Se nos ve el plumero Se nos ve el plumero

"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

Entradas etiquetadas como ‘General Franco’

Si no hay preguntas…¡nos vamos!

Mis colegas se rebelan, por fin, contra políticos desvergonzados que convocan ruedas de prensa ¡sin preguntas! Fue en Nueva York, contra la ministra muda Ana Mato.

Ana Mato en Nueva York con el representante de España en la ONU.

Ana Mato en Nueva York con el representante de España en la ONU.

Por fin, los dueños y directores de los medios de comunicación no tendrán más remedio que apoyar a sus periodistas (aunque sea de boquilla) cada vez que se levanten y se vayan si los políticos no admiten preguntas.

Es un buen comienzo para la regeneración política (y periodística). Me enteré de la noticia por La Sexta y luego me la confirmaron 20minutos.es y  la sin par Maruja Torres en El País.

Ella lo dice mejor que yo. ¿Para qué repetir?. Copio y pego su columna a continuación. La recomiendo:

——-

Habla, mudita

Maruja Torres (El País, 7-03-2013)

Cuando cualquier político se niega a contestar preguntas en una rueda de prensa, el bofetón no se lo da únicamente a los informadores. Nos lo propina a todos

“Los periodistas no solo tenemos la obligación de informar a la ciudadanía acerca de lo que ocurre. Somos también la voz de los ciudadanos. Cuando un presidente de Gobierno o un ministro o un director de cualquier departamento, en fin, cuando cualquier político, gobierne o no, se niega a contestar preguntas en una rueda de prensa, el bofetón no se lo da únicamente a los informadores presentes en la sala. Nos lo propina a todos.

Bárcenas, peor aducado que la ministra, responde con una "peineta" a las preguntas de los periodistas.

Bárcenas, peor educado que la ministra, responde con una “peineta” a las preguntas de los periodistas.

Por ello resulta más que encomiable la actitud que, por fin, los corresponsales españoles mantuvieron ante la ministra de Sanidad, Ana Mato, a raíz de su presencia en la inauguración de la 57ª Sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, de Naciones Unidas. Le dieron plantón porque no quería dar respuestas.

Lo que me preocupa es que tuviera que ser en Nueva York en donde los periodistas protestaran. ¿Por qué no antes y en Madrid, o en cualquier localidad española en donde los caballeros y damas del actual Gobierno han ido colocándonos sus burras sin permitir contrapreguntas, ni siquiera preguntas, o manifestándose en forma de vídeo publicitario? ¿Quizá porque aquí nos hemos aborregado y porque allí, en otro ambiente, los periodistas mantienen la integridad profesional y la independencia? Y si esto último es así, ¿es porque allí asisten cada día a la, pese a todo, independencia de los medios más prestigiosos, o porque se encuentran lejos de sus respectivas redacciones y de sus intrigas de poder? ¿O es porque los de allí tienen menos miedo?

Esta pésima costumbre antidemocrática del mudismo se inició en 2007, y este mismo periódico la denunció. Con el tiempo, la tendencia se ha acentuado hasta la exasperación. Cinco años después, tenemos una reacción: en la ciudad que nunca duerme, no en una de las nuestras, tan amodorradas, periodísticamente hablando.”

——–

¡Bravo, Maruja! No te jubiles nunca.

Elrich, en El País (11-03-2013)

Elrich, en El País (11-03-2013)

En realidad, Ana Mato (famosa por su mutismo, antes del plantón de Nueva York) es una buena discípula de su jefe, Mariano Rajoy, quien (Bácernas mediante) pone una pared por medio entre los periodistas y él cuando convoca a la prensa para no hablar de los presuntos “sobrecogedores” de su ex tesorero.

No me gusta decir eso de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Ni siquiera para hablar de casos como éste que pueden llevarnos a engaño. Primero, porque no es cierto. Segundo, porque es de mal gusto para los oídos de nuestros jóvenes. Y tercero, porque nos coloca al borde del abuelo cebolleta que cuenta historietas imposibles de comprobar. El pasado nos parece mejor, sencillamente, porque éramos más jóvenes, podíamos hacer más de casi todo y nos quedaba mucha vida por delante.

Los periodistas del final de la Dictadura y de la Transición, que hacíamos preguntas casi temerarias e investigaciones arriesgadas, no éramos más valientes ni más toreros ni más íntegros que los de hoy. Éramos -eso sí- más inexpertos, faltos de experiencia en lo que se refiere a la libertad de expresión (gracias al dictador, general Franco) y lucíamos la audacia de los espontáneos que saltan al ruedo, ante el aplauso del respetable, para que luego se los lleve la Guardia Civil al cuartelillo.

No solo éramos aficionados, inexpertos e incautos los periodistas jóvenes de entonces. También lo eran los primeros políticos demócratas. Estaban aún sin malear, llenos de miedo y -por qué no decirlo- también de puro idealismo. Ambos colectivos estábamos haciendo el mismo camino al andar y tropezábamos juntos en muchos preduscos. Viniendo de una Dictadura pura y dura, ¿qué político de entonces de hubiera atrevido a convocar una rueda de prensa sin preguntas? Se le habría caído el pelo.

Además, el roce semiclandestino que hubo entre políticos y periodistas generó una relación de cierto compadreo (incluso de amistad verdadera, ¡qué peligro!), muy provechosa para acceder a las fuentes de información privilegiadas pero perjudicial para la independencia de los periodístas frente a los políticos. Los dueños y directores de los nuevos medios de información de la época tampoco se habrían atrevido a regañar a sus periodistas si éstos hubieran marchado de una rueda de prensa sin preguntas.

La mayoría de nuevos periodistas, dueños de los medios y políticos éramos más jóvenes, más inexpertos y, en cierto modo, más temerarios. Viniendo de una Dictadura tan terrible como la de Franco, caminábamos unidos hacia la libertad, en especial, la de expresión (tan desconocida desde la II República) que era el primer derecho adquirido por los ex súbditos del dictador recién convertidos en ciudadanos libres.

Bárcenas, discípulo, no solo en peinetas, de José María Aznar.

Bárcenas, discípulo, no solo en peinetas, de José María Aznar.

Han pasado 35 años desde que, el 6 de diciembre de 1978, el pueblo español aprobó la primera Constitución democrática desde el golpe de Estado de Franco en 1936. Treinta y cinco años de Democracia han propiciado, entre muchas bondades y maldades, la emergencia, desarrollo y consolidación de periodistas, directores de medios y políticos profesionales. Sus relaciones son profesionales, no de aficionados. Se gana por un lado y se pierde por otro. Y esto ya es otro cantar.

Hasta el punto que nuestra Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha visto obligada a hacer lo nunca visto en nuestra Democracia: pedir el fin del “hostigamiento” a los periodistas en España. Acabo de recibir en mi correo el comunicado oficial de la FAPE, lo que me ha incitado a escribir esta nota el blog. Copio y pego:

La FAPE insta a que cese el hostigamiento a los periodistas

MADRID, 11 DE MARZO DE 2013.  La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), reunida en Madrid para examinar el estado de la profesión, ha constatado el creciente acoso que están sufriendo los periodistas en el ejercicio de su profesión.

La FAPE denuncia que este clima de hostigamiento tiene como objetivo limitar los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información.

La agresión a la periodista Soledad Arroyo, de Antena 3, por los escoltas de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y los miembros de seguridad del Reina Sofía, ha sido el último capítulo de una serie de obstáculos a la tarea de los periodistas que venimos observando en las últimas semanas.

Esta agresión se une a las querellas contra medios periodísticos, ruedas de prensa sin derecho a preguntas, la reclusión de los periodistas en salas aisladas para evitar que hagan preguntas, video comunicados y declaraciones en video blogs o en twitter y demás enlaces de sonido y fotos con los que los políticos tratan de convertir la información en propaganda.

También hemos recibido denuncias desde varias Asociaciones de la Prensa acerca de presiones y vetos a los profesionales que publican noticias que los políticos juzgan contrarias a sus intereses particulares.

El ninguneo de los políticos a los periodistas tiene una de sus máximas expresiones en las ruedas de prensa sin derecho a preguntas.

Los periodistas no solo tenemos la obligación de informar a la ciudadaníade los hechos. También debemos ejercer nuestro papel de control de los poderes y este papel se ejerce a través de las preguntas que hacemos en nombre de los ciudadanos.

Esta tarea viene avalada por sentencias del Tribunal Constitucional que atribuye a los medios de comunicación el papel de “intermediario natural” entre la noticia y cuantos no están en condiciones de conocerla directamente.

La FAPE considera que no se puede estar negando sistemáticamente el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y de interés público, sobre todo en aquellos casos en que se ha registrado un uso irregular de los fondos públicos.

Los políticos, como representantes públicos que gestionan los intereses de los ciudadanos, están obligados  a poner en su conocimiento todas sus actividades con absoluta transparencia, y eso se hace a través de los periodistas.

La jurisprudencia constitucional subraya que el derecho a la intimidad personal y familiar se encuentra limitado por las libertades de expresión e información y ello tiene lugar cuando se produce un conflicto entre tales derechos.

La preponderancia del derecho de información sobre el de intimidad se produce cuando los hechos denunciados son de interés público, son veraces y pueden contribuir al debate en una sociedad democrática.

Los periodistas también sabemos que lo que no es veraz, no es información, es otra cosa bien distinta. Nuestro Código Deontológico subraya que el periodista “deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber de contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos”.

Situar a los periodistas como “culpables” de difundir información veraz y de interés general porque no conviene a los intereses de un determinado partido o de un determinado político, es equivocarse de objetivo, eludir las responsabilidades y hacer un flaco favor a las libertades en nuestro país.

Ante esta situación, la FAPE hace un llamamiento al Gobierno y a todos los representantes públicos para que se comprometan a facilitar la tarea de los periodistas, en lugar de seguir poniendo obstáculos que atentan contra los derechos de los ciudadanos y debilitan la fortaleza de la democracia, de la que la prensa es uno de sus pilares fundamentales.

* La FAPE es la primera organización profesional de periodistas de España con 48 asociaciones federadas y 16  vinculadas que en conjunto representan a más de 20.000 asociados.

MARÍA DE MOLINA, 50. 2ª PLANTA – 28006 MADRID – TELS. 91 360 58 24 – FAX: 91 523 02 56– fape@fape.es

 ——

¡Ahí queda eso!

 

 

 

 

 

“Venganzas políticas llevan a Garzón a juicio” (NYT)

“Perseguir al juez Garzón por indagar en los crímenes de la era de Franco es una ofensa a la justicia y a la historia”, según el editorial del diario The New York Times que recoge hoy 20minutos.es.

Por su interés (y también para el archivo del blog) lo copio y lo pego a continuación:

OPINION   | February 05, 2012
Editorial:  Truth on Trial in Spain
Prosecuting Judge Baltasar Garz’on for digging into Franco-era crimes is an offense against justice and history.

Editorial

Truth on Trial in Spain

Published: February 4, 2012

Terrible crimes were committed during and after Spain’s 1936-39 civil war that no court has yet examined or judged. No one knows how many people were taken away, tortured and murdered. Now, one of Spain’s top investigating magistrates, Baltasar Garzón, is on trial for daring to open an inquiry into those atrocities.

Related News

Related in Opinion

Spain is now a vibrant democracy, but Judge Garzón’s trial, which opened last week, is a disturbing echo of the Franco era’s totalitarian thinking. He faces criminal charges that could suspend him from the bench for 20 years for defying an amnesty enacted in 1977 to smooth the transition to democracy. He rightly counters that under international law, there can be no amnesty for crimes against humanity and that unsolved disappearances — thousands of mass graves are unopened — constitute a continuing crime.

In 2008, Judge Garzón briefly began an official inquiry, ordering the opening of 19 mass graves and symbolically indicting Gen. Francisco Franco and several former officials, none still alive, for the disappearance of more than 100,000 people. An appellate court shut the inquiry down. The next year, two far-right groups brought criminal charges against the judge for defying the amnesty law. The government’s prosecutor argued that no crime had been committed, but the Supreme Court accepted the case.

Separately, Judge Garzón faces criminal charges for rulings in two other politically charged cases. We cannot judge the merits of these. But criminal prosecution of magistrates for their rulings is rare in Spain, and could chill judicial independence.

Judge Garzón became famous for his prosecutions of Basque terrorists, Argentine torturers, Chile’s former dictator, Gen. Augusto Pinochet, and Spanish politicians. His powerful enemies now see a chance to end his career.

Judge Garzón is undeniably flamboyant and at times overreaches, but prosecuting him for digging into Franco-era crimes is an offense against justice and history. The Spanish Supreme Court never should have accepted this case. Now it must acquit him.

A version of this editorial appeared in print on February 5, 2012, on page SR10 of the New York edition with the headline: Truth on Trial in Spain
—-

También copio y pego un artículo de opinión del diario The New York Times, publicado el pasado 26 de enero, sobre el juicio contra el juez Garzón:

Op-Ed Contributor

A Judge in the Dock

By DAN KAUFMAN

Political vendettas have put a heroic Spanish jurist, Baltasar Garz’on, on trial.

IN October 1998, British police officers arrested the Chilean general Augusto Pinochet while he was recuperating from back surgery at a London hospital. They were acting on an international warrant issued by the Spanish judge Baltasar Garzón seeking General Pinochet’s extradition to stand trial in Spain on charges of torture and murder. After a 17-month legal battle, General Pinochet was released on medical grounds, but Judge Garzón’s warrant paved the way for stripping the former dictator of immunity and prosecuting him in Chile.

Since the Pinochet arrest, Judge Garzón has indicted human-rights violators around the world. His actions helped make it possible to prosecute expatriate Rwandans for their role in the 1994 genocide and Chad’s former dictator, Hissène Habré, who was indicted for crimes against humanity by a Senegalese judge.

Yet Judge Garzón is now himself under legal attack for confronting Spain’s own dark history. He is on trial this week before the Spanish Supreme Court for daring to investigate crimes committed during the Spanish Civil War and the nearly four-decade dictatorship of Gen. Francisco Franco. The case against him is fueled by domestic political vendettas rather than substantive legal arguments and it could dramatically set back international efforts to hold human-rights violators accountable for their crimes.

In October 2008, in response to a petition from victims and relatives of those killed or tortured by Franco’s forces, Judge Garzón ordered the exhumation of 19 mass graves and charged Franco and his accomplices posthumously with the murder and disappearance of more than 114,000 people.

Shortly after Judge Garzón issued his edict, Spain’s chief prosecutor, Javier Zaragoza, challenged it, partly by claiming that it violated Spain’s sweeping 1977 amnesty law. This law, which the United Nations Human Rights Committee has urged Spain to repeal, was passed after Franco’s death in 1975 with the military’s support and forbade the prosecution of any crime “of a political nature” committed during the Franco years.

An appellate court ruled against Judge Garzón in late 2008 and the case appeared to be resolved. But several months after the ruling, two tiny far-right groups sued Judge Garzón for “prevarication” — knowingly overstepping his authority — in violating the amnesty law.

As international criticism grew, and supporters staged large protests backing Judge Garzón, the Supreme Court accepted two other spurious suits brought against him, despite the state prosecutor’s opposition to pursuing them.

Although Judge Garzón’s actions have always been controversial, they have been instrumental in the global fight against impunity. His pursuit of General Pinochet relied on universal jurisdiction, a legal principle asserting that heinous crimes like torture and genocide may be prosecuted in any country, regardless of who the victims or perpetrators were. Indeed, the current case against Judge Garzón shows just how necessary universal jurisdiction is when countries are unable to confront their own pasts.

Criminally charging judges for prevarication is extremely rare in Spain, and a conviction would disbar Judge Garzón for 20 years — effectively ending his career. The Supreme Court’s zeal to try him has little legal basis; rather, it reflects Spanish elites’ widespread unease with applying international legal principles to Spain’s conflicted history and a deep-seated animosity toward Judge Garzón that is as much personal as political.

While the Supreme Court has many justices appointed by the rightist Partido Popular (founded by one of Franco’s former ministers), Judge Garzón also has made powerful enemies on the left, because in the late 1980s he investigated government-backed death squads created to battle the Basque separatist group ETA. His findings helped bring down a Socialist government in 1996.

Judge Garzón’s prosecution has already had a chilling effect on worldwide efforts to hold human-rights violators accountable, and a conviction would be interpreted as an even stronger warning sign. According to Reed Brody of Human Rights Watch, the Haitian judge Carvès Jean is following Judge Garzón’s legal travails intently as he deliberates whether to indict Jean-Claude Duvalier for crimes against humanity or to adhere to Haiti’s statute of limitations, which would place those crimes off limits.

More disturbingly, due to Judge Garzón’s legal woes, the case brought by Franco’s victims and their families is now languishing. (The only exception is in Argentina, where a prominent human-rights lawyer, using universal jurisdiction, recently filed suit charging Franco with crimes against humanity.)

In his 2005 memoir, Judge Garzón wrote, “A system built on the corpses of those who are still awaiting justice so they can rest in peace is an illegitimate system and one that is condemned to eventually suffer the same fate.”

It would send a tragic and telling message to those victims — and others like them around the world — if the one person convicted for Franco’s crimes is the judge who dared to investigate them.

Dan Kaufman is a writer and musician.

Ahí queda.

Lo dicho: a los vengadores de la derecha y la izquierda les puede salir este tiro por la culata.