por lo que vemos en las series de la tele y por mi experiencia como corresponsal allí, no es de extrañar que el acusado pueda llegar a acuerdos con el fiscal y el juez instructor, declarándose culpable y aportando pruebas incriminatorias contra terceros, a cambio de ver aliviada su condena. En España no es así. Por eso, me llama la atención este párrafo de Anson dirigido a Rajoy:

«Querido presidente: ¿Le entregó el sinuoso Bárcenas a Baltasar Garzón la documentación que El País ha hecho pública? ¿Quiso el tesorero felón ganarse el favor del juez entonces estrella, hoy estrellado? ¿Dejó en manos de Garzón además de lo ya publicado los recibís que pondrían en marcha la caravana de dimisiones?»

Garzón negó en la SER haber tenido acceso a estos papeles de Bárcenas cuando él instruía el caso Gurtel. Dijo que, de haber sido así, por los «indicios evidentes» de delito que se aprecian, los habría incorporado a la causa y habría obrado en consecuencia. «Dicen incluso que yo estoy detrás», afirmó Garzón. «Ojalá hubiera tenido la posibilidad de denunciar los hechos en su momento».

Ahora que el PP ha aprendido a rectificar, a Rajoy se le presenta otra oportunidad de oro -la prueba del algodón- para convencernos de que no tiene nada que ver con los presuntos «sobrecogedores»: Indultar al juez Garzón y dejarle seguir investigando el caso Gurtel. Así de fácil. Nos taparía la boca a todos los que sospechamos, no sin razón, de que aquí hay sobre encerrado.

Mientras tanto, recomiendo la lectura, siempre provechosa, de un articulo muy clarito (estremecedor pero edificante) del magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, publicado anteayer en El Pais (Pag. 29). Copio y pego:

 

El color del dinero

Lo peor de la amnistía fiscal es la catadura moral de los beneficiarios

Al ciudadano español Luis Bárcenas le han descubierto una cuenta en un banco suizo por la que se han movido a sus anchas 22 millones de euros. El dato no sería noticia si el mencionado ciudadano no hubiese desempeñado durante 20 años los cargos de gerente y de tesorero del Partido Popular. La buena nueva ha desencadenado el correspondiente escándalo, como si, a estas alturas, alguien pudiera extrañarse de cuales son las fórmulas y artificios utilizados para la financiación de algunos partidos políticos.

La Constitución proclama que los partidos políticos son instrumentos fundamentales para la participación democrática, por lo que están justificadas determinadas subvenciones con fondos públicos. Los responsables de su funcionamiento nunca quisieron encontrar una fórmula aceptable para sufragar sus gastos. Regularon la financiación desde el año 1987 pero siempre dejaron abiertos dos agujeros negros por los que se introducía el virus de la corrupción: las donaciones anónimas y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Las primeras se corrigieron en el año 2007, después de muchas reticencias por parte del Partido Popular. El Tribunal de Cuentas continúa con la misma agilidad que en los tiempos del Conde Duque de Olivares.

La financiación de los partidos políticos se consigue, como es lógico, a través de las aportaciones de sus afiliados, cantidad que no alcanza cifras significativas, por lo que ha tenido que ser complementada con subvenciones públicas. Cuando los ingresos se consideraban insuficientes para el funcionamiento de las sedes de los partidos y para hacer frente a las campañas electorales, algunos decidieron acudir a la picaresca, incluso a conductas delictivas para ingresar un dinero extra. Quizá pensaron que la cuota de poder que le asignaban los ciudadanos les permitía toda clase de irregularidades.

Una vez instalados en los centros decisorios de los Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas o en el aparato del Estado decidieron utilizarlos para aumentar las asignaciones. Las concesiones de obras y servicios y las licencias urbanísticas se convirtieron en una fuente inagotable de recursos ilícitos.

Los reguladores de la financiación de partidos dejaron dos agujeros negros: las donaciones y el Tribunal de Cuentas 

El tesorero de un partido político contabiliza las cantidades que entran en la caja. Si las sumas son ilícitas, negras o delictivas hay que buscarles algún refugio seguro para que no se descubra su verdadero origen. No se necesita demasiada inteligencia financiera para envolverlas bajo donaciones anónimas. Cuando se les puso un tope, el dinero ilícito comenzó a desbordar los cauces previstos y era necesario buscar otras guaridas. Suiza, especialista en ensombrecer el color del dinero, era el lugar indicado. Desde el 17 de enero del presente año los helvéticos han levantado el secreto bancario en los casos de investigaciones judiciales.

Según denuncias no desmentidas, algunos dirigentes decidieron adjudicarse remuneraciones generosas por los servicios prestados al partido. Situados ante este espejo, los señalados tienen la ineludible obligación de comparecer voluntariamente ante la opinión pública y negar tajantemente los hechos. No pueden refugiarse en evasivas y agravios. En una democracia la responsabilidad ética y política del dirigente ante los ciudadanos les obliga a responder sin ambages a las imputaciones.

El color del dinero es variopinto. Lo que importa es su procedencia. Las cantidades procedentes del pago de comisiones por concesiones de obras o servicios son beneficios generados por cohechos delictivos. Estas cantidades se consignaban como donaciones anónimas lo cual a su vez constituye un delito de falsedad contable. Esta prestidigitación contable transformaba el dinero ilícito en un en asiento aparentemente lícito.

El principal artífice de todo este entramado era incuestionablemente el tesorero Luis Bárcenas, porque sin él todas estas maniobras no se habrían materializado. Tampoco sin la cooperación o el asentimiento y, ¿por qué no?, la inducción de los dirigentes del partido político, si esto se puede llegar a demostrar. Por ello el dinero de la cuenta suiza no es un dinero opaco que se sustrae al fisco sino un dinero procedente de actividades ilícitas que al ser retornado a España a través de la amnistía fiscal se convierte no en dinero lícito, sino en una maniobra delictiva de blanqueo de capitales.

La amnistía fiscal rompe todos los principios admisibles en el campo del derecho penal para despenalizar conductas delictivas. Solo puede hacerse por vía de ley orgánica y nunca por real decreto-ley. Pero lo más grave no es el vicio legal sino la catadura moral de las personas a las que se aplica. Se trata de ciudadanos que han ocultado o evadido sus capitales sustrayéndolos al sostenimiento de los servicios públicos esenciales en tiempos de gravísimas carencias sociales. El Estado no puede tolerar ni excusar la insolidaridad y discriminar a otros delincuentes.

Nuestro país tiene muchas carencias, culturales, sociales, éticas y democráticas. Demasiados ciudadanos se han hecho partícipes y alentadores de estas conductas votando de forma abrumadora a personas implicadas en tramas de corrupción. Las multitudes padecen el síndrome de Barrabás, prefieren a los golfos en lugar de a los justos. Me resisto a caer en el desaliento y la melancolía. Estoy convencido de que la mayor parte de la sociedad española está indignada y desmoralizada. Es vital para la democracia recuperar la fuerza política de la moral pública en estos momentos difíciles.

José Antonio Martín Pallín es abogado, magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra)

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Garzón, condenado por «una nimiedad», recurre

Nunca comprendí bien la unaminidad de todos los miembros del Supremo al condenar a Garzón por una nimiedad. La clave, según Gil Calvo, es que el prevaricador ha sido el propio tribunal. No les quedaba otro remedio, una vez que aceptaron celebrar un juicio oral tan ridículo y sin fundamento.

El Roto en El Pais (21-II-2012)

Si no hay unanimidad (ni de lejos) en la comunidad jurídica española ni en la internacional sobre el caso ¿cómo es posible que existiera tan rotunda unanimidad entre todos los miembros (de derechas y de izquierdas) que condenaron a Garzón? Algo huele a podrido en Dinamarca.

La escandalosa sentencia del Supremo contra el juez Garzón ha merecido numerosos análisis. Uno de los más lúcidos y originales, a mi juicio, ha sido este artículo de Enrique Gil Calvo en El País, que no quiero perder. Lo copio y pego a continuación, para archivarlo en el blog:

Veredicto

Lo que se ponía en tela de juicio no era la prevaricación de Garzón, sino la del Supremo al condenarle

Cuando Europa entera atraviesa un trance agónico de difícil resolución institucional, y como consecuencia la propia España peligra gravemente por su dependencia del Eurogrupo, he aquí que el Tribunal Supremo (TS) ha decidido aprovechar la ocasión para condenar a la inhabilitación por prevaricador al juez español que goza de mayor autoridad internacional por sus reiteradas contribuciones a la justicia universal. Y la suya ha sido una condena muy polémica, que ha abierto una grave fractura en nuestra opinión pública y que no va a ser entendida fuera de nuestras fronteras, derivándose de ella un indudable desprestigio de nuestra justicia y una más que probable desautorización futura por parte del Tribunal de Estrasburgo. Pero no puede decirse que sea una condena sorprendente para nosotros los españoles (aunque sí para los observadores foráneos), pues entraba dentro de las expectativas abiertas por todos los analistas que siguieron de cerca el triple enjuiciamiento entablado contra el juez Garzón.

Aunque tal condena me parezca una injusticia histórica, mi cualificación profesional no me autoriza a pronunciarme sobre su grado de legitimidad jurídica ni mucho menos sobre su factura técnica. Pero sí me creo autorizado a valorar algunos de los elementos extrajudiciales que concurren en la formulación y la recepción de semejante veredicto de culpabilidad. Acabo de sostener que la sentencia en sí misma no me sorprendió, pues la esperaba casi tanto como la temía. Pero en cambio sí me produjo gran sorpresa tanto la unanimidad del veredicto como la susceptibilidad con que la magistratura rechazó el coro de críticas que mereció la condena. ¿Pues qué esperaban? ¿Acaso se creían con derecho a recibir un aplauso también unánime?

Comencemos por la unanimidad del veredicto. Si resultó tan sorprendente fue porque el Ministerio Fiscal solicitaba la absolución y porque otros jueces habían refrendado la legitimidad de las decisiones de Garzón. A pesar de lo cual, los magistrados del Supremo avalaron unánimemente el veredicto de prevaricación. ¿Cómo explicar esta unanimidad que tan chocante y poco razonable resulta para el sentido común? Creo que bien podría admitirse como plausible esta posible interpretación: lo que se ponía en tela de juicio en las causas contra Garzón no eran tanto las posibles prevaricaciones a priori en que hubiera podido incurrir el juez procesado como la eventual prevaricación a posteriori en la que podría caer (o no) el TS al condenar a Garzón. De ahí esa unanimidad coral, pues el Supremo no estaba tanto juzgando al acusado como juzgándose a sí mismo, lo que le llevó en consecuencia a absolverse al unísono como órgano colectivo.

En efecto, la decisión de procesar al juez por tres causas a la vez había parecido tan sorprendente y contra natura desde un comienzo que, para la opinión pública, lo que estaba en tela de juicio era la legitimidad del Tribunal Supremo para juzgar a Garzón. ¿No se estaba forzando el procedimiento para personalizarlo fabricando una causa ad hominem? ¿Llegarían hasta el extremo de atreverse a condenarle, o se limitarían a hacerle pasar por las horcas caudinas para absolverle al final? Con ello, el proceso dejó de tener por objeto los actos pasados de Garzón para pasar a centrarse en la decisión última del TS, convirtiéndose en una querella de legitimidades planteada entre la autoridad moral de un juez y la autoridad formal de un tribunal superior. Por lo tanto, dado que el asunto no se supo detener a tiempo, y una vez que el procesamiento avanzó hasta el punto de abrirse el juicio oral, entonces la suerte quedó echada sin posible vuelta atrás, pues puestas así las cosas la causa ya no podía terminar más que con una condena previamente anunciada. De ahí la inevitable unanimidad para poder reafirmar y garantizar el principio de jerarquía institucional.

Así se entiende también la posterior intransigencia con que el TS rechazó las críticas contra su condena, unas críticas que a la portavoz del CGPJ le parecieron “intolerables”. ¿Acaso pretenden resucitar la censura y el delito de opinión o lesa majestad? ¿A qué viene tan extemporánea intolerancia? Semejante actitud revela la mala conciencia de la magistratura, dolida al advertir que está perdiendo legitimidad como consecuencia de sus propios actos. De ahí que para tratar de recuperarla reaccione exigiendo acatamiento a sus veredictos por inverosímiles que parezcan, lo que aún agrava más su propia deslegitimación. Pero la justicia sin legitimidad pierde su razón de ser. Pues como sabemos por Foucault o Bourdieu, la función de la magistratura es ejercer el monopolio legítimo de la verdad oficial. Y ese monopolio se desvanece en cuanto sus veredictos dejan de resultar creíbles.

Fin.

Garzón ha decidido recurrir la sentencia extravagante del Supremo. La esperanza es lo último que se pierde. Veremos si el Tribunal Constitucional se atreve a enderezar el entuerto en que le ha metido el Supremo.

Muy interesante y clarificador también el artículo de José Yoldi en El Pais del 20 de febrero de 2012 sobre el segundo pleito montado contra Garzón, por si les fallaba el primero. (Y aún les queda el tercero y más interesante sobre los crímenes del franquismo). El título ya lo dice todo:

En la absolución, yo te condeno

Y me queda por recoger la Tribuna de Gaspar Llamazares el El Pais:

No acato, ni respeto un escándalo supremo

La condena anunciada del Tribunal Supremo al juez Garzón pone en evidencia la politización corporativa del poder judicial

22 FEB 2012

El linchamiento o juicio inquisitorial a Garzón resume, como pocos, nuestros males nacionales, en este caso, las aberraciones del poder que se convierten en afrentas a la ética civil y la justicia.

La condena anunciada del Tribunal Supremo pone en evidencia la politización corporativa del poder judicial.

El Roto en El Pais

El primero de ellos es la soberbia y prepotencia clasista de los que se consideran todavía hoy vencedores de la guerra civil y luego también de la interpretación de la transición. Los que no están dispuestos a que nadie cuestione, revise o interprete el pasado: ni de la impunidad, ni de las leyes, como ha hecho con el caso de las víctimas del franquismo, Baltasar Garzón. A él se le podía permitir sacar a la luz los trapos sucios de las “dictaduras bananeras”, pero ni hablar de sacar los colores a la Metrópoli del Imperio ¡Aquí somos más serios, aquí la impunidad del franquismo no se toca!

Se trata también de un juicio que simboliza el conflicto entre las Instituciones del Estado

La utilización burda de la Ley de Amnistía como ley de punto final y el menosprecio de derecho internacional en materia de Derechos Humanos reanuda la apropiación de la Constitución por los sectores que más la combatieron.

El segundo es un mal, tan viejo como el mundo, la codicia, que extiende un manto de silencio sobre la ominosa corrupción que durante décadas y, con pasividades y complicidades de muchos, se ha enseñoreado de nuestro sistema económico y social (especulación urbanística y financiera) y de nuestra clase política, contaminando “a todas” las Instituciones del Estado. La codicia de los plutócratas del Estado. Los Gürtel, Palma Arena y demás resumen la corrupción ramplona y una exhibición hortera por parte de empresarios, políticos y demás corte de los milagros.

Por ello, la defensa sin matices del derecho de defensa, interpretada como inmunidad de los despachos de abogados, deja inermes a los jueces en su lucha contra el delito de guante blanco.

El tercero de los males es muy nuestro, tan nuestro como la envidia. Envidia del éxito del juez Garzón que se puede permitir organizar cursos en el centro del imperio. Envidia de su valentía y de su trabajo, mientras otros dormitan a la sombra de los viejos muros de la Audiencia. Envidia de su soltura para mantener la profesionalidad y opinar políticamente. Envidia de su compromiso con las causas justas. Envidia de su imán mediático, de sus contactos internacionales, incluso de sus errores, de todo.

Pero envidia también transformada en rencor corporativo e institucional. Se trata también de un juicio que simboliza el conflicto entre las Instituciones del Estado. Un juicio al papel político y mediático en la lucha antiterrorista, a la persecución internacional de los crímenes contra la humanidad, y luego en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Un rencor supremo, una ira sorda. Por eso no es casual que todo empiece por las escuchas. Un debate jurídico transformado en un juicio por prevaricación. Una patología suprema.

Una factura también al papel de Garzón en la lucha antiterrorista, por parte de los mismos que le jalearon antes, y que no perdonan ahora su papel comprometido ante la opinión pública en el intento fallido de proceso de paz. Había que abortarlo y con la ayuda de los bárbaros de ETA se abortó, y ahora se trata de eliminar a todos sus actores “simbólicamente”.

¡Qué mejor forma de meterle mano ante la opinión pública que un juicio a sus supuestas extralimitaciones en materia de garantías! ¡Qué mejor forma de linchar a Garzón que cuestionando su compromiso con los derechos humanos! Una jugada maestra.

Nunca un tribunal tan alto pudo volar más bajo. Un esperpento, tan nuestro. ¡Una vergüenza nacional!

Y una estrategia también suprema donde se coordinan los tiempos, los temas y los actores. Todo ello encaminado a una crónica de una condena anunciada. La condena del juez Garzón, es la condena una vez más, de las víctimas de los juicios franquistas a la luz de las leyes de la transición, utilizadas como ley del silencio.

La condena también de la persecución penal internacional y del papel de la Audiencia Nacional en materia de derechos humanos. La condena del éxito de un juez mediático y polémico para que todo vuelva a la normalidad de los grises muros como diría García Lorca.

Pero también una factura atrasada de la política que no perdona. De la derecha y una llamada izquierda que comparten las razones y los pecados de la soberbia y la codicia. De una parte también de la izquierda que no olvida las viejas afrentas, ni las nuevas ambiciones.

En el fondo también la vieja aspiración a constituir al Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en una suerte de tercera Cámara que vigile y castigue los excesos de la política: el Estatut de Catalunya o el proceso de paz.

Una politización judicial que ha crecido al calor de la judicialización de la política, que junta extraños compañeros en el Consejo General del Poder Judicial y que desde ahí se extiende como una mancha de aceite. Despolitizando la justicia mediante el corporativismo conservador. Desjudicializando la justicia, degradando y privatizando el servicio público. Despolitizando la política al servicio de los mercados.

Todo junto se explica, pero todos juntos, estos juicios en cadena como bombas de racimo son una infamia. Nunca un tribunal tan alto pudo volar más bajo. Un esperpento, tan nuestro. ¡Una vergüenza nacional! ¡Un escándalo internacional!

Las injusticias que se comenten con la cobertura del derecho no deben ser ni respetadas, ni acatadas, precisamente en aras de la justicia. Como en el caso Dreyfus la justicia española, situada entre la verdad y el prestigio corporativo, ha preferido lo último, quedándose sin verdad y sin prestigio.

Es necesario que junto al legítimo derecho que asiste al juez Garzón para recurrir a todas las instancias se produzca un amplio movimiento en pro de la democratización profunda del poder judicial, así como del desarrollo social de la justicia como servicio público, a partir de la demanda de verdad y justicia para las víctimas del franquismo.

Porque el futuro está en la memoria ofendida de nuestros abuelos y el sentido de sus luchas, tanto como en la rebeldía de nuestros hijos.

Gaspar Llamazares es diputado de IU.

 

«Un veredicto escalofriante en España» (New York Times)

La «cacería» contra el juez Garzón ha sumido al Tribunal Supremo en el mayor ridículo de nuestra historia democrática. La prensa internacional de prestigio está tan escandalizada como buena parte de los demócratas españoles. Y tiene difícil remedio a corto plazo. El Tribunal Supremo ha cosechado el dudodo honor de partir a España en dos. Otra vez.Numerosos juristas de prestigio no han dudado en calificar la persecución contra Garzón de «cacería». Y, a mi juicio, no les falta razón. A los jueces de Supremo se les ha visto demasido el cartón: ¿vengazas, envidias, premeditación, deudas, ideología…? Quizás un poco de todo pues Garzón, que no es perfecto -y le conozco hace tiempo- ha pisado muchos callos a la derecha y a la izquierda, al servicio de la Justicia, y se ha ganado numerosos y poderosos enemigos (de ahí le viene buena parte de su grandeza).

El Gobierno del PP y portavoces de la derecha española lamentan la pésima imagen que, a su juicio, estamos dando de la justicia española algunos ciudadanos, los políticos de la oposición, los intelectuales, etc..

Parece como si el responsable del desaguisado actual y del hazmerreir mundial (¡menudo trabajo!) no hubiera sido el propio Tribunal Supremo con su «cacería» premeditada contra el juez Garzón, el instructor y único condenado, por ahora, del caso Gurtel, el mayor caso de corrupción de los políticos del PP.

Recuerdo ahora cuando un grupo de periodistas jóvenes nos reuniamos en semiclandestinidad bajo la lámpara checa de la Asociación de la Prensa de Madrid en Callao (que luego fue mi despacho en 20 minutos).

Miguel Angel Aguilar, con la agudeza y la retranca que le caracterizan, solía repetirnos que el dictador Francisco Franco se decía responsable «ante Dios, ante la Historia». Y Miguel Angel añadía «… y ante la prensa extranjera»    Y, afortunadamente, parecía verdad. La Dictadura franquista era extremadamente sensible a la prensa extranjera, o sea, al qué dirán.

Cuando escuché a la vicepresidenta del Gobierno y a la portavoz del Consejo General de Poder Judicial lamentar la imagen que estábamos dando de la Justicia española ante el mundo me entraron los mismos escalofríos que debió sentir el responsable del editorial que publicó anteayer el diario The New York Times (el segundo en una semana, despues del que provocó las iras de Jimenez Losantos) titulado

«Un veredicto escalofriante en España».

Lo copio y lo pego a continuación:

February 10, 2012

A Chilling Verdict in Spain

http://www.nytimes.com/2012/02/11/opinion/a-chilling-verdict-in-spain.html?ref=baltasargarzon

The enemies of Judge Baltasar Garzón have finally gotten their way.
Spain’s Supreme Court this week found the judge guilty of misapplying the
country’s wiretap law and suspended him from the courts for 11 years.
Judge Garzón has played an important role in Spain’s transition to
democracy, as a scourge of corrupt politicians left and right and a
powerful champion of international human rights law. His efforts to
prosecute the former Chilean dictator, Gen. Augusto Pinochet, and
investigate the horrors of the Spanish Civil War era, though unsuccessful,
advanced the principle that there can be neither amnesty nor impunity for
crimes against humanity.

Thursday’s ruling stemmed from prison wiretaps of conversations between
lawyers and their clients that the judge ordered in a 2008 case involving
bribes allegedly paid to local officials of the now-ruling Popular Party.
Judge Garzón was not alone in ordering those wiretaps, but he alone was
prosecuted, even while the public prosecutor argued that there were no
grounds for a criminal proceeding. Convicting a jurist over a court ruling
is an appalling attack on judicial independence. Two other cases against
him are pending — one involving his inquiry into mass killings during the
civil war and the Franco dictatorship, and another concerning allegations
of conflict of interest in a tax fraud case.

Judge Garzón is far from perfect, but the decision by the Spanish Supreme
Court to remove him from the bench is enormously damaging to the prospects
of fair and impartial justice. What investigating magistrate would not now
hesitate before pursuing politically sensitive cases? Will the Franco-era
crimes that scarred Spain for two generations remain forever
uninvestigated?

Judge Garzón cannot appeal in the Spanish court system. But he can
challenge this decision in Spain’s Constitutional Court and the European
Court of Human Rights in Strasbourg. We hope he does. As this week’s
miscarriage of justice plainly demonstrates, Spain still needs his help in
keeping its judiciary fearless and independent.

20minutos.es ha hecho este resumen:

Nuevo editorial de ‘The New York Times’

El diario norteamericano The New York Times dedicó este viernes un editorial a la condena a Garzón. El texto comienza afirmando que «los enemigos del juez Garzón se han salido con la suya«.

Aseguran que este fallo del Supremo es un «enormemente perjudicial para las perspectivas de la independencia judicial«, y recuerdan los dos procesos que tiene aún pendientes el juez: el cobro de unos cursos del Banco Santander en Nueva York, y la causa por la investigación de los crímenes del franquismo. Sobre esta última cuestión, el NYT se pregunta si permanecerán «sin ser investigados para siempre», dado los problemas a los que se ha enfrentado Garzón por intentar abrir una investigación sobre lo ocurrido en la dictadura de Franco.

Finalmente, destacan su esperanza de que el juez recurra la sentencia, a la vez que le definen como «lejos de ser perfecto». Sin embargo, aseguran que España le necesita «para mantener un poder judicial independiente y valiente».

«Venganzas políticas llevan a Garzón a juicio» (NYT)

«Perseguir al juez Garzón por indagar en los crímenes de la era de Franco es una ofensa a la justicia y a la historia», según el editorial del diario The New York Times que recoge hoy 20minutos.es.

Por su interés (y también para el archivo del blog) lo copio y lo pego a continuación:

OPINION   | February 05, 2012
Editorial:  Truth on Trial in Spain
Prosecuting Judge Baltasar Garz’on for digging into Franco-era crimes is an offense against justice and history.

Editorial

Truth on Trial in Spain

Published: February 4, 2012

Terrible crimes were committed during and after Spain’s 1936-39 civil war that no court has yet examined or judged. No one knows how many people were taken away, tortured and murdered. Now, one of Spain’s top investigating magistrates, Baltasar Garzón, is on trial for daring to open an inquiry into those atrocities.

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Spain is now a vibrant democracy, but Judge Garzón’s trial, which opened last week, is a disturbing echo of the Franco era’s totalitarian thinking. He faces criminal charges that could suspend him from the bench for 20 years for defying an amnesty enacted in 1977 to smooth the transition to democracy. He rightly counters that under international law, there can be no amnesty for crimes against humanity and that unsolved disappearances — thousands of mass graves are unopened — constitute a continuing crime.

In 2008, Judge Garzón briefly began an official inquiry, ordering the opening of 19 mass graves and symbolically indicting Gen. Francisco Franco and several former officials, none still alive, for the disappearance of more than 100,000 people. An appellate court shut the inquiry down. The next year, two far-right groups brought criminal charges against the judge for defying the amnesty law. The government’s prosecutor argued that no crime had been committed, but the Supreme Court accepted the case.

Separately, Judge Garzón faces criminal charges for rulings in two other politically charged cases. We cannot judge the merits of these. But criminal prosecution of magistrates for their rulings is rare in Spain, and could chill judicial independence.

Judge Garzón became famous for his prosecutions of Basque terrorists, Argentine torturers, Chile’s former dictator, Gen. Augusto Pinochet, and Spanish politicians. His powerful enemies now see a chance to end his career.

Judge Garzón is undeniably flamboyant and at times overreaches, but prosecuting him for digging into Franco-era crimes is an offense against justice and history. The Spanish Supreme Court never should have accepted this case. Now it must acquit him.

A version of this editorial appeared in print on February 5, 2012, on page SR10 of the New York edition with the headline: Truth on Trial in Spain
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También copio y pego un artículo de opinión del diario The New York Times, publicado el pasado 26 de enero, sobre el juicio contra el juez Garzón:

Op-Ed Contributor

A Judge in the Dock

By DAN KAUFMAN

Political vendettas have put a heroic Spanish jurist, Baltasar Garz’on, on trial.

IN October 1998, British police officers arrested the Chilean general Augusto Pinochet while he was recuperating from back surgery at a London hospital. They were acting on an international warrant issued by the Spanish judge Baltasar Garzón seeking General Pinochet’s extradition to stand trial in Spain on charges of torture and murder. After a 17-month legal battle, General Pinochet was released on medical grounds, but Judge Garzón’s warrant paved the way for stripping the former dictator of immunity and prosecuting him in Chile.

Since the Pinochet arrest, Judge Garzón has indicted human-rights violators around the world. His actions helped make it possible to prosecute expatriate Rwandans for their role in the 1994 genocide and Chad’s former dictator, Hissène Habré, who was indicted for crimes against humanity by a Senegalese judge.

Yet Judge Garzón is now himself under legal attack for confronting Spain’s own dark history. He is on trial this week before the Spanish Supreme Court for daring to investigate crimes committed during the Spanish Civil War and the nearly four-decade dictatorship of Gen. Francisco Franco. The case against him is fueled by domestic political vendettas rather than substantive legal arguments and it could dramatically set back international efforts to hold human-rights violators accountable for their crimes.

In October 2008, in response to a petition from victims and relatives of those killed or tortured by Franco’s forces, Judge Garzón ordered the exhumation of 19 mass graves and charged Franco and his accomplices posthumously with the murder and disappearance of more than 114,000 people.

Shortly after Judge Garzón issued his edict, Spain’s chief prosecutor, Javier Zaragoza, challenged it, partly by claiming that it violated Spain’s sweeping 1977 amnesty law. This law, which the United Nations Human Rights Committee has urged Spain to repeal, was passed after Franco’s death in 1975 with the military’s support and forbade the prosecution of any crime “of a political nature” committed during the Franco years.

An appellate court ruled against Judge Garzón in late 2008 and the case appeared to be resolved. But several months after the ruling, two tiny far-right groups sued Judge Garzón for “prevarication” — knowingly overstepping his authority — in violating the amnesty law.

As international criticism grew, and supporters staged large protests backing Judge Garzón, the Supreme Court accepted two other spurious suits brought against him, despite the state prosecutor’s opposition to pursuing them.

Although Judge Garzón’s actions have always been controversial, they have been instrumental in the global fight against impunity. His pursuit of General Pinochet relied on universal jurisdiction, a legal principle asserting that heinous crimes like torture and genocide may be prosecuted in any country, regardless of who the victims or perpetrators were. Indeed, the current case against Judge Garzón shows just how necessary universal jurisdiction is when countries are unable to confront their own pasts.

Criminally charging judges for prevarication is extremely rare in Spain, and a conviction would disbar Judge Garzón for 20 years — effectively ending his career. The Supreme Court’s zeal to try him has little legal basis; rather, it reflects Spanish elites’ widespread unease with applying international legal principles to Spain’s conflicted history and a deep-seated animosity toward Judge Garzón that is as much personal as political.

While the Supreme Court has many justices appointed by the rightist Partido Popular (founded by one of Franco’s former ministers), Judge Garzón also has made powerful enemies on the left, because in the late 1980s he investigated government-backed death squads created to battle the Basque separatist group ETA. His findings helped bring down a Socialist government in 1996.

Judge Garzón’s prosecution has already had a chilling effect on worldwide efforts to hold human-rights violators accountable, and a conviction would be interpreted as an even stronger warning sign. According to Reed Brody of Human Rights Watch, the Haitian judge Carvès Jean is following Judge Garzón’s legal travails intently as he deliberates whether to indict Jean-Claude Duvalier for crimes against humanity or to adhere to Haiti’s statute of limitations, which would place those crimes off limits.

More disturbingly, due to Judge Garzón’s legal woes, the case brought by Franco’s victims and their families is now languishing. (The only exception is in Argentina, where a prominent human-rights lawyer, using universal jurisdiction, recently filed suit charging Franco with crimes against humanity.)

In his 2005 memoir, Judge Garzón wrote, “A system built on the corpses of those who are still awaiting justice so they can rest in peace is an illegitimate system and one that is condemned to eventually suffer the same fate.”

It would send a tragic and telling message to those victims — and others like them around the world — if the one person convicted for Franco’s crimes is the judge who dared to investigate them.

Dan Kaufman is a writer and musician.

Ahí queda.

Lo dicho: a los vengadores de la derecha y la izquierda les puede salir este tiro por la culata.

Pena y escalofrío ante el «Supremo hazmerreír»

A quienes urdieron la triple persecución del juez Garzón les puede salir el tiro por la culata. Tenemos memoria y el juicio nos la refresca.

Fotos de algunas víctimas del franquismo ante la puerta del Tribunal Supremo

Los testimonios escalofriantes de las víctimas del franquismo dejan en ridículo a 4 de los 7 jueces del Tribunal Supremo que han desoído las demandas de nulidad de Garzón y la opinión del mismísimo fiscal del Supremo, Luis Navajas, que considera la instrucción del extravagante juez Luciano Varela como «insólita» e «insostenible«.

Además, la cobertura que la prensa extranjera está dando de este juicio insólito pone de nuevo los focos sobre las heridas aún abiertas de la Dictadura.

Entre los observadores internacionales que siguen esta patomima de juicio está el Presidente de la Comisión Internacional de Juristas, Pedro Nikken a quien le llama la atención «la acumulación de procesos penales contra un mismo juez».  «Nunca había visto un proceso así», afirma este observador internacional, (…) «y es paradógico que le juzguen aquí por lo que le valió el aplauso del mundo«.

Forges en El Pais

La acumulación de tres procesos penales coincidentes en el tiempo y contra un mismo juez (quien investigó la corrupción del PP en la trama Gurtel)  no sólo llama la atención del señor Nikken. Levanta sospechas de confabulación entre mucha gente de bien con sentido común.

Ya se que expertos en estas materias, como el ex ministro Federico Trillo -el héroe de Perejil– negarán cualquier matiz conspiratorio en esta triple persecución y están en su derecho. Tampoco yo creo en las brujas «pero haberlas, haylas».

No trato de defender la escrupulosidad del juez Garzón con cuestiones técnicas a la hora de investigar crímenes (todos cometemos errores) pero sí su valor, persistencia y entereza para preseguir a presuntos criminales  ya sean de ETA, de la Mafia, del narcotráfico o del franquismo.  Solo quien se arriesga a fregar platos puede romper alguno.

A veces se le critican defectos de forma en la instrucción de sus investigaciones, pero de ahí a acusarle de delitos penales hay un abismo y este es el que se están saltando algunos jueces del Supremo.

¿Por qué se ha convertido Garzón en el juez que instruye las causas más sobresalientes y peligrosas de España y parte del extranjero?

No es fruto de la casualidad.

Peridis en El País

Conozco personalmente Baltasar Garzón desde hace muchos años y he seguido de cerca algunas de sus investigaciones. En mi opinión personal, su estrellato se debe a que, ya sea por temeridad, por valentía, por tenacidad, por sentido de la Justicia e, incluso, si quieren, por vanidad, el juez Garzón no se rinde facilmente sino que se arriesga a hacer la siguiente pregunta, esa pregunta que otros jueces (el miedo es libre) simplemente no se atreven a hacer.

Por su propia historia, Garzón tiene méritos de sobra en favor de la Justicia como para suponerle buena fe en la instrucción de los delitos que persigue.  En la única causa instruida por él que observo conflicto de intereses y sospecha de parcialidad es en la del GAL, que reabrió al dejar su puesto de secretario de Estado en el Gobierno de Felipe González.

Debió haberse apartado de ese caso por ir contra contra sus antiguos compañeros de Gobierno. Seguramente, lo que hizo contra el ex ministro Barrionuevo y otros fue legal pero a mi me pareció muy feo. En otros paises que conozco, Garzón habría sido rechazado como miembro del Jurado en un caso semejante. Y por aquello nadie en el Tribunbal Supremo afeó su conducta.

En cambio ahora, por lo que yo considero una nimiedad (ojo, no por unanimidad) se le acusa de tres graves delitos penales que, a juicio de grandes expertos, no tiene pies ni cabeza.

La mente que haya urdido los tres pleitos a la vez puede triunfar en la novela policiaca. Atacan a Garzón por tres ángulos para que no tenga escapatoria y lo basan en lo siguiente:

1.- ¿Es un mal juez instructor que no hace bien su trabajo?. Hace chapuzas como mandar grabar las conversaciones de los detenidos por la red de corrupción del caso Gurtel, ligada al PP, con sus abogados defensores. Muy discutible acusación, ya que se ha hecho en otros casos sin que se persiga al juez instructor por ello. Si Garzón hubiera cometido el error de incluir esas conversaciones en la instrucción, podría haber provocado, quizas, la anulación del caso. ¿Recuerdan lo que pasó con la corrupción política de la derecha en el caso Naseiro? Quedó anulado por fallos técnicos en la instrucción. ¿Nostalgia?

2.- ¿Su ambición y avaricia económica no tiene límites?. Se le acusa de prevaricar por pedir dinero a banqueros y empresarios para financiar una cátedra de la Universidad de Nuev York donde él daba clases. He leido varios artículos sobre lo que cobran los jueces por sus conferencias y clases… Ninguno fue jamás perseguido por ello.

3.- ¿Actúa guiado por su ideología izquierdista?. Le atacan por intentar investigar las denuncias recibidas por presuntos crímenes del franquismo.

Garzón ha declarado ante el Supremo:

«Hice lo que debía por las víctimas, por encima de ideologías».

Lo dicho: este juicio extravagante va a traer cola. Y a quienes quisieron rodear a Garzón por esos tres ángulos a la vez, sin dejarle escapatoria posible, les puede salir este último tiro por la culata.

Al tiempo.

 

 

 

Piso por préstamo: entre banqueros y políticos no hay «cornás»

Ni los banqueros ni los políticos (que tanto les deben) se atreven a cambiar una Ley inmoral e impresentable. ¡Olé por ese juez que nos devuelve cierta confianza en la Justicia!

Ya que ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo se atreven a cambiar la legislación hipotecaria, para frenar los abusos e inmoralidades de la banca, mientras descarga impúdicamente todo el riesgo de sus tasaciones infladas en el consumidor, está bien que sea al menos un juez quien le saque los colores a los banqueros y a los líderes políticos tan endeudados y protegidos por la banca.

Entre bueyes (banqueros y políticos) no hay «cornás«. ¡Bravo por ese juez que nos ha dado una pizaca de luz en este oscuro escándalo mayúsculo!

Tampoco los medios de información se han portado como debían con sus lectores cosumidores de préstamos hipotecarios.

La prensa ha sido bastante tacaña a la hora de informar sobre la situación escandalosa que se está produciendo en España desde que comenzó esta doble crisis económica e inmobiliaria.

Es cierto que la prensa vive especialamente de los ingresos por publicidad, y los anuncios de los bancos son bastante relevantes en la prensa de pago. Tan relevantes como las deudas que los partidos políticos acumulan con sus benéficos banqueros, que suelen perdonarles con el paso del tiempo, a la chita callando, cada equis años.

La noticia importantísima sobre la sentencia del juez de Navarra, a favor de que la entrega del piso salde la deuda hipotecaria, fue publicada primero por El Periódico de Catalunya. Inmediatemente fue reproducida y jaleada en Facebook y Twitter (como hacen estos días los demócratas de Túnez, Egipto, etc. con sus demandas de libertad y justicia).

En Madrid la recogieron El País y El Mundo, a media página. Y ayer  sábado -menos mal- pude leer en El País un amplio reportaje a doble página, que me reconcilia con ese diario, titulado:

Hipoteca legal, pero inmoral

Y este sumario:

El propietario asume todo el riesgo de pérdida de valor de su casa frente al banco.

Dos sentencias revolucionan el mapa al dar la razón al ciudadano.

La doble página incluye la información de Amaia Arrarás, que pego al margen, y un análisis de Iñigo de Barrón que no tiene desperdicio y que copio y pego a continuación:

La banca siempre gana

ÍÑIGO DE BARRÓN, en El País, 29/01/2011

Es frecuente que los jueces sean noticia por las resoluciones que van contra el sentido común. Este caso es el contrario. La Audiencia Provincial de Navarra ha dictado un auto en el que considera que devolver al banco el piso hipotecado es suficiente para saldar la deuda, incluso si la última tasación es inferior a lo que debía.

Para cualquier ciudadano este auto tiene toda la lógica y es el sistema utilizado en Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, la entidad, el BBVA en este caso, afirma que es contrario a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la doctrina del Tribunal Supremo.

Puede que tenga razón, pero entonces es un asunto que va contra la ley pero que no parece inmoral. De hecho, la Audiencia admite que el banco ha actuado legalmente pero su comportamiento ha sido «moralmente rechazable».

Los detalles del caso son importantes. Un ciudadano pide 71.225 euros para comprarse una casa que el banco tasa en 75.900 euros. Tres años después, ante el impago de las cuotas, se queda con la casa por 42.895 euros, es decir, 33.005 euros menos, un 43,5% de depreciación.

Como el cliente había pagado una parte, le reclama 28.129 euros y además (algo especialmente sangrante), 8.438 euros más de intereses y gastos. En total, 36.612 euros. Como ya había pagado cuotas por 4.876 euros, este vecino de Estella deberá pagar 41.488 al BBVA por un préstamo que pidió para una casa que ya no tiene.

Desde cualquier óptica parece una situación absurda y aberrante. Todas las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria las paga el cliente y el banco sale inmaculado gracias a que los ciudadanos responden con todos sus bienes, según la legislación española. Lo que dice la ley -que CIU ha intentado cambiar sin éxito- es que solo el cliente comete errores y paga por ello, pero la entidad (cualquiera que sea, porque la mayoría actúan igual) no tiene ninguna responsabilidad.

¿Alguien puede pensarlo? El oficio de banquero se caracteriza por la prudencia, el conocimiento del mercado y la valoración de los riesgos. Cobran por ello. ¿Se ha actuado correctamente? La negligencia y la codicia son algunas de las razones que explican esta crisis.

El Banco de España alertó de que se estaba calentando el ladrillo desde 2006, pero se quedó ahí. No penalizó los préstamos por el 100% de la tasación, ni los de promotores o hipotecas basura. No cabe duda de que el ciudadano, mayor de edad y responsable de sus actos, debía saber lo que hacía. Pero algo grave ha fallado en el sistema financiero cuando se ha alimentado una burbuja en la que los pisos subían un 100% mientras los sueldos se incrementaban un 25%. Incluso el suelo se revalorizó un 500% entre 1997 y 2007.

Como recuerda el auto, los clientes no tasaban los pisos ni eran responsables de que se les concedieran créditos por el 120% del valor tasado, con importes superiores al 35% de sus ingresos. La crisis no ha llegado solo porque los clientes pidieran cantidades astronómicas y compraran todo lo que salía al mercado, que también.

Desde 2007 ha habido unas 320.000 ejecuciones hipotecarias. Quizá con la llegada de la burbuja se deba replantear la ley, sin dar un golpe de timón que provoque inseguridad jurídica o hunda al sistema, porque todos saldríamos perdiendo. Con este caso queda el consuelo del dicho jurídico: «La ley dice lo que dice el juez que dice la ley». Esta vez la banca no ha ganado.»

Nada que objetar a este valiente artículo.

La polémica ya es pública y a los legisladores y gobernantes (da igual del partido que sean ya que tanto el PSOE como el PP han pasado por el aro bancario) se les debería caer la cara de vergüenza si no cambian ya la legislación vigente para que quien no asuma riesgo (ni pérdida) no pueda ni deba tener beneficio. Vaya cara dura la de nuestros banqueros y políticos.

Ahora que el Estado vuelve otra vez (en marzo) al rescate galante de ciertas cajas de Ahorro y bancos -que han hecho mal su trabajo-, también podría aumentar sus inyecciones de capital público a los bancos y cajas que tengan problemas porque asuman sus pérdidas lógicas por el menor valor de los pisos que embargan a sus clientes morosos.

Es una buena oportunidad para cambiar una legislación inmoral (según el propio juez) y tan alejada de la Justicia como del sentido común.

¿A qué esperan?

Franquismo y Gürtel: Aviso a navegantes

¿Quién se atreverá ahora con la corrupción del PP o con los crímenes impunes de la Dictadura? El Poder Judicial ha dado una puñalada trapera a la Democracia que va mucho más allá de la mera expulsión del juez Garzón de la Audiencia Nacional.

Sin respetar siquiera sus propios procedimientos y formas -que son la base del Derecho-, un puñado de jueces, enquistados en la derecha más rancia y/o en la venganza/envidia más ruín, ha dado un primer aviso descomunal a navegantes. Al fin, lo han conseguido.

¿Qué juez se atreverá, a partir de ahora, a hacer la segunda pregunta para investigar delitos que no sean del gusto de los corruptos o de los franquistas?

El daño producido a los principios de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, a los fundamentos de nuestra Democracia, es inconmesurable y traerá -¡ojalá me equivoque!- gravísimas consecuencias para nuestra convivencia democrática.

Una de las heridas más graves es la que los propios vocales del Poder Judicial se han hecho a sí mismos y al ya dudoso prestigio de la Justicia en España. Sus nombres quedarán grabados en la historia del tardo-franquismo para que sus hijos y nietos puedan recordar el golpe rastrero que propinaron ayer a la Justicia al dar este tenebroso aviso al resto de los jueces. Los jueces españoles se acobardarán. ¡Y con razón! Ya lo creo.

Mientras tanto, crecerán por todo el mundo los apoyos a Baltasar Garzón.

Garzón puede equivocarse, como todo hijo de vecino, o puede disentir -como han hecho otros jueces- del criterio sesgado de su perseguidor, el juez Varela . Por cierto, este tal Varela fue compañero de Garzón a las órdenes del biministro Belloch.

Cuando Garzón se separó de Varela, salió del ministerio y reabrió el caso de los crímenes del GAL se inició el claro conflicto de intereses que acabó ayer con Garzón en el exilio judicial. Esa coincidencia laboral y política ya era motivo más que suficiente para apartar aVarela del caso Garzón por conflicto clarísimo de interéses.

También creo que Garzón hizo mal entonces al reabrir el caso GAL que implicaba a antiguos compañeros suyos del Gobierno de Felipe González. Garzón tenía un conflitco de intereses en el caso GAL y Varela lo tiene en el caso Garzón.

Es una pena que los jueces españoles no sean más exquisitos ante sus conflictos de interés. Claro que siguen la pauta marcada por tantos líderes políticos poco escrupulosos con la pureza democratica de sus actos.

Puede haber opiniones distintas sobre la investigación de los crímenes del franquismo, pero de ahí a acusar a Garzón de prevaricación… va un abismo.

En todo caso, el debate de fondo sigue abierto sobre si la Ley de Amnistía -aprobada antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978– cubre o no cubre todos los crímenes de lesa humanidad y/o de genocidio cometidos por la Dictadura franquista una vez terminada la Guerra Civil.

Creo que uno de los mayores errores que hemos cometido ha sido meter en el mismo saco los crímenes de la Guerra Civil, cometidos por ambos bandos, y los crímenes de la Dictadura, cometidos por el bando vencedor, una vez terminado el conflicto bélico. A mi juicio, son dos cosas muy distintas. Y deben tener un tratamiento separado.

No se si algún juez chileno se ateverá ahora a investigar los crímenes de la Dictadura del general Franco como Baltasar Garzón se atrevió a hacer cn los crímenes de la Dictadura del general Pinochet.

Precisamente la foto de arriba, en la que aparece Garzón junto a mi maestro Juan Marichal, fue tomada durante la comida del Dia de Acción de Gracias que siguió a la detención de Pinochet por orden de Garzón. Marichal improvisó entonces unas palabras en favor de la labor de Garzón y de la Justicia universal que nos emocionaron a todos los presentes.

Hoy, entristecido por la noticia de su exilio judicial, no puedo olvidar aquel cariñoso homenaje que hicimos al juez Garzón. Ojalá tuvieramos en España (vanidad incluida) muchos jueces como él y menos como los tristemente célebres vocales que intregan el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Nunca mejor que hoy cuadra una errata, cometida un día ya lejano por el Boletín Oficial del Estado, que definía al CGPJ como «Conejo General del Joder Pudicial».

Con todos mis respetos. Faltaría más.

-e-

Yo apoyo a Garzón

No es la primera vez que apoyo, en público y en privado, al juez Garzón. Recientemente lo hice en este mismo blog con el título:

«Acoso a Garzón: ¿venganza política y/o corporativa?»

Y acompañaba el comentario con este magnífico dibujo de nuestro Eneko.

El 22 de octubre de 2008, publiqué en estee blog una anécdota personal sobre el juez Garzón y el dictador Pinochet. El brindis que el profesor Juan Marichal hizo en mi casa en presencia de Baltasar Garzón me emocionó. ¡Vaya! Me puso la carne de gallina.

¡Qué lástima no haber grabado aquella escena y aquellas sabias palabras de mi querido maestro!

Esto fue lo que pulbiqué entonces:

«He aquí una de las imagenes más recientes que guardo de Juan Marichal, en mi casa, con el juez Baltasar Garzón y conmigo, antes de partir de España con destino aMéxico, donde ahora vive rodeado de su familia.

Recuerdo, con esta foto, el brindis inolvidable que hizo el profesor Marichal , hace unos años, con motivo de la reciente detención entonces del dictador Pinochet, gracias a la decisión y el coraje que demostró el juez Garzón a la hora de defender los derechos humanos y de perseguir los crímenes contra la Humanidad.

Las sentidas palabras de Juan Marichal nos emocionaron a todos hasta ponernos los pelos de punta. Es uno de esos personajes que nos reconcilian con lo mejor de la condición humana.

Larga vida al profesor Marichal y ¡enhorabuena! por la condecoración recibida con tanto retraso.»

El 3 de septiembre de 2008, cuando Garzón se jugó el tipo, cumpliendo sus compromisos con la Justicia universal que persigue los crímenes contra la humanidad (que nos prescriben nunca) sin atender a las amnistías políticas oportunistas, publiqué aquí otro comentario titulado:

La rentreé de Garzón: ¡Olé tus webs!

Aunque los fascistas de Falange, los demás franquistas emboscados en el Tribunal Supremo (ahí sí que lo dejó Franco «todo atado y bien atado») y algunos colegas envidiosos o resentidos de cuando compartieron ministerio con el biministro Belloch) consigan echar a Garzón de su ya histórico Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, su esfuerzo descomunal por hacer avanzar la Justicia en España habrá valido la pena.

Gracias, Baltasar.

Y un fuerte abrazo.

¿Quien c…o es ese tal Varela?

No te rindas.

El País de ayer:

El País de anteayer:

Acoso a Garzón: ¿Venganza política y/o corporativa?

En los últimos días, he recibido varias llamadas de lectores y amigos preguntando donde podían apuntarse y firmar para manifestar su solidaridad con el juez Baltasar Garzón.

De pronto, he tenido sensaciones cruzadas, perturbadoras, nostálgicas y agriduldes. Como en los tiempos de la ominosa dictadura de Franco, volvemos a la recogida de firmas (¡ahora en libertad!) a favor o en contra de algo o de alguien. Me sucedió algo parecido a lo del 11 de marzo de 2004 (el 11-M) cuando, como en los tiempos de Franco, tuve que sintonizar, de pronto, la BBC para saber lo que estaba pasando en España. El gobierno democrático español nos engañaba, como en la Dictadura. Para arañar desesperadamente unos votos, el Gobierno Aznar atribuía persistente y falsamente a la ETA la matanza provocada por los terroristas islamistas en los trenes de Madrid. En el sexto aniversario de aquella tragedia descomunal no puedo evitar aún un sentimiendo doble de tristeza y decepción.

«Hay circunstancias – le dijo el sabio Unamuno al general fascista Millán Astrayen las que callarse es mentir». Considero el actual acoso politico/judicial contra el juez Garzón una de esas circunstancias. Por eso, también yo quiero apuntar mi nombre y estampar mi firma en esa lista de demócratas solidarios con el juez Garzón, indignados por el acoso (¿político y/o corporativo?) que está sufriendo en los últimos meses, especialmente desde que golpeó el avispero de corrupción del PP en el caso Gürtel.

¿Pretende el PP repetir, con el mismo triste éxito, el caso Naseiro?

Por si acaso, lo primero que voy a hacer es ampliar e imprimir esta viñeta de nuestro Eneko (publicada en 20 minutos el pasado 17 de febrero) y ponerle un marco para no olvidar el origen de los tropiezos y las desdichas de Garzón. Hace poco, leí la declaración de una persona principal, cuyo nombre no recuerdo, que confirmaba públicamente su solidaridad con Garzón «a pesar de Garzón». Me gustó.

El propio Javier Pradera dice en su artículo («Garzón ante sus jueces«), copiado y pegado más abajo, que «al mejor escribano se le escapa un borrón», versión castellana del célebre latinajo «aliquando bonus dormitat Homerus» («En ocasiones, hasta el gran Homero se duerme»).

¿Acaso es Garzón un juez perfecto?

De ninguna manera. No existe tal cosa en nuestra judicatura ni en profesión alguna. Cometió errores en el pasado (¿por venganza, afán justiciero, vanidad, desaforada independencia?) como el que le recordó ayer mismo Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial, recusada por Garzón, al anunciar que se abstendrá de votar en este caso. Robles añadió que Garzón debió abstenerse «y no lo hizo» en la instrucción del «caso Gal«. Y no le falta razón a la vocal de CGPJ.

Ya sea por el controvertido «caso GAL», por su heróica persecución del terrorismo de ETA o de Al Qaeda, por su lucha contra el narcotráfico, contra el tráfico ilegal de armas, contra los crímenes de lesa humanidad de los dictadores argentinos o del general Pinochet y por un largo etcétera de logros conseguidos por Garzón para la causa de la Justicia (con mayúscula), el acoso actual del Partido Popular y de determinados jueces de su área de influencia contra este juez tan relevante es desvergonzado y esperpéntico.

Existe la sospecha extendida de que toda esta persecución contra Garzón trata simplemente de tapar la corrupción del caso Gürtel y, también, de paso, enterrar las ansias de Justicia de las víctimas del franquismo, que aún tienen los restos de sus seres queridos esparcidos por las cunetas.

Con todos mis respetos, los jueces (sobretodo los del Supremo) no sólo deben ser imparciales sino también parecerlo.

Ya veremos.