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"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

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Garzón, condenado por “una nimiedad”, recurre

Nunca comprendí bien la unaminidad de todos los miembros del Supremo al condenar a Garzón por una nimiedad. La clave, según Gil Calvo, es que el prevaricador ha sido el propio tribunal. No les quedaba otro remedio, una vez que aceptaron celebrar un juicio oral tan ridículo y sin fundamento.

El Roto en El Pais (21-II-2012)

Si no hay unanimidad (ni de lejos) en la comunidad jurídica española ni en la internacional sobre el caso ¿cómo es posible que existiera tan rotunda unanimidad entre todos los miembros (de derechas y de izquierdas) que condenaron a Garzón? Algo huele a podrido en Dinamarca.

La escandalosa sentencia del Supremo contra el juez Garzón ha merecido numerosos análisis. Uno de los más lúcidos y originales, a mi juicio, ha sido este artículo de Enrique Gil Calvo en El País, que no quiero perder. Lo copio y pego a continuación, para archivarlo en el blog:

Veredicto

Lo que se ponía en tela de juicio no era la prevaricación de Garzón, sino la del Supremo al condenarle

Cuando Europa entera atraviesa un trance agónico de difícil resolución institucional, y como consecuencia la propia España peligra gravemente por su dependencia del Eurogrupo, he aquí que el Tribunal Supremo (TS) ha decidido aprovechar la ocasión para condenar a la inhabilitación por prevaricador al juez español que goza de mayor autoridad internacional por sus reiteradas contribuciones a la justicia universal. Y la suya ha sido una condena muy polémica, que ha abierto una grave fractura en nuestra opinión pública y que no va a ser entendida fuera de nuestras fronteras, derivándose de ella un indudable desprestigio de nuestra justicia y una más que probable desautorización futura por parte del Tribunal de Estrasburgo. Pero no puede decirse que sea una condena sorprendente para nosotros los españoles (aunque sí para los observadores foráneos), pues entraba dentro de las expectativas abiertas por todos los analistas que siguieron de cerca el triple enjuiciamiento entablado contra el juez Garzón.

Aunque tal condena me parezca una injusticia histórica, mi cualificación profesional no me autoriza a pronunciarme sobre su grado de legitimidad jurídica ni mucho menos sobre su factura técnica. Pero sí me creo autorizado a valorar algunos de los elementos extrajudiciales que concurren en la formulación y la recepción de semejante veredicto de culpabilidad. Acabo de sostener que la sentencia en sí misma no me sorprendió, pues la esperaba casi tanto como la temía. Pero en cambio sí me produjo gran sorpresa tanto la unanimidad del veredicto como la susceptibilidad con que la magistratura rechazó el coro de críticas que mereció la condena. ¿Pues qué esperaban? ¿Acaso se creían con derecho a recibir un aplauso también unánime?

Comencemos por la unanimidad del veredicto. Si resultó tan sorprendente fue porque el Ministerio Fiscal solicitaba la absolución y porque otros jueces habían refrendado la legitimidad de las decisiones de Garzón. A pesar de lo cual, los magistrados del Supremo avalaron unánimemente el veredicto de prevaricación. ¿Cómo explicar esta unanimidad que tan chocante y poco razonable resulta para el sentido común? Creo que bien podría admitirse como plausible esta posible interpretación: lo que se ponía en tela de juicio en las causas contra Garzón no eran tanto las posibles prevaricaciones a priori en que hubiera podido incurrir el juez procesado como la eventual prevaricación a posteriori en la que podría caer (o no) el TS al condenar a Garzón. De ahí esa unanimidad coral, pues el Supremo no estaba tanto juzgando al acusado como juzgándose a sí mismo, lo que le llevó en consecuencia a absolverse al unísono como órgano colectivo.

En efecto, la decisión de procesar al juez por tres causas a la vez había parecido tan sorprendente y contra natura desde un comienzo que, para la opinión pública, lo que estaba en tela de juicio era la legitimidad del Tribunal Supremo para juzgar a Garzón. ¿No se estaba forzando el procedimiento para personalizarlo fabricando una causa ad hominem? ¿Llegarían hasta el extremo de atreverse a condenarle, o se limitarían a hacerle pasar por las horcas caudinas para absolverle al final? Con ello, el proceso dejó de tener por objeto los actos pasados de Garzón para pasar a centrarse en la decisión última del TS, convirtiéndose en una querella de legitimidades planteada entre la autoridad moral de un juez y la autoridad formal de un tribunal superior. Por lo tanto, dado que el asunto no se supo detener a tiempo, y una vez que el procesamiento avanzó hasta el punto de abrirse el juicio oral, entonces la suerte quedó echada sin posible vuelta atrás, pues puestas así las cosas la causa ya no podía terminar más que con una condena previamente anunciada. De ahí la inevitable unanimidad para poder reafirmar y garantizar el principio de jerarquía institucional.

Así se entiende también la posterior intransigencia con que el TS rechazó las críticas contra su condena, unas críticas que a la portavoz del CGPJ le parecieron “intolerables”. ¿Acaso pretenden resucitar la censura y el delito de opinión o lesa majestad? ¿A qué viene tan extemporánea intolerancia? Semejante actitud revela la mala conciencia de la magistratura, dolida al advertir que está perdiendo legitimidad como consecuencia de sus propios actos. De ahí que para tratar de recuperarla reaccione exigiendo acatamiento a sus veredictos por inverosímiles que parezcan, lo que aún agrava más su propia deslegitimación. Pero la justicia sin legitimidad pierde su razón de ser. Pues como sabemos por Foucault o Bourdieu, la función de la magistratura es ejercer el monopolio legítimo de la verdad oficial. Y ese monopolio se desvanece en cuanto sus veredictos dejan de resultar creíbles.

Fin.

Garzón ha decidido recurrir la sentencia extravagante del Supremo. La esperanza es lo último que se pierde. Veremos si el Tribunal Constitucional se atreve a enderezar el entuerto en que le ha metido el Supremo.

Muy interesante y clarificador también el artículo de José Yoldi en El Pais del 20 de febrero de 2012 sobre el segundo pleito montado contra Garzón, por si les fallaba el primero. (Y aún les queda el tercero y más interesante sobre los crímenes del franquismo). El título ya lo dice todo:

En la absolución, yo te condeno

Y me queda por recoger la Tribuna de Gaspar Llamazares el El Pais:

No acato, ni respeto un escándalo supremo

La condena anunciada del Tribunal Supremo al juez Garzón pone en evidencia la politización corporativa del poder judicial

22 FEB 2012

El linchamiento o juicio inquisitorial a Garzón resume, como pocos, nuestros males nacionales, en este caso, las aberraciones del poder que se convierten en afrentas a la ética civil y la justicia.

La condena anunciada del Tribunal Supremo pone en evidencia la politización corporativa del poder judicial.

El Roto en El Pais

El primero de ellos es la soberbia y prepotencia clasista de los que se consideran todavía hoy vencedores de la guerra civil y luego también de la interpretación de la transición. Los que no están dispuestos a que nadie cuestione, revise o interprete el pasado: ni de la impunidad, ni de las leyes, como ha hecho con el caso de las víctimas del franquismo, Baltasar Garzón. A él se le podía permitir sacar a la luz los trapos sucios de las “dictaduras bananeras”, pero ni hablar de sacar los colores a la Metrópoli del Imperio ¡Aquí somos más serios, aquí la impunidad del franquismo no se toca!

Se trata también de un juicio que simboliza el conflicto entre las Instituciones del Estado

La utilización burda de la Ley de Amnistía como ley de punto final y el menosprecio de derecho internacional en materia de Derechos Humanos reanuda la apropiación de la Constitución por los sectores que más la combatieron.

El segundo es un mal, tan viejo como el mundo, la codicia, que extiende un manto de silencio sobre la ominosa corrupción que durante décadas y, con pasividades y complicidades de muchos, se ha enseñoreado de nuestro sistema económico y social (especulación urbanística y financiera) y de nuestra clase política, contaminando “a todas” las Instituciones del Estado. La codicia de los plutócratas del Estado. Los Gürtel, Palma Arena y demás resumen la corrupción ramplona y una exhibición hortera por parte de empresarios, políticos y demás corte de los milagros.

Por ello, la defensa sin matices del derecho de defensa, interpretada como inmunidad de los despachos de abogados, deja inermes a los jueces en su lucha contra el delito de guante blanco.

El tercero de los males es muy nuestro, tan nuestro como la envidia. Envidia del éxito del juez Garzón que se puede permitir organizar cursos en el centro del imperio. Envidia de su valentía y de su trabajo, mientras otros dormitan a la sombra de los viejos muros de la Audiencia. Envidia de su soltura para mantener la profesionalidad y opinar políticamente. Envidia de su compromiso con las causas justas. Envidia de su imán mediático, de sus contactos internacionales, incluso de sus errores, de todo.

Pero envidia también transformada en rencor corporativo e institucional. Se trata también de un juicio que simboliza el conflicto entre las Instituciones del Estado. Un juicio al papel político y mediático en la lucha antiterrorista, a la persecución internacional de los crímenes contra la humanidad, y luego en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Un rencor supremo, una ira sorda. Por eso no es casual que todo empiece por las escuchas. Un debate jurídico transformado en un juicio por prevaricación. Una patología suprema.

Una factura también al papel de Garzón en la lucha antiterrorista, por parte de los mismos que le jalearon antes, y que no perdonan ahora su papel comprometido ante la opinión pública en el intento fallido de proceso de paz. Había que abortarlo y con la ayuda de los bárbaros de ETA se abortó, y ahora se trata de eliminar a todos sus actores “simbólicamente”.

¡Qué mejor forma de meterle mano ante la opinión pública que un juicio a sus supuestas extralimitaciones en materia de garantías! ¡Qué mejor forma de linchar a Garzón que cuestionando su compromiso con los derechos humanos! Una jugada maestra.

Nunca un tribunal tan alto pudo volar más bajo. Un esperpento, tan nuestro. ¡Una vergüenza nacional!

Y una estrategia también suprema donde se coordinan los tiempos, los temas y los actores. Todo ello encaminado a una crónica de una condena anunciada. La condena del juez Garzón, es la condena una vez más, de las víctimas de los juicios franquistas a la luz de las leyes de la transición, utilizadas como ley del silencio.

La condena también de la persecución penal internacional y del papel de la Audiencia Nacional en materia de derechos humanos. La condena del éxito de un juez mediático y polémico para que todo vuelva a la normalidad de los grises muros como diría García Lorca.

Pero también una factura atrasada de la política que no perdona. De la derecha y una llamada izquierda que comparten las razones y los pecados de la soberbia y la codicia. De una parte también de la izquierda que no olvida las viejas afrentas, ni las nuevas ambiciones.

En el fondo también la vieja aspiración a constituir al Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en una suerte de tercera Cámara que vigile y castigue los excesos de la política: el Estatut de Catalunya o el proceso de paz.

Una politización judicial que ha crecido al calor de la judicialización de la política, que junta extraños compañeros en el Consejo General del Poder Judicial y que desde ahí se extiende como una mancha de aceite. Despolitizando la justicia mediante el corporativismo conservador. Desjudicializando la justicia, degradando y privatizando el servicio público. Despolitizando la política al servicio de los mercados.

Todo junto se explica, pero todos juntos, estos juicios en cadena como bombas de racimo son una infamia. Nunca un tribunal tan alto pudo volar más bajo. Un esperpento, tan nuestro. ¡Una vergüenza nacional! ¡Un escándalo internacional!

Las injusticias que se comenten con la cobertura del derecho no deben ser ni respetadas, ni acatadas, precisamente en aras de la justicia. Como en el caso Dreyfus la justicia española, situada entre la verdad y el prestigio corporativo, ha preferido lo último, quedándose sin verdad y sin prestigio.

Es necesario que junto al legítimo derecho que asiste al juez Garzón para recurrir a todas las instancias se produzca un amplio movimiento en pro de la democratización profunda del poder judicial, así como del desarrollo social de la justicia como servicio público, a partir de la demanda de verdad y justicia para las víctimas del franquismo.

Porque el futuro está en la memoria ofendida de nuestros abuelos y el sentido de sus luchas, tanto como en la rebeldía de nuestros hijos.

Gaspar Llamazares es diputado de IU.