Se nos ve el plumero Se nos ve el plumero

"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

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La prueba del algodón: ¡Que vuelva Garzón!

Antes de dimitir, Rajoy debería indultar al juez Garzón para que vuelva a llevar el caso Gurtel. Sería la prueba del algodón. Ya lleva 500 indultos en un año. ¿Por qué no uno más? ¿Alguien duda hoy de las razones que llevaron a ciertos jueces del Tribunal Supremo, que presidía Divar, el marbellí, a expulsar a Baltasar Garzón de la investigación de caso Gurtel? Otros jueces hicieron lo mismo que Garzón y sigen ejerciendo tan ricamente.

El juez Garzón habló en la SER

El juez Garzón habló en la SER

Hace unos días, el ex juez de la Audiencia Nacional que descubrió esta trama delictiva ligada al Partido Popular rompió su silencio y habló de los “papeles secretos de Bárcenas” .

Las palabras del juez Garzón fueron medidas de manera exquisita. Pero su mensaje fue muy claro: dijo que había indicios suficientes para que los papeles de Bárcenas los investigara un juez (capacitado para ordenar registros, pulseras, retirada del pasaporte y otras acciones) en lugar de que lo haga, como ocurre ahora, un fiscal.

El Gobierno de Mariano Rajoy acaba de indultar (nadie sabe por qué) “a un conductor kamikaze que mató a un hombre en su demencial carrera”, según Javier Marías, quien se escandaliza -y con razón- de los 17.059 indultos de la Democracia.

Nuestros gobiernos democráticos han repartido sus indultos con manga ancha y sin necesidad de justificiación alguna: 410 Suárez, 878 Calvo Sotelo, 5.944 Felipe González, 5.948 Aznar, 3.378 Zapatero y 501 Rajoy. En total: 17.059 indultos. Ya me dirán si no está más justificado hoy el indulto urgente al juez Garzón -con la falta que nos hace- que al kamikaze homicida.

Sobre Baltasar Garzón, me han llamado la atención estos titulares de la columna dominical del Luis María Anson:

El Mundo, 3 de febrero de 2013, pag. 21:

 

Bárcenas: la sombra de Garzón es alargada

El Mundo, 10 de febrero de 2013:

En el entorno de Garzón se especula con los recibís

Podemos decir muchas cosas de Anson, pero, debido a su acreditada especialización, no podemos decir que esté mal informado en asuntos conspiratorios.

En Estados Unidos, por lo que vemos en las series de la tele y por mi experiencia como corresponsal allí, no es de extrañar que el acusado pueda llegar a acuerdos con el fiscal y el juez instructor, declarándose culpable y aportando pruebas incriminatorias contra terceros, a cambio de ver aliviada su condena. En España no es así. Por eso, me llama la atención este párrafo de Anson dirigido a Rajoy:

“Querido presidente: ¿Le entregó el sinuoso Bárcenas a Baltasar Garzón la documentación que El País ha hecho pública? ¿Quiso el tesorero felón ganarse el favor del juez entonces estrella, hoy estrellado? ¿Dejó en manos de Garzón además de lo ya publicado los recibís que pondrían en marcha la caravana de dimisiones?”

Garzón negó en la SER haber tenido acceso a estos papeles de Bárcenas cuando él instruía el caso Gurtel. Dijo que, de haber sido así, por los “indicios evidentes” de delito que se aprecian, los habría incorporado a la causa y habría obrado en consecuencia. “Dicen incluso que yo estoy detrás”, afirmó Garzón. “Ojalá hubiera tenido la posibilidad de denunciar los hechos en su momento”.

Ahora que el PP ha aprendido a rectificar, a Rajoy se le presenta otra oportunidad de oro -la prueba del algodón- para convencernos de que no tiene nada que ver con los presuntos “sobrecogedores”: Indultar al juez Garzón y dejarle seguir investigando el caso Gurtel. Así de fácil. Nos taparía la boca a todos los que sospechamos, no sin razón, de que aquí hay sobre encerrado.

Mientras tanto, recomiendo la lectura, siempre provechosa, de un articulo muy clarito (estremecedor pero edificante) del magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, publicado anteayer en El Pais (Pag. 29). Copio y pego:

 

El color del dinero

Lo peor de la amnistía fiscal es la catadura moral de los beneficiarios

Al ciudadano español Luis Bárcenas le han descubierto una cuenta en un banco suizo por la que se han movido a sus anchas 22 millones de euros. El dato no sería noticia si el mencionado ciudadano no hubiese desempeñado durante 20 años los cargos de gerente y de tesorero del Partido Popular. La buena nueva ha desencadenado el correspondiente escándalo, como si, a estas alturas, alguien pudiera extrañarse de cuales son las fórmulas y artificios utilizados para la financiación de algunos partidos políticos.

La Constitución proclama que los partidos políticos son instrumentos fundamentales para la participación democrática, por lo que están justificadas determinadas subvenciones con fondos públicos. Los responsables de su funcionamiento nunca quisieron encontrar una fórmula aceptable para sufragar sus gastos. Regularon la financiación desde el año 1987 pero siempre dejaron abiertos dos agujeros negros por los que se introducía el virus de la corrupción: las donaciones anónimas y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Las primeras se corrigieron en el año 2007, después de muchas reticencias por parte del Partido Popular. El Tribunal de Cuentas continúa con la misma agilidad que en los tiempos del Conde Duque de Olivares.

La financiación de los partidos políticos se consigue, como es lógico, a través de las aportaciones de sus afiliados, cantidad que no alcanza cifras significativas, por lo que ha tenido que ser complementada con subvenciones públicas. Cuando los ingresos se consideraban insuficientes para el funcionamiento de las sedes de los partidos y para hacer frente a las campañas electorales, algunos decidieron acudir a la picaresca, incluso a conductas delictivas para ingresar un dinero extra. Quizá pensaron que la cuota de poder que le asignaban los ciudadanos les permitía toda clase de irregularidades.

Una vez instalados en los centros decisorios de los Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas o en el aparato del Estado decidieron utilizarlos para aumentar las asignaciones. Las concesiones de obras y servicios y las licencias urbanísticas se convirtieron en una fuente inagotable de recursos ilícitos.

Los reguladores de la financiación de partidos dejaron dos agujeros negros: las donaciones y el Tribunal de Cuentas 

El tesorero de un partido político contabiliza las cantidades que entran en la caja. Si las sumas son ilícitas, negras o delictivas hay que buscarles algún refugio seguro para que no se descubra su verdadero origen. No se necesita demasiada inteligencia financiera para envolverlas bajo donaciones anónimas. Cuando se les puso un tope, el dinero ilícito comenzó a desbordar los cauces previstos y era necesario buscar otras guaridas. Suiza, especialista en ensombrecer el color del dinero, era el lugar indicado. Desde el 17 de enero del presente año los helvéticos han levantado el secreto bancario en los casos de investigaciones judiciales.

Según denuncias no desmentidas, algunos dirigentes decidieron adjudicarse remuneraciones generosas por los servicios prestados al partido. Situados ante este espejo, los señalados tienen la ineludible obligación de comparecer voluntariamente ante la opinión pública y negar tajantemente los hechos. No pueden refugiarse en evasivas y agravios. En una democracia la responsabilidad ética y política del dirigente ante los ciudadanos les obliga a responder sin ambages a las imputaciones.

El color del dinero es variopinto. Lo que importa es su procedencia. Las cantidades procedentes del pago de comisiones por concesiones de obras o servicios son beneficios generados por cohechos delictivos. Estas cantidades se consignaban como donaciones anónimas lo cual a su vez constituye un delito de falsedad contable. Esta prestidigitación contable transformaba el dinero ilícito en un en asiento aparentemente lícito.

El principal artífice de todo este entramado era incuestionablemente el tesorero Luis Bárcenas, porque sin él todas estas maniobras no se habrían materializado. Tampoco sin la cooperación o el asentimiento y, ¿por qué no?, la inducción de los dirigentes del partido político, si esto se puede llegar a demostrar. Por ello el dinero de la cuenta suiza no es un dinero opaco que se sustrae al fisco sino un dinero procedente de actividades ilícitas que al ser retornado a España a través de la amnistía fiscal se convierte no en dinero lícito, sino en una maniobra delictiva de blanqueo de capitales.

La amnistía fiscal rompe todos los principios admisibles en el campo del derecho penal para despenalizar conductas delictivas. Solo puede hacerse por vía de ley orgánica y nunca por real decreto-ley. Pero lo más grave no es el vicio legal sino la catadura moral de las personas a las que se aplica. Se trata de ciudadanos que han ocultado o evadido sus capitales sustrayéndolos al sostenimiento de los servicios públicos esenciales en tiempos de gravísimas carencias sociales. El Estado no puede tolerar ni excusar la insolidaridad y discriminar a otros delincuentes.

Nuestro país tiene muchas carencias, culturales, sociales, éticas y democráticas. Demasiados ciudadanos se han hecho partícipes y alentadores de estas conductas votando de forma abrumadora a personas implicadas en tramas de corrupción. Las multitudes padecen el síndrome de Barrabás, prefieren a los golfos en lugar de a los justos. Me resisto a caer en el desaliento y la melancolía. Estoy convencido de que la mayor parte de la sociedad española está indignada y desmoralizada. Es vital para la democracia recuperar la fuerza política de la moral pública en estos momentos difíciles.

José Antonio Martín Pallín es abogado, magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra)

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¿Por qué llamamos “izquierda abertzale” al “totalitarismo patriótico”?

(Todo esto que viene a continuación se lo pueden saltar, pero no se pierdan el artículo de Martín Pallín sobre ETA y el PNV , que he pegado al final). Tras leerlo, se me han quitado las ganas de seguir llamando “izquierda abertzale” (“abertzale” significa “patriota” y/o “nacionalista” en euskera o vascuence) a los violentos que pertenecen al “totalitarismo patriótico” o “autoritarismo nacionalista” o simplemente “fascismo patriótico vasco“. Empecemos por llamar a las cosas por su nombre. Es muy importante el nombre de la cosa. Ya lo decía Borges en El golem:

“!Si (como afirma el griego en el Cratilo)

el nombre es arquetipo de la cosa

en las letras de ‘rosa’ está la rosa

y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo'”

Cuando vi este chiste de Ricardo (Rajoy echando a escobazos a los “aznarillos” infiltrados en la dirección del PP) no podía dar crédito a mis ojos.

Efectivamente, me restregué los ojos y comprobé que el nuevo Rajoy heroico barría la basura aznarista del PP y se librada así de la influencia maligna del Pinocho del 11-M (¡atención!) nada menos que en la página 3 del diario El Mundo.

Aquí está pasando algo y no me estoy enterando muy bien de por dónde van ahora los tiros de Pedro Jota.

El chiste de Ricardo del jueves pasado no es todo. Hoy mismo, la portada de El Mundo le echa un capote a Zapatero de padre y muy señor mío.

La crónica de Bruselas ha merecido los honores de mandar a cuatro columnas en primera y en un tono tan positivo que, por un momento, pensé que estaba leyendo Público o El País.

Delicioso artículo de mi admirado Millás:

Dudas

JUAN JOSÉ MILLÁS

en El País 14/03/2008

Soy uno de los pocos españoles incapaces de dar un consejo a Zapatero para que administre bien su victoria o a Rajoy para que gestione con sabiduría su derrota. Y no es que me falten opiniones, pero todas son ajenas.

Tengo tantas opiniones ajenas (oigo mucho la radio) que apenas me queda hueco para las propias. Por otra parte, me importa un bledo, la verdad, cómo se lo monten Zapatero o Rajoy, ellos sabrán. Lo que en estos momentos históricos me preocupa es averiguar si Dios es un extremista o un moderado, asunto que no debe de inquietar a la población, pues ni los tertulianos ni los editorialistas se ocupan de él.

Me refiero, claro, al Dios de Rouco, de Acebes, de Ana Botella, de Rajoy, de Mayor Oreja; ese Dios cuyos representantes se manifestaron con pancartas y banderas varias veces durante la pasada legislatura; el mismo que está en contra del preservativo, del aborto, de la Educación para la Ciudadanía, de la investigación con células madres, del divorcio… ¿Ese Dios es moderado o radical? Tal es lo que me preguntaba mientras el piadoso Acebes aseguraba por la tele que el PP se había llevado los votos del centro, mientras que en el PSOE habían recalado los de los extremistas, es decir, los de quienes no están de acuerdo con meter en la cárcel a los niños de 12 años; los de quienes no practican el odio al extranjero; los de quienes están a favor de extender a los homosexuales los mismos derechos de los que goza el resto de la población… Quizá parezca ingenuo preguntarse si el Dios de Mayor Oreja es extremista o moderado, pero si va a tener sobre la presente legislatura la misma influencia que sobre la pasada, deberíamos poseer más datos acerca de ese Dios. ¿Cómo saber, en caso contrario, si cuando Rouco asegura que va a rezar por Zapatero debemos interpretarlo como una cortesía o como una amenaza?

FIN

Ahí va el excelente artículo del magistrado Martín Pallín (del que les hablé al principio), bastante oportuno tras la victoria electoral de Zapatero y la derrota de Ibarretxe. Yo lo he leído dos veces antes de copiarlo y pegarlo.

Alguien está volando sobre un nido de víboras

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN

en El País 15/03/2008

Una parte representativa de la sociedad vasca está volando sobre un nido de víboras sin entrar en la guarida y sin tomar conciencia del peligro que representa. En la película que me ha inspirado el título de estas líneas (Alguien voló sobre el nido del cuco, Milos Forman, 1975), el protagonista, Jack Nicholson, se hace pasar por loco para conseguir su internamiento en un psiquiátrico y desmontar el poder autoritario y despótico de la enfermera jefe.

Euskadi tiene más autogobierno que algunos Estados de sistemas federales

El llamado “conflicto vasco” viene de lejos. Se mantiene después de una primera dictadura, una república y una larga y sangrienta dictadura que asoló a todos los vencidos, sin distinción. Pero la Constitución de 1978 ha servido para que Euskadi asuma una capacidad de autogobierno de la que carecen algunos Estados de sistemas federales. Y sin embargo, ha pasado el tiempo y el balance de la colaboración del nacionalismo vasco, en el que es necesario incluir a los que se agrupan bajo ese magma indescifrable del abertzalismo de izquierdas, nunca ha sido generoso -yo diría más bien ingrato- con aquellos españoles que, en medio de dificultades que ellos no están pasando, tenemos que convivir con los herederos, cada vez más crecidos y numerosos, de una de las dos Españas.

En la sociedad vasca se ha creado una segregación violenta de sus habitantes

Esos herederos de una de las dos Españas consideran cualquier signo de racionalidad como una debilidad inaceptable, traidora, cobarde e impropia de la España imperial. En el mismo plano, los fundamentalistas vascos realizan un análisis parecido al de los ultranacionalistas españoles. La violencia siempre necesita una justificación para sublimarla y convertirla en un acto heroico. Para disparar en la nuca a una persona es necesario que el asesino llene antes sus vísceras de un odio irracional alimentado por la existencia de un supuesto enemigo exterior, que sólo persigue el exterminio de los auténticos e indomables vascos.

Si los sueños de la razón engendran monstruos, los delirios de la sinrazón han alimentado a una camada de víboras. Que conste que no se trata de un exabrupto descalificante, sino de una autodefinición de los que tienen por anagrama el hacha y la serpiente.

Empieza a visualizarse lo que temíamos. La sociedad vasca, se ha escindido en dos comunidades, no necesariamente separadas irreconciliablemente por opciones políticas, sino por una realidad más cruda y descarnada: los que pueden deambular, hablar y manifestarse sin temor a ser asesinados y los que por el simple hecho de existir, aunque no hablen porque no pueden o no quieren, son objetivos reales de los criminales que escenifican su presencia política con la plástica sangrienta del tiro en la nuca o, lo que quizá sea mas per-sistente e insoportable, con el apartheid cotidiano de los que aspiran a otra Euskadi más tolerante e integradora.

Hay demasiadas noches de los cristales rotos en la vida cotidiana de la sociedad vasca. Se ha creado una segregación violenta de sus habitantes, independientemente de cualquier opción vital. El grupo que utiliza la pistola y la bomba como medio de acción política, ha introducido un factor de perversión y una masa de células malignas en el cuerpo social.

Bertolt Brecht está presente en la vida de Euskadi, con una intensidad y asimilación de la época nazi que tiene que estremecer o, por lo menos hacer reflexionar, a los responsables políticos y sociales del País Vasco.

Algún ciudadano vasco puede repetir con el dramaturgo alemán: “Cuando comenzaron a asesinar sería porque sus víctimas algo habían hecho: no era mi caso. Mataron también a policías y militares: pero yo no era ninguno de ellos. También dispararon a la nuca de algunos que decían que eran narcotraficantes. Yo no lo era. Después pusieron sus objetivos en la nuca de personas que optaron libremente por una opción política contraria a sus exclusivas ideas: yo me mantenía en un exquisito apoliticismo. Finalmente, vinieron por los apolíticos, pero ya era tarde”.

Todo esto está sucediendo, no es una pesadilla y no se puede tratar como una anormalidad con la que se pueda convivir sin la autodestrucción de la convivencia y de la dignidad social.

Hay que ser justos y reconocer que el Partido Nacionalista Vasco tiene serios motivos para mostrarse agraviado por determinados comportamientos de los poderes centrales hacia su política, sus dirigentes y la máxima representación institucional de la comunidad autónoma. Los políticos de Madrid han cometido algunos errores, pero, sobre todo, los voceros de la España sin horizonte no facilitan la tarea de desmontar en ciertos sectores de la sociedad vasca la idea de una democracia agresora y poco atractiva.

La Ley de Partidos Políticos no pasará a la historia de nuestra democracia como una medida acertada. En el campo del Derecho Penal existe un amplio catálogo de respuestas a hechos directamente criminales o indirectamente impulsores de los mismos. No era necesario dejar fuera del juego político de manera aleatoria a unos cientos de miles de ciudadanos que, mal que nos pese, se han creído la tesis, tan querida por todos los autoritarios, del enemigo exterior.

El Partido Nacionalista Vasco, que se siente legítimamente agraviado por ciertos comportamientos del poder judicial, no puede seguir sobrevolando sobre este nido de víboras, como si se tratase de un fenómeno biológico o una simple barbaridad. Es algo más, es el germen de la destrucción de una sociedad que se suicida contemplando cómo la serpiente forma parte de su propio cuerpo social y el hacha, en la prehistoria símbolo del progreso, se utiliza para segar las vidas de los disidentes.

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo.

Irak: Greenspan “acusa”, Greenspan “afirma”

Con un poco de retraso, el prestigioso (y cobardica) Alan Greenspan, ex gobernador de la Reserva Federal de los EEUU, “el amo del dólar”, se ha soltado el pelo para decir en sus memorias una obviedad que casi todo el mundo con uso de razón daba por sabido desde el primer día: que Bush hizo la guerra de Irak por el petróleo.

Bush padre la hizo principalmente por el petróleo y Bush hijo la volvió a hacer por el petróleo y por otras muchas espurias razones que la historia juzgará (sólo si pierde).

Lo que me sorprende es que el gran Greenspan no haya dicho lo del petróleo cuando tenía el poder sobre el banco emisor norteamericano y era respetado por medio mundo como un hombre creíble que no tenía pelos en la lengua.

En mi pueblo dicen: “A la vejez, viruelas”

Un cagao. Eso es lo que es este Greenspan.

Si lo hubiera dicho desde el primer día, a lo mejor se hubieran evitado muchos miles de muertos innecesarios en Irak y hubiera impedido o reducido la creacción, por el más infame de los presidentes norteamericanos, del mayor vivero de terrorismo del mundo islámico.

¡Qué lastima!

“Prohibido colgar anuncios”.
Rajoy… ¡pillín!

Me ha llamado la atención leer esta mañana -durante mi ración diaria del blog “Saco sin fondo– un comentario de Fétido en el que nos recuerda el lema muy oportuno que han pintado en un muro que hay cerca de su casa:

“Prohibido colgar anuncios”

Menos mal.

Ayer oí lo que dijo el Nuncio por la radio. Y me quedé de piedra. La verdad es que el representante en España del jefe de los católicos no ha lucido dotes para la diplomacia, especialidad en la que su empresa lleva triunfando más de 2.000 años.

Si esa es la diplomacia vaticana, en asuntos tan escandalosos como la protección perversa que la jerarquía esclesiástica da a los curas pederastas y delincuentes violadores, es una señal, desde luego bastante clara, de que su “espiritu santo” anda pluriempleado por otros pagos y ha abandonado a su iglesia. A los curas delincuentes les han dado una protección de vómito (demoníaca, diría yo, si creyera en sus demonios).

La Iglesia emplea el cepillo de sus fieles para pagar a sus víctimas, con el fin de ocultar los delitos, evitar la transparencia, el examen de conciencia, el propósito de enmienda, etc., y, por supuesto, el juicio público y la pena de cárcel que, según la Ley, correspondería a los verdugos de tantos niños abusados.

Cuando oigo a un desvergonzado como este nuncio del Papa diciendo barbaridades tan graves, se me cae la cara de vergüenza con sólo pensar que fui católico hasta la adolescencia (cuando la razón ganó la batalla a la fe).

Supongo que, si no se disculpa immediatamente por su presunto lapsus, el Papa expulsará a este miserable monseñor Monteiro de la carrera diplomática eclesiástica. Si le mantiene en este puesto, sin castigo alguno por sus vergonzosas -y creo que delictivas- palabras, sobre los abusos sexuales y las violaciones a menores por parte de los curas pederastas (que él califica de “accidentes”), ya sabemos hasta dónde llega la complicidad farisaica de estos “sepulcros blanqueados”.

El Mundo, que nunca consideró noticia de portada el pago de 500 millones de dólares a las más de 500 víctimas de abusos sexuales (sólo en la archidiócesis de Los Angeles), publica hoy este benévolo resumen de la intervención del nuncio del Papa en favor de los curas delincuentes y -¡como no!- en contra de la prensa que “se ensaña con la Iglesia“.

Me ha extrañado que El País, que ha dado dos días en portada este escabroso asunto de sotanas y violencia sexual, no haya recogido ni una sola palabra de las pronunciadas ayer por el nuncio del Papa.

¿Se habrá asustado El País tras oir las quejas y denuncias del Nuncio?

Prefiero no escribir más de este asunto, por ahora, porque me llevan los demonios

En base al “Caso Bono/Caso Hidalgo”, El País publica hoy este artículo del magistrado J. A. Martín Pallín, altamente recomendable para lectores del blog interesados por lo que el autor llama la “malversación” del papel de la prensa.

Este artículo del magistrado Martín Pallín complementa bien al que publicó hace unos días Javier Pradera, también en El País:

Un intento ¿inútil? de hacer pedagogía judicial

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN

19/07/2007

El llamado caso Bono contiene los ingredientes necesarios para buscar una receta que pueda servir de pauta a la información sobre tribunales.

Una sentencia es la respuesta que un órgano judicial da a un conflicto que, por una u otra causa, ha llegado a su conocimiento. Previamente se lleva a cabo una tarea de investigación de los hechos que están en el origen del litigio. La tarea es más o menos compleja según la multiplicidad de casos que suceden en la vida real. Cuando el conflicto merece la atención del derecho penal, nada se puede hacer sin depurar las versiones, normalmente confrontadas, entre la persona que denuncia e imputa y la postura, rotunda o parcialmente contradictoria, de quien se ve acusado y sometido a un proceso de investigación.

Si el caso judicial por sus protagonistas atrae el interés público, la función de juzgar se coloca en el foco de atención de los medios de comunicación. En nuestro mundo informativo se toman posiciones apriorísticas, es decir, previas al debate, dando por sentado que los hechos son tal como cada uno, desde su visión y óptica política, los declara, sin admitir la versión contradictoria y lo que es más grave, sin respetar la actuación de los jueces únicos a los que corresponde llevar las riendas del litigio.

Se hacen juicios paralelos con una ligereza y persistencia que resultaría llamativa y escandalosa en otras latitudes y culturas democráticas y judiciales. Aquí se pretende marcar los caminos al juez importunándole e incluso amenazándole, velada o directamente, si no recorre el camino que previamente le han trazado o no dicta una sentencia que se acomode a las pretensiones de los informantes u opinantes.

A nadie le importa, salvo si alguna vez les llega el turno de sentarse en el banquillo de los acusados, que el juez realice su trabajo con serenidad de ánimo, pausa, racionalidad y sentido de búsqueda de la verdad material, es decir, la única que se puede alcanzar en un proceso penal.

Los jueces ven la realidad como en un espejo reflejada en las versiones de los acusados y testigos, opiniones de los peritos y demás pruebas complementarias. Los reportajes gráficos son de gran utilidad, pero en ningún caso, puede suplantar la evaluación judicial sobre su mayor o menor exactitud, realidad o credibilidad. La valoración de las pruebas corresponde a los jueces, sometidos constitucionalmente a criterios de racionalidad y explicación lógica y fundada de los motivos por los que estiman unas pruebas más consistentes que otras y por qué desvalorizan argumentos y testimonios contrarios.

En esto es, precisamente, en lo que se plasma la tarea de juzgar que nos encomienda la Constitución. Nadie, sin bordear la agresión al derecho del acusado a un juicio justo, puede apropiarse de la pretensión de juzgar de forma paralela y de rebelarse, sin esgrimir causas ni motivos, contra la decisión del juzgador.

Volvamos al caso Bono. El tribunal competente celebró un juicio oral seguido con expectación por los medios. Una vez que terminó el juicio, realizó la valoración de las pruebas disponibles. Los hechos, más o menos sintéticamente recogidos en la sentencia, reflejan un incidente en el curso de una manifestación en la que el ministro de Defensa fue abucheado, sin que sufriera agresión física, aunque a continuación reconoce la existencia de un zarandeo. Un inspector de policía presente en la manifestación redactó una nota informativa en la que negó la agresión física pero admitió que fue imposible evitar los zarandeos. A partir de este momento, se dedican 14 folios a relatar lo sucedido durante la confección del atestado que se envía a la autoridad judicial.

La siguiente tarea consiste en analizar si esos hechos constituyen los delitos que las partes acusadoras le han indicado. En este caso, detención ilegal y falsedad en el atestado de la policía.

Dictada la sentencia, los condenados acuden a un tribunal superior pidiéndole que la anule o la modifique. Cuando se llega a esta fase, el recurrente puede estar en desacuerdo con los hechos que se le imputan o simplemente rechazar su carácter delictivo. En el primer caso tratará de poner de relieve que las pruebas son nulas, son insuficientes o se han manejado erróneamente. Pretende que se corrija el hecho de que se le imputa y se sustituya por otra versión más favorable a sus intereses o que se declare su absolución por falta de pruebas.

En el caso que nos ocupa, los incidentes notorios de la manifestación, y las consecuencias o derivaciones posteriores -detención y traslado a la comisaría de policía de los sospechosos-, no fueron cuestionados.

Hasta tal punto existía conformidad sobre los hechos, que el Tribunal Supremo al conocer del recurso los ha mantenido intactos y sin tocar una sola coma.

La cuestión, por tanto, se redujo a dilucidar si esos hechos eran constitutivos de los delitos que había declarado la Audiencia Provincial o, por el contrario, por su propio contenido y por la forma en que se relatan, los acontecimientos carecían de toda relevancia penal.

El debate adquiere así unos perfiles exclusivamente jurídicos. Los que trabajan en los medios de comunicación deberían extremar su cautela a la hora de enfocar la decisión del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no ha legitimado la detención ilegal como editorializó el diario El Mundo. Espero que conocido el contenido de la sentencia, explique a sus lectores los motivos de su gruesa descalificación.

La cuestión es más simple, el Tribunal Supremo ha dicho que los hechos que declaró probados la Audiencia Provincial no constituyen delito alguno.

Es muy complejo concentrar en un titular e incluso en una más amplia información, los entresijos de una sentencia. Ahora bien, el análisis se desvirtúa y se ilegitima la crítica cuando se relata solamente el resultado de la decisión y se desprecian los argumentos que en este caso ignoraban, pues no se había publicado. Los ciudadanos tienen derecho a conocer, aunque sea sintéticamente, cuáles han sido las razones que han llevado a la adopción de una determinada decisión.

Una sentencia puede gustar o no gustar, pero vale lo que valen sus razonamientos. Si se ocultan a la información, cuando se hacen públicos, se hace un mal servicio a los lectores y se malversa el papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática, que no es otro que transmitir información veraz, añadiéndole, ¿por qué no?, unas dosis de pedagogía ciudadana.

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo.

¿”Zapatero amenaza” o “Gobierno y PP se amenazan”?

Forges nos recuerda que es el Día/Siglo de la Mujer. Pues FELICIDADES a todas las mujeres que sobreviven en este mundo ordeñado por los hombres.

¡Vaya! Una errata involuntaria me ha hecho decir “ordeñado” donde yo quería decir “ordenado“. Pues que mande el azar en esta frase. Dejaré “ordeñado” como definitivo, sin corregir, porque, además, se acerca más a la realidad.

Les sugiero un ejercicio como homenaje/desagravio a la mujer. Cuando oigan un chiste o un comentario racista contra un negro, un moro, un homosexual, un gitano, etc., etc, de esos que nos rechinan, nos perturban o nos cabrean, sustituyan entonces al protagonista objeto del chiste o comentario, atacado por los racistas, por una mujer. Verán un resultado muy esclarecedor del maltrato al que, incluso sin querer, sometemos permanentemente a las mujeres.

Puede resultar edificante si, a la vez, pensamos en nuestras madres, esposas o hijas.

Todos los hombres llevamos un pequeño o un gran machista (y/o racista) dentro. Y, por nuestro propio bien, estoy convencido de que nos conviene reducir y someter a esa bestia interior lo antes posible. Por puro egoismo. Estoy seguro de que seríamos más felices.

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Y ahora pasen y vean el arte y la gracia que tienen nuestros colegas de pago para titular un mismo acontecimiento. Ambos, eso sí, a cuatro columnas:

El Mundo:

Zapatero amenaza con revelar “cosas que no se conocen” sobre ETA y el PP

El País:

Gobierno y PP se amenazan con destapar sus trapos sucios sobre ETA

Ambos diarios recurren al mismo verbo: “Amenazar”. Pero difieren en el sujeto. Por eso un verbo va en singular y otro en plural.

Cuando leo al magistrado Martín Pallín nunca me voy de vacío. Por eso lo recomiendo en un tema tan principal.

Los jueces de la Constitución

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN en El País

07/03/2007

Los magistrados del Tribunal Constitucional no forman parte del Poder Judicial. La Constitución les otorga un especial estatuto personal que deberá concretarse por su propia Ley Orgánica.El legislador equipara las causas de recusación a las de los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria. No obstante, el Tribunal Constitucional admite que trasladar estas causas a los diversos procesos constitucionales, sobre todo a los recursos de inconstitucionalidad, ofrece dificultades.

La decisión del Tribunal Constitucional recusando al magistrado Pérez Tremps afirma, y lo compartimos, que un tribunal independiente constituye una garantía procesal que condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional. También compartimos la apreciación de que el juez debe ser ajeno al litigio, y que no puede mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar “una previa toma de posición anímica a su favor o en contra”.

No sé si los redactores de este párrafo son conscientes de que su aplicación a la inconstitucionalidad de las leyes desestabiliza el Tribunal Constitucional. Ningún juez carece de posiciones anímicas en cualquier litigio que llegue a sus manos. Es inevitable que hayan estudiado y escrito sobre el texto constitucional. La partida de ajedrez ha comenzado. Una parte se ha comido un peón; la otra puede contraatacar. El último, que apague la luz.

La posición del Tribunal Constitucional es incorrecta. Confunde un litigio entre partes, cada una de ellas ejerciendo sus intereses individuales, con el análisis de una ley que nadie puede apropiarse.

El recurso de inconstitucionalidad no confronta intereses subjetivos de los que puedan ser titulares personas o instituciones políticas. El Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución decidiendo la constitucionalidad de las leyes.

A la vista de su propia doctrina, resulta sorprendente la recusación del magistrado Pérez Tremps para decidir sobre los artículos del Estatuto de Catalunya. La anomalía resulta tan sustancial que no se comprende la decisión adoptada.

Es peligroso moverse, en un terreno tan acotado como el del recurso de inconstitucionalidad, esgrimiendo el juego de las apariencias. Sus efectos pueden dispararse en todas direcciones y deslegitimar de raíz a una institución fundamental para el funcionamiento del Estado democrático de derecho.

¿Se halla objetiva y legítimamente justificada la sospecha sobre la imparcialidad de un magistrado que ha emitido un dictamen sobre una ley? Si se tratase de un conflicto entre partes con intereses absolutamente confrontados y con la pretensión de obtener una declaración favorable a sus particulares peticiones, podríamos debatirlo. Ahora bien, cuando lo que se somete a examen es un Estatuto, ¿pueden decir los recusantes que defienden intereses propios y exclusivos?

¿Se puede sostener que escribir sobre aspectos jurídicos de relevancia constitucional inhabilita para cualquier decisión sobre la constitucionalidad de una ley? Por esta vía se puede inhabilitar a aquel que ha tenido inquietudes doctrinales y considerar impoluto al que se ha mantenido ágrafo, es decir, no ha escrito nada en su vida.

La disquisición que realiza el Tribunal Constitucional sobre la naturaleza del escrito, dictamen o trabajo científico que realizó el magistrado recusado, por encargo de la Generalitat de Catalunya, es absolutamente artificial. Una vez más, cuidado con el trasfondo de las resoluciones, pueden ser mortales para la democracia.

¿Es prudente que el presidente del Gobierno, también legitimado para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, recuse a magistrados constitucionales? ¿Podría el Abogado del Estado recusar a alguno de los magistrados que hayan escrito sobre los temas que contiene el Estatuto? ¿Puede recusar el Defensor del Pueblo por las mismas razones?

Los partidos políticos son un instrumento para canalizar la participación de los ciudadanos en la vida pública, pero sólo a través de la voluntad popular asumen el papel de representar a la soberanía nacional.

Los partidos políticos no están legitimados, en principio, para plantear el debate sobre la constitucionalidad de las leyes. La ley atribuye esta facultad a cincuenta diputados o senadores que pueden pertenecer a diversos partidos políticos. Como partidos políticos o como comisionados parlamentarios, no tienen ningún interés o derecho subjetivo que les permita pleitear contra los que han votado una ley. La confrontación entre partes está fuera de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes.

Los que han abierto los cauces para examinar la constitucionalidad de una ley pueden retirar el recurso. Las razones, en todo caso, serán ajenas a cualquier pretensión de ostentar un derecho que no tienen. Muchas veces la retirada obedece al cambio de estrategia política; por ejemplo, establecer alianzas con los nacionalistas que defiendan el Estatuto de Catalunya o cualquier otro.

Se ha abierto la Caja de Pandora por los que más tacto y prudencia deberían tomar en sus resoluciones. Las recusaciones no caben cuando se examinan los textos constitucionales, patrimonio de todos los ciudadanos. Sólo a los jueces les corresponde dictaminar si las normas denunciadas son o no ajustadas a la Constitución en aspectos concretos o en su totalidad. El Tribunal ha dicho multitud de veces que casi todo cabe en el texto de la Carta Magna si se hace una lectura constitucional.

En consecuencia, ningún magistrado puede ser expulsado de la deliberación por haber hecho una previa lectura científica y doctrinal de la Constitución. La recusación es una maniobra enmascarada para obtener un Tribunal a la carta.

Creo, sinceramente, que todavía se está a tiempo de aplicar la regla de oro del constitucionalismo, manejada por el Tribunal Supremo norteamericano. Volver sobre la cuestión meditándola de nuevo (overruling). Se puede realizar sin necesidad de que transcurra el tiempo para resolver el recurso de súplica. Es una buena ocasión para ordenar el debate constitucional y no llevar al Tribunal hacia un despeñadero. Todos, absolutamente todos los jueces que lo componen están plenamente legitimados para decidir, en un debate democrático, pausado y profundo, si el Estatuto de Catalunya, en todo o en parte, es constitucional o no. Lo contrario es entrar en una escalada que paralizará y anulará cualquier posibilidad del Tribunal para actuar como guardián de la constitucionalidad de las leyes.

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo.

Por cierto: vaya bronca barriobajera que han montado sus desvergonzadas señorías en el Senado. ¡Qué maleducados son los señoritos!

Veremos el sesgo de cada portada al informar mañana de esta bronca descomunal del PP contra el presidente del Gobierno. Esta no es mi derecha. Me la están cambiando.

Y me da repelús.

Mariano: por favor, sosiega a la tropa.