Antes de dimitir, Rajoy debería indultar al juez Garzón para que vuelva a llevar el caso Gurtel. Sería la prueba del algodón. Ya lleva 500 indultos en un año. ¿Por qué no uno más? ¿Alguien duda hoy de las razones que llevaron a ciertos jueces del Tribunal Supremo, que presidía Divar, el marbellí, a expulsar a Baltasar Garzón de la investigación de caso Gurtel? Otros jueces hicieron lo mismo que Garzón y sigen ejerciendo tan ricamente.
El juez Garzón habló en la SER
Hace unos días, el ex juez de la Audiencia Nacional que descubrió esta trama delictiva ligada al Partido Popular rompió su silencio y habló de los «papeles secretos de Bárcenas» .
Las palabras del juez Garzón fueron medidas de manera exquisita. Pero su mensaje fue muy claro: dijo que había indicios suficientes para que los papeles de Bárcenas los investigara un juez (capacitado para ordenar registros, pulseras, retirada del pasaporte y otras acciones) en lugar de que lo haga, como ocurre ahora, un fiscal.
El Gobierno de Mariano Rajoy acaba de indultar (nadie sabe por qué) «a un conductor kamikaze que mató a un hombre en su demencial carrera», según Javier Marías, quien se escandaliza -y con razón- de los 17.059 indultos de la Democracia.
Nuestros gobiernos democráticos han repartido sus indultos con manga ancha y sin necesidad de justificiación alguna: 410 Suárez, 878 Calvo Sotelo, 5.944 Felipe González, 5.948 Aznar, 3.378 Zapatero y 501 Rajoy. En total: 17.059 indultos. Ya me dirán si no está más justificado hoy el indulto urgente al juez Garzón -con la falta que nos hace- que al kamikaze homicida.
Sobre Baltasar Garzón, me han llamado la atención estos titulares de la columna dominical del Luis María Anson:
El Mundo, 3 de febrero de 2013, pag. 21:
Bárcenas: la sombra de Garzón es alargada
El Mundo, 10 de febrero de 2013:
En el entorno de Garzón se especula con los recibís
Podemos decir muchas cosas de Anson, pero, debido a su acreditada especialización, no podemos decir que esté mal informado en asuntos conspiratorios.
En Estados Unidos, por lo que vemos en las series de la tele y por mi experiencia como corresponsal allí, no es de extrañar que el acusado pueda llegar a acuerdos con el fiscal y el juez instructor, declarándose culpable y aportando pruebas incriminatorias contra terceros, a cambio de ver aliviada su condena. En España no es así. Por eso, me llama la atención este párrafo de Anson dirigido a Rajoy:
«Querido presidente: ¿Le entregó el sinuoso Bárcenas a Baltasar Garzón la documentación que El País ha hecho pública? ¿Quiso el tesorero felón ganarse el favor del juez entonces estrella, hoy estrellado? ¿Dejó en manos de Garzón además de lo ya publicado los recibís que pondrían en marcha la caravana de dimisiones?»
Garzón negó en la SER haber tenido acceso a estos papeles de Bárcenas cuando él instruía el caso Gurtel. Dijo que, de haber sido así, por los «indicios evidentes» de delito que se aprecian, los habría incorporado a la causa y habría obrado en consecuencia. «Dicen incluso que yo estoy detrás», afirmó Garzón. «Ojalá hubiera tenido la posibilidad de denunciar los hechos en su momento».
Ahora que el PP ha aprendido a rectificar, a Rajoy se le presenta otra oportunidad de oro -la prueba del algodón- para convencernos de que no tiene nada que ver con los presuntos «sobrecogedores»: Indultar al juez Garzón y dejarle seguir investigando el caso Gurtel. Así de fácil. Nos taparía la boca a todos los que sospechamos, no sin razón, de que aquí hay sobre encerrado.
Mientras tanto, recomiendo la lectura, siempre provechosa, de un articulo muy clarito (estremecedor pero edificante) del magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, publicado anteayer en El Pais (Pag. 29). Copio y pego:
El color del dinero
Lo peor de la amnistía fiscal es la catadura moral de los beneficiarios
Al ciudadano español Luis Bárcenas le han descubierto una cuenta en un banco suizo por la que se han movido a sus anchas 22 millones de euros. El dato no sería noticia si el mencionado ciudadano no hubiese desempeñado durante 20 años los cargos de gerente y de tesorero del Partido Popular. La buena nueva ha desencadenado el correspondiente escándalo, como si, a estas alturas, alguien pudiera extrañarse de cuales son las fórmulas y artificios utilizados para la financiación de algunos partidos políticos.
La Constitución proclama que los partidos políticos son instrumentos fundamentales para la participación democrática, por lo que están justificadas determinadas subvenciones con fondos públicos. Los responsables de su funcionamiento nunca quisieron encontrar una fórmula aceptable para sufragar sus gastos. Regularon la financiación desde el año 1987 pero siempre dejaron abiertos dos agujeros negros por los que se introducía el virus de la corrupción: las donaciones anónimas y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Las primeras se corrigieron en el año 2007, después de muchas reticencias por parte del Partido Popular. El Tribunal de Cuentas continúa con la misma agilidad que en los tiempos del Conde Duque de Olivares.
La financiación de los partidos políticos se consigue, como es lógico, a través de las aportaciones de sus afiliados, cantidad que no alcanza cifras significativas, por lo que ha tenido que ser complementada con subvenciones públicas. Cuando los ingresos se consideraban insuficientes para el funcionamiento de las sedes de los partidos y para hacer frente a las campañas electorales, algunos decidieron acudir a la picaresca, incluso a conductas delictivas para ingresar un dinero extra. Quizá pensaron que la cuota de poder que le asignaban los ciudadanos les permitía toda clase de irregularidades.
Una vez instalados en los centros decisorios de los Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas o en el aparato del Estado decidieron utilizarlos para aumentar las asignaciones. Las concesiones de obras y servicios y las licencias urbanísticas se convirtieron en una fuente inagotable de recursos ilícitos.
Los reguladores de la financiación de partidos dejaron dos agujeros negros: las donaciones y el Tribunal de Cuentas
El tesorero de un partido político contabiliza las cantidades que entran en la caja. Si las sumas son ilícitas, negras o delictivas hay que buscarles algún refugio seguro para que no se descubra su verdadero origen. No se necesita demasiada inteligencia financiera para envolverlas bajo donaciones anónimas. Cuando se les puso un tope, el dinero ilícito comenzó a desbordar los cauces previstos y era necesario buscar otras guaridas. Suiza, especialista en ensombrecer el color del dinero, era el lugar indicado. Desde el 17 de enero del presente año los helvéticos han levantado el secreto bancario en los casos de investigaciones judiciales.
Según denuncias no desmentidas, algunos dirigentes decidieron adjudicarse remuneraciones generosas por los servicios prestados al partido. Situados ante este espejo, los señalados tienen la ineludible obligación de comparecer voluntariamente ante la opinión pública y negar tajantemente los hechos. No pueden refugiarse en evasivas y agravios. En una democracia la responsabilidad ética y política del dirigente ante los ciudadanos les obliga a responder sin ambages a las imputaciones.
El color del dinero es variopinto. Lo que importa es su procedencia. Las cantidades procedentes del pago de comisiones por concesiones de obras o servicios son beneficios generados por cohechos delictivos. Estas cantidades se consignaban como donaciones anónimas lo cual a su vez constituye un delito de falsedad contable. Esta prestidigitación contable transformaba el dinero ilícito en un en asiento aparentemente lícito.
El principal artífice de todo este entramado era incuestionablemente el tesorero Luis Bárcenas, porque sin él todas estas maniobras no se habrían materializado. Tampoco sin la cooperación o el asentimiento y, ¿por qué no?, la inducción de los dirigentes del partido político, si esto se puede llegar a demostrar. Por ello el dinero de la cuenta suiza no es un dinero opaco que se sustrae al fisco sino un dinero procedente de actividades ilícitas que al ser retornado a España a través de la amnistía fiscal se convierte no en dinero lícito, sino en una maniobra delictiva de blanqueo de capitales.
La amnistía fiscal rompe todos los principios admisibles en el campo del derecho penal para despenalizar conductas delictivas. Solo puede hacerse por vía de ley orgánica y nunca por real decreto-ley. Pero lo más grave no es el vicio legal sino la catadura moral de las personas a las que se aplica. Se trata de ciudadanos que han ocultado o evadido sus capitales sustrayéndolos al sostenimiento de los servicios públicos esenciales en tiempos de gravísimas carencias sociales. El Estado no puede tolerar ni excusar la insolidaridad y discriminar a otros delincuentes.
Nuestro país tiene muchas carencias, culturales, sociales, éticas y democráticas. Demasiados ciudadanos se han hecho partícipes y alentadores de estas conductas votando de forma abrumadora a personas implicadas en tramas de corrupción. Las multitudes padecen el síndrome de Barrabás, prefieren a los golfos en lugar de a los justos. Me resisto a caer en el desaliento y la melancolía. Estoy convencido de que la mayor parte de la sociedad española está indignada y desmoralizada. Es vital para la democracia recuperar la fuerza política de la moral pública en estos momentos difíciles.
José Antonio Martín Pallín es abogado, magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra)
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Para nuestro consuelo, nos queda al menos -eso sí- El Roto con su genial clase de Economía. De modo que eran unos delincuentes… Pues sí. En buena parte, unos eran embaucadores, otros eran ganchos y otros éramos primos. Todos unidos por la codicia. Y esto se repite con frecuencia en pequeña escala. En gran escala, suele repetirse -como 
Entre tanto, el Gobierno socialista del abominado José Luis Rodríguez Zapatero ha sido muy diligente colmando las aspiraciones de la CEE en el plano de la financiación al elevar del 0,5 al 0,7 el porcentaje de la cuota líquida a ingresar del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que los contribuyentes pueden asignar a la Iglesia, sin que suponga recargo alguno para quienes así lo decidan. La cuestión es que si bien las encuestas del CIS registraban en 2007 que un 78% de los españoles se declaraban católicos, a la hora de marcar con una cruz la casilla que destina fondos a la Iglesia sólo lo hacían una tercera parte de los mismos.